Vigilar y castigar o prevenir y cuidar
Mauricio Macri enviará al Congreso un proyecto de ley que pretende convertir a la violencia de género en un delito de instancia pública, de modo tal que el Estado pueda investigar el hecho ante cualquier denuncia, sin que la víctima tenga que impulsar la causa.
“Proponemos la investigación automática ante la primera denuncia. Hoy, en la práctica, la víctima tiene que realizar dos denuncias para lograr la intervención activa de la Justicia, la primera en la comisaría y la segunda propiamente en la Justicia. Esto crea una ventana de desprotección que en muchas ocasiones pone en riesgo de vida a la mujer denunciante. Vamos a eliminar esa zona de riesgo haciendo que la Justicia esté obligada a intervenir desde la primera denuncia”, explicó el jefe de Estado.
Hay millones de mujeres que viven sumergidas en zonas de riesgo: la dependencia económica, la vulnerabilidad habitacional, la falta de autonomía financiera, la desigualdad de poder, las amenazas recibidas, la falta de recursos y estrategias por ausencia oportunidades y acceso a una educación y tantas otras.
De esta manera, alcanzará para que el Estado investigue una denuncia realizada, por ejemplo, por familiares, amigos o compañeros de trabajo de la víctima, un vecino o quien tome conocimiento del hecho sin autorización de la víctima.
Lo que proponen es realizar una investigación ante la primera denuncia y afirman quién sabe porqué, que hoy la víctima tiene que realizar dos denuncias para lograr la intervención activa de la Justicia; la primera en la comisaría y la segunda propiamente en la Justicia. Es fundamental comentar que algunos sujetos no les reciben ni la primera. La realidad es que las denuncias no se tramitan cuando no se quieren realizar.
Existen inmensos espacios de desprotección que en muchas ocasiones pone en riesgo de vida a la mujer denunciante. ¿Vamos a eliminar esa zona de riesgo haciendo que la Justicia esté obligada a intervenir desde la primera denuncia?
Ojalá estos espacios fueran solo producto de la burocracia. Hay millones de mujeres que viven sumergidas en zonas de riesgo: la dependencia económica, la vulnerabilidad habitacional, la falta de autonomía financiera, la desigualdad de poder, las amenazas recibidas, la falta de recursos y estrategias por ausencia oportunidades y acceso a una educación y tantas otras.
Sólo en la Ciudad de Buenos Aires prácticamente dos tercios de los casos, se desechan aun cuando las mujeres los denuncian sin que se tomen medidas probatorias de relevancia ¿por qué habríamos de confiar en que las denuncias de terceros podrían modificar esa performance de desinterés estructural del sistema judicial ante las violencias sexistas?
La situación de quien está tolerando, padeciendo y sufriendo una situación de violencia necesita múltiples abordajes. ¿O alguien piensa que dejan de operar por el solo hecho de que alguien vaya y denuncie? No, de ninguna manera, se necesitan programas, planes, dispositivos, espacios alojadores, confiables y habilitantes, recursos, lugares que protejan a las víctimas, fortalecimiento, capacitación, personal, etc.
Esto es un proceso de reducción de las mujeres, ni siquiera podemos decidir qué denunciar y a quiénes. Ya ni esa libertad nos es concedida.
Este proyecto no tiene en cuenta el proceso de movilización feminista que viene organizando resistencia y construyendo otras formas de respuesta frente a las violencias machistas, más ocupadas en desmontar sus condiciones de posibilidad gestadas al calor de privilegios e injusticias, más cerca de la comprensión cabal de lo profunda que es la alianza criminal entre patriarcado y capital.
Solo en la Ciudad de Buenos Aires prácticamente dos tercios de los casos, se desechan aun cuando las mujeres los denuncian sin que se tomen medidas probatorias de relevancia ¿por qué habríamos de confiar en que las denuncias de terceros podrían modificar esa performance de desinterés estructural del sistema judicial ante las violencias sexistas? Si no se ocupan de lo que las víctimas ponen en conocimiento, pidiendo expresamente intervenir ¿van a hacerlo cuando lo hagan otros y en contra de su explícito interés?
Por otra parte también este proyecto no tiene en cuenta el proceso de movilización feminista que viene organizando resistencia y construyendo otras formas de respuesta frente a las violencias machistas, más ocupadas en desmontar sus condiciones de posibilidad gestadas al calor de privilegios e injusticias, más cerca de la comprensión cabal de lo profunda que es la alianza criminal entre patriarcado y capital.
Me gustaría finalizar con un párrafo de María Florencia Alcaraz y Agustina Paz Frontera de Latfem: “’Cualquiera puede denunciar’, como dice el presidente saliente en las redes sociales, puede leerse como una compulsa a la denuncia, a la intervención obligada de vecines, allegados, familiares y amigos, y una fe desmedida en el sistema penal como forma de reducir las violencias de género. La vara de la tolerancia respecto a la violencia machista cambió después del grito colectivo por Ni Una Menos. Las respuestas frente a estas historias de vulneraciones de derechos son múltiples. Y aún si se pone el foco solamente en las respuestas que da el sistema de administración de justicia, estas siguen siendo deficientes. Las estadísticas recolectadas por la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal, sobre la base del análisis de 158 casos procesados entre 2015 y 2017, indica que el 72 por ciento de las denuncias por violencia fueron archivadas las causas o las personas sobreseídas, en el 14 por ciento de los casos se concedió la suspensión del juicio a prueba, y solo en el 4 por ciento se alcanzó una sentencia condenatoria. No hay falta de denuncias, hay déficit en las respuestas a esos pedidos de ayuda, intervención y protección”.
Carla Elena. Psicóloga Social, Diplomada en Violencia Familiar y Género. Graduada en “Educación Sexual Integral: Desafíos de la implementación en el ámbito educativo y comunitario”. Miembro de Forum Infancias. Docente.
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Fotografía de portada: http://niunamenos.org.ar
