La destitución de Luis Arias alivia a la corporación judicial e indigna a la ciudadanía

Alguien tenía que haber calumniado a Josef K, pues fue detenido una mañana sin haber hecho nada malo”. (El Proceso, Franz Kafka)

Por Marina Caivano, desde La Plata/El Furgón

Un rejunte de sumarios por distintos criterios judiciales, sirvió para armar la causa que encabezaría el procurador Julio Conte Grand contra el juez Luis Arias. El magistrado bonaerense había sido suspendido en sus funciones en noviembre del año pasado y desde el 2 de agosto afrontaba un proceso de Juicio Político.

Aunque la defensa llevada ejercida por los doctores Marcelo Ponce Núñez y Analia Elíades rebatió una por una las acusaciones, el veredicto fue de destitución e inhabilitación. La lectura de la resolución final en la sala de la Cámara de Senadores desató la bronca de vecinos platenses que presenciaban el acto.

Si bien el Tribunal en lo Contencioso Administrativo Nº 1 había sido elegido como el mejor Juzgado Contencioso, por quinto año consecutivo, por el Colegio de Abogados local y muchas de sus sentencias se leen como ejemplo en las universidades, el juez a cargo tuvo que enfrentar un jury por “presunto mal desempeño” que el 15 de agosto pasado determinó su destitución.

Son 21 los cargos que se le achacaron al juez Luis Federico Arias. “Nadie sabe por qué, son todas etiquetas”, había explicado el magistrado en una conferencia de prensa, y agregó: “No tengo ninguna denuncia de ningún particular afectado por una medida mía, ni existen cuestiones patrimoniales en juego”. Y es que las denuncias que se hicieron en su contra provienen de funcionarios judiciales y políticos y se basaron en cuestiones meramente formales y adjetivas. Se le atribuyeron cargos de “abuso de autoridad”, “incompetencias”, “desprecio a la autoridad”, “desconocimiento de la jerarquía”, etc.

Pocos magistrados tienen tantos enemigos poderosos como Luis Federico Arias. Con sus sentencias, el magistrado supo ponerse en contra a funcionarios gubernamentales de gestiones de distinto signo, además de empresarios. A Luis Arias se lo conoce por haber sido el único que echó luz sobre los terribles hechos acaecidos con la inundación en La Plata del 2 de abril de 2013.

Entre los fallos más conocidos se destacan las medidas para evitar desalojos violentos y las cautelares que suspendieron los aumentos de tarifas energéticas en la Provincia. Observó la ilegalidad del proceso de acumulación que experimentan empresas energéticas como el grupo DESA de Rogelio Pagano. Inserto en el día a día del pueblo bonaerense, intervino en conflictos gremiales fallando a favor de reclamos docentes, paritarias y derecho a huelga. También se ha pronunciado en cuestiones medioambientales y ha dictado sentencias que han limitado el desempeño arbitrario e ilegal de las fuerzas policiales.

El accionar prolífico del Juzgado en lo Contencioso Administrativo nro. 1 cumplió con la función propiamente dicha de esos Tribunales, que consiste justamente en controlar la función de cualquiera de los tres poderes y resulta lógico que surjan tensiones en su desempeño, pero la suspicacia se vuelve inevitable cuando se orquesta un proceso judicial con escasos argumentos consistentes y con un objetivo evidente: sacar de la cancha al juez que incomoda.

El Proceso: “El sistema es lo primero”

El proceso que comenzó el jueves 2 de agosto y finalizó con la sentencia de ayer, tuvo inicialmente acceso restringido a la prensa y público por “estar colmada la sala”, luego debió permitirlo gracias a una presentación realizada por la Comisión por la Memoria.

• Al Jurado lo encabezó el presidente de la Corte Suprema bonaerense, Julio Pettigiani. Lo integraron cinco legisladores provinciales: Roberto Costa (Cambiemos), Walter Carusso (Cambiemos), Jorge D´ Onofrio y Pablo Garate (Frente Renovador) y Santiago Révora (Unidad Ciudadana). Además, lo formaron los abogados Fabian Gonzalez, Diego Alejandro Molea, Osvaldo Enrique Pisani, Ambrosio Luis Bottarini y José Alberto Apaz.

El Juicio empezó con una etapa probatoria, seguida por una de alegatos y la sentencia. Si bien entre los 21 cargos abundaron cuestiones burocráticas al estilo “No haber remitido un expediente a la Receptoría General de Expedientes para que tome conocimiento de la demanda”, los cargos más significativos que se le asignaron a Arias dan cuenta de que se juzgó a un magistrado por el contenido de sus sentencias más que por su “modus operandi”.

En la exposición de la causa “Rodríguez contra Arias”, la parte acusadora habla de “Desprecio flagrante a un ámbito de naturaleza penal, un desprecio brutal, manifiesto e imperdonable al Ministerio Público de la Pcia. de Bs As”. Esto es para Julio Conte Grand, intimarle al fiscal Paolini que se abstenga de emitir información falsa sobre el número de fallecidos a causa de la inundación del 2 de abril. “Le pedí a Paolini que no oficializara cifras (menores a las que sabíamos reales) porque no era de su incumbencia y fuimos a la Corte por eso, y resolvió que era del Tribunal en lo Contencioso”, explicó Arias en otras ocasiones.

En este punto cabe señalar que la cifra oficial de fallecidos que sostenía la gestión sciolista en los momentos posteriores a la inundación era de 52 personas y que gracias a la investigación realizada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N 1 se llegó a la de 89 muertos. Y aquí no se debe olvidar que fue también como resultado del accionar del magistrado junto con organismos de DDHH que salió a la luz el oscuro manejo de la Morgue Policial, la existencia de cuerpos NN y hasta pedazos de cuerpos en heladeras.

Con respecto a las medidas para frenar desalojos, uno de los cargos es “haber ido personalmente a los desalojos” y en este sentido se pudo escuchar la exposición de la fiscal Betina Lacki, quien menciona que el magistrado se habría presentado con personas “con caras tapadas”. Acusaciones “de forma”, tan frívolas, se acompañaron de otras más disciplinantes en el tema. En el tema desalojos las principales acusaciones que se hicieron a Arias, fueron de “incompetencia” para suspender los desalojos y de desconocer a los jueces de Garantías y Penal que, supuestamente, “habían tomado los recaudos necesarios”.

Arias aclara que también es asunto del fuero Contencioso Administrativo velar por la garantía de derechos por parte del Estado. “No se puede dejar a personas en la calle por proteger la propiedad, sin preveer alojamiento a niños en la calle”. En el transcurso del proceso contra el magistrado surgen irregularidades cometidas por funcionarios judiciales y policiales que no han sido juzgadas y parecen no importar.

Una de ellas muy llamativa es el caso del desalojo en Gorina, donde la medida resuelta por el juez penal no tenía competencia ya que los legítimos dueños, la empresa Ferrobaires, había suscripto un acuerdo con el Ministerio de Infraestructura y la Provincia de Buenos Aires, según el cual no requerían medidas violentas. Absurdamente, el Juzgado Penal ordenó el desalojo, destrozaron las casas de los ocupantes, sin el objetivo de “devolverle a su dueño”. La misma arbitrariedad se ve en el desalojo de Abasto, asentamiento en el que existía Ley de Expropiación sancionada pero lo mismo los beneficiarios fueron expulsados por medida del Juez Penal con el saldo de veinticinco heridos.

Otra de las acusaciones más memorables de este infame proceso fue el caso Matias Dimicroff. Se trata de una persona con privación de libertad en “Melchor Romero” que ha sufrido una amputación de pierna y presenta una grave infección por lo que solicita atención en un hospital público. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo a cargo de Arias resolvió una medida para garantizar el derecho a la salud del hombre preso, y esto desató otra vez, un conflicto de competencia superpuesta con el Tribunal Penal. Para el acusador Julio Conte Grand, la actitud de Arias en esa ocasión es una falta grave que demuestra que “no admite ningún nivel jerárquico dentro del Poder Judicial”, “se ha erigido en juez de jueces” y “debe ser llamado a su control de constitucionalidad”.

Abundan las referencias metafísicas y filosóficas en el discurso del Procurador General de la Provincia, Julio Conte Grand, hombre de conocida filiación al Opus Dei, nombrado por la gobernadora Vidal luego de ocupar por unos meses el cargo de Secretario Legal y Técnico y habiendo sido procurador en la Ciudad de Buenos Aires, con Mauricio Macri como jefe de Gobierno. El también ex asesor de Carlos Corach, durante el menemismo empleó una cita de Borges: “Nadie es la Patria y la Patria somos todos”, y finaliza su alegato reaccionario: “El sistema es lo primero y el respeto del sistema es un principio esencial que no puede ignorarse”.

El juez del Pueblo

“Yo he actuado de un modo ecuánime, coherente, jamás interpuse mis intereses con los intereses de la sociedad, jamás me importó la ideología política de quién presentó la demanda, y siempre decidí lo mismo con los mismos criterios, no así el señor Procurador”, se defendió el magistrado en su turno de alegato.

Pese a la avanzada de la orquestada operación corporativa judicial en su contra, Luis Federico Arias no está sólo, goza del reconocimiento y apoyo de numerosos sectores populares de trabajadores, asambleas vecinales, organismos de derechos humanos que se hicieron presentes durante las audiencias. Era de esperar la reacción espontánea cuando escucharon el veredicto final y sin dejar terminar a Julio Pettigiani, para gritar a viva voz “ ¡delincuentes!, ¡renuncien!” Agentes de seguridad de civil se dirigieron amenazantes hacia la gente mientras se oyó a una señora gritar: “ ¡no van a poder contra el juez del Pueblo!.

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Foto de portada: Asociación Judicial Bonaerense