Argentina: El futuro es un país extraño
“Hay que aprender a resistir./ Ni a irse ni a quedarse,/ a resistir,/ aunque es seguro/ que habrá más penas y olvido.”
Juan Gelman
Sumida en una de las mayores crisis de su historia, Argentina vuelve a verse entrampada entre facciones políticas que disputan sus despojos. Un heterogéneo gobierno peronista preside un país sin márgenes para el saneamiento brusco de una economía desquiciada, sin partidos políticos con arraigo real en la sociedad, con sindicatos desprestigiados como nunca antes, con todas las instituciones del Estado burgués rechazadas o como mínimo desconfiadas por las mayorías estafadas, incluyendo -ciertamente- el sistema judicial y la Iglesia.
Mientras Cristina Fernández -que enfrenta un cargo de corrupción y un pedido de 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos- ocupaba el centro del escenario mediático, las primeras planas de los diarios, la totalidad de las pantallas televisivas, y era comentario obligado en las redes virtuales, su gobierno profundizaba el ataque impiadoso contra los trabajadores y las mayorías populares.
Desde el flamante cargo de ministro de Economía, Sergio Massa anunciaba un nuevo recorte en los presupuestos de Salud, Educación, Obras Públicas y planes de Vivienda por 128.000 millones de pesos. En total más de 210.000 millones si incorporamos Desarrollo Productivo, Transporte, Desarrollo Territorial y Hábitat. Recortes que se suman a los ejecutados previamente por Martín Guzmán y Silvina Batakis.
Un día después, mediante una ‘decisión administrativa’ firmada por el mismo Massa y el jefe de Gabinete Juan Manzur, el gobierno del Frente de Todos oficializó el congelamiento de contrataciones en las empresas estatales, sociedades del Estado y empresas privadas con participación estatal.
La ‘jefa’ recibió el apoyo inmediato de las aguerridas huestes de La Cámpora, que se movilizaron hasta el barrio porteño de Recoleta, aun cuando fueran rápidamente dispersados por el gas pimienta que arrojaron desaprensivos funcionarios policiales. Pero la militancia kirchnerista no se rindió y volvió a la carga, para encontrarse un par de días después con un vallado dispuesto por el Jefe de Gobierno porteño, con policías de la ciudad munidos de carros hidrantes, palos y gases lacrimógenos, que dejaron algunos manifestantes contusos en la escaramuza frente al suntuoso departamento de Juncal 2166. Cuando por fin Cristina se hizo presente, sus palabras no fueron demasiado alentadoras para con su gente: “Vayamos a descansar ha sido un día largo”. Alguno, tal vez, haya recordado aquel rapto de sinceridad de la vicepresidenta, cuando en Ensenada sentenció: “Yo no soy una pequeña burguesa. Yo soy una gran burguesa no me jodan más”, y lo habrá lamentado, seguramente.
Mientras tanto tasas de inflación desorbitadas sirven al gobierno y al gran capital para licuar salarios y, sobre todo aminorar la deuda en pesos, la cual está fuera de control y amenaza con la erupción de un volcán financiero. Las corridas que disparan el dólar, preparan el escenario para una devaluación inclemente que exigen las clases dominantes, encabezadas por los sectores exportadores de granos. Al tiempo que persiste la suba incontenible de combustibles y los ‘tarifazos’ a mansalva imposibles de descifrar.
Cuando el pasado martes tres o cuatro mil personas se trasladaron al Congreso para alentarla, Cristina Fernández desgranó una larga homilía donde advirtió: “Este es un juicio contra el peronismo”. Una vez finalizada su alocución salió al balcón animando a los presentes a entonar -con énfasis- la histórica marcha, haciendo fe de peronismo. Llamó, sí, la atención cuando en un pasaje del discurso se despachó con un reclamo para que se investigue a su esposo por las relaciones que mantuvo con Héctor Magnetto y que derivaron en la aprobación de la fusión entre Multicanal y Cablevisión. No menos impactante resultó su advertencia: “no vienen por mí, vienen por ustedes, por los salarios, los derechos de los trabajadores, de los jubilados, del endeudamiento.”
Pocas horas antes se había ‘actualizado’ el salario mínimo. Funcionarios de los ministerios de Trabajo y Economía, de la CGT (Confederación General del Trabajo) , de las CTA (Central de Trabajadores Argentinos) y de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular), acordaban con sus pares de las cámaras empresarias, una actualización de 21 por ciento en tres cuotas del Salario Mínimo Vital y Móvil. Así pasaba de los actuales 47.850 pesos, a 51.200 pesos para septiembre, 54.550 pesos para octubre y 57.900 pesos para noviembre.
¿Hace falta recordar que según los datos, del siempre sospechado Indec, en el mes de julio un hogar integrado por dos adultos y dos menores necesitó 111.298 pesos para no ser pobre (que los datos de la Junta Interna del mismo Indec elevan a 179.990 pesos) y 49.966 pesos para no caer en la pobreza extrema?
El gobierno peronista del Frente de Todos cumple disciplinadamente con el primer mandamiento dictado por el FMI y el conjunto de la burguesía local: aplastar los salarios, mientras contiene a las masas.
Al tiempo que desde la presidencia se habla de indulto o amnistía para Cristina Fernández en caso de condena por parte de los inefables Tribunales –“Muchos jueces son incorruptibles, nadie puede inducirlos a hacer justicia” afirmaba Bertolt Brecht-; se publica en el Boletín Oficial la reglamentación de la ley que establece beneficios para las patronales de la construcción. En concreto, garantiza la extensión de un blanqueo de capitales para los empresarios del sector. La norma había sido aprobada tanto en Diputados como en el Senado, con los votos de los bloques mayoritarios. No hubo ‘grieta’ entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos a la hora de otorgar mayores beneficios a una fracción patronal que se caracteriza por su historial de trabajo informal y precarización laboral. La norma permite a quienes tenían dólares en el exterior declararlos con el ‘incentivo’ de pagar menos impuestos si están destinados a la construcción.
La resolución implementa, además, el programa Puente al Empleo para el sector. Se trata del método con que el Gobierno nacional intenta avanzar en reconversión de planes sociales. Lejos de constituir trabajo genuino y con derechos, es una suerte de subsidio para las grandes empresas que garantizan su rentabilidad mediante el pago de salarios bajísimos -el Estado continúa haciéndose cargo de los 22.700 pesos que perciben los empleados por el plan Potenciar Trabajo-, en un plazo determinado y, por supuesto, sin atender las condiciones laborales mínimas.
Que hubo corrupción en la obra pública lo reconocen ya todos los acusados, sean funcionarios gubernamentales o empresarios, es algo estructural en todos los gobiernos capitalistas. Sin excepción los que se involucran en su gestión terminan manchados por las denuncias de cohecho, provengan de donde proviniesen. Tan es así en el país que se acuñó la expresión de la ‘Patria Contratista’ para dar cuenta de este fenómeno. El Grupo Macri, por ejemplo, nació de ese modo, hizo su fortuna con negociados y estafas al Estado durante la dictadura militar, se expandió durante los gobiernos constitucionales y se perpetuó hasta la actualidad. En su exposición Cristina Fernández no negó que bajo su gobierno hubo graves hechos de corrupción en la obra pública, pero no dijo palabra acerca de su responsabilidad política y la de su esposo Néstor Kirchner en los mismos, como, por ejemplo, haber mantenido a José Francisco López y sus famosas valijas, como secretario de Obras Públicas entre los años 2003 y 2015.
Uno de los mayores problemas que tiene hoy el gobierno peronista es el rojo de las reservas del Banco Central. En su desesperación por tratar de destrabar los desembolsos con los organismos internacionales de crédito, como el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se encuentra realizando frenéticas gestiones que incluyen la posibilidad de conseguir un nuevo crédito por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) por unos 1.300 millones de dólares, que podrían concretarse mediante una línea de crédito del organismo llamado Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad. El inminente viaje de Massa a Estados Unidos incluye encuentros con autoridades del FMI, el BM y el BID, además de representantes de la Casa Blanca, empresarios y la infaltable visita a los titulares del Congreso Judío Mundial. Habrá que ver que se puede rasguñar en el periplo. No habría razón para preocuparse, como siempre sostuvo Cristina Fernández los argentinos “más que deudores recalcitrantes somos pagadores seriales”, y su gobierno lo está cumpliendo a rajatabla.
El gran capital busca salida a la trampa en la cual ha encerrado al país. Tal vez la realidad exagera, pero con las elecciones de 2023 en el horizonte, con la burguesía ocupando todo el escenario político, con una clase obrera fragmentada y confundida marchando a remolque de los partidos patronales, la totalidad de la iniciativa política está en manos del capital. Esta situación objetiva determina una dinámica en la cual fuera quien fuera el ganador de las próximas elecciones, la crisis coyuntural a la que han llevado las administraciones que se han sucedido en el país, será resuelta de la única manera en que es posible resolver una crisis capitalista desde la perspectiva capitalista: reduciendo salarios, aumentando la explotación, agravando hasta lo indecible la pobreza y la exclusión, avanzando en la subordinación del país al capital transnacional.
¿Acaso resulta casual la intervención del embajador estadounidense Marc Stanley en la reciente reunión del Council of theAmericas?, “Hagan una coalición ahora y no esperen la elección 2023”. Para agregar: “Estados Unidos quiere tener una relación con Argentina para que sea líder en América Latina, ayudar con la infraestructura, alimentos, energía, litio. Nosotros no lo necesitamos, pero queremos ayudar al mundo y asociarnos con ustedes”.
¿Por qué deberíamos nosotros alinearnos con una de las fracciones burguesas en descarada disputa por la apropiación de la plusvalía? Ambas están signadas por la corrupción como vía para la acumulación privada de riqueza. Ambas trabajaron y seguirán haciéndolo contra los intereses del país y el conjunto de la población. Esta no es nuestra batalla. Todas las pruebas empujan a enfrentarlos en conjunto, sin distinción.
“La estupidez insiste siempre”, sostenía Albert Camus. No existen ‘salvadores’ dentro de las facciones políticas burguesas, por más que los leales se entusiasmen con las imágenes de Cristina Fernández engalanada con una gorra y la leyenda “CFK-2023”; o se emocionen viendo a la ‘jefa’ saludando a la militancia desde el balcón del Senado y jueguen con la idea de un nuevo 17 de octubre. Nunca se sabe.
Sería un buen momento para recordar a Gelman porque entonces “es seguro que habrá más penas y olvido”.
