Los artesanos de San Telmo pasaron de apaleados e imputados a sobreseídos por la justicia porteña

Por Brian Magnaghi*/especial para El Furgón –

El 3 de octubre se produjo el sobreseimiento de los 14 imputados por las detenciones llevadas a cabo durante la feroz represión del 10 de marzo, en el marco del operativo de desalojo de la feria de artesanos de San Telmo. Muchos recordarán el salvajismo con que las fuerzas de seguridad reprimieron a feriantes, turistas, personas en situación de calle, y a todo aquel que encontrarán en su violento paso.

Los sectores a quienes está dirigida la represión son siempre los pobres, los trabajadores, las mujeres y abuelos.

La pregunta que debemos hacernos es: ¿Cómo las víctimas de una feroz represión, pueden estar siendo juzgadas como victimarios, como las autoras  de los hechos de violencia? La respuesta se encuentra en ésta lógica represiva que el gobierno de Cambiemos aplicó durante toda su gestión, y de la que ya he hablado en otras oportunidades. De más está recalcar el afán de disuadir, mediante el uso de la violencia, cualquier tipo de movilización, reclamo, concentración, cuando quienes las llevan adelante reúnen determinadas características.

Los sectores a quienes está dirigida la represión son siempre los pobres, los trabajadores, las mujeres y abuelos. Es decir: los más afectados por las políticas de ajuste y hambre. Y, por otra parte, los reclamos contra los que se despliega el aparato represivo, son siempre aquellos destinados a reivindicar los derechos de los grupos vulnerables, muchas veces como único manotazo en situaciones donde el agua pasa del cuello.

En el proceso judicial que siguió a la represión, más de la mitad de los imputados, ni siquiera eran parte del conflicto y su única responsabilidad era la de haber estado en el medio de una cacería humana llevada adelante por la Policía de la Ciudad.

Como contrapartida, el accionar policial promovido desde el Ejecutivo porteño, en un tándem perfecto con la bajada represiva del gobierno nacional, y el accionar judicial que lejos de perseguir esas acciones represivas, las garantiza y pone el foco en los que luchan en las calles. El caso de Daniel Ruíz, entre otros, es probablemente la muestra clara de lo que digo. El proceso de los artesanos de San Telmo muestra una faceta más de este accionar, que busca el disciplinamiento de los sectores populares.

Históricos en ese lugar, los artesanos y artesanas sólo reclamaban un espacio para seguir vendiendo lo que producen con sus propias manos, ante la política de desalojo de las calles que impone el gobierno de Larreta. Ante una tasa de desocupación que no para de crecer, propone como alternativa veredas libres de manteros, artesanos y vendedores. Es decir, prioriza espacios por sobre personas.

Los testigos propuestos por la fiscalía, presentados como víctimas, fueron los mismos que salían en los videos y fotografías golpeando y arrojando gases a quienes se encontraban en su camino (incluso, oficiales masculinos golpeando mujeres) y las únicas lesiones constatadas fueron las de los artesanos ‘agresores”.

Pero la irracionalidad no aparece sólo en eso. En mi caso, junto con el equipo de legales de Correpi, me tocó defender a 9 imputados, de los cuales 7 no estaban ejerciendo el comercio como artesanos y los dos que sí lo hacían eran vendedores habilitados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, en el proceso judicial que siguió a la represión, más de la mitad de los imputados ni siquiera eran parte del conflicto y su única responsabilidad era la de haber estado en el medio de una cacería humana llevada adelante por la Policía de la Ciudad, con el único propósito de dispersar a quienes pacíficamente desarrollaban talleres abiertos para protestar por el desalojo de ese lugar.

El juez Ricardo Baldomar para declarar la nulidad de todo lo actuado, entendiendo que la indeterminación de las acusaciones violaba el derecho de defensa de los imputados. El sobreseimiento de todos, puso  fin a una injusta causa contra las verdaderas víctimas de los hechos del 10 de marzo.

Tal fue el grado de incongruencia del proceso judicial posterior, que las acusaciones a los imputados fueron completamente vagas e imprecisas. En pocas palabras, como no tenían forma de demostrar absolutamente nada respecto a cualquier tipo de accionar delictivo, se acusó a todos los imputados de resistirse, golpear y arrojar piedras a los policías que participaron en el operativo, sin mencionar a quienes golpearon, qué orden resistieron, qué lesiones produjeron, ni nada que pudiera acreditar de manera individualizada algún. Los testigos propuestos por la fiscalía, presentados como víctimas, fueron los mismos que salían en los videos y fotografías golpeando y arrojando gases a quienes se encontraban en su camino (incluso, oficiales masculinos golpeando mujeres) y las únicas lesiones constatadas, fueron las de los artesanos “agresores”.

Esta resolución representa una batalla ganada en un contexto injusto que criminaliza nuestra lucha e intenta imponer por medio del miedo la desmovilización.

El proceso resultaba tan absurdo que, luego de una excepción planteada por todas las defensas ante el requerimiento de elevación a juicio efectuado por la fiscal, todas estas cuestiones fueron tomadas en cuenta por el juez Ricardo Baldomar para declarar la nulidad de todo lo actuado, entendiendo que la indeterminación de las acusaciones violaba el derecho de defensa de los imputados. El sobreseimiento de todos, puso  fin a una injusta causa contra las verdaderas víctimas de los hechos del 10 de marzo.

Esta resolución representa una batalla ganada en un contexto injusto que criminaliza nuestra lucha e intenta imponer por medio del miedo la desmovilización. Festejemos, entonces, esta pequeña victoria.

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*Abogado de CORREPI