“Cambiemos” y su pedagogía represiva

Por Brian Magnaghi*/especial para El Furgón –

“De todo lo cual resultó que el miedo al tormento fue mayor que el que se tenía a la misma hoguera, y muchos, completamente inocentes, vencidos por el terror que les infundía, confesaron todo cuanto se les acusaba”.

No muy alejado de este extracto de las crónicas del sacerdote jesuita Pedro de León (1545-1632), recopiladas en sus épocas de capellán de la cárcel de Sevilla (donde supieron estar figuras célebres como Miguel de Cervantes), se encuentra la lógica de construcción de poder que intenta llevar a cabo el Gobierno de “Cambiemos” y que será parte de la “pesada herencia” que nos dejará el macrismo.

Desde su asunción a fines del 2015, el Gobierno de la alianza UCR-PRO-CC intentó por todos los medios construir un enemigo contra quien confrontar y enfocar su discurso, mientras llevaban a adelante sus políticas de hambre y saqueo al pueblo trabajador.

El pueblo mapuche, los extranjeros, los sindicatos, los jóvenes, entre otros, fueron el blanco contra los que supo apuntar los cañones, alternando la intensidad de los ataques contra cada uno, según lo que la coyuntura ameritara. Dentro del armado de esta táctica belicista, se supo valer de distintas herramientas para llevar adelante sus cometidos represivos, variándolas de acuerdo al enemigo contra el que dirigía la contienda circunstancial.

Así, supo establecer la denominada “Doctrina Chocobar” (habilitando desde el discurso, e incluso con un decreto del Ministerio de Seguridad de la Nación, el fusilamiento de toda persona que el personal policial estime como peligrosa), cuando de enfrentar a la “mafia de la delincuencia” se tratara. El DNU que modificó la Ley de Migraciones que establece procesos “exprés” de deportación de inmigrantes que hayan cometido algún delito (indistintamente de su naturaleza) en su gesta contra estos, o de proyectar reformas en el Código Penal y cambiar el Procesal Penal, creando figuras y procedimientos que atacan directamente la protesta social, entre otras cosas.

Como dijimos, la lógica discursiva de distracción de los problemas económicos reales está presente en dichos procesos de confrontación, contra enemigos inexistentes pero de lo que hablamos no solo arroja una motivación de este tipo, o de propaganda electoral, sino que va mucho más allá en su génesis y objetivos;puede ser parte de la maquinaria que ceda a un hipotético gobierno de Alberto Fernández (como devolución de gentilezas a la Ley Antiterrorista que el kirchnerismo brindó a “Cambiemos”).

Está claro, y se ha repetido hasta el hartazgo desde la asunción de Macri, que el ajuste económico, con todas sus consecuencias en el plano social, no cierra sin represión. Y ya no hablemos del ajuste coyuntural del macrismo, sino del que se avecina, en apariencia más moderado, en un gobierno peronista. A medida que el ritmo de la protesta vaya rebasando la acción contenedora de propio núcleo militante, tendrá que recurrir a la represión contra los que enfrenten el curso antiobrero encubierto bajo el velo del Pacto Social.

Para que el circuito represivo funcione con eficacia, deben existir tres factores claves que trabajen de manera aceitada dentro de la maquinaria de ejercicio de poder. Estos tres factores son: el uso de la fuerza, su legitimación, y el miedo. El primero es el que el oficialismo tiene a su alcance desde que es gobierno, y con el que contaría también una nueva gestión, dado el monopolio del uso legítimo de la fuerza que le otorga el ordenamiento jurídico. Sin embargo, los otros dos factores, que interactúan de modo indisociable, son los más difíciles de instalar y exigen desplegar toda una maquinaria discursiva e institucional.

Una pieza clave de esa operación es la asignación de un valor institucional supremo a una fuerza de seguridad, la Gendarmería, encargada de reprimir el grueso de la protesta social, y responsable de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Es la misma que se presta a operaciones políticas como la controvertida pericia sobre la muerte del fiscal Nisman. Así lo demuestran las declaraciones de la ministra Patricia Bullrich: “Gendarmería es la institución más valorada de nuestro país. La número uno. Mucho más que cualquier otra, que la educación pública, que la Iglesia y ni que hablar de la política”. El intento de establecerla como institución formadora de jóvenes pobres, es otro de los mecanismos de generación de legitimidad del aparato represivo, marca característica del gobierno de “Cambiemos”.

En su afán legitimador de la represión, el Gobierno instala un discurso que se podría enmarcar en lo que el epistemólogo portugués Boaventura de Sousa Santos denomina “pensamiento abismal”[1], que consiste en delimitar, de modo arbitrario y respondiendo a los intereses de quien lo realiza, lo correcto de lo incorrecto, el bien del mal, la civilización de la barbarie. No sorprende para nada, en un escenario político hostil, la reacción de la Ministra de Seguridad, insultando a una mujer que cuestionó su criminal accionar en el caso de Santiago Maldonado: al poder represivo no se lo discute, se lo acepta, y se le teme.

Estas construcciones de saberes que se presentan con carácter de verdad revelada, son las que mediante su constante bombardeo vía medios de comunicación crean el denominado “sentido común”, que gira siempre en torno a naturalizar violaciones a derechos y garantías fundamentales, brindándoles un sesgo de institucionalidad totalmente falaz. Desde los medios, con abierta complicidad judicial, se generan errados análisis que exculpan a responsables por asesinatos crueles y torturas de todo tipo. Es el caso de Santiago, en el que se naturalizó el mendaz relato de que “Santiago se ahogó solo”, o el caso Chocobar, en donde se instaló que el asesinato por la espalda de una persona que se encontraba en clara situación de fuga, y cuyo accionar delictivo había cesado, debe ser exculpado porque fue realizado para “proteger a los ciudadanos de los peligros que este podría ocasionarle”.

Incluso, en el caso reciente de José Martín Gómez, donde se ve claramente, gracias a las cámaras de seguridad del lugar, a un policía de la Ciudad patearlo salvajemente si que representara amenaza alguna, causándole la muerte, los medios tratan de instalar un debate acerca de la legalidad del accionar del funcionario de seguridad, tratando de generar empatía en el televidente desprevenido con la barbarie y con la muerte.

Pero   afecta solo a las fuerzas de seguridad que controla directamente el Estado, sino que trasciende a los particulares, a los cuales se los incentiva a tomar la mal denominada “Justicia por mano propia”, que no es más que la comisión de un delito. Incluso, lo que es peor, el aval del ejercicio de la barbarie, por sobre el ejercicio de los derechos y garantías. Que un custodio de supermercado y un cajero, se arroguen la potestad de ejercer el castigo contra un anciano por el hurto de productos alimenticios, que derivó en su muerte, muestra cómo la lógica represiva trasciende el accionar de las fuerzas de seguridad que controla el Estado y se apodera de lleno del ciudadano común.

Existe una deshumanización, en términos de Fanon[2], del otro que está en contradicción de lo que se quiere establecer, y en esta transformación en bestia del disidente, se resume la legitimidad del aparato represivo para ejercer toda su criminalidad. El otro que no se adapta a las normas de tipo moral que impone el grupo de poder, muchas incluso ilegales, pierde toda humanidad, por tanto, queda expuesto al designio y la voluntad del “ciudadano de bien”, designio que puede llevar a la muerte.

Todos estos son elementos de un dispositivo que, como dije anteriormente, supone un doble juego en la construcción de la herramienta represiva, llevando a una naturalización, y por tanto legitimación, de hechos aberrantes dentro del conjunto de la sociedad. Por otra parte, tratando de disuadir a aquellos que puedan rebelarse contra cualquier medida que se imponga, por más arbitraria que resulte, bajo la presión del peso del aparato represivo, sumado a la carga de saber que nada ni nadie se interpone a los designios del poder. En palabras de Rodriguez Molas[3], se crea una “pedagogía del miedo”, en la cual el disciplinamiento ya no versa sobre la acción directa de la violencia, sino sobre el temor al castigo que no encuentra reparo alguno.

El aparato estatal se encuentra en plena tarea de aceitar este complejo y perverso mecanismo. Sin él, las reformas sustanciales que se intentarán llevar adelante por pedido del FMI (con la laboral y la nueva reforma previsional a la cabeza) se podrían verse truncadas ante un escenario de resistencia y movilización social. En condiciones de retroceso en lo que a conquista de las calles se trata, es tarea de todos dar la batalla movilizada, que es el factor fundamental. Pero es también de primer orden la exigencia de dar la lucha para destruir el discurso hegemónico en el lugar en que nos toque (familia, trabajo, amigos, etc.), mostrando las contradicciones y la perversidad que persigue.

Ese ejercicio no debe tener una lógica confrontativa cuando el interlocutor es un individuo del pueblo, tomado por el discurso represivo del que es un receptor pasivo, sino de entendimiento y desarrollo práctico. Si ellos son pedagogos del miedo, nosotros debemos serlo de los derechos del pueblo trabajador. De otro modo, no solo nos encontraremos con la represión policial a la hora de librar nuestras luchas, sino también con su aprobación legitimada por parte de un colectivo ya permeado por el discurso fascistoide, que los sectores concentrados del poder económico intentan imponer.

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*Abogado de CORREPI

[1] Santos, Boaventura de Sousa (2014): “Más allá del pensamiento abismal: de las líneas globales a una ecología de saberes”.

[2] Fanon, Frants (1961): “Los condenados de la Tierra”.

[3] Rodríguez Molas, R. (1985): “Los comienzos de la pedagogía del miedo”.