lunes, junio 17, 2024
Nacionales

De Jujuy a Vaca Muerta: Entre la dictadura liberal y las posibilidades peronistas

“Nos vamos a encontrar con una sociedad mucho más pobre, a la que no se puede reprimir indiscriminadamente. Represión sin compasión es una de las formas de la dictadura”. 

“Si a la violencia ilegítima de las calles se le agrega la represión indiscriminada para construir el orden terminamos en un juzgamiento por delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado, donde va a ser juzgado hasta el presidente”.

Elisa Carrió, jefa de la Coalición Cívica, integrante de “Juntos por el Cambio”.

El alargado fin de semana argentino que incluyó los días del Padre y de la Bandera, culminó el martes 20 de junio con dos hechos dignos, cada uno de ellos, de las primeras planas de cualquier periódico del mundo. Mucho más, cuando se transformaron en el anticipo de las candidaturas presidenciales que definirán el rumbo del país en las elecciones de agosto y octubre.

En Tratayén, corazón de la neuquina Vaca Muerta, segunda reserva de gas no convencional del mundo, se giró el volante del dispositivo que inició el proceso de llenado del primer tramo del gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) que, el 8 de julio, comenzará a transportar 22 millones de metros cúbicos de gas cada 24 horas, con un ahorro en lo que resta del año de unos u$s 1.800 millones que, por sustitución de importaciones de combustibles, se elevarán a 4.200 M anuales. Una hazaña logística y una victoria política para los sectores del peronismo que impulsaron ese tipo de desarrollo. El acontecimiento, sin embargo, prácticamente pasó desapercibido y, al día siguiente, fue desalojado de los diarios de mayor influencia en la agenda comunicacional.

Atrapada en la maraña procesal de jueces y fiscales sospechados de haber arrojado su imparcialidad al chiquero del contubernio con la oposición macrista y sus mandantes económicos, Cristina Fernández de Kirchner, quien lidera el espacio nacional y popular, consideró que el proceso en su contra y la consecuente condena por “corrupción” en contratos de obra pública vial constituyó un armado destinado a “proscribirla” electoralmente y decidió renunciar a cualquier candidatura. Las dificultades para hallar una alternativa  presidencial que se destacase con claridad ante los votantes, junto a su reiterada costumbre de “destapar” al candidato horas antes de que termine el tiempo de presentación ante las autoridades electorales, mantuvieron al peronismo huérfano de una figura que se opusiese en campaña a los liberales Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich y al anarcocapitalista de la derecha ultraprivatista Javier Milei. Finalmente, el ministro de Economía, Sergio Tomás Massa fue el elegido para saldar las diferencias internas y aspirar al sillón principal de la Casa de Gobierno.

En síntesis, el 20 de junio no hubo acto, ni encuentro de las máximas autoridades que hicieron posible, primero, la explotación de Vaca Muerta (CFK) y, ahora, la construcción en tiempo récord del ducto de 573 kilómetros iniciales (el propio Massa), bajo la presidencia agónica de Alberto Fernández. No hubo foto que compitiese políticamente con la unidad de la alianza opositora que, en 2019, supo entronizar en el Ejecutivo nacional al gerente general de una de las principales corporaciones económicas del país (Sociedad Macri SA-SOCMA), el ingeniero Mauricio Macri. Aquella misma jornada “energética”, responsabilizaron al gobierno nacional y a la propia Cristina Kirchner de la represión desatada por Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, contra los sectores que se oponen a sus políticas. Como “reconocimiento” a la dureza de su gestión, pocos días después, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, lo nombró como precandidato a vicepresidente de su sector.

A 1.998 km de Tratayén, en la norteña provincia de Jujuy, largas jornadas de protestas docentes, luego multiplicadas por el personal de salud y, finalmente, por las comunidades originarias, alcanzaron un grado de visibilidad que no habían logrado antes a partir de una manifestación que se dirigía a la Legislatura local. La represión sin piedad de las fuerzas de seguridad locales y sus parapoliciales (civiles sin identificación, móviles sin placas o carentes de filiación) que hasta llegaron a violentar hogares para buscar personas o arrebatar celulares, fue la respuesta del gobernador Morales,  titular de la (¿ex?) Unión Cívica Radical.

Con heridos, uno muy grave, presos y detenidos sin paradero conocido ni acceso al derecho de defensa durante horas, la jornada represiva del 20 de junio culminó con los medios televisivos mostrando a todos los sectores liberales, de la derecha a la pared, aplaudiendo la violencia estatal, responsabilizando al gobierno nacional, con acento en la vicepresidenta Cristina Kirchner, por los sucesos en uno de los principales reservorios de litio del país. Fue un verdadero lanzamiento de las candidaturas; de su “viralización” se encargó, como siempre, la “Cadena de Propaganda Privada de las Corporaciones Económicas”. Y, lo más importante, constituyó la presentación de la hoja de ruta que aspiran a imponer a partir del próximo 10 de diciembre: ajuste, represión de las reacciones sociales que produzca y usurpación de las tierras con litio para entregar ese bien compartido que, el liberalismo yen especial su mandante estadounidense, consideran recursos a extraer, saquear y derivar a las casas matrices de la corporaciones, a precio vil y subfacturado y sin trabajo agregado.

Los gobiernos de Estados Unidos, por encima del partido que los administren, consideran a Latinoamérica y el Caribe como su “patio trasero”, y consideran a sus riquezas y bienes comunes naturales como “recursos” a los que pueden acceder cuándo y cómo quieran, en función de las necesidades de sus corporaciones económicas.

Los principales funcionarios de la Casa Blanca, el Pentágono y su Comando Sur, el Departamento de Estado o la Comunidad de Inteligencia lo dicen sin eufemismos y actúan en consecuencia. Plantan a la República Popular China como su principal enemigo en el mundo y la región, con Rusia un paso atrás, y contabilizan como activos propios a los bienes ajenos.

La jefa del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, generala Laura Jane Richardson, estuvo dos veces en un año en la Argentina. La unidad a su cargo fue diseñada para la “defensa” de los intereses de Washington en el subcontinente; tiene sede en Miami (tras su retiro de Panamá gracias a los tratados logrados por el general Omar Torrijos Herrera), controla unas 80 bases en la región, entrena a las fuerzas armadas de los países de su “esfera de influencia” y aporta “inteligencia” y coordinación militar a las tropas en función de los objetivos del Departamento de Estado[1].

Durante su exposición ante el grupo de presión internacional estadounidense Atlantic Council, favorable al control mundial por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), remarcó la importancia de la región a partir de “todos sus ricos recursos y elementos de tierras poco comunes”. Se permitió puntualizar la existencia del triángulo del litio, “que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60 % del litio del mundo está en el triángulo de litio: Argentina, Bolivia, Chile” e instaló a su país entre los poseedores de esas riquezas al usar el “tenemos” el 31 % del agua dulce del mundo en esta región, además de apuntar a “las reservas de petróleo más grandes, incluidas las de crudo ligero y dulce, descubierto frente a Guyana hace más de un año”. Sumó “petróleo, cobre, oro y (hasta) la importancia del Amazonas como los pulmones del mundo”. Seguramente un lapsus le impidió mencionar las “tierras raras” o el coltán (el litio que viene), imprescindibles en la fabricación de dispositivos tecnológicos que van desde los celulares y las computadoras portátiles hasta la industria aeroespacial y la biomédica, abundantes en Venezuela y, también, en el “triángulo” lítico, en especial en… Jujuy.

Con tanta claridad como descaro de saqueadora, la jefa del  Comando Sur remató la agenda extractivista de su país resaltando que “con ese inventario, a Estados Unidos le queda mucho por hacer, esta región importa, ya que tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que empezar nuestro juego”.

El actual escenario global se caracteriza por la concentración económica, multiplicada tras la pandemia, una crisis climática irreversible y aumento generalizado de los niveles de pobreza, indigencia y desocupación y necesidades acuciantes de alimentos y combustibles, potenciadas por la guerra de la OTAN contra Rusia en territorio de Ucrania. En un contexto semejante, las presiones sobre países dependientes de los intereses corporativos estadounidenses que cuentan con esos bienes, son cada vez mayores. En esas naciones, hay sectores que responden a aquellos mandantes y, a través de artilugios legales y financieros, intentan “independizarse” de las decisiones y los intereses nacionales e interactuar de modo directo en los escenarios multilaterales de la región y el mundo, en contradicción con las leyes o las constituciones de cada país y las normativas globales y contra la conveniencia de sus propios pueblos.

El Doctor Carlos Vilas, director de la Maestría en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad Nacional de Lanús, en su conferencia “Una Reforma Inconstitucional contra la Unidad Nacional”, sostuvo que el gobierno jujeño “Pretende actuar como un actor independiente en el sistema internacional” a pesar de que es la Organización de las Naciones Unidas la encargada de reconocer a esos actores políticos internacionales. A su criterio, el intento de Reforma Constitucional de Morales “debe ser considerado como un atentado contra la unidad nacional de la República Argentina, por una cantidad de modificaciones que convertirían a la provincia en una especie de ente independiente de la Nación”[2].

El experto sentenció que el gobierno jujeño “pretende convertir a su provincia en un “estado independiente” y aseguró que el país está “en presencia de un proyecto estratégico, que incluye a otras provincias, de degradar la Nación Argentina a un conjunto de semicolonias pequeñas, subordinadas a los intereses del capitalismo financiero globalizado”.

Por su parte, el doctor en Economía por la Universidad de Barcelona, Mario Eduardo Firmenich, al abordar esa problemática advierte sobre la posibilidad de que se produzcan “fracturas en la Nación” y se registren procesos de “apropiación de las áreas estratégicas con el auxilio de personeros cipayos que supuestamente reivindican una ‘soberanía’ subregional”.

En su trabajo “Cómo salir de la pandemia de modo sostenible”, el ex conductor de la organización Montoneros, señaló que el debilitamiento del país podría generar un proceso de “desintegración nacional”, con la consecuente aparición de “repúblicas” del litio, del acuífero guaraní, la pampa húmeda o de “Vaca Muerta y adyacencias patagónicas”.

La foto de los tres especialistas encasquetados de la Transportadora Gas del Sur-TGS (Pampa Energía/Grupo Familia Sielecki), encargada de brindar el servicio de operación y mantenimiento del GPNK por un plazo de cinco años, muestra el gesto sencillo de mover el manubrio que dio comienzo a la “puesta en gas” del coloso de 47.700 caños de 12 metros de largo y 36 pulgadas de diámetro (Techint), a lo largo de 573 kilómetros. En realidad, la imagen simboliza el inicio de un camino hacia un nuevo horizonte de la matriz energética del país, de efectos inmediatos y, a su vez, implica un salto hacia una nueva matriz productiva nacional que, según el sector que la administre, generará bienestar social y recuperación e ingreso de divisas. La falta de dólares es uno de los males endémicos generados por la eterna e impagable deuda externa, instalada en la Argentina desde el 24 de marzo de 1976, cuando José Alfredo Martínez de Hoz y sus militares desencadenaron la destrucción del aparato productivo construido a lo largo de la década peronista de 1945 a 1955 y potenciada con el préstamo más alto de su historia por parte del FMI a Macri, violando sus propios estatutos.

La importancia de esta obra de ingeniería se mide en décadas hacia atrás (cinco, seis… ?), en las que no se construyó nada igual en ninguno de los rubros de la economía y (tres, cuatro,,,?) hacia adelante. En este primer tramo une cuatro provincias, desde la planta de tratamiento de gas de Tratayen en Neuquén, pasando por Río Negro y La Pampa, hasta la bonaerense Salliqueló, donde, a partir del el 8 de julio empalmará con otros gasoductos que llevarán hasta el conurbano capitalino el gas extraído en Vaca Muerta, cuyo volumen anual subió de diciembre de 2021 al mismo mes de 2022 el 14,5%, lo que genera cuellos de botella al no tener cómo evacuar esa producción e impide aumentarla.

Quienes pusieron el ojo en ese yacimiento, y generaron una corriente de inversión y extracción, fueron la entonces presidenta Cristina Kirchner (renacionalizó YPF en abril de 2012) y el ingeniero Miguel Matías Galuccio, titular de la empresa petrolífera de desde que volvió a enarbolar la bandera nacional. Cuando el “fenómeno Vaca Muerta” atrajo las miradas de la inversión global, en julio de 2019, el presidente Mauricio Macri firmó el decreto de necesidad y urgencia de convocatoria de la licitación para la “prestación del servicio de transporte de gas natural”, abriendo una etapa que, meses después, él mismo decidió cancelar.

Maestras y maestros cobran nada, el personal de salud cobra poco, los pueblos de la Quebrada, los de los salares lindantes, sienten que sus tierras y sus bienes comunes están amenazados, se movilizan, acampan a la vera de los caminos que conducen a las maravillas de un paisaje milenario con siete y más colores. Organizan ollas populares, cortan el tránsito, piden, reclaman, exigen, no reciben respuesta, les imponen una Constitución que todo lo empeora, hasta la mínima posibilidad de la protesta, y explotan, todos. Jujuy estalla.

El actual proyecto jujeño es dirigido por un jefe provincial autócrata y nepotista. Gerardo Morales es el dirigente argentino que más familiares ubicó en la función pública, con más de más de 25 miembros de su familia instalados en la Gobernación, diferentes institutos dependientes y sus ministerios, el Congreso de la Nación, la Legislatura provincial y hasta la Sociedad del Estado “Cannabis Avatara”, a cargo de su hijo Gerardo Gastón. Utiliza el territorio provincial desde el 10 de diciembre de 2015 como base de lanzamiento para proyectarse hacia la Nación, no solo como candidato sino, también, como “modelo” de gestión y negocios que pretende “institucionalizar” con una reforma constitucional que acelere la entrega de los bienes comunes naturales a las corporaciones transnacionales, las cámaras mineras, tabacales y a grandes productores como el grupo agroindustrial Ledesma, controlado por la familia del fallecido sin condena Carlos Pedro Blaquier, enjuiciado por su complicidad con los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la denominada “Noche del Apagón” en la que efectivos militares y civiles, con participación de vehículos de la empresa, que produjo un corte general de luz, secuestraron a 400 personas, de las cuales 55 continúan desaparecidas.

Desde aquel momento impuso sus decisiones personales sobre el “estado de derecho”, con violación de los instrumentos judiciales y persecución a los sectores a los que consideró sus enemigos, en un proceso que comenzó con la demolición del sistema judicial provincial y la detención consecuente de la dirigenta social Milagro Sala, sin causas previas, las que fueron reemplazadas por enjuiciamientos ad hoc. Avanzó sobre las organizaciones sociales y los sindicatos, como sucede en este momento con los docentes. Finalmente intentó plasmar esas decisiones a través de una “reforma constitucional” que, ante el repudio movilizado de distintos actores, decidió cambiar de manera unipersonal, borrando dos artículos, reemplazando a la Convención Constituyente por otra ilegal decisión personal de madrugada.

El artículo 75 de la Constitución Nacional y la Ley Nacional 26 160, reconocen la prerrogativa de las comunidades indígenas al uso y posesión de sus territorios ancestrales que, además, cuentan con el derecho a la consulta “previa, libre e informada”, establecida por el Convenio 169 de la OIT y ratificada por la Argentina ante cualquier cambio de situación.

El “modelo jujeño” de extractivismo y privatización transnacional del litio ya está en manos de la australiana Allkem, con las financieras JP Morgan (EE.UU.) y HSBC (Gran Bretaña); Toyota Tsusho (Japón); Lithium Americas Corp (Canadá); Ganfeng Lithium (China) y con muchas más aves de rapiña sobrevolando la zona. Lo mismo sucede en Salta, con dos de los fondos de inversión más grandes del mundo, los estadounidenses Blackrock (buitre de la deuda argentina) y Vanguard, a cargo Livent, responsable de subfacturación por informar un costo por kilo de litio de u$s 6,41, que en realidad se vendió a u$s 54,07, por lo que acaba de pagar una multa de $5.300 millones tras reconocer que los “dibujos” realizados en sus declaraciones de exportaciones generaron un perjuicio contra el fisco de u$s 8 millones en retenciones.

El Estado de Morales se arroga un “dominio” de los “recursos” al efecto de dejar en manos privadas el saqueo de los bienes comunes naturales. A lo sumo, se propone ser socio menor de las grandes transnacionales, como en la participación del 8,5 % en la empresa Sales de Jujuy.

Los pueblos originarios constituyen una traba para la ampliación de las zonas de explotación y saqueo, por eso se pretende erradicarlos de sus tierras ancestrales, reubicarlos y abrir cada vez más las tranqueras de las riquezas a las garras extranjeras.

Al “inventario de recursos” de la generala Richardson se agrega el informe de la Oficina de Recursos Energéticos del Departamento de Estado, que reconoce que Estados Unidos puso en la mira al litio argentino debido a la “alarmante ausencia de regulaciones firmes” en la Argentina, en una etapa en que el país se proyecta a ser “uno de los mayores productores de carbonato de litio en los próximos años” y destaca que los proyectos en marcha no agregan valor a la cadena de suministros. En consecuencia, propone a Washington que cree “nuevos mecanismos de financiamiento de proyectos para brindar a las empresas del sector privado estadounidense incentivos para producir y procesar litio en un centro de litio floreciente”. Más claro… echale Morales.

Después de la convocatoria nacional e internacional, “necesaria y urgente” para la “prestación del servicio de transporte de gas natural” desde Vaca Muerta realizada por Macri, su propio gobierno la prorrogó dos veces hasta que, finalmente, terminó el mandato del empresario, sepultado por los votos del hambre y el desencanto con el gobierno que más daño hizo al país en menos tiempo después de la última dictadura cívico militar. Ya con Alberto Fernández en la Rosada se produjo una nueva postergación, hasta que un día antes del vencimiento del nuevo plazo (diciembre de 2020) la Secretaría de Energía, conducida por el ala kirchnerista del Ejecutivo, derogó el llamado a licitación y decidió que la obra se realizara con fondos del Tesoro Nacional.

Tras superar conflictos que se llevaron puesto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y ya con Massa al frente del Ministerio de Economía, que absorbió aquella cartera, se firmaron los contratos para la realización de la primera etapa del GPNK. En agosto de 2022 comenzaron los trabajos y dos meses después arrancaron los 12.000 viajes en camión que transportarían los 48.000 tubos con costura de fabricación argentina, uno de los reclamos públicos de la vicepresidenta. El 20 de junio de este año se abrió la válvula: Sergio Massa logró cumplir su promesa de terminar esa fase del proceso en 8 meses y hacer “posible lo imposible” después de “años por falta de visión estratégica y por falta de coraje”, frases con las que chapeó antes de ser candidato y que ahora aparecerán como una marca en el orillo de su carrera presidencial.

A pesar del acecho internacional y de las entregas provinciales, las autoridades nacionales no activaron los mecanismos destinados a declarar al litio como “recurso estratégico”, esquivar las trabas de la normativa impuesta por la Reforma Constitucional de 1994, avanzar hacia su industrialización “en origen” y convertir al país en proveedor de la región y del mundo y. Así lo plantearon en 2022 los legisladores nacionales pertenecientes al Frente de Todos (hoy Unión por la Patria), con suerte adversa. Si Massa llega a Presidente, el apoyo o rechazo a esa postura sería una buena unidad de medida del grado de soberanía de su pensamiento.

Como se dijo al comienzo de esta nota, los sucedidos del 20 de junio fueron expresiones tan disímiles como significativas, mucho más cuando los protagonizaron actores centrales de los binomios presidenciales de los dos principales espacios de la política nacional. En un escenario de crisis, enmarcado en la confrontación global por los bienes estratégicos, la pelea ya no es entre modestos “partidos políticos” o “alianzas electorales”. Para la Argentina, al menos, constituye el enfrentamiento entre dos modelos posibles, el del saqueo de recursos, ajuste y represión o el de producción, soberanía y redistribución, en este último caso si la llamada “Unión por la Patria”, que postula a Sergio Massa, hace honor a su nombre.

Carlos A. Villalba. Periodista argentino. Investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico. Miembro de la Usina del Pensamiento Nacional y Popular.

[1] VILLALBA, Carlos A: Marines desembarcan en la Argentina: Las invasiones estadounidenses (5/IX/18) (https://estrategia.la/2018/09/05/marines-desembarcan-en-la-argentina-las-invasiones-estadounidenses).

[2] VILAS, Carlos: “Una REFORMA INCONSTITUCIONAL contra la UNIDAD NACIONAL” (https://www.youtube.com/watch?v=t3oXx_EU-Vw)