jueves, marzo 28, 2024
Géneros

3J unidas, alojadas y sostenidas

Desde 2015, cada 3 de junio, las mujeres unidas damos un poderoso y feroz grito: ¡NI UNA MENOS! Miles de personas nos encontramos en las calles de todo el país para ser la voz de quienes ya no la tienen, las víctimas de la violencia de género. Ponemos cuerpo, palabra, banderas, carteles, bailamos, cantamos para decir que la violencia machista mata, que la violencia machista coarta libertades, participación política y social. Obtura la chance de inventar otros mundos, otras comunidades, otros vínculos.

Este 2020 se cumplen 5 años de la primera vez de la exclamación grupal ¡Ni Una Menos! contra los femicidios, los transfemicidios y travesticidios que transformó vidas y formas de organización colectiva para denunciar que la violencia machista y sexista es un entramado económico, político y cultural, que debe y tiene que terminar.

Este 3 de junio no nos encontrará separadas más allá de que el Covid-19 impida la presencialidad, no transitaremos las calles, pero estaremos enredadas y tramando acciones de marea conjunta, tejiendo redes que nos sostienen y alojan. Haremos ruido, nos manifestaremos, pero desde nuestros hogares, balcones y ventanas: a las 18:00, lectura de documento colectivo; a las 19:00, ruidazo federal y a las 21:00, proyectorazo.

Convocatoria para el 3J

A más de 70 días del “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”, todas nuestras actividades han modificado su dinámica, incluso el Congreso Nacional que sesiona de una manera excepcional mediante plataformas virtuales. En este marco, el Presidente declaró la semana pasada en una entrevista: “Sigo comprometido con el tema del aborto igual que desde el primer momento. El Gobierno tiene una serie de leyes preparadas para enviar al Congreso desde el 1 de marzo, entre las que se encuentra la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo”.

De esta forma, Alberto Fernández volvió a motivar y incentivar el tratamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que había arrancado como uno de los temas prioritarios de discusión del año, pero con la aparición del Covid-19 quedó un tanto relegada.

Es importante entender y saber cuáles serán los cambios puntuales que el nuevo Proyecto a tratar tiene en relación con el presentado en 2018: uno de ellos aparece en el artículo 1 y se refiere al sujeto que contempla la Ley. Ahora, dice “toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar” tendrán el derecho a una IVE.

Otro punto importante es sobre las definiciones, se deja claro que “Interrupción Voluntaria del Embarazo” y “aborto” son considerados términos equivalentes y que “Salud Integral” debe interpretarse “sin excepción” como lo hace la Organización Mundial de la Salud (OMS): un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. También agrega que las expresiones “mujer u otras identidades con capacidad de gestar” y “mujer o persona gestante” son equivalentes.

Sobre la posibilidad de abortar pasadas las 14 semanas se mantiene el derecho hacerlo si el embarazo fuera producto de una violación -con el solo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el/la profesional o personal de salud interviniente- y si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la mujer o persona gestante.

El artículo 6 que se refiere a la información que debe recibir la mujer o ser gestante previo a realizar la práctica menciona: “debe ser objetiva, pertinente, precisa, confiable, accesible, científica, actualizada y laica de manera tal que garantice la plena comprensión de la persona”. Aquí también queda descartada la objeción de conciencia, un elemento muy debatido en 2018 en el Congreso y que se volvió controversial porque habilitaba a los médicos o instituciones de salud a negarse a realizar un aborto alegando sus creencias personales y/o religiosas.

El artículo 9 apunta a los requerimientos para llevar a cabo la IVE según la edad de cada persona que lo solicite. Esto es fundamental, sobre todo por la gran cantidad de casos que existen de menores de edad y los hospitales o profesionales de la salud que no acceden a realizarlo. En relación de las menores de trece años, indica que “se requerirá su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as o representante legal”.

Una novedad importante aparece en el artículo 11 el cual expresa: “el derecho al aborto deberá estar incluido en el Plan Médico Obligatorio”. De este modo, exige que todos los agentes y organizaciones que brinden servicios médico-asistenciales a las personas afiliadas o beneficiarias deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo e incluye al sector público, privado, obras sociales y prepagas.

En el 12 surge uno de los reclamos más importantes: la Educación Sexual Integral (ESI). Establece que el Estado, la ciudad de Buenos Aires y el resto de las provincias deben implementar la Ley 26.150 desarrollando la problemática del aborto.

Por otra parte, se agrega el 85 bis, que apunta a castigar a la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de salud que dilate injustificadamente, obstaculice o se niegue a practicar un aborto, en los casos legalmente autorizados. La pena indicada es prisión de tres meses a un año. Se eleva a de uno a tres años si se genera perjuicio de la salud de la mujer y a cinco años si le causa la muerte.

Por último, el nuevo Proyecto incluye que: “la persona mayor de dieciséis (16) años tiene plena capacidad para ejercer los derechos que otorga la presente Ley” y se sustituye el artículo 88: “la mujer o persona gestante que causare su propio aborto o consintiere en que otro/a se lo causare en ningún caso será penada”.

Me gustaría concluir estas líneas con unas palabras de Débora Tajer, licenciada y doctora en Psicología (UBA), Magister en Ciencias Sociales y Salud (FLACSO/CEDES); “En relación con mi postura personal, claramente percibo que, hace unos quince años, experimenté un viraje con respecto a cómo yo miraba esta cuestión. Desde que tengo memoria, siempre estuve a favor del aborto legal y voluntario, pero hace un tiempo me di cuenta de que yo tenía “colonizada” mi cabeza, incluso cuando estaba a favor. ¿Cómo me di cuenta? Precisamente, porque cuando hablaba de este tema tenía mucho cuidado de no herir susceptibilidades y creencias. Entonces decía: “Bueno, no sé qué van a pensar ustedes”, que “según la creencia”, y todo este tipo de cosas. Pero me pasó algo que me demostró que estaba bastante errada y que mi cabeza estaba convencida y colonizada al mismo tiempo. Me invitaron a una reunión en un lugar bonitísimo en un palacio en Italia, que pertenecía a la Fundación Rockefeller, en Bellagio, frente al Lago Di Cuomo. El encuentro había sido organizado por la revista Reproductive Health Matters y versaba sobre la articulación entre las Reformas Sectoriales en Salud y la Salud Sexual y Reproductiva. Una de las exposiciones –había gente de todo el mundo– fue realizada por una abogada irlandesa. En Irlanda, un país católico en el que el aborto fue ilegal hasta el histórico referendo de fines de mayo pasado, el seguro nacional de salud irlandés pagaba las prácticas de aborto en Inglaterra a todas las ciudadanas irlandesas que quisieran practicárselo. Luego de varias intervenciones quedó clara para mí una realidad: hoy, todos los países desarrollados tienen aborto legal. Me di cuenta de que la ilegalidad es una situación de los países periféricos, entre los cuales nosotrxs nos encontramos, en los cuales la ciudadanía femenina es aún de baja intensidad. Es un problema básicamente de falta de derechos para el subdesarrollo, no es un problema moral. Me di cuenta, entonces, de que vivía en un país en el cual había aprendido a identificar como problema moral lo que es en realidad una falta de derechos. Esa percepción descolonizó mi cabeza. Entendí que la ilegalidad del aborto voluntario es una biopolítica del control del cuerpo de las mujeres de los países periféricos. Y así lo entiendo desde entonces”.

Carla Elena. Psicóloga Social, Diplomada en Violencia Familiar y Género. Graduada en “Educación Sexual Integral: Desafíos de la implementación en el ámbito educativo y comunitario”. Miembro de Forum Infancias. Docente. @Carla_DFederica