Un fin de año solidario
El sábado 21 de diciembre de 2019 la cámara de Senadores convirtió en Ley el “Proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva” en el marco de la Emergencia Pública que contempla una serie de modificaciones en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
La iniciativa fue aprobada por 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención tras un debate de casi ocho horas. Previamente había tenido media sanción en la cámara de Diputados donde se discutió el Proyecto durante más de 20 horas y obtuvo la aprobación por 134 votos a favor y 110 en contra.
Las principales medidas propuestas por la nueva Ley son: la creación de un impuesto a la compra de dólares para turismo o atesoramiento, el aumento de alícuotas del impuesto a los bienes personales, la moratoria para las pymes, el congelamiento y revisión de las tarifas, la suba en los derechos de exportación de granos y oleaginosas (retenciones) y la suspensión de la movilidad jubilatoria.
Cabe aclarar que se eximen de esta medida a las víctimas de la Ley Brisa (régimen de reparación económica para niños, niñas y adolescentes la cual otorga una reparación económica para hijas e hijos víctimas de femicidios equivalente a una jubilación mínima), judiciales, docentes, ex funcionarios nacionales y científicos ya que estos grupos tienen sistemas que garantizan un determinado ingreso con relación a los activos.
En la actualidad, según el Observatorio de la Universidad Católica Argentina, el índice de pobreza alcanza un 40.8 por ciento y de indigencia un 8.2 por ciento, esto implica que 16 millones de personas son pobres y casi 4 millones no alcanzan a satisfacer las necesidades básicas. Por otra parte en la Ciudad de Buenos viven a la intemperie alrededor de 7000 sujetos de los cuales 900 son niños/as.
En relación a los números antes mencionados es de suma importancia la presentación oficial del “Consejo Federal Argentina contra el Hambre” el cual tendrá como objetivos principales; brindar canales de comercialización de alimentos y economía social, otorgar status de ley a “Precios Cuidados”, difundir una nueva línea de “Precios Saludables”, articular un espacio entre el Estado, las universidades, organizaciones sociales, estados provinciales, municipios, iglesias, sindicatos y cámaras empresariales, retornar el IVA a las familias en estado de vulnerabilidad, sancionar una Ley de Góndolas, crear un “Programa Nacional de Seguridad Alimentaria”, promover un “Fondo de Alimentación y Nutrición”, comprar (por parte del Estado) productos de la economía popular y social y distribuir las tarjetas “Alimentar”, las cuales ya han comenzado a otorgarse.
En este sentido, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dio detalles sobre la implementación del Plan que arrancó el jueves en Concordia con el reparto de 7000 tarjetas. Sus beneficiarios directos son madres/padres/tutores de niños/as de hasta seis años sin trabajo formal que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), o bien asignaciones por embarazo o por discapacidad, que recibirán mensualmente entre 4000 y 6000 pesos.
“Es un esquema en el que las madres pueden acceder a comprar alimentos, con una tarjeta que no permite extraer dinero”, expresó el Ministro y anunció que “en los primeros días de enero vamos a dar el cronograma para todo el país. En marzo esperamos cubrir el 80 por ciento del país, de estos 2 millones de chicos”. Agregó que el presupuesto inicial del plan rondará los 60 mil millones de pesos y comprenderá la distribución de casi 1.400.000 plásticos.
Esta política incluirá la creación de la figura del “Promotor de Seguridad Alimentaria y Nutricional”, a cargo de gobiernos provinciales, que serán los responsables del asesoramiento nutricional a los titulares de las tarjetas y del seguimiento de la ejecución del plan. Por otra parte, se ofrecerán talleres de orientación para promover alimentos sanos y frescos.
El Programa contará con dos entidades encargadas de articular, monitorear y evaluar el Plan: el “Consejo Federal Argentina Contra el Hambre”, conformado por los gobiernos nacional, provinciales y municipales más las organizaciones sociales y religiosas, sectores laborales, económicos, productivos, universidades y medios de comunicación, y por otro lado el “Observatorio Nacional Argentina Contra el Hambre”, integrado por universidades y centros de estudios.
Por estos motivos y medidas anunciadas ya puestas en marcha, este fin de año tiene sabor a solidaridad, un halo de esperanza que lo recubre. Esa esperanza, que según Cortázar en “Rayuela”, es parte de la vida defendiéndose. Defendiéndose del hambre, de la indigencia, del olvido, de la indiferencia que como bien menciona el filósofo italiano Antonio Gramsci es el peso muerto de la historia.
Este año me gustaría culminar estas líneas con unas palabras de la doctora María Aparecida Affonso Moysés miembro del movimiento “Despatologiza” en Brasil: “La desigualdad es una gran forma de violencia.
(…) Ciudadanía y derechos son cosas que o todos tenemos o nadie tiene. Si yo tengo derecho a tomar agua y tú no lo tienes, yo no tengo derecho; yo tengo un privilegio. Si todos no tienen derechos, nadie tiene derecho. Si hay una persona que no tiene ciudadanía, nadie es ciudadano. La desigualdad destruye derechos y destruye ciudadanía”.
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Carla Elena. Psicóloga Social, Diplomada en Violencia Familiar y Género. Graduada en “Educación Sexual Integral: Desafíos de la implementación en el ámbito educativo y comunitario”. Miembro de Forum Infancias. Docente.
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Foto de portada: Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Twitter (El ministro de Desarrollo Social @LicDanielArroyo participó de la primera reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre que el presidente @alferdez encabezó en @CasaRosada)
