Sobran intenciones, faltan garantías
Alain Valfré/El Furgón – Docentes de la cárcel de Devoto encontraron violentado su espacio de trabajo. En una requisa se rompieron y se secuestraron distintos materiales. Desde el Ministerio de Educación porteño no garantizan la seguridad de los educadores y las educadoras.
Corría el viernes 28 de julio cuando el Servicio Penitenciario Federal (SPF) de la Unidad Penitenciaria N°2 Villa Devoto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizó una requisa en la oficina de orientación pedagógica y sala de profesores, ubicada en el sector escuela de la Unidad Residencial V, donde hay una fotocopiadora, un proyector, computadoras, un equipo de audio, útiles escolares, libros y documentación. Los agentes secuestraron algunos elementos y destrozaron tantos otros, con el único fin de amedrentar al colectivo de trabajadores en contexto de encierro del Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS) N°24.
Este procedimiento arbitrario fue ejecutado el último día del receso escolar, sin advertir al personal docente para que se hiciera presente en el operativo y sin contar con testigos ajenos a la fuerza, por lo que representó una violación a la educación pública. Los educadores y las educadoras, al enterarse, decidieron no ingresar al penal para cumplir con sus tareas, porque el espacio de trabajo había sido vulnerado. Además, solicitaron una reunión inmediata con el área de Educación del Adulto, que depende del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Al concretarse la entrevista, una funcionaria indicó que “desde el Ministerio no pueden garantizar la seguridad dentro del penal”, a pesar de que los docentes tienen el derecho a desplazarse con la seguridad correspondiente dentro de las instalaciones de la unidad y no someterse a las requisas del SPF, que cuentan con una lógica violenta, represiva y sistemática.
Al ser susceptibles ante futuros operativos de esta índole, el cuerpo docente sostiene, todavía, la medida de no ingresar al establecimiento hasta que no obtenga las condiciones necesarias que aseguren su integridad física y psicológica, debido a que todas las personas que ejercen la docencia ahí dentro están expuestas al comportamiento agresivo que imponen desde el SPF.
Ante esta situación, también emplearon la difusión en los distintos medios de comunicación y empezaron a crear un entramado conformado por sindicatos, organizaciones y organismos de Derechos Humanos para construir distintas instancias que contrarresten los avances contra la educación pública. De esta manera, intentan que prevalezca la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras en contexto de encierro, que proponen que cada persona privada de su libertad pueda pensar y pensarse críticamente, gracias a un proceso pedagógico, en pos de analizar el entorno y no caer nuevamente en la realidad que atormenta a todos los componentes e integrantes de la educación pública.
Apoyando la consigna de “crear un mundo en el que quepan muchos mundos y no sólo algunos”, la organización Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora- emitió un comunicado el viernes 4 de agosto, donde repudia el “atentado violento, arbitrario y evidencia de oscuras intenciones”. Al mismo tiempo, instó a “una urgente presentación de las personas responsables del atentado ante sus debidos controles, que se realice una revisación de sus facultades mentales y de sus condiciones como agentes penitenciarios y que se los sanciones como corresponde”. Además, pidió “que en adelante se respeten los derechos a educar y a enseñar en el espacio del Penal, que es ámbito de la educación pública”.
Este hecho fue la confluencia de las distintas políticas nacionales que boicotean la educación pública, pregonan la violencia institucional e impiden el desarrollo de la cultura.
