Eramos pocos y… llegaron los Carabineros

Jorge Montero/El Furgón – Una tenaza se cierra sobre la provincia de Santa Fe. Por un lado, acaba de recibir la “ayuda” del gobierno nacional con el desembarco de gendarmes, prefectos y policías federales. Bajo la justificación de imponer seguridad, once ciudades del segundo estado argentino, estarán bajo la supervisión de las fuerzas federales, al mando del Comandante de Inteligencia Criminal de Gendarmería Claudio Brilloni, titular del mentado Proyecto X, de espionaje a organizaciones políticas y sociales.

Por otro lado, el gobierno del “socialista” Miguel Lifschitz invitó a autoridades de los Carabineros de Chile a pisar suelo provincial y así “compartir experiencias” con la policía santafecina, que mantiene el índice más alto de víctimas de gatillo fácil y muerte en comisarías y cárceles del país, en proporción a la cantidad de habitantes. El objetivo, otra vez, es combatir el narcotráfico, fortalecer la seguridad.

Resulta absurdo el convenio firmado por el gobierno de Santa Fe con los “pacos” chilenos para la instrucción de los mandos medios de la policía provincial. Los Carabineros, fuerza de choque, represión y tortura, son utilizados sistemáticamente por los gobiernos electos chilenos de la Concertación o la Alianza contra el impetuoso movimiento estudiantil que reclama educación pública y gratuita en el país trasandino. Miles de jóvenes denuncian diariamente abusos policiales, desalojos de colegios y facultades, detenciones ilegales, torturas en comisarías y no pocos casos de gatillo fácil, remedos de su accionar durante la dictadura militar encabezada por Pinochet.

Los “pacos” –como se los conoce despectivamente– también pueden aportar experiencia en la represión que encabezan en contra del pueblo mapuche que lucha por sus tierras y derechos ancestrales, o el movimiento obrero que pretende organizarse, con extraordinarias dificultades, contra las patronales. Alex Lemún, Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collio, los hermanos Agustina y Mauricio Huenupe Pavian, Jorge Suárez Marihuan, Rodrigo Cisternas, Nelson Quichillao son algunos de los nombres que engrosan la sangrienta lista de víctimas de la institución policial chilena en “democracia”.

“En Chile primero está la mamá y después los Carabineros”, señalaba al diario La Capital de Rosario, Silvana Marisio, jefa de Operaciones de Control de esa fuerza paramilitar, sin sonrojarse.

Indubitablemente, Carabineros tiene una historia manchada de sangre, desde su misma creación hace 89 años, en un contexto en el que el dictador Carlos Ibañez del Campo (su creador y primer comandante general) establecía medidas duramente represivas para construir el “Chile Nuevo”.

Sobran los ejemplos en la historia chilena para dar cuenta de las atrocidades cometidas por quienes revistaron y revistan en este cuerpo paramilitar, bajo el lema de “Orden y Patria”. ¿Qué tipo de “protección de la población y promoción de la paz” –como sostiene el himno de la institución– hubo en 1931 en aquella trágica navidad en que asesinaron a más de 20 militantes del Partido Comunista en Vallenar? ¿Fueron del “débil el protector” en 1934 cuando reprimieron un levantamiento campesino en Ranquil, ultimando a más 470 lugareños? ¿Dónde “el espejo de la ley” cuando en 1938 asesinaron a sangre fría a 62 jóvenes en la que se recuerda como la “Matanza del Seguro Obrero”? ¿Cuándo el “emblema de sacrificio” al masacrar a los participantes de una movilización de 1946 en la Plaza Bulnes de Santiago, con un saldo de seis obreros asesinados, entre ellos la joven comunista Ramona Parra, y decenas de heridos de bala? ¿En qué medida “dieron eficacia al derecho” dejando a tres obreros asesinados y 24 heridos graves en la huelga de la oficina salitrera Pedro de Valdivia en 1956?

De la mano del general César Mendoza –“…general rastrero que sólo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al Gobierno”, como definiera en su último discurso del 11 de septiembre el presidente Salvador Allende-, Carabineros fue una de las cuatro fuerzas militares que en 1973 promovieron activamente el golpe, el terrorismo de Estado y su posterior legitimación y defensa.

Su actuación durante la dictadura se recuerda en las víctimas asesinadas y el dolor de sus familias en Cuesta Barriga, con los trabajadores de Laja y San Rosendo, los campesinos de los fundos de Mulchén o Lonquén, los habitantes de Paine. Se perpetúa en los comunistas degollados Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero; en los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo; en el cura André Jarlan, asesinado en la población La Victoria. En las bestiales torturas en complicidad con la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) o el CNI (Centro Nacional de Informaciones).

¿Estos “cuerpos especiales”, enlodados además por sonados casos de corrupción, son los que ayudarán en los problemas de seguridad? ¿Son los que conjuntamente con las putrefactas policías provinciales y fuerzas federales, resolverán la problemática del narcotráfico, de las bandas armadas y de la delincuencia?

¿No se legitima de esta manera la militarización de los barrios, la persecución de jóvenes, pobres y militantes políticos y sociales, en Santa Fe, en el conurbano bonaerense, en Santiago de Chile, o en cualquier parte?