Sobre Uruguay sombras nada más

“Parece mentira las cosas que veo

por las calles de Montevideo…”

Jaime Roos

Por Jorge Montero/El Furgon 

El 1° de marzo asume la presidencia de Uruguay Luis Lacalle Pou del Partido Nacional, al frente de una coalición de derecha que incluye a los partidos Colorado, de la Gente, Independiente y al neofascista Cabildo Abierto, del general retirado Manini Ríos.

El paquete de medidas anunciadas por el gobierno electo, que se presentará al Parlamento como proyecto de ‘ley de urgencia’, incluye 457 artículos que modifican elementos claves de seguridad, educación, economía, empresas públicas y relaciones laborales, entre otros puntos y que implican serios retrocesos en materia social, de libertades democráticas y derechos humanos. El articulado del proyecto de ley pretende, por ejemplo, restringir el derecho de huelga, planteando la “ilegalidad de los piquetes” y la limitación de la negociación colectiva: “toda medida de huelga deberá ejercerse de forma pacífica, sin perturbar el orden público y asegurando la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de la dirección a entrar en los locales de la empresa”. 

A la propuesta de criminalización de la protesta, se suma una impronta privatizadora dirigida hacia ANCAP (Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland), cuya presidencia desde 2016 está en manos de Marta Jara una connotada figura de Shell Internacional; y que ha generado rechazo de parte de una multiplicidad de movimientos sindicales, sociales y de algunos espacios del todavía gobernante Frente Amplio. Esta propuesta que plantea la “desmonopolización” de la importación, exportación y refinación de combustibles, tiene muchos puntos de contacto con la que impulsó durante su gobierno Luis Alberto Lacalle (1990-95) padre del actual presidente electo, como ley de privatización de empresas públicas, anulada por el plebiscito de 1992. 

No son pocos los políticos uruguayos que prevén grandes movilizaciones en repudio al paquete de medidas del próximo gobierno. El presidente de la central unitaria de trabajadores PIT-CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores), Fernando Pereira, ya advirtió que el movimiento sindical está armando un “frente social” contra la ley de urgente consideración y que no descarta la posibilidad de un referéndum. 

Simultáneamente se estará discutiendo el presupuesto y los consejos de salarios -unidades de negociación colectiva-; realmente un paquete muy grande donde la derecha pretende avanzar en el ajuste contra los trabajadores y el pueblo uruguayo.

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Adelantándose a los tiempos, el presidente saliente Tabaré Vázquez hace gala de una prolija transición con el equipo de Lacalle, como nunca hubo en la historia de Uruguay. Y el inefable Pepe Mujica, quien vuelve a ocupar su escaño en el Senado, ya adelantó “Yo no quiero un país como en la Argentina, con la grieta, medio país contra medio país. No quiero, lo detesto, porque somos un país de cuatro gatos locos, tres millones y poco. No podemos darnos el lujo de tener medio país contra medio país porque nos vamos al carajo…”; abonando el terreno de la negociación con la derecha, al que es tan afecto.

Ostentando una clara vocación por inclinarse ante Estados Unidos y someterse a los lineamientos del Departamento de Estado, el electo presidente Lacalle anunció que no serán invitados a su asunción los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Justificándose en la ausencia de “democracia plena” en estos países.

“Es una opción que ha hecho el gobierno electo de no invitar a aquellos países donde no hay democracia y los derechos humanos no se respetan”, afirmó sin vergüenza, el futuro canciller Ernesto Talvi, del Partido Colorado. Agregando que “por ahora reconocemos a Juan Guaidó como el presidente de la Asamblea Nacional, el último órgano legítimamente electo de manera democrática en Venezuela y como interlocutor fundamental de cualquier salida democrática en ese país”.  

Por el contrario, a la asunción, asistirán mandatarios como Jair Bolsonaro, presidente de Brasil gracias a la proscripción por prisión amañada de Lula da Silva, o la golpista boliviana Jeanine Áñez. También Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras como resultado de un escandaloso fraude electoral; el indescriptible mandatario Jovenel Moise de Haití -territorio donde los militares uruguayos integrados a la Minustah han hecho estragos-, o el salvadoreño Nayib Bukele, que acaba de ocupar militarmente el parlamento para forzar una resolución legislativa. También serán bien recibidos Sebastián Piñera y Lenín Moreno, que sostienen los gobiernos de Chile y Ecuador, en base a una feroz represión contra sus propios pueblos

Por supuesto en la coalición que le dio la victoria a Lacalle en el ballotage se encuentran figuras “democráticas” como el ex comandante del Ejército Manini Ríos, destituido en marzo pasado por Tabaré Vázquez al no haber denunciado la confesión del represor, teniente coronel retirado José Nino Gavazzo, de que arrojó al río Negro el cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro en 1973. Y que ya afirmó que se amparará en sus fueros como senador electo para no sentarse en el banquillo de los acusados. 

Para no hablar del rol que les cupo a blancos y colorados durante los años de la dictadura militar en Uruguay. El papel que desempeñaron durante la gestión de la transición, especialmente el “Pacto del Club Naval” de agosto de 1984, donde comenzó a delinearse entre dirigentes históricos de los partidos Colorado, Frente Amplio y Unión Cívica y los máximos jerarcas militares, la apertura electoral y la prescripción para los delitos cometidos por las Fuerzas Armadas en la dictadura. Un año después, en julio de 1985, ya con el colorado Julio María Sanguinetti en la presidencia, se selló la impunidad militar en la estancia presidencial Anchorena, junto al río San Juan, incorporándose al acuerdo el Partido Blanco. Comenzaba a delinearse la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobada por el Parlamento uruguayo en diciembre de 1986.

Aún hoy se envalentonan “democráticos políticos” como Rivera Elgue, referente de Cabildo Abierto y próximo subsecretario de Defensa, quien acaba de despacharse con que “si las Fuerzas Armadas hubiesen actuado mal en la dictadura, tendría que haber muchos más desaparecidos”. Haciendo empalidecer a los ‘dialoguistas’ frenteamplistas, que reclamaron sin éxito que no asumiera su cargo.

Difícil olvidar para el pueblo uruguayo la solidaridad cubana que permitió eliminar en Canelones un brote de meningitis B en 2002, durante el gobierno de Jorge Battle quien poco antes había roto relaciones diplomáticas con Cuba. Aun así, unilateralmente, el gobierno cubano envió 1.200.000 dosis de vacunas antimeningocócicas, desarrolladas por el instituto Finlay en La Habana, para inmunizar a más de 600.000 niños que requerían de la vacuna y detener la epidemia. 

Tampoco pueden ignorar que más de 500 uruguayos humildes y mayoritariamente del interior del país se recibieron de médicos en la Escuela Latinoamericana de Medicina, mientras otras decenas se licenciaron en Educación Física e incluso algunos en carreras de Ingeniería, todos y todas becadas por Cuba sin abonar un solo peso.

En Uruguay se aplicó el programa cubano “Yo sí puedo”, para alfabetizar adultos. Se implementó la “Operación Milagro”, por la que 90.000 uruguayos y uruguayas recuperaron la vista gratuitamente. Con los primeros cientos o miles operados directamente en Cuba porque todavía no se había creado el Hospital de Ojos José Martí. Nadie debería ignorar que más de 1.000 uruguayos han recibido prótesis desarrolladas por técnicos cubanos sin que les cueste un solo peso en virtud de los convenios existentes entre ambos países, que han permitido la masificación de estos programas, que de otro modo resultarían inviables por sus costos. 

Sin embargo, la proverbial cobardía y obsecuencia de la burguesía local, encabezada ahora por Lacalle Pou, su coalición derechista de gobierno y no pocos sectores conservadores del Frente Amplio, no la tendrán fácil. El revuelo político se multiplica cuando la actriz Verónica Mato (Encuentro 18 de agosto, independientes en el Frente) asume como nueva diputada, y juramenta recordando a su padre Miguel Ángel Mato, detenido-desaparecido durante la dictadura en 1982, cuando ella tenía 5 años: “Me acompaña la lucha de todos esos militantes políticos y sociales que dieron lo mejor de sí por la democracia, incluyendo su vida”, dijo Mato durante su asunción el pasado 17 de febrero. “Por verdad, justicia, memoria y nunca más terrorismo de Estado” termina su alocución y coloca a su lado una remera roja con la leyenda “Todos somos familiares”, representativa de la infatigable lucha contra la impunidad de la organización de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Uruguay.

Del mismo modo el novel diputado frenteamplista por Montevideo, Daniel Gerhard, (por el Partido por la Victoria del Pueblo-Frente Amplio), hace referencia en su juramentación a los detenidos desaparecidos instando a honrar la democracia. “La democracia le ha fallado a niños y niñas que viven en la pobreza, le ha fallado a las mujeres asesinadas por el patriarcado a pesar de que hacen la denuncia, y le ha fallado a familiares que siguen buscan a sus hijos y a sus hijas… La democracia no ha logrado devolver verdad y justicia”, concluye el legislador.

Diputados como Verónica Mato o Daniel Gerhard, miles de militantes del Frente Amplio y otras fuerzas sindicales, sociales, juveniles, mantendrán en alto la bandera de “Memoria, Verdad, Justicia y Nunca Más”, y colisionarán de frente con el gobierno derechista, dando seguramente por tierra con las expectativas conciliadoras de José Mujica, Tabaré Vázquez, Danilo Astori, Daniel Martínez y otros dirigentes del sector más conservador de la fuerza frenteamplista.

Alguna vez y con notable visión política, Daniel Viglietti señaló: “Ojalá que la izquierda no se mude al centro, y que Pedro, María, Juan y José -de su ‘A desalambrar’- no dejen de seguir cambiando este cambio nuestro, ¿verdad?”.