El Gobierno le tira combustible al fuego

Por Jorge Montero/El Furgón

Mientras la economía nacional se reprimariza aceleradamente: cuando no llueve baja el caudal de los embalses y queda al borde del colapso la generación de electricidad, cuando hace frío no tenemos suficiente gas, cuando comienzan las cosechas no alcanza el gasoil, cuando aprieta el calor hay cortes de energía; el gobierno de Mauricio Macri fuga hacia delante profundizando las concesiones a los monopolios petroleros.

Los medios de prensa hablan de la posibilidad de desabastecimiento de combustibles en el país, mientras la refinería del grupo Trafigura en Bahía Blanca, con ventas mensuales superiores a los 141 mil metros cúbicos de naftas y gasoil –datos para enero de 2018–, continúa paralizada con amenazas de despidos de trabajadores. Simultáneamente en San Lorenzo, la planta de Oil Combustibles, por ahora en manos de una alianza urdida entre YPF y DAPSA (Destilería Argentina de Petróleo), aún no retoma la elaboración de combustibles. Sin producir desde hace meses, tras la quiebra decretada por el Poder Judicial y la detención de su antiguo propietario, Cristóbal López, pone en riesgo más de 400 puestos de trabajo.

En el porcentual de ventas al mercado interno–datos de 2017– la refinería Elicabe de Bahía Blanca abastecía el 5,3% del total de combustibles, mientras Oil Combustibles sumaba otro 4%. Casi un 10% menos de producción, mientras los precios de las naftas y el gasoil no paran de subir, alentados por una política gubernamental de “liberación del mercado de combustibles”.

Aunque parezca ciencia ficción, con un país amenazado por el desabastecimiento, las exportaciones de combustibles y lubricantes tuvieron una suba de 80% durante el primer cuatrimestre del año, para llegar a los 1.414 millones de dólares.

Tras la disparada de precios de los últimos días, entre 6% y 11,5% en lo que va de julio, las tres mayores refinadoras del país -YPF, Shell y Axion Energy- llevaron el valor de las llamadas naftas “premium” a 35$ promedio en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, mientras que en los surtidores del interior llegaba hasta los 43$. Así los trabajadores que utilizan un vehículo para concurrir a sus actividades diarias, o los que son usuarios del transporte público, pagan el costo de la estrategia energética impulsada por el gobierno de Mauricio Macri, que tiene un efecto multiplicador sobre el conjunto de la canasta alimentaria de la población.

Aunque parezca ciencia ficción, con un país amenazado por el desabastecimiento, las exportaciones de combustibles y lubricantes tuvieron una suba de 80% durante el primer cuatrimestre del año, para llegar a los 1.414 millones de dólares. Todo esto mientras las importaciones en este mismo rubro dejaban un saldo negativo de casi 500 millones de dólares para el país. A la cabeza de esta maniobra, digitada desde el ministerio de Energía, se ubica la multinacional Shell, y el ex ministro Juan José Aranguren hombre de su riñón. ¡Maravillas de la liberación del mercado de hidrocarburos!

El de la elaboración y comercialización de combustibles es un sector cada vez más concentrado, en el que seis empresas –YPF, Shell, Axion, Trafigura, Oil y Refinor- controlan el 99% del mercado. Donde nuevos jugadores como Trafigura, de capitales holandeses y suizos, compra los activos de Pampa Energía (Marcelo Midlin) en mayo y paraliza la producción en junio. Demandando rebajas en el petróleo subsidiado que compran a 66 dólares -el llamado “barril criollo”- para refinar en Bahía Blanca, cuando el precio internacional alcanza ya los 78 dólares el barril. Un chantaje que utiliza amenazas de despido sobre 200 trabajadores petroleros, sobre una dotación propia de 350, y más de 1.000 tercerizados de la construcción, fundamentalmente, como carta de presión. No importa que esta maniobra multiplique el riesgo de accidentes o incidentes ambientales de imprevisibles consecuencias para quienes trabajan en la planta, o entre la población que habita los barrios aledaños. Sucesos que tienen triste historia en el Polo Petroquímico de la ciudad puerto.

En Argentina, la multinacional Trafigura está representada por el estudio Martínez de Hoz-Rueda, y tiene aceitados vínculos con el gobierno nacional. Uno de sus ejecutivos, José Latorraca, aportó el año pasado tres millones de pesos a la campaña del PRO, según consta en la edición del diario La Nación del 6 de mayo pasado.

Trafigura no es productora de combustibles, sino un “trader” internacional, comercializador y distribuidor global de derivados de petróleo y minerales. De allí la sospecha de que su único interés pase por desguazar los activos adquiridos a Pampa Energía (refinería Elicabe, terminal de almacenamiento y distribución en Caleta Olivia, 260 estaciones de servicio, etc.), para renegociar los más rentables. Encima arrastrando un triste historial en materia de daños ambientales.

En el año 2006 un buque de la empresa (“Probo Koala”) transportaba una carga de 500 toneladas de residuos tóxicos derivados del petróleo y luego de infructuosos intentos por liberarse de la carga en puertos del Atlántico, se dirigió a Abiyán, el mayor centro urbano de Costa de Marfil, donde descargó los residuos en vertederos al aire libre. En las semanas siguientes miles de personas resultaron afectadas por la contaminación y quince de ellas murieron. La firma nunca reveló la composición química de la carga mortal, en cambio accedió a pagar al gobierno marfileño unos 200 millones dólares en virtud de un acuerdo que le otorgaba inmunidad procesal y la libertad de su gerente, Claude Dauphin, que se encontraba en prisión. Luego una demanda civil en el Reino Unido la obligó a acordar el pago de 30 millones de libras esterlinas a 30 mil víctimas. Finalmente, un tribunal holandés declaró a Trafigura culpable de exportar ilegalmente residuos tóxicos desde los Países Bajos y la multó con un millón de euros. ¡Daños colaterales!

Por otro lado, sus relaciones con los gobiernos latinoamericanos son por demás fluidas. Un alto representante de la empresa en Brasil, Mario Ferraz, fue condenado en la causa conocida como “Lava Jato”, por el pago de sobornos para quedarse con contratos de la petrolera estatal Petrobras. En Argentina, la multinacional está representada por el estudio Martínez de Hoz-Rueda, y tiene aceitados vínculos con el gobierno nacional. Uno de sus ejecutivos, José Latorraca, aportó el año pasado tres millones de pesos a la campaña del PRO, según consta en la edición del diario La Nación del 6 de mayo pasado.

Shell mientras tanto vende sus activos en el área del “downstream”, es decir su refinería enclavada en Dock Sud, 645 estaciones de servicio, elaboración de aceites, LPG, combustibles de aviación y marítimos, asfaltos, químicos, etc. Manteniendo su inversión en Vaca Muerta, la nueva “joya de la corona”, donde crece como productora de gas (sector donde el gobierno dirige el 72% del total de los subsidios bajo el título de “Plan Gas”). La venta por 950 millones de dólares se realizó “entre amigos”, ya que la compradora, la empresa brasileña Raizen, es una sociedad integrada desde 2011 por la misma Shell (50%) y la brasileña Cosan (50%).

En el país vecino, Raizen, procesa y comercializa unos 25.000 millones de litros de combustible al año, a partir de la explotación de una red de 6.200 estaciones de servicio bajo bandera de Shell que cuentan con un entramado de casi 1.000 tiendas próximas a los puntos de expendio. Es además la principal productora de azúcar, etanol y bioenergía de Brasil, procesando 73 millones de toneladas de caña de azúcar y dominando el negocio de los llamados biocombustibles. Para ello cuenta con aproximadamente 860.000 hectáreas de tierras agrícolas cultivadas. Y donde la Procuraduría General del Trabajo denunció, a comienzos del año, las “condiciones degradantes” en que se encuentran peones de las haciendas del grupo. Entre otras maravillas los inspectores destacaron: “Los trabajadores estaban en condiciones precarias de alojamiento, el agua utilizada para el consumo humano y baño era la misma del ganado”. Varias de sus propiedades pasaron a integrar la “lista negra del trabajo esclavo” del ministerio de Trabajo.

Falta de naftas y gasoil, en un país que exporta combustibles, que permite plantas cerradas mientras los precios se disparan, amenazas de despido que se combinan con pérdida de derechos laborales, riesgos ciertos de salud y seguridad para los pobladores, hablan de la irracionalidad de un sistema que tiene al lucro como motor.

Gran protagonista en el segmento de la distribución y comercialización de lubricantes, tras quedarse el grupo Cosan en 2008 con los activos de otra gigante: Exxon Mobil, mantiene operaciones en Reino Unido, España, Uruguay, Paraguay y Bolivia, y quiere ahora pisar fuerte en Argentina. También el área de los biocombustibles puede resultarle altamente rentable, considerando que el corte obligatorio de etanol para incorporar a las naftas en el país asciende al 12%. Y que Shell, con 152 millones de litros en el año, fue el segundo comprador para la producción de su refinería de Dock Sud. Por los que gastó unos 2.700 millones de pesos.

 

Pocos días antes de ser eyectado de su puesto como ministro de Energía, Juan José Aranguren autorizó la importación de etanol. “No he tenido elección, es mi naturaleza”, podría haber argumentado el ex presidente de Shell Argentina, haciendo referencia al escorpión de la fábula de Esopo.

Falta de naftas y gasoil, en un país que exporta combustibles, que permite plantas cerradas mientras los precios se disparan, amenazas de despido que se combinan con pérdida de derechos laborales, riesgos ciertos de salud y seguridad para los pobladores, hablan de la irracionalidad de un sistema que tiene al lucro como motor.

La ausencia de una perspectiva política propia de los trabajadores y el pueblo permite que el gran capital, su gobierno, y la complicidad de la burocracia sindical, manipulen nuestros justos reclamos, para impedir que cuestionemos con nuestro accionar el esquema vigente de apropiación de la renta petrolera.

Sin embargo, tenemos un camino: encabezando la demanda de trabajo para todos, mejores salarios, jornadas máximas de 8 horas y mejoras en las condiciones laborales; los trabajadores y usuarios de todas las compañías de producción, transporte y comercialización de energía deberíamos plantearnos la recuperación de esas empresas, su restitución al patrimonio nacional y asumir su control para garantizar el abastecimiento a toda la población. Deteniendo así el saqueo del petróleo, los combustibles, el gas y los demás recursos naturales, para edificar una Argentina próspera e igualitaria.