Con la misma mano que firman papeles los gobiernos matan a nuestros jóvenes
Tomás Astelarra/El Furgón – Cuenta el intelectual y militante colombiano Manuel Rozental que hace 20 años en México tuvo que escuchar a una académica de la UNAM decir que la guerra en su país tenía que ver con el carácter violento de su pueblo. Él le aclaró que los colombianos no eran más o menos violentos que los mexicanos, sino que Colombia, por su abundancia en recursos naturales y posición geoestrátegica era la primera parte de una avanzada territorial del capitalismo en su fase más extractiva y violenta. Que ojalá su profecía no se cumpliera, pero que seguramente en 10 años México viviría la misma situación de guerra, narcotráfico y saqueo paramilitar que en ese entonces vivía Colombia.
En su último informe anual, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) mostró que en la Argentina las fuerzas represivas del Estado matan una persona cada 25 horas, con un total de 4960 casos registrados desde que la organización comenzó a elaborar el informe hace 20 años. La curva, más allá de las imperfecciones del registro (que contabiliza sólo los casos denunciados a la organización), es ascendente y engloba muchas formas de violencia institucional, de la policía a las fuerzas paraestatales, del femicidio al gatillo fácil y también el asesinato de dirigentes sociales. Allí están desde casos anónimos a algunos más resonantes como el de Maxi Kosteki y Darío Santillán, Mariano o Cristian Ferreyra. Quizás alguna vez también haya que comenzar a hacer la lista de los “judicializados”, personas encarceladas por su militancia social, como Milagros Sala o Facundo Jonas Hualas; como Noelia Aguilar y Luciana Navarro, integrantes del colectivo de comunicación La Bulla de San Luis (parte de la Red Nacional de Medios Alternativos), que el fin de semana pasado fueron presas y maltratadas por tratar de impedir el abuso policial contra un pibe de gorra.
“Hoy estamos viendo que aquellos que siempre pensaron que había que perseguir a los jóvenes pobres están teniendo lugar y están pudiendo levantar muy fuerte la voz, incluso juntando firmas para promover leyes represivas o de baja en la edad de imputabilidad. Para nosotros es muy complejo, estamos retomando un debate que ya creíamos superado en términos de derechos humanos. Este es un contexto bastante hostil. Están persiguiendo a los jóvenes, el desempleo y el hambre se están profundizando… Sabemos que el hambre trae violencia, y nadie está haciendo nada para garantizar los derechos en educación, salud y trabajo”, cuenta desde Viedma, María Laura Vinaya, prima de Atahualpa Martínez Vinaya, un joven militante social, heredero de aymaras y mapuches, asesinado por la policía de Río Negro en 2008.
“Ganan el barrio, ganan las casas, ganan la calle, se convierten en lo que llama la causa un gobierno de facto en los barrios. No es como Colombia, no es como México, pero hay una incipiente narcocultura. Eso existe hace tres o cuatro años. De los cinco principales negocios del mundo capitalista en los últimos cincuenta años, incluso las Naciones Unidas o el Banco Mundial lo dicen, además del petróleo y medicamentos están las armas, el narcotráfico y la trata de personas. Este es un negocio de arriba hacia abajo, es un negocio capitalista; combatir al narcotráfico es combatir al capitalismo. Hoy el narcotráfico es un negocio paraestatal, se hace con nichos corruptos de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, que alimentan todo esto, y a la par bajan los lineamientos que impone la DEA, el gobierno de los Estados Unidos, para todos los países en América Latina. Bajo la excusa de combatir el narcotráfico hacen que las fuerzas federales y provinciales de cada región de nuestro continente se metan en las villas, en los lugares más empobrecidos, para perseguir a los ya perseguidos de hace tiempo. Y con eso quieren dar una imagen, una sensación, de que se está combatiendo el narcotráfico. Lo cual, como se ve en los resultados, en las propias estadísticas del sistema, es exactamente al revés. Porque tenés 20 mil desaparecidos en Colombia, otro tanto en Brasil, y ni hablar en México”, explica el periodista y legislador por la provincia de Santa Fe, Carlos del Frade.
Al igual que en Colombia y el modelo narcoparamilitar que impuso Álvaro Uribe Velez (con más crímenes políticos, desplazados y desaparecidos en democracia que la dictadura chilena de Pinochet), la guerra contra el terrorismo o el narcotráfico es una excusa para llevar a cabo el plan extractivista del capitalismo: desplazar poblaciones, instaurar megaproyectos y reprimir cualquier resistencia. No es casualidad que el ex-presidente colombiano sea uno de los principales asesores en seguridad de Cambiemos y del resto de gobierno neoliberales que han accedido al poder en América Latina.
Por dar un ejemplo: la actual Directora Nacional de Gestión de Información Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva (ex ministra de Seguridad de Córdoba), estudió en Colombia y fue parte del equipo de Uribe cuando era gobernador de Medellín, implementando las Cooperativas Convivir, denunciadas por su vinculación con grupos narcoparamilitares.
“Hay algo que no se puede negar: que los responsables políticos y militares de las experiencias de México, Colombia y Córdoba se han formado juntos. Alejo Paredes, que es el que estructura la policía del siglo XXI en la provincia, es un tipo formado en el Mossad. No es algo secreto que fue formado en Estados Unidos y en Colombia. Nosotros desde hace un tiempo venimos señalando que Córdoba estaba funcionando a modo de laboratorio en términos de políticas de seguridad y que lo que se implementaba acá era probar a ver cómo funcionaba para después ir implementándolo en el resto del país. De alguna manera lo que sucedió durante el kirchnerismo fue un fortalecimiento del aparato represivo, un aumento descomunal de la cantidad de efectivos en cada una de las fuerzas provinciales y nacionales, y una mejora técnica en la calidad de la persecución, que sentó una base que hace posible que hoy esa política estatal de seguridad continúe agravándose ya con un gobierno abiertamente de derecha, afinando todo para una persecución más directa y concentrada sobre los sectores organizados. Ahí se ve esta continuidad en las líneas de política de seguridad que son continentales. Este control se aplica no sólo a través de vías institucionales como la policía o el poder judicial, sino también a través de la red de punteros narcos, como sucedió con el compañero de La Dignidad, Chiqui, que en medio de una asamblea entró un puntero del PRO, que a su vez es funcionario en el Instituto de Vivienda de Buenos Aires, y le metió un tiro en el pecho en pleno día, a cara descubierta. Abiertamente hay un mensaje al conjunto del campo popular y a los sectores empobrecidos de Argentina de que si luchan va a haber represión”, agrega Sergio Job, abogado, integrante del colectivo el Llano en Llamas y el Encuentro de Organizaciones de Córdoba, una provincia donde el abuso policial es vanguardia con 73 mil detenidos por año y 25 mil policías para una población de poco más de tres millones.
Dice Job que el 80 por ciento de los jóvenes de los barrios periféricos de la ciudad alguna vez han sido detenidos. Quizás por eso la Marcha de la Gorra, la manifestación en contra del abuso policial que aglutina en Córdoba a un amplio abanico de personalidades y organizaciones sociales, que convoca a más de 20 mil personas que cada noviembre, de forma creativa, con diversas muestras culturales pero también un fuerte mensaje de denuncia, piden el cumplimiento de eso que las Naciones Unidas llaman “derechos humanos”.
“Lo único que nos va a sostener y lo único que va a poder hacer que los derechos sean garantizados es la lucha que puede llevar adelante el pueblo dignamente”, se esperanza desde el sur del país, María Laura Vinaya, cuya militancia, junto a la de familiares, amigos y organizaciones, ha hecho que su primo Atahualpa no pasara desapercibido entre los miles de jóvenes asesinados, criminalizados o judicializados hoy en la Argentina.
Como también la lucha de los familiares y compañeros del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) lograron visibilizar y al menos lograr sentencia para los autores materiales (no políticos) del asesinato de Darío y Maxi; o Jere, Mono y Patón, jóvenes militantes de las periferias rosarinas acribillados en la canchita de fútbol del barrio Moreno por un grupo de sicarios, o soldaditos.
Porque bien sabemos que, como muchos otros logros, las políticas de “derechos humanos” no son una victoria de los gobiernos, sino de la incansable lucha del pueblo, que el sábado pasado conmemoró, de diversas maneras, en las calles la firma de un papel en 1948 que estableció el Día Internacional de los Derechos Humanos.
