Osvaldo Siepe, un genocida entre nosotros
“Las épocas viejas nunca desaparecen completamente y todas las heridas,
aun las más antiguas, manan sangre todavía”.
Octavio Paz.
Por Jorge Montero/El Furgón
Mientras agonizan los juicios por violaciones a los derechos humanos, tal vez porque el gobierno de Alberto Fernández, sus obsecuentes y la oposición quieren “dar vuelta la página”, o porque Bergoglio desde el Vaticano bendice con rosarios la reconciliación nacional; llamó la atención la sentencia que acaba de dictar del Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata.
El juicio por los crímenes que tuvieron lugar durante la última dictadura en la llamada Subzona 15 en Mar del Plata -que incluyó a los centros clandestinos de detención que funcionaron en La Cueva, Comisaría Cuarta y la Base Naval-, fue el primero en romper la parálisis al que están sometidos los procesos por delitos de lesa humanidad. Y las sentencias dictadas son ejemplares.
Dos largos años hasta llegar al veredicto contra 40 miembros de las tres Fuerzas Armadas, la Prefectura Naval y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, acusados por 272 casos de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones. Las Abuelas de Plaza de Mayo explicaron, además, que entre los casos investigados se encuentran los de ocho mujeres embarazadas y sus compañeros, de quienes pudieron recuperar a cuatro de sus hijos nacidos en cautiverio, en tanto sigue la búsqueda de los otros.
El lunes 27 de abril el TOF Mar del Plata condenó a reclusión perpetua a veintiocho genocidas, a otros siete con penas que van de 7 a 25 años de prisión, mientras que otros cinco imputados fueron absueltos.
Del estado lamentable en que se encuentran los juicios de lesa humanidad desde la derogación de las leyes de impunidad (Punto Final y Obediencia Debida) en 2003 hasta la actualidad, da cuenta un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH):
En el marco de las investigaciones, hubo 968 genocidas condenados y 156 absueltos. Otros 637 represores están procesados y hay 544 imputados. Todavía se registran 28 prófugos. Entre los absueltos, durante 2019, se destacó Cesar Milani, el ex jefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Al día de hoy, existen un total de 592 causas en trámite. Unas 266, es decir el 45 por ciento de esas causas, se encuentra en etapa de instrucción. Otras 241, un 41 por ciento, ya tuvieron sentencia. Hay otras 65 causas (11 por ciento) que fueron elevadas a juicio, y un 3 por ciento, una veintena, en juicio oral, ahora en suspenso hasta que se den las condiciones para su reinicio por la pandemia de Covid-19.
Los datos también indican que para que una sentencia quede firme se necesita un promedio de 5,3 años. Esto quiere decir: desde que llega a un tribunal oral, se hace el juicio, se da un veredicto, y pasa a ser revisado por la Cámara Federal de Casación Penal hasta llegar a la Corte Suprema. Ese período de tiempo excluye el período de instrucción, es decir la investigación inicial. No es casual que 811 genocidas hayan muerto antes de llegar a juicio o que se les dicte sentencia.
Las cifras muestran que continúa reduciéndose el número de personas detenidas, y a inicios de marzo, la cifra de arrestados en el país llegaba a 913. De ellos sólo 195 en el sistema penitenciario, otros 637 represores se encuentran gozando del arresto domiciliario. A este dato es necesario adicionar las últimas domiciliarias otorgadas por los tribunales con la excusa del coronavirus. Entre ellas la del capitán de fragata Carlos ‘Tommy’ Capdevila, partero y apropiador de bebés en el centro clandestino de detención de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada).
El lunes 27 de abril fue un día de satisfacción para sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos al conocerse, tras tantos años de impunidad, el fallo del tribunal marplatense. “Solo faltó desahogar el abrazo”, cuenta Adriana Metz, de Abuelas de Plaza de Mayo y una de las poquísimas personas presentes en el juzgado. Ingresó con su barbijo, montó un trípode y a través de las redes sociales transmitió en vivo la hora y media que duró la lectura de la sentencia, en medio de una jornada particular, donde la cuarentena decretada impidió el ansiado festejo y el abrazo colectivo al finalizar la lectura del documento.
Entre tanto genocida condenado, sin dudas un nombre sobresale, el del general Alfredo Manuel Arrillaga, quien extendió su actuación represiva durante gobierno constitucional de Raúl Alfonsín y encabezó la brutal represión del 23 y 24 de enero de 1989 al cuartel de La Tablada, con saldo de 44 muertos, decenas de heridos, torturados y cuatro militantes desaparecidos. Ahora suma su séptima condena a reclusión perpetua.
Sin embargo, es otro de los condenados, mucho menos “célebre”, el que llama mi atención: el prefecto Osvaldo Gaspar Siepe, también condenado a reclusión perpetua. Por delitos tipificados por el Tribunal: “miembro de una asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada, homicidio calificado”.
Este genocida actuó como oficial de inteligencia de la Prefectura Naval en el área de Mar del Plata durante la dictadura militar. Posteriormente, ya en diciembre de 1990, reaparece ascendido a prefecto principal y se convierte en jefe de la dotación de la Prefectura Naval en Dock Sud /Avellaneda. Hasta que dos años después solicita su retiro.
Es en ese momento, que aparece como jefe de seguridad en la refinería de petróleo de Shell, enclavada en el polo petroquímico de Dock Sud. La relación simbiótica entre petrolera y prefectura lleva décadas, y la fuerza represiva siempre actuó como guardia pretoriana de la empresa cada vez que sobrevino algún conflicto con los trabajadores de la planta o con los castigados vecinos de la zona.
El año 1993 fue un año álgido para Shell que debió enfrentar una importante movilización popular, detonada tras conocerse la instalación de una planta de “coker”, que había sido desmontada en Moerdijk, tras numerosos incidentes ambientales y riesgos ciertos para la salud de la población, y que colisionaba con las normas ambientales que rigen en Holanda. Y que finalmente en febrero de 1995 entró en funcionamiento en Dock Sud.
Sin dudas las “virtudes” de Osvaldo Siepe fueron bien aprovechadas por la empresa durante el período de casi 10 años que estuvo al servicio desembozado de Shell. Tareas de inteligencia sobre trabajadores y vecinos, se combinaron con cambios en la práctica de la multinacional. La “política de puertas abiertas” hacia la comunidad, estimulando visitas guiadas por el predio de colegios, centros de jubilados, sociedades de fomento, se complementó con las “inversiones sociales”. No pasó mucho tiempo hasta que el genocida se transformó en la cara visible de la refinería en Dock Sud, sumando a sus tareas de seguridad las de “encargado de las Relaciones con la Comunidad” de la petrolera.
El club Dock Sud, los bomberos voluntarios, Cáritas, escuelas y jardines de infantes, además de la Prefectura, recibieron importantes “donaciones”. Lo mismo aconteció con los diarios locales como “La Ciudad” y “La Calle”, que cesaron de la noche a la mañana toda información crítica hacia la empresa petrolera y los estragos que comete diariamente sobre los pobladores de Villa Inflamable que rodean el polo petroquímico. Allí donde más de 1.800 familias conviven con la contaminación, la desidia y el abandono del Estado y donde Shell, en el colmo del sarcasmo, sostiene un par de Unidades Sanitarias para que acudan los niños que la propia petrolera enferma con las sustancias volátiles altamente cancerígenas que brotan ininterrumpidamente de sus chimeneas. El municipio de Avellaneda deja hacer, mientras recibe con beneplácito pagos impositivos que la empresa deposita por adelantado.
Identificar y aislar a los rebeldes, contener cualquier tipo de resistencia popular y, sobre todo, evitar la confluencia entre trabajadores y vecinos con reivindicaciones comunes, fue la estrategia utilizada por Shell. Y Osvaldo Gaspar Siepe fue una pieza sustancial en su concreción.
La parábola del represor se cierra hoy con la sentencia a prisión perpetua dictado por el TOF de Mar del Plata. Pero aún son innumerables los hilos sueltos en la trama que fusiona los intereses de las grandes empresas -como Shell– con los genocidas de la dictadura militar, aún tras el retorno de los gobiernos constitucionales en Argentina.
¿En qué momento la sociedad argentina asumió que esto era normal y que formaba parte del paisaje al que debíamos habituarnos?
Como decía Osvaldo Soriano, la memoria, al elegir lo que conserva y lo que desecha, no sabe de casualidades.
