Los presos protestan: “Devoto es un fuego”

Por Internos del Complejo Penitenciario de Devoto, en representación de los Complejos de la Zona metropolitana (Marcos Paz y Ezeiza), hombres y mujeres –

Nuestra Constitución en su Artículo Nº 18 dice:

“Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”.

Más allá de lo antes mencionado el Servicio Penitenciario Federal se ha constituido como una fuente inagotable de actos de despotismo, desinterés, atropello y desprecio hacia nuestros derechos y dignidad demostrándonos que la mentira, corrupción, faltas de respeto y arbitrariedad son moneda corriente por parte de un Servicio que todos los días elige combatirnos en vez de brindar las herramientas para una adecuada reinserción social.

Hasta allí, historia clásica y habitual y nada sorprendente, sin embargo la problemática va en aumento cuando el gobierno junto al poder judicial se muestran cómplices de la corrupción penitenciaria y en ausentismo de los organismos de control que una y otra vez con cada una de sus intervenciones se muestran tibios e ineficientes completan un combo nefasto e intolerable.

El Gobierno actual desde su llegada eligió una política penitenciaria destructiva de los Derechos Humanos y complaciente de hechos de corrupción.

Una línea política terminal y cancerígena que en pos de vender “seguridad”, bajo ese estandarte atentó contra la seguridad, atestando las cárceles y superpoblándolas como en años anteriores, circunstancia que trasuntan en la realidad delictiva, ya que a consecuencia de ello la violencia será indetenible en pos de no quedar detenido, de no sufrir la superpoblación y el hacinamiento, lo advertimos en nuestra anterior protesta a más castigo más violencia, y hoy es así detenidos sin posibilidad de egreso, prisiones preventivas indiscriminadas, sin justificación fáctica y legal. Ante todo esto la consecuencia es clara la superpoblación es una realidad, pabellones en lugares no destinados a habitación, camas dobles en celdas unipersonales no son sólo violaciones a normativas de cupo carcelarias y leyes constitucionales sino las respuestas que el gobierno eligió darle a la sociedad y a su oxidado y precario sistema penitenciario.

La exclusión ha sido el camino de este Gobierno. Mecanismos creados para desarticular estas políticas penitenciarias de hacinamiento, son cómplices y no funcionan. El propio Ministerio de Justicia con afán de cuidar sus cargos miran para el costado y consienten políticas nefastas. No ejecutan el presupuesto en los destinos asignados y generan el escenario propicio para la corrupción.

El Poder Judicial a su vez opto por entregar su imparcialidad al Gobierno de turno convirtiéndose en una máquina de desestimar y rechazar Habeas Corpus y como si no bastara omitir y/o mirar hacia un costado a la hora de hacer cumplir las sentencias firmes, muestran no solo su poco profesionalismo y objetividad, sino que el espíritu de la ley de habeas corpus como acción expedita y rápida se desnaturaliza. Denuncias que son acalladas por el Poder Judicial y el Ministerio público Fiscal dejan un aparato del Estado apto para actos de total impunidad, malversación de caudales, administración fraudulenta, torturas y malos tratos.

Ante esto la pregunta es clara ¿Dónde están los organismos de control para los cuales se destinan sumas millonarias del presupuesto nacional? PROCURACION PENITENCIARIA, DIRECCION DE READAPTACION SOCIAL, PROCUVIN, DECAEP y CELS que en vez de contribuir a generar soluciones y construir con nosotros un sistema penitenciario mejor eligen escuchar, pero no ayudar ni empatizar sincera y profesionalmente con nuestras causas, ofreciéndonos intentos y ayudas a medias que no llegan a materializarse en nada concreto. El compromiso a medias no sirve, las instancias de mediación fueron agotadas incontables veces pero el daño, agravamiento y retrocesos hacia nuestros derechos persisten consolidándose en el tiempo.

Las cárceles del interior son sinónimo de hambre. Nuestras compañeras mujeres embarazadas o con niños menores de 5 años no conocen la aplicabilidad del articulo 32 y sus inciso e) y f), y son víctimas de violentas requisas. Cupos operativos y constitucionales violados en todos los complejos federales, pabellones en lugares pensados para esparcimiento, camas dobles en celdas unipersonales.

Continua la aplicación de mecanismos burocráticos que tienen por único objeto desgastar a nuestras familias; llámese certificado de antecedentes, horarios de visita escuetos, tanto femeninas como masculinas, imposibilidad de ingreso de mercadería y obligados a comprar a sobre precio en las “proveedurías” que han sido adjudicadas con licitaciones fraudulentas (hechos similares se suceden en Ezeiza y Marcos Paz), esperas innecesarias y demás para el ingreso al penal, baños de visita y sitio donde se recibe la misma en pésimo estado, insalubridad, insolación, suciedad (ratas y cucarachas por doquier) son los tristes protagonistas del único espacio con el que contamos para sociabilizar, interactuar y compartir con nuestras familias y afectos.

“Pero desde lejos no se ve”, allá nadie los escucha y los organismos de control brillan por su ausencia. Jueces Federales cómplices para cuidar su cargo.

Un presupuesto penitenciario fantasma que no se ve materializado en ninguna de las áreas de los CPF. Las cifras a veces son más impactantes que cualquier palabra, pensamiento o idea que uno quiera expresar: en el 2018 el Estado Nacional destino $110.000.000.000 (equivalente a 40 millones de dólares) al SPF repartidos en distintas secciones que cada día están peor en calidad y eficiencia.

Por todo esto: Batucada porque agotamos todos los canales de comunicación, mediación y de instancias judiciales. Batucada porque el Gobierno se esfuerza en acallar nuestras voces, olvidarnos y violar todos nuestros derechos. Batucada porque nuestra familia sufre. Batucada porque los que tienen que darnos el ejemplo hoy son cómplices de una farsa llamado Servicio Penitenciario Federal y porque ante tanta adversidad e injusticias decidimos contarle a la Sociedad, al Gobierno, a la Justicia, y a los organismos que estamos vivos, que acá “pasaron cosas” pero para mal y es hora de que comience cada uno a asumir su responsabilidad en esta triste historia y se hagan las cosas bien. Batucada porque estamos vivos. Batucada por la verdad.