lunes, junio 17, 2024
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Alejandro Olmos: “Refinanciar la deuda es continuar por el camino de la decadencia”

Como si el tiempo se hubiera detenido, la deuda pública vuelve a mostrar su capacidad de daño. Adscriptos como estamos al sistema de la deuda, que ningún gobierno de la democracia quiso cambiar desde 1984, nos encontramos hoy con una situación muy grave, por las exigencias de los acreedores privados, el cumplimiento con el FMI, y una deuda interna, más fácil de manejar, pero que como no se puede pagar debe volver a refinanciarse.

Por Alejandro Olmos Gaona/El Furgón.-

La deuda del kirchnerismo al macrismo

Sin entrar a revisar los tiempos de la dictadura, cuyo endeudamiento fue la génesis de todo lo que vendría después, y las diversas reestructuraciones que se hicieron después donde los gobiernos de la democracia cumplieron puntualmente con las obligaciones dejadas en 1983, la deuda hoy asume proporciones gigantescas, con vencimientos a corto plazo, y una magnitud sin precedentes, debido a que nunca se enfrentó el problema para terminarlo, mediante una auditoría integral, y reclamando a los deudores, privados, las sumas que el Estado había pagado por ellos durante décadas. Se debe recordar que esa deuda privada, no respondía en su mayor parte a obligaciones legítimas, sino que fue creada ficticiamente por grandes empresas nacionales y extranjeras para beneficiarse ilícitamente.

 

Alejandro Olmos Gaona

Siempre critiqué las dos reestructuraciones de la deuda externa pública de los años 2005 y 2010, debido a que se pagó a los acreedores externos con dinero de instituciones del Estado (Anses, Banco Nación, Banco Central, etc). Además, las cifras enunciadas sobre la reducción de la deuda por obra de aquellos canjes, que indicara la Dra. Cristina Kirchner, y hace una semana repitieran su hijo Máximo y Carlos Heller, al exponer en la Cámara de Diputados, nada tienen que ver con la realidad.

Efectivamente, de la deuda elegible de U$S 82 mil millones en bonos viejos entraron al canje 62.300 millones, quedando fuera 19.500 que no aceptaron las condiciones, lo que significó una aceptación del orden del 76%. Esos 62.300 millones fueron canjeados por nuevos Bonos por valor de 35.000, lo que significó una quita del 44%. De  manera que si a los 35.000 emitidos se le suma los no entrados al canje, surge que los U$S 82 mil millones quedaron reducidos a U$S 55 mil millones. Esto representa una quita real del 33% sobre la deuda elegible, y una disminución del 21% sobre el total de la deuda, que era de U$S 190 mil millones en el 2003. Esto nada tiene que ver con las afirmaciones de Cristina Kirchner, que sostuvo siempre que la quita de la deuda había representado un 70%.

Al realizar el canje de deuda el gobierno realizó varias concesiones que favorecieron a los acreedores: a) renunció a cualquier cuestionamiento sobre la legitimidad de los bonos y sus acreencias, pese a las irregularidades de todos los procesos anteriores, b) puso en un pie de igualdad a títulos objetables y títulos perfectos no desdoblando la operación, y realizando una sola unificada, ni efectuó un censo de acreedores que hubiera permitido individualizar a todos y cada uno de los tenedores y el precio real de la compra de los bonos reclamados, permitiendo discutir sobre la base de los precios de adquisición y no sobre el valor nominal de los títulos.

La capitalización de los intereses de los bonos emitidos, en 10 años, significó un aumento de la deuda de U$S 12.500 millones, a lo que debe sumarse que los cupones atados al crecimiento del PBI, determinaron un incremento de la deuda superior a los 15.000 millones de dólares,  lo cual muestra la relativización de las quitas que se mencionaran. Encima, uno de los bonos emitidos en este canje generaba intereses de acuerdo al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que medía los índices de inflación. Como estos comenzaron a crecer, el gobierno de Kirchner, intervino el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), echó a todo el personal técnico, y a partir de allí modificó las estadísticas para mostrar que la inflación era mínima y que la pobreza y la indigencia no crecían como lo sostenían las consultoras privadas. Debido a esto es muy difícil  medir las cifras entre los años 2007 y 2015, ya que fueron deliberadamente adulteradas.

El canje de deuda reabierto en el 2010 en el marco de la suspensión de la “Ley Cerrojo”,  que se efectuó, sin que se dieran explicaciones, constituyó el broche de oro del marcado vuelco a la ortodoxia del gobierno nacional iniciado en el 2008. Los esfuerzos del  entonces Ministro de Economía Amado Boudou para demostrar que el canje beneficiaba a la Argentina, que podía volver a los mercados voluntarios de deuda y reabrir un flujo inversor desde el extranjero, fueron vanos al quedar en evidencia la falsedad de esas premisas y de los ejes sobre los que descansó esta operación. Así, la reestructuración de unos U$S 9.500 millones en default implicó una ganancia extraordinaria para los bancos y particulares participantes, demandó para los pagos futuros un fuerte esfuerzo fiscal y externo y entró en colisión con los mismos preceptos que Economía venía sosteniendo respecto a su política de administración de pasivos.

El canje tuvo efectos no neutros entre el país y los acreedores. No resultaba razonable por antieconómico que alguien que había ingresado al canje en el 2005 hiciera uso de la nueva opción, pero aquellos que no lo hicieron pudieron retrotraer su decisión al 2005, con la ventaja de recibir un cupón PBI con probabilidad de cobro mucho mayor que en el 2005. O sea que Argentina tiene una probabilidad de pagar mucho mayor que en el 2005. Esto es así, ya que utilizando información privilegiada a partir del 2008, un conjunto de bancos y fondos de inversdión compraron bonos en default a una cotización insignificante  dada la vigencia del art. 4 de ley cerrojo, que dispuso que esos bonos se debían “retirar de cotización en todas las bolsas y mercados de valores, nacionales o extranjeros”.

En estas circunstancias esos fondos, a la par que iban adquiriendo sigilosamente todos los bonos que pudieron comprar, impulsaban al gobierno nacional a levantar la ley cerrojo. Incluso, el mismo gobierno con ambiguas declaraciones públicas, a través de sus más altos funcionarios, se encargaron de deprimir aún más la cotización de los bonos, como las efectuadas en septiembre del 2008 mientras los bancos presentaban su propuesta de canje. En esa oportunidad el Jefe de Gabinete Massa, y el ministro del Interior Randazzo hablaban de una quita superior al 75 por ciento. Y la presidenta Fernández de Kirchner afirmó en Nueva York ante el Council of Foreing Relations, que los bancos habían hecho “una más que inteligente propuesta en condiciones para la República Argentina, mucho más favorables que las condiciones del canje del 2005”.

Esa masa crítica de bonos que se comprometieron a aportar al canje los bancos organizadores tenían dueños conocidos. Según un comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Economía, los mismos Fondos Fintech, Fidelity y Gramercy, con que se negociara  el canje de 2005, y con los que se mantuvieron reuniones a partir de noviembre de 2003, serían los que ahora diseñaron la salida de Argentina del default. Fintech se presentó como “Amicus curae” de Argentina ante el Juzgado Federal de New York del juez Griesa, cuando tenía una posición de 700 millones de dólares, que ingresó al canje de 2005 (Amicus Brief por FinTech Advisory Inc. a favor de Argentina en relación con el litigio Ltd. EM.). Sin embargo parecería que Fintech olvidó ingresar algunos bonos al canje, o bien habría comprado nuevas posiciones en base a información privilegiada…

El grupo Gramercy Advisors, está integrado por sociedades constituidas en paraísos fiscales, bajo las leyes de las Islas Gran Cayman, con sede principal de negocios en el mismo lugar. Según publica en su página web, se trata de un fondo especulativo con cobertura en mercados emergentes. La expedita ganancia que obtuvo de Argentina en esta operación, le dio un importante antecedente de prestigio en los mercados del mundo. Jorge Cerritelli, su director y Jefe de Estrategia Global, no es un inversor desprevenido a quien sorprendió el default de 2001. Cuenta con más de 20 años de experiencia en mercados de valores de deuda emergente, y tiene como antecedente estrechas vinculaciones laborales con el Grupo Fintech. PARTNERS. Es una sociedad constituida bajo las leyes del paraíso fiscal de Guernsey, con su oficina principal de negocios en la misma isla.

El volumen de bonos aportados por Gramercy, cuya intervención habría sido fundamental en la negociación, asistiendo permanentemente a funcionarios públicos que manejaron la negociación, comenzó con un costo de compra de 29 millones de dólares al comienzo de 2008. Se elevó a 150 millones hasta el día de anuncio del canje. El diario Ambito Financiero (21/04/10) informó que: “El fondo Gramercy confirmó que entra con u$s 3.000 millones” y “es el primero que acepta formalmente la oferta por default”. El accionar de estos fondos especulativos habría estado conectado con estudios de abogados, como el de Hughes Hubbard & Reed y Liendo &; Castiñeyras, donde participa como socio el ex funcionario y estrecho amigo de Domingo Cavallo, Horacio Liendo, los cuales al convocar a los tenedores de bonos, habrían obrado como señuelo para que los fondos especulativos pudieran identificar a los tenedores de los bonos en default, y negociar su compra.

Siempre resultó  imprescindible y urgente  proceder a una investigación sobre todas las modalidades que rodearon la operación de canje en el año 2010, identificando a los tenedores de bonos que se vieron beneficiados con la propuesta y pidiendo al Agente de Canje y Agente Fiduciario (el Bank of New York Mellon) y al Agente de Información (Georgeson S.R.L.) el listado de tenedores de títulos de deuda presentados al canje, en virtud de las Cartas Convenio incluidas como anexos de la Resolución 230/2010 del 29/04/10 del Ministerio de Economía y de las declaraciones, garantías y compromisos asumidos por los Tenedores de Títulos de acuerdo al Prospecto de Emisión.

A través de los distintos mecanismo instrumentados, la República Argentina tuvo a su disposición la información necesaria como para determinar, a nivel de Beneficiario y a nivel de Participante Directo -en los términos en que los define el Prospecto de Emisión- quiénes fueron los Bancos, Fondos de Inversión o particulares que se adhirieron al canje de deuda formalizado por el Decreto 563/2010 y cuya fase mayorista venció el 12 de mayo de 2010 y la minorista vencía -y se prorrogó dos semanas- el 7 de junio de 2010. Esos datos hubieran permitido corroborar si hubo o no tráfico de influencias o manejo de información privilegiada de parte de los distintos actores, además de permitir inferir cuando y a qué precios pudieron haber sido adquiridos los bonos canjeados así como el beneficio resultante. Pero nada de esto se hizo, aun cuando en la justicia se mostraron evidencia de correos electrónicos intercambiados entre funcionarios del gobierno, los abogados norteamericanos de la Argentina y los representantes de Arcadia. En resumen: A títulos comprados entre el 19 y 25% de su valor, la Argentina le reconoció valor de 100% y sobre ese valor hizo una quita del 44% promedio. Como contrapartida, les entregó cupones atados al  crecimiento del PBI, con retroactividad al  año 2005, que significaron una retribución del 48%, lo que significó un canje sin quita.

Después del primer canje, y el posterior al 2010, hubo una enorme transferencia de deuda externa a deuda intra Estado, ya que las obligaciones se pagaron con fondos suministrados por el Banco de la Nación, la Administración Nacional de Seguridad Social (Fondo de garantía de los jubilados) a quienes se les entregaron bonos en moneda nacional. Asimismo se retiraron divisas del Banco Central con las que también se pagaron a los acreedores, y se le entregaron a la institución monetaria, Letras del Tesoro a 10 años, instransferibles a tasa Libor, menos un punto porcentual.

La legitimación de esa deuda a través de los canjes le sirvió al gobierno de Macri para comenzar un nuevo proceso de  endeudamiento, que contó con la autorización de casi la mayor parte de la dirigencia política, con representación parlamentaria. Aunque gran parte de los legisladores, que ocupan bancas desde la anterior gestión no se hacen cargo de sus responsabilidades, es indudable que fueron parte importante del proceso de endeudamiento de los últimos cuatro años, ya que desde marzo del año 2016, cuando autorizaron una emisión de bonos por 16.000 millones de dólares para pagarles a los fondos buitres, hasta la aprobación del presupuesto 2019, accedieron al pedido del gobierno para la emisión de  deuda pública.

Cuando Macri asumió el gobierno en diciembre del 2015, la deuda en cabeza del Estado Central era de 240.665 millones de dólares, al irse en diciembre la deuda bruta era de 323.177 millones de dólares. Cabe apuntar que en julio del año pasado era de 341.000, y bajó a la cifra indicada a fin del 2019, debido a que la deuda en pesos, que estaba en manos de agencias y organismos del Estado, se desvalorizó debido al aumento de la moneda extranjera.

También es importante consignar, que siempre el pago de los intereses de la deuda fue superior a lo invertido en desarrollo social,  defensa,  Ciencia y Teconología, salud, educación y seguridad.

La intervención del FMI

Debido a la imposibilidad de contar con los fondos suficientes para para pagar los distintos vencimientos de la deuda en el año 2018, se recurrió a un viejo conocido de la Argentina, el Fondo Monetario Internacional, a través de un préstamo sujeto a estrictos condicionamientos, y que sirvió para garantizar a los acreedores el pago de las letras del Banco Central (LEBAC) y otras obligaciones del Estado. En el informe del artículo IV presentado en diciembre de 2018, el FMI sugería una serie de medidas importantes, y que se pueden resumir así:

-Congelamiento de la contratación de empleados públicos. Si se cumple en la Nación, las provincias y los municipios este año y el próximo, se ahorraría el 1% del PBI.

-Eliminación de regímenes especiales de jubilaciones. El Gobierno evaluó avanzar sobre ellos, como los de diplomáticos, judiciales o docentes, en noviembre pasado, pero retrocedió ante las protestas por la reforma previsional de diciembre.

-Nueva reforma previsional. No bastó que en diciembre se dejaran de actualizar jubilaciones, pensiones y asignaciones por la recaudación tributaria, y sólo se ataran a la inflación. El FMI propuso restringir la pensión universal por vejez, que beneficia a quienes no aportaron lo suficiente, al 30% de la población más pobre. También recomendó recrear las AFJP, a las que iría destinado parte del aporte de los trabajadores (el resto seguiría yendo al Estado). Además, el Fondo promueve elevar la edad jubilatoria de las mujeres de 60 a 65 años, de modo de igualarla con la de los varones.

-Reducción de planes sociales. Unificación de programas y actualización de los beneficios por la inflación futura, y no la pasada, como hasta ahora. Se supone que los precios irán bajando y esto implicará un menor aumento de las ayudas.

-Recorte de otros gastos. El Fondo sugirió disminuir las compras de bienes y servicios, las transferencias de las provincias a los municipios y del Gobierno a las empresas públicas. Si se cortan estos gastos un 4% ajustado por inflación en 2018 y 2019, se ahorraría un 1,5% del PBI.

-Que más personas paguen el impuesto a las ganancias. En la actualidad lo abona el 10% de los argentinos. El FMI reclama que lo tribute el 20%.

-Que menos empleados formales reciban las asignaciones familiares.

-Reducción de tasas de interés. Si se ajusta el déficit fiscal, se podrá relajar la política monetaria, según el FMI.

-Tipo de cambio devaluado. El ajuste fiscal derivará en menor necesidad de deuda externa, lo que combinado con menores tasas de interés favorecerá la depreciación de la moneda, según el Fondo.

-Reforma laboral. Agilizar y abaratar el despido, fomentar el empleo temporario y a tiempo parcial y limitar la negociación colectiva de trabajo.

-Reducción de barreras proteccionistas. El Fondo advirtió que continúan 1.600 licencias contra importaciones de productos y que los aranceles del Mercosur triplican el promedio de países emergentes.

-Apertura de sectores a la inversión extranjera. El organismo señaló que existe un trato discriminatorio para el ingreso de empresas foráneas en algunos sectores, ya sea en beneficio de compañías estatales o de firmas privadas argentinas.

El acuerdo stand by, que se firmó recogió esas recomendaciones, que se sumaban a advertencias que también se habían señalado en el informe del año 2017.

Sería muy extenso hablar de lo que fue el proceso de endeudamiento entre los años 2016-2019, baste decir que hubo una concertación de complicidades con los que compraron esos bonos que  se emitieron, ya que había advertencias sobre posibles faltas de pago, y una situación interna muy complicada. Como ejemplo puedo señalar que en el “inclosure” del bono a 100 años, el gobierno advirtió que: 1- Que existe incertidumbre y riesgo sobre el futuro económico, debido a la inflación y a la volatilidad del sistema cambiario, 2- Puede haber menos crecimiento económico y reducción de las reservas del Banco Central, 3- Que puede haber reducción de la inversión extranjera, lo que privaría a la Argentina del capital necesario para el crecimiento económico, 4- Puede haber hostilidades internacionales e incertidumbre política respecto de las elecciones del 2017, 5- Puede haber inestabilidad política, social y económica en el futuro, 6- El gobierno no puede garantizar los impactos causados por las medidas implementadas en el país, 7- El aumento del gasto público del gobierno puede tener un efecto adverso significativo y consecuencias negativas por largo tiempo en las perspectivas económicas de la Argentina, 8- El gobierno desconoce cuáles serán los resultados de las medidas implementadas en el sector energético y sus repercusiones, 9- El riesgo de no hacer frente adecuadamente a los riesgos reales del deterioro institucional puede afectar adversamente la economía yla situación financiera de la Argentina, 10- Las fluctuaciones del peso pueden afectar adversamente la economía argentina y la capacidad de cumplir con las obligaciones del país, 11- No se puede garantizar que la Argentina pueda obtener financiamiento, lo que puede determinar que no se puedan pagar la deuda pública y los bonos, 12- No se puede garantizar que la calificación crediticia de la Argentina mejorará, 13- La capacidad de la Argentina para obtener financiación puede verse afectada por los litigios de los holdouts. A pesar de tales alarmas el bono fue colocado inmediatamente, lo que pone en evidencia, que estas operaciones, siempre benefician a los que invierten en ella, porque la Argentina siempre paga.

Además de esas complicidades, hubo manejos  por parte de funcionarios, que se aprovecharon de la emisión de bonos y de las letras del Banco Central, para beneficiarse, y esto dio lugar a que el Fiscal Federal Federico Delgado imputara penalmente al ex ministro Caputo, al ex vicejefe de Gabinete Quintana, y al ex Secretario de Finanzas Bausili, por negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública, solicitando se los llamara a indagatoria, sin que hasta el día de hoy el Juez Federal, haya accedido a esa petición. Esos manejos fueron puestos en evidencia por auditores del Banco Central que efectuaron un exhaustivo análisis de las operaciones para la Fiscalía Federal No 6, además de haber chequeado operaciones con la agencia de control de los EE.UU.

Con el nuevo gobierno asumido en diciembre del año pasado, comenzó un nuevo proceso de renegociación de la deuda, encabezada por el ministro Martín Guzmán, quien se dio a la tarea de establecer los lineamientos para enfrentar el problema más grave y condicionante de la economía argentina. En las sesiones extraordinarias, se sancionaron leyes para comenzar el complicado proceso, y una de ellas la ley 27.544, “de sostenibilidad de la deuda pública”, fue más un planteo escenográfico, para que el Congreso volviera a delegar facultades en el Poder Ejecutivo para manejar la deuda. Y digo esto porque todas las facultades pedidas en esa ley, ya estaban contempladas en la ley 24.156, que si bien fue dictada en 1992, fue ratificada hasta el año 2019, teniendo plena vigencia. También se volvió a consignar en la nueva norma, las habituales concesiones a los acreedores respecto a la legislación extranjera, la renuncia a la inmunidad soberana, y el sometimiento a las Cortes de nueva York, lo que ocurre en la Argentina desde la dictadura militar, sin olvidarnos que la primer prórroga de jurisdicción a favor de jueces extranjeros, fue autorizada por el Congreso Nacional en octubre de 1973, y promulgada por el presidente Perón en noviembre de ese año.

Sobre el acuerdo con el FMI, se han tejido innumerables historias, han existido absurdas denuncias penales, como la planteada por el dirigente Juan Grabois, y reclamos a la justicia por la falta de trámites administrativos previos al acuerdo. Generalmente se desconoce que en la lamentable estructura legal que rige estas operaciones, la institución multilateral, no puede ser cuestionada en ningún tribunal por las tropelías que cometa en sus operaciones. Sus gobernadores, directores, operadores, funcionarios tienen inmunidad absoluta respecto de sus acciones, y también existe inmunidad sobre toda la documentación que maneje el FMI, que no puede ser requerida por ningún tribunal, ni aún por la Corte Internacional de Justicia. Además de ello las normas que rigen el funcionamiento del Banco Central que es uno de los firmantes del acuerdo, y la propia ley 24.156, eximen al gobierno de cualquier trámite administrativo previo. A esto se suma que los 28 convenios firmados por la Argentina se hicieron siempre de la misma manera, igual que se hacen en otras partes del mundo. El sistema financiero siempre se ha encargado de crear una estructura casi perfecta, para evitar que se impugnen sus operaciones.

El ministro Guzmán no efectuó demasiadas precisiones en el Congreso sobre cómo será la negociación, planteándose que no se tolerarían exigencias desmedidas, ni fuertes ajustes, pero en ningún momentos expuso, que es lo que se va a hacer, como tampoco cual es el plan económico del gobierno, que hasta el día de hoy no se conoce, excepto algunas medidas aisladas, como el impuesto a la compra de dólares, la suspensión de la movilidad jubilatoria, la rebaja de retenciones a las mineras y petroleras, etc. 0Lo que está muy claro, es que el gobierno va a pagar, y en cualquier acuerdo de la naturaleza que sea, podrá haber quitas, extensión de plazos, pero en ningún caso se investigará la deuda, ni aún la de los últimos cuatro años. Tampoco se sabe cómo se va a pagar si la Argentina no crece, y el ministro habló de crecimiento recién en el año 2023, cuando terminen su mandato las nuevas autoridades. Las actuales variables económicas no muestran un panorama favorable para la inversión extranjera, y también sabemos las modalidades de esa inversión que se efectúa de conformidad con una ley que también se sancionó durante la dictadura militar.

Una cosa son las buenas intenciones, las palabras que se trasmiten para llevar la tranquilidad que se podrá manejar el problema de la deuda, y otra muy distinta lo que se haga en definitiva, teniendo enfrente a los mercados, que invariablemente se han visto beneficiados con las distintas políticas de endeudamiento de 1976 hasta ahora. Ningún gobierno quiso cambiar las leyes de entidades financieras y de inversiones de la dictadura que permitieron el saqueo, y no solo no quisieron cambiarlas, sino que el Congreso de la Nación las ratificó por amplia mayoría en el año 2014, y esa estructura legal, sumada a leyes de la década del 90, limitan grandemente cualquier decisión independiente que se quiera tomar, si no se decide cambiar esa legislación.

Hay muchas decisiones que el gobierno podría adoptar para revertir el sistema de saqueo en que se convirtió el endeudamiento desde hace décadas. Desde una auditoría integral, hasta cuestionar ante la junta de gobernadores del FMI, el préstamo que se otorgó, muy por encima de la cuota argentina, y con pleno conocimiento que esa deuda no se podía pagar, y llegar eventualmente a solicitar un árbitro de la CIJ, para mediar en esa instancia, conforme lo establecen los estatutos de ese tribunal internacional. Se podría instruir al Procurador del Tesoro para que accione contra los responsables públicos y privados del endeudamiento a través de los probados ilícitos que muestran las diversas causas que tramitan en la justicia federal No 2, tal como lo viene pidiendo desde hace años el Ministerio Público Fiscal. Si nada de esto se hace, si el gobierno se limita a la refinanciación de las obligaciones, la deuda seguirá su eterno camino de condicionamientos de la economía, seguirá afectando las posibilidades de crecimiento, y continuaremos en este camino de decadencia que tenemos que cortar de una vez y definitivamente.