El decreto de Macri, una prueba de amor al G20 y los militares

El presidente de la Nación Mauricio Macri firmó el decreto 683/2018 que modifica las normas vigentes respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Interior. Con la excusa de hacerlas partícipes en tareas humanitarias y de la lucha contra el narcotráfico, también se las pone como escudo para lugares sensibles. El artículo 24 bis de la ley 23.554 ahora dice: “El Sistema de Defensa Nacional ejercerá la custodia de los objetivos estratégicos”. En buen romance significa que si la protesta social alcanza alguno de estos “objetivos estratégicos”, los militares pueden intervenir.

Una cuestión que traerá un largo debate es el involucramiento de las tres fuerzas en cuestiones referidas al tráfico de estupefacientes. Es sabido que las bandas organizadas que explotan las redes para la fabricación, distribución y venta de drogas suele estar asociadas a miembros de las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y municipales. Ejemplos hay de sobra y vasta con repasar el archivo de noticias de diarios y revistas. El caso de la provincia de Santa Fe es paradigmático con la detención y juzgamiento de importantes jerarcas de su Policía. ¿Qué harán los militares cuando intervengan contra aquellos camaradas que eligieron el camino de la sociedad delictiva con los narcotraficantes?

Por otro lado, los especialistas señalan la nula capacitación de los miembros del Ejército, la Armada y la Aeronáutica para participar en este tipo de tareas, expresamente prohibidas por las normas federales, hasta la modificación firmada por Macri y su ministro Oscar Aguad.

En octubre de 2016 un grupo de especialistas e intelectuales advirtieron en el documento “La riesgosa política del gobierno para las Fuerzas Armadas” sobre la política del macrismo para cambiar el rol de los militares: “Durante sus primeros meses de gestión, el gobierno ha dado los mensajes contrarios. En vez de planificar la política de defensa sostuvo que ha llegado el momento de la reconciliación nacional, que las fuerzas armadas han sido ‘maltratadas’ y que deben volver a tener un rol preponderante.”

“Estos argumentos -agregan- son funcionales a la recuperación de un papel gravitante de las fuerzas armadas en el sistema político. Y, además, sobre estas ideas se montan sectores minoritarios de la sociedad que reivindican el accionar de las fuerzas armadas durante la dictadura o bien intentan relativizar la gravedad de las violaciones y debilitar el proceso de justicia”, señala el pronunciamiento que firmaron León Carlos Arslanian, Gastón Chillier, Enrique Font, Hernán Patiño Mayer y Horacio Verbitsky, entre otros.

Allí resumen que “el marco normativo vigente establece que la defensa nacional es el ámbito exclusivo de injerencia de las fuerzas armadas, desarticula las prerrogativas previas en materia de seguridad e inteligencia interior y regula con carácter de excepcionalidad y por un tiempo acotado su eventual intervención en la órbita de la seguridad interior”.

Los acuerdos políticos desde el regreso de la democracia en 1983, el sistema normativo formó un marco que significó que “la Argentina pasó a ser el país de la región que, junto con un reducido grupo de democracias, define tajantemente el rol principal de las Fuerzas Armadas como la defensa contra agresiones externas de otros estados y como ‘misiones subsidiarias’ su intervención eventual en actividades no militares, bajo condiciones muy precisas”.

El neoliberalismo necesita de represión para imponer su plan de ajuste; también de las tareas de inteligencia que los militares argentinos supieron aplicar durante la última dictadura. Un ejemplo es el “Batallón 601”.

La política se hace con medidas concretas y gestos. Por eso, el presidente Macri eligió firmar el decreto 683/2018 mientras el G-20 se reúne en la ciudad de Buenos Aires. Una manera de decirles a los líderes mundiales que su gobierno está dispuesto a todo para llevar adelante el programa impuesto por el Fondo Monetario Internacional, que la gestión macrista toma como propio sin ningún titubeo.

¿Cuál será la actitud de la dirigencia política ante la decisión del Poder Ejecutivo de romper con un acuerdo tácito sobre el rol de las Fuerzas Armadas en democracia? No hay dudas sobre la reacción de una porción mayoritaria de la población que sale a la calle para ponerle límite al avance de la corporación militar, de la mano de Mauricio Macri y Cambiemos, su alianza gobernante.

Los organismos de derechos humanos convocan a una movilización el próximo jueves 26 de julio, a las 17:00, frente a la sede del Ministerio de Defensa, Paseo Colón y Alsina, CABA, bajo las consignas “Fuerzas Armadas represivas, ¡Nunca más!”y “¡No a la militarización de la Argentina!”