España. 8 M y el anteproyecto de ley de libertad sexual del gobierno progresista de coalición

Por María García Yeregui, desde Madrid/El Furgón

El pasado domingo celebramos el 8M, 112 años después de que 129 mujeres en huelga, trabajadoras de la Cotton Textil Factory de Nueva York, fueran quemadas, encerradas en la fábrica donde trabajaban, por su propietario. No fue la primera ni la última vez, ni en Nueva York  ni en otras partes del mundo. En la misma ciudad estadounidense, tres años después de aquel 8 de marzo de 1908, otras 123 mujeres eran quemadas vivas en la empre saTriangle Shirtwaist, junto a 23 compañeros.

Los patrones fabriles repetían el mismo patrón represivo que ya habían aplicado los empresarios de la industria textil contra las trabajadoras de la gran huelga de 1857. Un año después, en el viejo continente, la Barcelona popular y obrera, donde en 1854 y 1855 se habían organizado las primeras huelgas generales del país ibérico, -con solidaridad de otras ciudades españolas- era bombardeada, por tercera vez en una década. Eran aquellos tiempos del siglo XIX en los que la ley de Gran Bretaña llevaba varias décadas sentenciando a muerte a los obreros que rompiesen alguna propiedad: las máquinas que los expulsaban a la precariedad laboral y el desempleo.

Métodos todos de disciplinamiento sangriento de los movimientos obreros y populares, y con especificidad de sus mujeres. Tanto a mediados del siglo XIX como a principios del siglo pasado, dichos disciplinamientos en masa a costa de vidas no implicaban ya la quema de mujeres rebeldes en la hoguera usando la ley, sino que, como macabras muestras de impunidad sistémica -que implican de nuevo a la ley y al Estado-, conllevaban quemarlas en grupo por decisión de la élite propietaria de los medios de producción. Ellos las encerraban y prendían fuego “a su propiedad” como método represivo reiterado.

Por ello, las mujeres del movimiento feminista -atravesado de raíz por el internacionalismo anticapitalista del siglo pasado- nos venimos movilizando cada 8 de marzo, como símbolo inolvidable, desde 1910. Lo hacemos en su memoria, intrincada dolorosa y orgullosa, en nuestras luchas colectivas contra el patriarcado.

Sus propias compañeras organizaron la huelga de las camiseras el año siguiente de aquella masacre administrada ejecutada por el poder empresarial. En 1909, el también llamado levantamiento de las 20 mil, apoyado por la Liga Nacional de Sindicatos de Mujeres de América, profundizó un ciclo de luchas que se prolongaría durante 5 años, hasta conseguir cambiar el movimiento obrero de la industria textil como uno de los más organizados del país norteamericano. El movimiento obrero de mujeres transformó las condiciones laborales, habiendo puesto en su sitio con su feminismo y a través de la organización huelguista, al machismo hegemónico en el sindicalismo masculino.

Desde entonces, a lo largo de las décadas hasta sobrepasar el siglo, hasta llegar a las huelgas de esta imparable y mundial cuarta “ola” que vivimos, las mujeres seguimos tomando las calles, con alegría y rabia entremezcladas.

Con este legado presente durante la pasada semana en mujeres de todo el mundo, por pagos ibéricos el gobierno presentó novedades legislativas. La ministra de Igualdad, Irene Montero (Podemos), anunció el anteproyecto de ley de Libertad Sexual, a dos meses de erigirse el gobierno de coalición progresista. Lo hizo finalmente por fuera de la  reforma del código penal en la que trabaja el Ejecutivo. Una reforma que exigimos incluya, desde los movimientos sociales por los derechos civiles del país, las derogaciones tanto de la contrarreforma penal que hizo el gobierno del Partido Popular en 2015, como de la ley de protección ciudadana, la ley mordaza.

El anteproyecto de ley de Libertad Sexual representó el final de la disciplina de discurso establecida en función de la unidad, entre el PSOE y Unidas Podemos -“un gobierno con muchas voces pero una misma palabra” en declaraciones del presidente- con acusaciones entre ministros del PSOE y de Unidas Podemos. Recordemos que se trata del primer gobierno de coalición dentro del régimen de monarquía parlamentaria instaurado por la Constitución transicional de 1978, es decir, desde la II República española y sus gobiernos de coalición. Ambos de las izquierdas, muchos más que progresistas tanto el reformista como el del Frente Popular del ’36, y el del bienio de la coalición de derechas que gobernaron durante los 5 años que la reacción dejó que durara la república antes de dar un golpe de Estado cívico-militar que fracaso parcialmente dando comienzo a la guerra civil española del siglo XX.

Un ejecutivo de coalición que se conformó como consecuencia de los resultados de la repetición electoral del pasado 10 de noviembre, convocada por el presidente de gobierno, entonces en funciones, Pedro Sánchez (PSOE), para buscar unos resultados que le permitieran un gobierno en solitario, dentro del régimen parlamentario del paree Moís, objetivo que no consiguió.

Desde la investidura de Sánchez por mayoría simple en el Congreso y la conformación del consejo de ministros, a lo largo del segundo mes de gobierno, ha habido cuestiones dentro del Ejecutivo difícilmente asumibles para las tradiciones políticas de las que viene Unidas Podemos: como su voto negativo en la mesa del Congreso, junto al PSOE, a hacer pública la hoja de servicio del policía de orden público Antonio González Pacheco, Billy El Niño. Un conocido torturador de la brigada político-social durante al tardofranquismo y la transición, que fue condecorado en democracia por su labor policial -lo que implica sumas de dinero del erario público vigentes hasta hoy-, una institución con la que no ha dejado de tener relación en estas décadas de democracia liberal. Un error a subsanar, comunicaron después desde el partido del vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias.

Hubo otras fricciones que fueron manifestadas en el Congreso por el grupo parlamentario de Unidas Podemos, pero no en las declaraciones de ninguno de los cuatro miembros de la formación que son parte del consejo de ministros, respecto a la indignidad europea: las violaciones de los derechos humanos que sufren los desplazados, migrantes y refugiados en las fronteras greco-turca; las vallas de las hispano-marroquís y la vergonzante sentencia del tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos el 13 de febrero, sobre las ‘devoluciones en caliente’, secundada por las declaraciones del ministro del Interior español, el juez Fernando Grande-Marlaska -“la sentencia de Estrasburgo manifiesta que la violencia [refiriéndose a los saltos de migrantes a la valla] es un límite al ejercicio de los derechos fundamentales- en cuya gestión las fuerzas del monopolio de la violencia del Estado español han continuado y continuarán practicándola y el Estado, por tanto, justificándolas. Sin olvidar, la fosa común que es el mar Mediterráneo.

Sin embargo, la paciencia de Pablo Iglesias se ha desbordado por las críticas y correcciones que otros ministros del ejecutivo elegido por el presidente “socialista”, han planteado respecto a la legalidad y constitucionalidad de la redacción del texto del anteproyecto de ley, presentado por la ministra podemita. La gresca saltó al ámbito público porque ministros del PSOE, como la vicepresidenta primera, el ministro de Justicia y el ya mencionado ministro de Interior, criticaron la calidad y redacción inconstitucional del anteproyecto. Entonces Pablo Iglesias los acusó de “machismo frustrado”, en unas declaraciones a los medios.

En el plano de las reivindicaciones feministas los dos partidos miembros del gobierno -aunque en las antípodas de Rosa Luxemburgo cuando decía que “quien es feminista y no es de izquierdas, carece de estrategia, y quien es de izquierdas y no es feminista, carece de profundidad”-están pugnando por la representatividad hegemónica del imaginario feminista desde el ejercicio institucional. No hay que olvidar que fue un gobierno del PSOE el que aprobó las leyes de violencia de género (2004) e igualdad (2007) y, por supuesto, la despenalizó el aborto, primero en 1985 y después con la ley de 2010- 39 años después de aquella primera legalización de la legalidad republicana del Frente Popular en 1936.

El anteproyecto cambia el código penal haciéndose eco de la movilización masiva del feminismo del país contra la vergonzosa sentencia del juicio a “la Manada”: la violación grupal en las fiestas de Pamplona de 2016. En dicha sentencia los hechos fueron caracterizados como abuso y no como agresión sexual como consecuencia del juicio machista desplegado por los magistrados sobre la actitud de la víctima -negación, resistencia o consentimiento tácito- debido a su parálisis durante la violación múltiple. Esta mentalidad propia de la justicia patriarcal significó para la mujer violada una revictimización a lo largo de todo el proceso judicial, y con posterioridad a la sentencia. La compañera fue señalada, incluso acusada, por los magistrados tanto por su palabra como por su comportamiento, antes, durante y después de la agresión sexual colectiva.

Por ello, el anteproyecto de ley elimina el concepto penal de abuso sexual y lo tipifica como agresión, pretendiendo codificar legalmente el “sólo sí, es sí”. Dicho de otro modo, pretende legalmente proteger el ejercicio básico de participación libre de las mujeres en toda práctica sexual; es decir, su consentimiento, sea obviamente verbal o no, en función de su deseo.

Otro de los ejes anunciados por la ministra ha sido el de tipificar penalmente el acoso callejero, retomando por parte del ministerio el lema feminista: “sola y borracha, quiero llegar a casa”. En la web del ministerio podemos leer: “queremos que el grito feminista se convierta en una realidad para dejar de vivir con miedo. Los derechos de las mujeres nunca más se perderán en callejones oscuros”. Una utopía feminista que es presentada en el origen de esta ley. Una ley que tomaría por tanto la punición legal por parte del Estado como una forma válida para comenzar a cambiar el paradigma que cobija las relaciones de fuerza, naturalizadas en la cotidianidad de nuestras sociedades patriarcales, en una de sus expresiones cotidianas en cuanto a las mujeres y sus cuerpos.

Presentación de la Ley Integral de Libertad Sexual

Por supuesto, la polémica con las derechas en ofensiva está servida, no sólo en el fondo sino en la forma: por usar desde el ministerio un lema que hace referencia al consumo de alcohol. Polémica presente, aún más cuando el Partido Popular ha copiado a Ciudadanos este año en su estrategia de pugna por los significantes, con intento de apropiación y victimismo como herramientas, y ha anunciado su provocación de participar en la manifestación por primera vez -un peligro para los feminismos en esta coyuntura-. Primera participación del PP un 8M, con el fin de diferenciarse en algo de Vox, dada su derechización sin filtro, en competencia constante, desde las elecciones del año pasado, con la ultraderecha declarada.

Por otro lado, como decíamos en referencia a las críticas internas dentro del gobierno, el patriarcado en sus formas institucionales progresistas aparece señalando algunos problemas dentro del derecho liberal, fundamentado culturalmente sobre la figura del hombre propietario. Sin embargo también hay principios del mismo que legitiman la tipificación de los comportamientos señalados como punibles, desde luego -nos resulten más o menos problemáticos, esta vez a nosotras, a las corrientes feministas anticapitalistas-. Me refiero a conceptos de origen patriarcal pero que con la igualdad dentro del derecho les dan legitimidad, tales como derecho al honor, la intimidad o el orden público. Lo que seguro está presente como reacción es el yo de las subjetividades masculinas neoliberales ante regulaciones de este tipo.

Manifestación 8-M en Madrid

De hecho, en referencia a la diana de lo que expresa el lema en sí, está haciendo falta que recordemos por qué la referencia a la bebida, al consumo de alcohol, es un elemento de la proclama. Como todas sabemos, el alcohol siempre, pero especialmente en la sociabilidad nocturna y su ocio, está bien presente en los recuerdos y decisiones cotidianas de nuestras vivencias como mujeres, dentro del contexto social en el que vivimos en nuestros países, y, de hecho, por tanto, como contrapunto en las relaciones de poder, también en las de los hombres respecto a nosotras, dentro de la normalidad hegemónica machista.

Indigna tener que recordarlo porque es una normalidad que conocen tan bien como nosotras, aunque tienen el privilegio, el lujo como posibilidad, de olvidarlo. Cuando deciden rechazar individualmente su ejercicio, y así definirse como buenos tipos según la propia división generada por el lugar común, acosador y machista, pero sin discutirla. Acaso olvidan el lugar común machista de que una mujer borracha está debilitada en su voluntad y por ende es un “blanco” para colmar un deseo propio con su cuerpo, independientemente de la voluntad y el deseo de ella, por tanto de la violencia patriarcal que reproduce desde una relación de poder. Por no hablar de las consecuencias de ese principio en sus diversas graduaciones en el acoso y la agresión, cuando vamos por la calle. O cuando tantos hombres, escondidos precisamente en la relación entre el alcohol y su voluntad, se permiten olvidar que sí ejercieron el acoso en la calle, en un boliche, o en la intimidad de un vínculo “cuando y porque ella está borracha”.

Como explica Silvia Federici, refiriéndose al funcionamiento del patriarcado respecto a la reivindicación de la igualdad, más aún si es ‘igualdad de oportunidades’ en el dopaje liberal o neoliberal en el que vivimos todes: “las diferencias no son el problema, el problema es la jerarquía. La jerarquía hace que las diferencias se vuelvan una fuente de discriminación, de devaluación y de subordinación”.