Se fue “Cambiemos” ¿Qué pasa con la represión?
El viernes 12, en Plaza de Mayo, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentó su informe anual, el último bajo el gobierno macrista, y que constituye a la vez un balance del paso de ese gobierno. Brian Magnaghi miembro de esa organización y profesor de la Facultad de Derecho de la UBA, resume aquí las conclusiones del informe.
Por Brian Magnaghi*/El Furgón –
Pasaron cuatro años desde que, tras el balotaje de noviembre de 2015, Mauricio Macri se transformó en Presidente de la Nación.
El ajuste económico, la emergencia social y la desprotección de los más humildes, llegaron en conjunción con la política represiva más violenta y desmedida, desde el regreso a la democracia.
Este 13 de diciembre de 2019, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), presentó en Plaza de Mayo, el Informe de la Situación Represiva Nacional, en lo que significó un acontecimiento por demás interesante, tratándose del cierre del nefasto ciclo del macrismo.
Como primer dato importante, el informe arroja que la gestión de Cambiemos asesinó, a través del aparato estatal, a 1833 personas en 1435 días de gobierno. Lo que arroja el preocupante promedio de una persona asesinada cada 19 horas.
Las cifras asustan, pero no solo el número es lo preocupante, sino el intento de legitimar los asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad, bajo la falsa premisa de “hacerlo para proteger al ciudadano”.
“Les damos la orden de proteger a la gente y Chocobar podría haberse ido silbando bajito y nadie sabía que era policía, pero tuvo la actitud de un policía, que al ver una persona sangrando pidiendo ayuda, salió a buscar a quien lo había apuñalado”, decía sin tapujos la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respecto al hecho cometido por el policía Chocobar, omitiendo decir que el “salir a buscar”, era lisa y llanamente correr disparándole por la espalda, asesinándolo, a quién había cometido un hecho delictivo que había cesado al momento de la persecución.
Hace 23 años, un grupo de familiares y compañeros militantes organizados en CORREPI, escucharon las palabras del entonces Ministro del Interior Corach: “no hay gatillo fácil, hay noticia fácil”.Y decidieron responderle con nombres,con historias,con los nombres de su propia sangre pic.twitter.com/youaVQ0Xx8
— CORREPI (@CORREPI) December 13, 2019
Esta política represiva deliberada y orquestada desde el Poder Ejecutivo, a los fines de garantizar la eficacia del criminal ajuste realizado sobre el pueblo trabajador, llevó las cifras de un muerto cada 29 horas, hacia fines del gobierno kirchnerista, a uno cada 19 horas, un incremento de casi un 50 por ciento en el promedio en tan solo 4 años de gobierno.
Por primera vez, desde la última dictadura cívico-militar, la gestión Cambiemos superó la barrera de un muerto por día.
Los medios masivos de comunicación, y los diversos formadores de opinión, permanecieron indemnes frente al aberrante número de muertos, en una construcción de subjetividad perversa, que llegó a debatir en horario central si estaba bien o mal asesinar a alguien por la espalda.
En lo que respecta a las cifras globales, desde el año 1983 a la fecha, el Estado asesinó, a través de su aparato represivo, a 7093 personas, teniendo como principal actor a la policía bonaerense con el 47,71 por ciento de los casos, seguido por el Servicio Penitenciario con el 37,25 por ciento.
Lo que muestra el carácter salvaje de la represión de la gestión Cambiemos, es que en solo 4 años, son los responsables del 26 por ciento (1833) de los asesinatos desde 1983 hasta la fecha, superados solamente por la gestión de Cristina Fernández con el 37 por ciento (2663), en el doble de tiempo de gobierno.
En lo que respecta a las modalidades de muertes, desde la vuelta a la democracia, en primer lugar se encuentran las perpetradas en cárceles, comisarías o bajo custodia, con el 48,74 por ciento (3414 casos), seguidos por la modalidad de gatillo fácil, con un 37,49 por ciento (2660 casos).
En lo que respecta al rango etario, el 40,5 por ciento de las muertes se dan entre personas de entre 15 y 25 años, seguido por la franja de entre 26 y 35 años, con el 23,1 por ciento.
Lo que demuestra que más del 60 por ciento de las muertes son entre los más jóvenes, destinatarios directos de las políticas represivas, y estigmatizados de manera constante por los medios masivos de comunicación.
El avance de la lucha popular y de los organismos de DDHH ha logrado instalar en agenda el debate acerca del accionar represivo del estado.
El propio presidente Alberto Fernández reconoció la existencia del gatillo fácil y llamó a luchar contra él, en el discurso de asunción el pasado 10 de diciembre.
Igualmente, que el tema se instale no agota la lucha y los esfuerzos por terminar con el flagelo de las miles de muertes de pibes y pibas pobres en manos de las distintas fuerzas, mal llamadas de seguridad.
La gestión de Cambiemos nos deja un terreno allanado para el accionar criminal de la policía, que no se agota con un discurso, por más bello y atinado en sus palabras que resulte.
La prohibición de las pistolas Táser, la derogación de la Resolución 956/2018 (que institucionaliza la denominada “Doctrina Chocobar”) y de la Resolución 845/2019 (que avanza en la criminalización de los sectores vulnerables y la creación de estereotipos de potenciales criminales, a través de intercepción e identificación de quien el personal policial considere oportuno), la eliminación del “Servicio Cívico Voluntario en Valores” (a cargo de la Gendarmería Nacional), son medidas que en el corto plazo puede adoptar el nuevo gobierno peronista, y que darían validez a las palabras pronunciadas en el Congreso.
El escenario es abierto e imprevisible. Por un lado se celebra el cambio de visión en el discurso del gobierno, pero por otro se está ante la incertidumbre de tener a Sergio Berni (quien respaldó abiertamente diversas políticas represivas de Bullrich, como la instalación de las Taser), lo cual brinda menos claridad a un asunto por demás oscuro.
Los próximos días serán claves para entender cuál será la posición del Gobierno. Sin embargo, lo que no está en duda es el rol que jugarán los organismos de Derechos Humanos como Correpi, organizando y ganando las calles para no dar tregua en una batalla tan importante, que tiene como principal objetivo, preservar la vida de los que menos tienen.
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*Abogado de CORREPI. / Imágenes y gráficos: correpi.org
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