sábado, mayo 18, 2024
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El caso extraño de José Siderman: Narrativas de los años setenta en conflicto

El 24 de marzo de 1976 varios hombres enmascarados irrumpieron en la casa de José Siderman en Tucumán. Lo secuestraron a los golpes y lo tiraron en el suelo de un coche. En camino a un centro de detención, lo patearon repetidamente y amenazaron con matarlo. Durante siete días fue torturaron con una picana eléctrica, muchas veces sus secuestradores gritaban “judío de mierda”, entre otros insultos antisemitas. Siderman era el dueño de Inmobiliaria del Nor-Oeste, S.A. (INOSA), a punto de construir el hotel más grande del norte argentino, el Gran Corona en Tucumán. Pero no fue su primer secuestro. En 1974, los Montoneros lo retuvo durante tres semanas hasta que su familia pagó un rescate importante. La cuestión Siderman cerró veinte años después cuando el gobierno argentino resolvió una demanda judicial civil de la familia. A cambio de un acuerdo de confidencialidad, el gobierno de Carlos Menem pagó a los Siderman US$6 millones por el secuestro y tortura de José Siderman y por la confiscación ilícita de los bienes de la familia.

El caso Siderman no suma ni resta de lo que sabemos del antisemitismo de Ramón Camps y de otras figuras nefastas del último gobierno militar. Pero Siderman complica la historia. Una vez en exilio, José Siderman desarrolló una estrategia diplomática y jurídica potenciada por la mala fama del gobierno militar en EE. UU. como un régimen antisemita. De esa manera, y con aliados importantes en EE. UU., evitó una condena de fraude por el Juzgado Federal No. 1 de Tucumán en 1976, y una orden de extradición del gobierno argentino.

San Miguel de Tucumán en los años ’80. A la derecha, el “Gran Hotel Corona”.

Siderman en tiempos del gobierno militar

Mucha gente conoció los detalles del primer secuestro en 1974 por parte de la guerrilla urbana Montoneros y del rescate pagado. Es posible que antes del 24 de marzo de 1976, integrantes de la V Brigada de Infantería habrían identificado a Siderman como una víctima de secuestro rentable. A pesar de que el empresario tuvo los ojos tapados durante el operativo ilegal, escuchó a los integrantes de la patota contestando a órdenes militares. Durante sus siete días de tortura, sus apresadores le aconsejaron dejar el país.

Después de haber sido liberado, la cronología de Siderman se complica. No se sabe cómo, pero se fugó con su familia de la Argentina. En 1981, respondiendo a un fallo del Juzgado Federal No. 1 de Tucumán que lo condenó por fraude, el gobierno argentino emitió una orden de extradición para Siderman, radicado ahora en California. Según el hombre de negocios no hubo fraude. Acusó al gobierno militar de la provincia de Tucumán de haber puesto en marcha un plan para robar sus propiedades. Cambiaron el registro provincial de los títulos de propiedad para demostrar que Siderman era el dueño de nada más que 127 de sus 127,000 hectáreas de tierra, y para tomar control de INOSA. Después, asesinaron a su contador que había dejado a cargo de sus empresas.

Antonio Domingo Bussi pasa revista a las tropas durante el Operativo Independencia, en Tucumán.

La familia Siderman entendió la influencia de Amnistía Internacional y de otros grupos de derechos humanos sobre la cuestión de la dictadura militar y el antisemitismo. José Siderman ganó aliados importantes en Estados Unidos a raíz de la persecución a los judíos. Por el pedido de extradición, en 1981 la Argentina ganó una orden de detención de Interpol contra Siderman, quien estaba de visita en Italia en aquel momento. Inmediatamente, Morton Rosenthal, director de la Liga Antidifamación B’nai B’rith en Estados Unidos, contactó la embajada argentina en Washington. Rosenthal tuvo una relación difícil con la sede diplomática. Simpatizó con los militares en su rechazó de los ataques de los Montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo contra la Policía y las Fuerzas Armadas. Pero peleó con el embajador Jorge Aja Espil sobre el antisemitismo. Rosenthal representó un grave problema para la Junta Militar. Cuando Siderman había sido condenado por fraude, Rosenthal había acusado las autoridades argentinas de antisemitismo en el caso.

Ahora, con la noticia de la orden de detención de Interpol, Carlos Siderman (hijo de José y ciudadano estadounidense) se puso en contacto con la embajada norteamericana en Buenos Aires. El ex-representante de EE.UU. en Buenos Aires, Raúl Castro, se presentó en la sede de la representación argentina en Washington con Carlos Siderman. En una reunión con los funcionarios, Carlos Siderman subrayó que el caso de José Siderman no tuvo nada que ver con el de Jacobo Timerman. A diferencia de este último, según Carlos, la familia no quiso ninguna publicidad mediática. Según la documentación de la embajada, la amenaza quedó clara. Siderman no era Timerman. Pero lo podría ser.

Nota en “La Gaceta” sobre la disputa por la propiedad del Hotel Corona

La estrategia de los Siderman tuvo resultado. La diplomacia argentina en Washington aconsejó a la Cancillería que el caso corría el riesgo de convertirse en un desastre mediático internacional, como el de Jacobo Timerman. Días después, Raúl Castro viajó a Buenos Aires para reunirse con el presidente Roberto Viola quien le prometió dar de baja la orden de extradición. Pero antes de eso, una corte federal en Italia rechazó la extradición de Siderman, quien volvió a California donde insistió que se fue de la Argentina en 1976 como víctima del gobierno de facto, sin mencionar la cuestión de fraude.

Siderman en tiempos de democracia

En 1982, la familia Siderman presentó una demanda civil ante el juez Robert Takasugi del Tribunal del Distrito Central de California, citando casos de tortura, de secuestro, y de apropiaciones ilícitas de propiedades. Pidió mil millones de dólares en compensación. Los gobiernos de Raúl Alfonsín y de Carlos Menem se enfrentaron a Siderman en California. Tomaron la posición de que, durante el gobierno militar, el sistema jurídico funcionó con independencia de las Fuerzas Armadas, y que la condena por fraude era válida. Takasugi decidió a favor de Siderman y ordenó al gobierno argentino pagarle US$2.6 millones. Pero a raíz de un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1989 prohibiendo demandas civiles en contra de gobiernos extranjeros, Takasugi revocó su fallo inicial. En 1992, la Corte de Apelaciones para el Noveno Circuito dictó que el gobierno argentino había renunciado su inmunidad en el caso Siderman porque en 1981, el gobierno militar había presentado una demanda en contra de Siderman en Estados Unidos por fraude. La demanda de José Siderman cayó una vez más en la corte de Robert Takasugi hasta 1996 cuando el gobierno de Menem resolvió el caso con un pago de US$6 millones a José Siderman. Representó una decisión pragmática. El abogado principal del estado argentino en el caso, Bruno Ristau, señaló en 1996 que el gobierno había gastado US$700.000 en el caso hasta tal punto. Iba a tener que gastar unos US$200.000 más para llegar al juicio, sin tomar en cuenta las expensas que podría durar años más. Según Ristau, no valía la pena seguir.

San Miguel de Tucumán, en septiembre de 1992, con imágenes del Gran Hotel Corona

¿Por qué el gobierno de Alfonsín apoyó la posición del Juzgado Federal Nro. 1 de Tucumán? Una ley aprobada en 1984 había anulado las decisiones de las cortes judiciales de los años del gobierno militar. Pero en su rechazo de la demanda de la familia Siderman en California, la gestión de Alfonsín citó el fallo en contra de José Siderman por fraude. Además, los funcionarios radicales rechazaron el argumento de Siderman de que el gobierno militar de la provincia de Tucumán había robado sus propiedades. Es posible que ni Alfonsín ni Menem querían pagar los Siderman un monto multimillonario. Por otro lado, ¿será posible que la corte que condenó a Siderman por fraude tuviera razón?

Siderman mantuvo que las autoridades militares en Tucumán le robaron sus terrenos. Pero según el fallo del Juzgado Federal Nro. 1 de la provincia, la familia Siderman había vendido sus terrenos a Miguel Naif Mejail. Las presidencias de Alfonsín y Menem sacaron la misma conclusión. En parte, el gobierno argentino dejó de resistir la demanda civil de la familia Siderman en 1996 porque Sonia Mejail —hija de Miguel Naif Mejail— rechazó presentarse en California como testigo en contra de los Siderman hasta que el Estado argentino le pagara una indemnización para otro terreno perdido por su familia durante los años setenta.

Artículo en “La Gaceta” sobre la expropiación del Hotel Corona

Hay un detalle más. Los antecedentes policiales de José Siderman en Tucumán muestran que fue condenado por fraude a sus 24 años, a los 32 años, a los 34 años, a los 42 años y a los 44 años, esa última vez por haber defraudado el Banco de la Provincia de Tucumán. Eso no significa que fue culpable de fraude una vez más en 1976, a sus 65 años. Pero suscita dudas.

El blanqueo de los Siderman

Siderman es un caso atípico. ¿Cuántas familias pudieron fugarse de la Argentina en plena crisis militar? ¿Cuántas más pudieron contar con la intervención de Raúl Castro o de Morton Rosenthal? Inocente o culpable de fraude, José Siderman se reinventó en Estados Unidos con aliados importantes y sin sus antecedentes policiales. Con los US$6 millones pagados por la Argentina, la familia creó la beca José Siderman-Fulbright Human Rights Fellowship en Estados Unidos, borrando su pasado en Tucumán. El aviso para la beca Fulbright dice que Siderman había sido un hombre de negocios exitoso, una víctima del gobierno militar, y un sobreviviente de secuestros, de torturas, y del exilio. En 2001, hubo mención del caso Siderman en el fallo del juez federal Gabriel Cavallo declarando inconstitucionales a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En una sección del fallo sobre el enjuiciamiento en el exterior de los hechos perpetrados por la represión ilegal durante la dictadura militar, aparecen unos detalles del secuestro violento en 1976. Pero el fallo no dice nada de los antecedentes de fraude de José Siderman o del pago secreto de los US$6 millones.

Fragmento del fallo del doctor Cavallo