viernes, junio 21, 2024
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Audiencia Pública en el Congreso Nacional con los familiares de Monte

Por Luis Brunetto/El Furgón –

El lunes 5 de agosto se llevó a cabo en el Anexo del Congreso nacional, una Audiencia Pública en reclamo de justicia por los chicos asesinados en la Masacre de Monte. La audiencia -organizada por la diputada nacional Romina Del Plá- se extendió por más de tres horas; participaron familiares de los chicos de Monte y  de otras víctimas de violencia policial: familiares y amigos de Diego Cagliero; María Laura Romero, esposa de Sergio Jasi; Mirta Fontela, mamá de Juan Barrios; Nicanor, padre de Marcelo Bogado; Sandra Molina, mamá de Jony Novoa y la mamá de Cristian “Coqui” Montecinos, Mariana Montecinos. También estuvieron Elsa Rodríguez, herida gravemente durante el ataque de la patota de la burocracia sindical ferroviaria que asesinó a Mariano Ferreyra, y Lidia Saavedra, mamá de Ramón “Sugus” Santillán, víctima del gatillo fácil a fines de los años ‘90.

Tomaron parte de la Audiencia representantes de la Comisión Provincial por la Memoria (organismo que asiste legalmente a familiares de las víctimas de Monte), CORREPI, APEL, APDH-La Matanza y CEPRODH. Enviaron su saludo el Encuentro Militante Cachito Furkman, además de Nora Cortiñas y Elia Espen, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. En cuanto a las corrientes políticas, hubo dirigentes del FIT- Unidad, como la diputada nacional Mónica Schlotthauer, los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Néstor Pitrola y Juan Carlos Giordano, y la candidata a intendenta de La Matanza, Natalia González Seligra así como militantes del Nuevo MAS. También envió su saludo el candidato a Presidente y compañero de fórmula de del Plá, Nicolás Del Caño, de campaña por el interior del país. Consultada por El Furgón en relación a la ausencia de otras fuerzas políticas, la candidata a vicepresidenta afirmó que “se cursaron invitaciones a todos los bloques, pero me parece que han primado, por sobre el compromiso de defender los derechos de la juventud contra el gatillo fácil, los compromisos políticos. Hubo legisladores que nos manifestaron su voluntad de asistir, y que sabemos que son sensibles a estas cuestiones, pero es evidente que les han planteado que no asistan para no perjudicar la campaña de Kicillof y Mayol o de María Eugenia Vidal”.

La Audiencia coincidió con la concesión, días atrás, de la prisión domiciliaria a la agente Melina Bianco, acusada de participar en las maniobras de encubrimiento de la masacre,  y que provocó indignación en los familiares y acrecentó los temores a que se produzcan excarcelaciones “por goteo”, amparadas en el paso del tiempo y el cerco mediático que rodea al caso. En declaraciones a este cronista, Yanina Zarsoso, mamá de Camila, se dirigió explícitamente al juez de Garantías Eduardo Silva Pelossi: “Le pedimos que no otorgue nuevas excarcelaciones”.

La domiciliaria otorgada a Bianco, como las anteriores excarcelaciones, ha sido cuestionada y apelada tanto por la fiscalía como por los abogados de los familiares quienes, en este caso, ni siquiera habrían sido notificados. El fiscal y los abogados de las familias consideran que la participación de los funcionarios policiales excarcelados en el encubrimiento, configura un evidente riesgo de entorpecimiento de la investigación. Además, durante la audiencia los familiares de Monte hicieron hincapié en la ausencia de medidas procesales que esclarezcan la posible participación de la intendenta Sandra Mayol en las maniobras de encubrimiento. Al respecto, la doctora Margarita Jarque, de la CPM, aseguró a este cronista que, desde ese organismo, estarían barajando la posibilidad de realizar pedidos en ese sentido.

El conmovedor relato de los familiares de las víctimas fue, sin dudas, el principal protagonista de la jornada. De esos relatos se desprende que los policías de Monte tienen poco que envidiarle, por ejemplo, a los de Tres de Febrero, no sólo a la hora de la brutalidad y el horror, sino al momento de fraguar versiones a medida de la impunidad. Sergio Jasi, según el testimonio de su esposa María Laura, atravesaba estados paranoicos como consecuencia de su adicción a la cocaína, en la que había caído luego de que un accidente de tránsito se cobrara la vida de su hermana. El 26 de abril, al volver de su trabajo, sufrió un brote y se encerró con llave en una habitación de un lavadero. Fue María Laura quien, al enterarse, llamó a la policía. Los agentes lo habrían molido a golpes y trasladado desvanecido en un patrullero. ¿Al Hospital? ¡No! A la comisaría N° 11 de Tres de Febrero, en donde habrían elaborado la versión según la cual Sergio había entrado a robar en una casa, y había sido linchado por los propios vecinos. Fue finalmente trasladado al hospital, al que llegó sin vida.

Según la policía bonaerense, Diego Cagliero habría trocado imprevistamente su oficio de músico para convertirse en miembro de un grupo comando, y habría huido después de asaltar un supermercado en la camioneta de AYSA sobre la que los “agentes del orden” descargaron una balacera interminable, bajo la cual cayó asesinado. Angel Bramajo, conductor de la camioneta, trabajador de AYSA y papá de una nena que cumplió cuatro años al momento de escribir esta nota, está preso desde aquel 19 de mayo, acusado de “robo calificado en poblado y en banda en concurso real con tenencia de armas”. Bramajo, como Diego, también se habría reconvertido, en este caso de obrero de AYSA en ladrón de supermercados…

Entre las siniestras coincidencias que se enhebran en estos dos casos se destaca la participación del oficial Rodrigo Canstatt, procesado y con prisión preventiva, junto con el oficial Sergio Monetenegro, por el asesinato de Diego. Ocurridos en el partido de Tres de Febrero, el intendente de Cambiemos Diego Valenzuela, actuó en ambos hechos como garante de la versión policial, del mismo modo que lo habría hecho Mayol en las horas siguientes a la masacre de Monte. Tales coincidencias en el plano de la brutalidad represiva así como en el de las garantías brindadas desde el aparato estatal, configurarían lo que los participantes de la audiencia describieron como una “política de estado”.

Al respecto, Yanina Zarsoso señaló que es el estado quién “forma, adoctrina e instruye a la policía que actúa de este modo contra los pibes. Y por eso responsabilizamos a Macri, a Ritondo, a Bullrich y a Mayol”. Gladys Ruidiaz, mamá de Danilo Sansone, contó que Mayol “nos mintió en la cara, nos dijo que no había imágenes de las cámaras de seguridad”, y respecto al gatillo fácil, afirmó que “siempre se pide mano dura para los pobres, yo quiero mano dura para los policías, y que no haya ninguno libre”.

Por su parte, Hugo, tío de Aníbal Suárez, denunció la permanente intimidación que sufren los familiares por obra de policías de civil, tanto en las marchas que realizan en reclamo de justicia, como en sus actividades cotidianas. Yamila, hermana de Diego Cagliero, reivindicó el derecho de las víctimas a encauzar políticamente sus reclamos: “Acaso no es una política el gatillo fácil, la doctrina Chocobar, acaso no son políticos quienes dirigen el Estado?”, se preguntó. Ismael Jalil, abogado de CORREPI, por su parte, caracterizó al gatillo fácil y a la doctrina Chocobar como prácticas estatales aplicadas contra la población trabajadora y afirmó que sólo podrán ser desterradas “cuando se de vuelta la tortilla, cuando gobiernen los pobres, cuando gobiernen los trabajadores”.

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