La ausencia estatal que revictimiza

Delfina Tremouilleres/El Furgón – Hace un año Adriana Toporovsjaka denunció a su pareja después de que intentara ahorcarla. Su caso, y el de muchas otras, dejó expuesto el mal funcionamiento de la justicia en los casos de violencia de género: la falta de equipos interdisciplinarios, móviles, capacitaciones y coordinación interinstitucional en las Comisarías de la Mujer y la Familia.

“Te voy a perdonar si me hiciste una denuncia en la fiscalía. Te llamo y hablamos”, le escribió a Adriana Toporovsjaka su ex pareja, un hombre que había intentado ahorcarla y que la hostigaba cada día. Pero no contestó. Días después, ella se encontró con un funcionario de la oficina de denuncias de la fiscalía de Morón y le dijo que no pensaba negociar con ese varón violento: le había ofrecido concretar una mediación para ponerse de acuerdo.

El 24 de marzo del 2016 la vida de Toporovskaja y sus trillizas, Alicia, Rajel y Rivka, se convirtió en una pesadilla. La pareja con quien salía hacía dos años, Gustavo Melnek, de 58 años, la insultó en la cena: “Su mamá es una vieja puta”. Después le apretó el cuello hasta dejarla sin aire y las tres niñas, que en ese momento tenían once años, vieron la escena. Una de ellas se acercó con un cuchillo. “Vamos a charlar nosotros, vos no te preocupes”, la detuvo su mamá. Ella sabía que después de eso no habría nada que hablar; le pidió al hombre que se fuera de su casa y no quiso atenderlo más. Él no lo soportó: siguió persiguiéndola durante meses.

“En la Comisaría de la Mujer de Morón me tomaron la denuncia, pero con eso no bastó”, dijo a El Furgón Toporovskaja. En ese sentido, Laurana Malacalza, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Provincia de Buenos Aires, reconoció a este medio una de las deficiencias en el sistema a la hora de judicializar un caso de violencia de género: “Hay un problema en la gestión que es que, cuando una denuncia se tiene que tramitar al fuero penal, no se tramita completa sino un parte; entonces la víctima es citada para declarar lo mismo que ya dijo”.

La demora que hay para que esa denuncia llegue a las fiscalías (entre 7 y 15 días) no ayuda. Por eso Toporovskaja dejó de ir a la Comisaría de la Mujer y la Familia y empezó acercarse a la fiscalía por su cuenta para conseguir respuestas. Dice que se las arregla sola porque el Estado no la respalda. Tiene 45 denuncias probadas y otras tantas que todavía no están siendo investigadas; lo que muestra la cantidad de veces que fue a la oficina de denuncias.  “Una vez me dijeron ‘Uh, ¿otra vez usted acá? ¿Para qué?’”, cuenta.

Un punto en el que hacen foco Malacalza y Sabrina Landoni, referente de la Dirección Provincial para el Abordaje Integral a las Víctimas de Violencia de Género, es en la falta de coordinación interministerial para lograr un mejor tratamiento para mantener a salvo a la víctima. Al ser consultada por El Furgón, Landoni explica que una de sus responsabilidades es intervenir en los casos en que hay un mal funcionamiento institucional y realizar capacitaciones a las fuerzas de seguridad. Pero, a pesar de que eso se logre, hay un problema de fondo vinculado a la falta de recursos humanos e insumos materiales; como fiscales especializados en género o patrulleros.

Una de las consecuencias de estas deficiencias es que las propias víctimas tengan que encargarse de entregar la notificación de la perimetral, como lo hizo Toporovskaja. Se acercó ella misma a la comisaría de Padua, donde vive su agresor, porque le advirtieron que si no el trámite sería mucho más lento. Entonces la pregunta es: ¿por qué no hay una renovación automática de las perimetrales para evitar estas dificultades?

La primera contestación que recibió Toporovskaja en este proceso fue insólita. Un pasante de la fiscalía le pidió pruebas del ahorcamiento para que lograr que avance el caso. Ella no se quedó con esas palabras y consiguió hablar con Paola Pauluk, la agente fiscal. Pero el recibimiento allí tampoco fue óptimo; Pauluk le dio a entender que su expediente era uno más entre millones. Volvió unos días después con sus hijas y le dijo: “Mírelas. Sepa que el día que no estén, usted va a ser la responsable”.

Tampoco logró avances de ese modo. La agente fiscal le “avisó”, como si fuera un caso perdido, que ninguna de las 50 llamadas con amenazas que denunció a nombre de Melnek sirven porque están hechas desde un número del que él no es titular. “Cuando me preguntan si me atendieron bien digo, sí, me atendieron. Pero el tema no está ahí. Hay todo un sistema que funciona mal”, se lamentó Toporovskaja.

Los equipos interdisciplinarios fueron creados para que las mujeres víctimas tuvieran contención y atención integral. Sin embargo su funcionamiento es problemático. Así lo remarcó un informe de violencia de género y familiar de 2017 realizado por el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

“Cuando tuve la entrevista con la psicóloga me preguntó si yo le creía a mi mamá. ¿Cómo no le voy a creer? Yo lo ví. Además le dije ‘Si tu mamá estuviera pidiendo auxilio, ¿vos le creerías?”, contó Rajel, de doce años. La psicóloga no tuvo demasiado reparo: determinó que la niña tenía que ir al psicólogo y que confundía la realidad con imaginación.

Las trillizas cuidan a su mamá, caminan por la calle con miedo por lo que pueda pasarles. Las cuatro viven como en una cárcel y Toporovskaja da pelea. Aprende y enseña a crear propios mecanismos de defensa para resistir a la violencia de un hombre y a la revictimización de la justicia.