Las organizaciones sociales de Córdoba en pie de lucha
Recortes de salarios estatales y planes sociales, una oportuna e impopular reforma previsional y otras políticas a contramano de los sectores más vulnerables muestran en la provincia de Schiaretti lo más rancio del neoliberalismo en el país.
Por Tomás Astelarra, desde Córdoba/El Furgón
“A 51 años les hijes del Cordobazo somos herederes de su lucha”, arranca el comunicado de las organizaciones sociales que hoy, en un nuevo aniversario de esta gesta popular insurrecional, se movilizarán en toda la provincia con ollas populares en reclamo por el recorte de las ayudas alimentarias, los planes sociales, los salarios estatales, el vaciamiento del presupuesto el ministerio de la Mujer y una reforma previsional aprobada, entre gallos y medias noches, en medio de la crisis social, económica y sanitaria que vive el país a raíz del Covid 19. “Nos tocan tiempos difíciles. Nos toca vivir las consecuencias de largos años de desidia estatal, años de vaciamiento de la salud pública y de la educación, de contraer y pagar deudas externas usureras e ilegítimas, vivimos las consecuencias de gobiernos que priorizan las ganancias de pocxs mientras les trabajadores a duras penas podemos subsistir” continua el comunicado.
Hace ya más de un mes, el miércoles 15 de abril, les beneficiaries de los programas provinciales PPP (Programa Primer Paso), PIP (Programa de Inserción Profesional), PILA (Programa de Inclusión Laboral de Adultos Varones) y X Mí (que incluye a mujeres de entre 25 y 60 años) fueron informades a través de un mensaje de texto de la suspensión de los mismos mientras dure el aislamiento social preventivo como consecuencia de la emergencia sanitaria. La medida afecta a 27.000 personas en los barrios y un ahorro de 225 millones de pesos para el Estado (que podría obtenerse, por ejemplo, de una contribución única equivalente al 0,2 por ciento sobre el valor de las 8 explotaciones agropecuarias más grandes de la provincia de Córdoba). Los recortes se contradicen con el decreto del gobierno nacional 329/2020, que explícitamente prohíbe suspensiones por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, justamente el argumento que falsamente esgrime el Gobierno Provincial en el Boletín Oficial.
“El cuadro es dramático, porque muchos de esos programas son el ingreso familiar de las compañeras, muchas de las cuales están bancando la parada en los comedores o en los talleres textiles confeccionando barbijos. Y esto se da en el debate nacional de la redistribución de la riqueza. No abona a poder avanzar en una sociedad más justa, sino que retrocede enormemente y ajusta sobre el sector más precarizado y empobrecido.”, asegura Noelia del EO-UTEP. “Terminamos, como siempre, en una dinámica que no se toma en cuenta a las organizaciones a la hora de diseñar políticas públicas, pero después terminamos haciendo malabares para adaptar estas políticas al territorio. En medio de esto, hay una situación crítica con respecto al alimento. Si bien el gobierno nacional ha hecho un anuncio de refuerzo de alimentos, nunca llegó, y el gobierno provincial, por distintas cuestiones burocráticas, dejó de entregar la ayuda económica que entregaba antes de la pandemia”, aclara Ruffo, también del EO-UTEP. “Lo peor es que no se ha abierto un canal de diálogo para discutir la decisión y hay compañeras diciendo de salir a la calle. Da lo mismo morirse por el coronavirus o de hambre. Es una situación desesperante. Nuestra idea fue siempre reconvertir esta desesperación en organización y presión política, porque también entendemos que la emergencia sanitaria no da para generar otros escenarios. Pero lo cierto es que va a llegar un punto que ni las organizaciones vamos a poder frenar lo que esta pasando. Porque están alimentando la desesperación”, agrega Noelia.
Más alimento, menos balas
Desde el ámbito rural, Mercedes, de Trabajadoras Unidas por la Tierra (TraUT), cuenta: “Nadie sabe qué va a pasar en este tiempo, pero el escenario critiquísimo que se abre reafirma mucha de las decisiones que tomamos. La decisión por un vida basada en la soberanía alimentaria, la construcción de comunidad, solidaridad y el cuidado de la vida y el territorio. Estamos muy preocupadas por la crisis económica y alimentaria que se viene a pesar de que somos trabajadoras de la tierra. Pero la idea es redoblar la apuesta para producir alimentos sanos a un precio popular para nuestras comunidades y las compañeras de las ciudades. Nuestra realidad es que hacemos casi todo sin ayuda del Estado. En particular, hay compañeras que iniciaron una olla popular en San Agustín y, después de mucho esfuerzo y vueltas, consiguieron que la intendencia les abriera la posibilidad de utilizar la cocina y los utensillos del hogar de ancianos. Pero, en general, en todos estos pueblos estamos viendo que los gobiernos municipales han tomado solo medidas represivas de control, pero no han hecho nada para paliar las consecuencias durísimas de las familias trabajadoras rurales. Entonces nuevamente nos toca hacernos cargo del cuidado comunitario. Por parte del gobierno provincial, la única política que se ha visto desde hace unos días, es que está circulando la fuerza antinarcóticos. Cuando estamos todas en nuestras casas, de noche, vienen y nos iluminan de forma violenta y prepotente. Es lo único que nos ha tocado recibir del Estado”.
Por su parte Roxana, parte de la olla popular de TraUT en San Agustín comenta: “A mi compañeras les afecto mucho a la bajada de los X Mi. Hay mujeres que era su único ingreso, mamás separadas que no tienen la AUH, asi que les afecto mucho, son 4000 pesos, pero con la crisis que hay y el aumento de precios, esa plata esta contada, para comer, para pagar la luz, el gas…Hay una compañera en particular con problemas psicológicos porque hasta los trabajos particulares en negro se le vieron afectados, se quedo sin nada. Y como ella conozco a personas que no están en la organización y tienen los mismos problemas”. Las ollas populares se vienen llenando con la producción de la huerta y animales de la misma organización.
“Salimos con la orga a hacer ollas populares y estamos ahora coordinando entre todas las organizaciones de UTEP para hacer el triple de las ollas que hacíamos hasta ahora. Pensábamos abastecer a 300 familias en una semana y lo hicimos con más de 500. Eso marca que hay una parte de la ciudad que está en otras condiciones y que está necesitando. Por eso se largó la campaña Ayudando Tu Aporte Llega a Los Sectores Más Vulnerables, para pedir ayuda a otros sectores para llenar esas ollas, porque lo que importa es el valor nutricional, que tenga carne, cereales, legumbres… También vamos a comprar, con ese dinero, elementos de salubridad para llevar al pie de la letra el protocolo de seguridad. Hay mucha conciencia de la gente. También estamos apoyando con las promotoras en violencia de género. Siempre con la esperanza que esto pase y entremos en conciencia, que nos sirva de experiencia para que podamos valorar la vida y la convivencia en sociedad. Y también que, una vez que pase todo esto, se entienda que las organizaciones sociales tenemos un rol importante en este tipo de crisis”, cuenta Chami, parte de Organizaciones Libres del Pueblo (OLP-UTEP) en Alta Gracia.
Políticas a contramano del esfuerzo de las organizaciones
A pesar del esfuerzo de las organizaciones sociales por ampliar las ollas populares, la economía del cuidado, la protección de las mujeres frente a una nueva ola de femicidios y cientos de otras iniciativas frente a la crisis (a lo que se le debe sumar la provisión de elementos de higiene para la cuarentena), las políticas del gobierno de Córdoba parecen ir en contramano. El colmo se dio el viernes 20 de mayo cuando la legislatura provincial aprobó una reforma jubilatoria que, bajo el nombre Proyecto de ley para fortalecer la solidaridad y sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones (Ley 10.694), busca reducir el déficit fiscal de la provincia.
“En estos dos meses de cuarentena se ha mantenido muy fuertemente la diferencia entre los de arriba y los debajo. Se está discutiendo básicamente quienes tendrán que pagar el sostén de este país cuya economía productiva se mantiene en un parate. A pesar de las discusiones sobre un posible impuesto a la riqueza o un ingreso universal ciudadano, hay que decir que, cumplidos los dos meses de la cuarentena, hasta el día de la fecha la crisis solo la pagan los de abajo, a través de una reiteración de lo que se denominó el Estado bobo. En este contexto, la reforma jubilatoria de Córdoba es una temeraria decisión que muy pocos se animarían a hacer en otras provincias (al igual que los recortes en los salarios estatales). Esto muestra un límite del estado argentino a la hora de tocarles los privilegios a la burguesía”, comenta el periodista Lea Ros.
El proyecto se anunció el mismo día de su presentación y no pasó por comisiones. En una sesión que duró casi tres horas, quedó aprobado con 46 votos positivos de Hacemos por Córdoba, 12 negativos, 3 abstenciones y 9 ausentes. En el recinto, sólo estuvieron presentes las autoridades de Cámara y los presidentes de bloque, mientras que el resto de los y las legisladoras participaron de manera remota para evitar la concentración de personas. Todas las organizaciones sociales y sindicales manifestaron su rechazo y hoy también, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) realizará una movilización por las calles de Córdoba Capital a través de una caravana y bocinazo que culminará frente a la casa de gobierno (El Panal). “La ley 10694 sí perjudica a los docentes, y significa un ajuste artero e injusto para las y los docentes activos y jubilados de Córdoba”, señalaron a través de un comunicado desde el gremio.
“Las consecuencias de este sistema profundamente desigual hoy chocan de frente con la posibilidad que tenemos los sectores populares de cumplir con la cuarentena que se nos exige. Y es que no existe cuarentena posible si no llegamos a alimentarnos a fin de mes, si no tenemos agua o si dormimos cinco en una habitación. No existe cuarentena digna en una provincia donde une de cada dos pibes vive debajo de la línea de la pobreza y tiene que elegir si comer o comprar las fotocopias escolares, ni tampoco existe cuarentena allí donde las violencias de este sistema desigual se mezclan con las violencias patriarcales. Lo hemos repetido hasta el cansancio, con hambre no hay cuarentena”, dice el comunicado conjunto de la CTA, Federación de Organizaciones de Base (FOB), Trabajadoras Unidas por la Tierra (TraUT), Encuentro de Organizaciones (EO), La Poderosa, el Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE) y otras organizaciones que convocan también hoy a expresarse a través de ollas populares en todo el territorio de la provincia de Córdoba.
“La situación en la provincia de Córdoba nos encuentro a 51 años del Cordobazo con las organizaciones sociales y sindicatos muy golpeados y la vez, por suerte, por organización, unidos y en la calle. En frente tenemos un Partido Justicialista cordobés sumamente conservador que sigue privilegiando a la acumulación de capital por los sectores concentrados de la economía con una fuerte represión en los barrios populares. Incursiones muy puntuales hacia compañeros y compañeras o espacios organizados en un marco de una profunda crisis sanitaria, económica y social. Frente a la crisis y que no le cierran los números desde un desmanejo absoluto que viene realizando el cordobesismo desde tiempos de De La Sota. La forma de solucionarlo es el recorte, que como siempre se hace sobre los sectores populares. En esa marco vamos a tener una jornada de lucha muy grande en toda la provincia”, aclara Sergio Job de TraUT. “En Córdoba la pandemia se utiliza como excusa para perseguir y profundizar la criminalización de los sectores populares con más de 30 mil detenidos. En vez de pensar cómo llevar alimento a la gente que no tiene, como garantizar elementos de limpieza, como pagar el trabajo que se debe para que las familias no tengan que salir de su casa, lo que hace es gastar mas recursos en la represión y menos en generar condiciones dignas de vida, y por ende de salubridad, en una crisis, el covid, que deja en evidencia los niveles absurdos de desigualdad y desprotección que tienen determinados sectores de la sociedad”, concluye.
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