lunes, junio 17, 2024
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Cambiemos: 3 años de represión y muerte

Brian Magnaghi es abogado, miembro de Correpi. En este artículo resume el contenido del último Informe de esa organización correspondiente a 2018.

Por Brian Magnaghi, especial para El Furgón –

El pasado viernes 15 de marzo, en Plaza de Mayo, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentó su Archivo de Casos del año 2018. La previa del acto tuvo como eje la difusión de una gran cantidad de afiches distribuidos por distintos puntos de la ciudad, con diversas frases del Gobierno que ponían de manifiesto la innumerable cantidad de veces que “Cambiemos” faltó a la verdad, desde la campaña electoral de 2015 a la actualidad. Así respondimos a la acusación de Patricia Bullrich, quien en diversos medios declaró que Correpi mentía y que sus cifras no eran serias, aunque sin mostrar ningún dato que lo avalara.

Los datos que arroja el Archivo, asustan, alertan, y ponen en foco a un Gobierno que sigue batiendo records que contrarían totalmente sus proclamadas pretensiones de pacificación del país. Como corolario de una administración que colapsa en el aspecto económico, la situación represiva que refleja la recopilación de Correpi obliga a prender todas las alarmas.

Archivo de Personas Asesinadas por el Aparato Represivo Estatal 1983-2018

Vayamos a los datos. Bajo el Gobierno de “Cambiemos” el Estado asesinó a 1303 personas en 1059 días de gestión. Si, el Estado asesinó a una persona cada 21 horas bajo diferentes modalidades como: muertes en cárceles y comisarías, gatillo fácil y asesinatos durante movilizaciones sociales, entre otras. Esto eleva de manera alarmante las cifras con las que el macrismo inició su mandato en 2015, que arrojaban el ya terrible promedio de una muerte cada 29 horas. Es decir que bajó la marca nada menos que en 8 horas.

Desde la recuperación de la democracia, en diciembre de 1983, hasta diciembre de 2018, el aparato represivo estatal asesinó a 6535 personas. Cambiemos es responsable del 20 por ciento de estas muertes, durante solo 3 años de gobierno, siendo solamente superado por la gestión de Cristina Fernández, en cuyos 8 años de mandato se produjeron el 41 por ciento del total registrado por el archivo. Tales cifras representan, en el caso del kirchnerismo, casi 335 muertes anuales, mientras que bajo la alianza PRO-UCR tal cifra se incrementa a casi 436.

Las balas no eran de mentira

El 49 por ciento de las muertes corresponde a la acción de las policías provinciales, seguidas muy de cerca por los servicios penitenciarios, que representan el 36 por ciento, mientras la Policía Federal resultó responsable de un 8 por ciento. Otro dato importante que aporta el Informe, es que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, emblema del PRO, ya asesinó a 43 personas a solo dos años de su creación. Con un promedio de más de dos casos por mes, la Policía de Larreta carga con la responsabilidad por el 0,43 por ciento de la totalidad de muertes, tras haber sido presentada como expresión de un nuevo paradigma del control civil sobre las fuerzas de seguridad.

La mayoría de los decesos registrados en cárceles y comisarías, según indica el Informe, corresponden a personas arrestadas sin una imputación formal de delitos, detenidas por averiguación de antecedentes o contravenciones mínimas. En éste rubro está fresco el recuerdo de los 10 muertos en una  comisaría del partido de Esteban Echeverría, al sur del conurbano bonaerense, que superó la tragedia que se había registrado poco tiempo antes en una comisaría de Pergamino, cuyo saldo fue de 7 víctimas fatales.

Ser joven no es delito

Actualmente, se estima que hay más de 4000 personas detenidas en lugares que no cumplen con las mínimas condiciones para desarrollar la vida humana. La perversidad de los distintos sistemas penitenciarios provoca muchas de las muertes que se producen por enfermedades que exigen mínimos cuidados, en un contexto de encierro que priva al sujeto de los estándares mínimos de humanidad. Por ejemplo, los alojados en el penal de Villa Devoto, dependiente del Servicio Penitenciario Federal, hace más de dos meses vienen reclamando por el servicio de agua en ese establecimiento carcelario.

En lo que respecta a los menores, el emblemático caso de Facundo Ferreira, fusilado por la espalda por un policía en la provincia de Tucumán en marzo de 2018, desnuda el vil accionar de “Cambiemos” cuando de asesinatos policiales se trata, sin discriminar ni siquiera cuando es un niño. La frase, “Disparar o no por la espalda depende de la situación, es un detalle”, dicha por la ministra de seguridad nacional para justificar el fusilamiento del chico de 12 años, desnuda la crueldad hacia la vida de nuestros jóvenes pobres que caracteriza al Gobierno. Desde un primer momento, Bullrich se puso al frente de la defensa de la versión del enfrentamiento armado entre el menor y el policía, que fue luego desmentida por las pericias, que además mostraron que el agente policial actuó bajo los efectos de la cocaína. Ante esto, la titular de la cartera de Seguridad se llamó a silencio, sin rectificar en una coma su reaccionario discurso contra la única víctima del caso, Facundo. De la totalidad de muertes, la mayor parte de ellas, el 42,1 por ciento de los casos, se da en una franja que va de los 15 a los 25 años. Esto clarifica quienes son los principales destinatarios de la represión: los y las jóvenes.

Doctrina Bullrich

Así se pretendió instalar la “Doctrina Chocobar”, que avala el fusilamiento por la espalda por parte de la policía de cualquier persona que, según su criterio, considere potencialmente peligrosa, o la “presunción de verdad en sus actos y dichos” de la que deberían gozar las fuerzas de seguridad, según expuso la propia Ministra Patricia Bullrich. Esa agenda es la que está detrás de la creciente oleada de demagogia punitiva, cuya principal bandera es la baja en la edad de imputabilidad de los menores. De este modo, la alianza gobernante se erige no solo en responsable de estas muertes, sino en abierta legitimadora de las mismas. La agenda represiva del gobierno está a la orden del día, como complemento de la miseria económica.

Con una Ministra que se planta ante la ciudadanía como Sheriff del lejano Oeste, avalando cualquier accionar de las fuerzas represivas, aunque contraríen la propia ley y la Constitución Nacional, en una supuesta lucha entre el bien y el mal, donde es el Gobierno el que elige quien se encuentra de cada lado, es difícil pensar que esta tendencia represiva pueda  cesar. Por otra parte, resulta obvio que “Cambiemos” no podría haber logrado este trágico record, sin el aval de un Poder Judicial adicto y funcional a estas políticas represivas, y el de medios de comunicación que juegan un rol importantísimo en la legitimación discursiva de la “mano dura”.

El camino que nos queda transitar, con un Estado a la orden de la represión, tortura y muerte, es sin dudas muy difícil. Sólo la organización para luchar contra esta terrible tendencia en ascenso puede lograr que estas cifras no se naturalicen, y nuestras vidas dejen ser la variable de ajuste de un estado que, incapaz de asegurar una vida digna a la población trabajadora, descarga sobre ellas su furiosa potestad represiva.

Portada: foto de http://marchadelagorra.org/

Los videos incluidos son de Correpi.org

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