Brian Magnaghi, abogado de CORREPI: “La respuesta es en las calles”
La Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi) indica que hubo 1206 muertes durante 1110 días de gobierno de Cambiemos, o sea más de un asesinato estatal por día, uno cada 22 horas. El doctor Brian Magnaghi advierte sobre la política represiva del macrismo; el hacinamiento de presos en comisarías; la actualidad de la causa por crimen del niño Facundo Ferreira a manos de uniformados, en Tucumán y de la represión de la protesta social.
Por Luis Brunetto/El Furgón –
El Furgón: – Correpi acaba de presentar su informe anual, con una demora que le atribuyen a la gran cantidad de casos de represión institucional de este año, ¿Que nos podes comentar o ampliar al respecto?
Brian Magnaghi: – En realidad lo que se presentó no es el clásico informe anual que Correpi hace normalmente a fin de año, sino que es un preinforme que se basa en los datos que se han podido receptar hasta ahora. El informe anual se va a presentar recién en marzo. Esa demora se debe en gran parte a lo que decís: no tenemos cifras completas justamente por la gran cantidad de casos que se han producido este último tiempo. Pero también influye la gran reticencia del estado a la hora de brindar datos. La ministra Patricia Bullrich se la pasa denostando el trabajo de nuestra organización, desacreditando los datos que presentamos, pero sin contrastarlos con datos oficiales. Solamente chicanas. En cuanto a los datos, las cifras hablan por sí solas: 1206 muertes, durante 1110 días de gobierno de Cambiemos, o sea más de un asesinato estatal por día, uno cada 22 horas. Esto enciende todas las alarmas, nos pone en alerta y en un estado de militancia permanente. Sobre todo porque acá no estamos hablando de casos aislados, sino de un accionar deliberado: no puede haber un asesinato cada 22 horas. si no hay una planificación que apunta a establecer un control social mediante la represión.
EF: – Bajo el kirchnerismo se produjeron una gran cantidad de hechos de gatillo fácil, sumados a otros como la desaparición de Julio López o de Luciano Arruga. Sin embargo, es notorio que la situación empeoró bajo el gobierno macrista. ¿Cómo lo analizan?
BM: – Si por supuesto, esto no comenzó con Cambiemos. Vos nombrás los dos casos, probablemente, más emblemáticos del período kirchnerista, pero hubo muchísimos más que Correpi denunció oportunamente. Esa práctica tampoco nació con el kirchnerismo. Nos podemos retrotraer a (Eduardo) Duhalde, a (Fernando) De la Rúa, a (Carlos) Menem, incluso bajo (Raúl) Alfonsín podemos encontrar hechos de este tipo. Lo que es diferente, en este caso, es la legitimación abierta que hace el gobierno de Cambiemos de este accionar represivo. Hasta ahora, la política era la de “barrer la basura bajo la alfombra”, y en caso de que se conocieran los casos de gatillo fácil, hasta a veces figuras de gobierno salían a repudiar los hechos. Se usaban eufemismos hablando de “manzanas podridas”, “malos funcionarios”. Bajo Cambiemos, en cambio, hay una reivindicación legitimadora de estos delitos de las fuerzas de seguridad, que tiene como punto cúlmine el recibimiento de (Luis) Chocobar en Casa de Gobierno por el propio Mauricio Macri, después de haber fusilado a una persona por la espalda. Ya no es solamente algo que se hace deliberadamente desde el estado, sino que además, el estado se muestra abiertamente como garante de esa conducta.
EF: – En redes sociales es frecuente que se viralicen videos que muestran situaciones de hostigamiento policial hacia jóvenes de barrios pobres, vendedores ambulantes, migrantes, que parece responder a un “laissez faire” por parte del Gobierno a las fuerzas de seguridad. ¿Es así? ¿Cómo repercute en las fuerzas de seguridad?
BM: – Acá no creo que se dé una situación de “dejar hacer”, sino que hay un accionar planificado de parte del estado. Es un “ordenar hacer”. No hay un estado que se tapa los ojos para no ver a unos policías desbocados que salen a hacer lo que quieren. Hay un estado que regula y controla a esos policías, y ese accionar que antes se presentaba como “desbocado” y hoy se defiende como legítimo, es directamente ordenado desde arriba, desde las más altas autoridades del estado. Las fuerzas de seguridad tienen ahora mucho mayor campo de acción. Antes, con la política de separar a la “fruta podrida” cuando los hechos se hacían públicos, las fuerzas se sentían más contenidas. Ahora, esto se traduce en el acrecentamiento de estos casos, porque las fuerzas están desbocadas, legitimadas por las autoridades del área de seguridad. ¿Es una consecuencia directa?: si, seguramente que sí.
EF: – Fue muy impactante el caso de Facundo Ferreira, el chico de 12 años asesinado por la policía de Tucumán en un supuesto enfrentamiento que con posterioridad se determinó que no existió. ¿Qué intervención tuvo Correpi y cuál es el estado actual de la causa?
BM: Bueno, es otro caso en que la propia ministra Bullrich salió a defender a los policías acusados del asesinato. En un primer momento acusaron a Facundo de haber robado, de enfrentarse a los tiros con la policía, Bullrich llegó a decir que las pericias demostraban que el chico había disparado, y las pericias definitivas demostraron que Facundo no tenía rastros de pólvora y jamás había disparado un arma. Esa versión encontró eco en los medios como si fuese verdadera: porque hay que señalar que los medios son una pata fundamental de la legitimación de estas prácticas. Aunque el proceso sigue, actualmente los policías se encuentran en libertad. Uno de ellos fue detenido y luego liberado, por haberle robado la cartera a una señora, también en Tucumán. La familia ha sufrido y sufre una situación de hostigamiento permanente: amenazas, le balearon la puerta de la casa, mataron al perro de Facundo. Es un caso emblemático, no solamente desde el punto de vista de una policía capaz de asesinar a una criatura, sino también desde el punto de vista del operar mediático que se usa para poner a las víctimas en el lugar de los victimarios.
EF: – Bullrich, Vidal, Ritondo, se muestran como cruzados en lucha contra las mafias y el narcotráfico. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Cómo repercute en el respeto a las garantías de los ciudadanos argentinos?
BM: – Es una nueva puesta en escena. Cómo cuando se la ve a Bullrich vestida de soldado, desbaratando “bandas narcos”: hasta la propia (Elisa) Carrió dijo que le ponen droga para dejarla contenta, que le arman operativos antidroga. Y lo de (María Eugenia) Vidal responde a la misma lógica efectista, electoral, y le sirven como pretexto para decir que el fracaso de su gestión se debe a las mafias con las que se enfrenta, y que no la dejan gobernar. Si quiere hablar de mafias, podríamos hablar de la mafia del narcotráfico, de la trata de personas, del juego, pero todas tienen intrínseca relación con el aparato policial: ¿Por qué no va a fondo contra las mafias enquistadas en la propia policía que ella dirige? Lo que se hacen son pequeños operativos donde se detienen personas relacionadas con el narco menudeo, a la venta minorista, cierran un kiosco de paco y abren otro enfrente. Pero, a la vez, esto permite legitimar el estado de excepción que tenemos en la practica desde que empezó el gobierno de Cambiemos. Permite limitar el estado de derecho, reducir nuestras garantías y nuestras libertades con la excusa de la lucha contra el delito. Es, como dice Boaventura Dos Santos Souza, “restringir nuestros derechos para garantizar nuestros derechos”: ¡Una falacia total! Por supuesto, los más afectados son los trabajadores y las personas que viven en las barriadas pobres, que son las que padecen la continua persecución policial, legitimada por esta supuesta lucha contra las mafias. Así se relativiza que se detenga ilegalmente a una persona en la calle, que se hagan requisas ilegales. Entonces, en definitiva, la lucha contra las mafias sirve para legitimar las potestades que se atribuyen las fuerzas de seguridad para mostrar su cara más brutal.
EF: – Hace pocas semanas se produjo una masacre en una comisaría de Esteban Echeverría, que casi no tuvo repercusión en los medios. En 2017 ocurrió un hecho similar en Pergamino. ¿Qué nos podés decir de estos hechos?
BM: Son dos hechos similares. La relación es clara. La respuesta que da la policía es “se mataron entre ellos”. Siempre es producto de la acción de los detenidos, y no de la violación del correcto deber de cuidado al que están obligados los agentes policiales. Son ellos los que deben velar por la seguridad de los detenidos, que además están detenidos irregularmente, pues no pueden estar en una comisaría. La excusa siempre es que no hay lugar y que, sino, los tienen que dejar en libertad. Son muertes habituales en los lugares de detención, no es algo nuevo, y no representan casos fortuitos sino que son parte de una política de control carcelario, que en casos como este se expresa con su mayor crueldad, con la muerte en incendios o producto de la represión directa. Pero también por ejemplo en la violación del deber de cuidado cuando no se suministra una medicación a un preso, muy frecuentemente en los casos de enfermos de HIV, que deben recurrir al Habeas Corpus para que les den medicamentos de los cuales depende su vida, presos que mueren de tuberculosis por las pésimas condiciones de detención. Muchos, encima, ni siquiera purgando condenas, sino en prisión preventiva o detenciones prolongadas como ocurre en estas comisarias. Teníamos un muchacho que estaba detenido por un intento de robo de una máquina de cortar pasto, a quien la excarcelación le llegó ya fallecido.
EF: – Acaban de anunciar la compra de pistolas Taser…
BM: Las Naciones Unidas las consideran instrumentos de tortura. ¿No son letales? Depende: pueden serlo para una persona con problemas cardíacos. Depende de las circunstancias. Ya lo quisieron hacer cuando Macri era jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Imagino que habrá alguna traba legal, pero a la larga, el estado va a terminar legitimando su uso, no me cabe duda. Por otra parte, aunque sea simbólico, el estado gasta en 300 pistolas que cuestan u$s 3 mil cada una: no hay dinero para educación, para salud, para los trabajadores, pero si para reprimir. Todo un símbolo.
EF: – Cómo describirías de manera sintética, la política de seguridad del Gobierno de Cambiemos.
BM: Lo principal es la introducción de un nuevo paradigma, el del estado de excepción. El hecho de que se modifiquen los Códigos de forma, que se quiera cambiar el código penal, los nuevos protocolos que autorizan el uso de armas letales, las restricciones al derecho de manifestación mediante arrestos masivos y represión: todo eso hace a la puesta en práctica de medidas propias de un estado de excepción. Y esto nos lleva a tener que cuidarnos del propio estado. La conclusión sería esa: tenemos que cuidarnos del propio estado porque nuestros propios derechos están en juego.
EF: – Hay un gobierno que reprime la protesta social y política e incrementa la represión social. ¿Cómo se vinculan? ¿Es un rasgo de “bolsonarización”?
BM: – Ellos, supuestamente, parten de la premisa de que “los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos del otro”. Eso es falso: siempre hay derechos que prevalecen sobre otros, porque los derechos siempre van a colisionar, todo el tiempo. Ellos te dicen que el derecho a la protesta no debe ir en detrimento del derecho a la circulación: en realidad, ellos defienden el derecho a la circulación contra el derecho a la protesta, a la manifestación, a la libre expresión. Eso es lo que ellos no te dicen: para ellos prevalece el derecho de propiedad sobre el de huelga, por ejemplo. ¿Por qué no te lo dicen? Porque eso los desenmascara, ahí se les caería la falsa premisa del derecho de uno y el derecho del otro. Y el hecho de reprimirlo hace a mostrar desde el punto de vista fáctico que esto es así, y crean en el inconsciente la idea de que uno crea que el derecho a la protesta tiene que ser limitado. Este es el metamensaje que nos envían. Respecto a la bolsonarización, no es algo nuevo. Sí, este gobierno viene a profundizarlo. Dos Santos Souza plantea también la idea del “neofascismo”, que además de las características de imperialismo territorial y de fuerte represión directas del tipo de las del nazismo y el fascismo de principios del siglo XX, incorpora la construcción de estos nuevos mensajes de restricción de la libertad en pos de la libertad. Hablan de derribar falsos paradigmas, como si esto fuera el reino de la anarquía. Instalando una falsa situación de anarquía ellos procuran el aval de la represión. Es muy peligroso ceder ante esto. Y si el camino para resistir a esto es el institucional, creo que le erramos, porque las instituciones son de ellos. Creo que el camino es la movilización, como en las protestas contra el 2 x 1. Tiene que ser en las calles: la respuesta tiene que ser en las calles.
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Las imágenes son de Correpi
