Temas que irritan: Censura y sociedad en una Argentina en transformación rápida (1984-85)
El 25 de marzo de 1985, Fausta Martínez Martinoli, diputada nacional por Córdoba y hermana del vicepresidente argentino Víctor Martínez, habló frente a la Catedral de Buenos Aires con motivo de una manifestación contra la pornografía organizada por agrupaciones católicas agrupadas bajo el nombre de Fuerza Moral. Su preocupación por la pornografía coincidía con las opiniones del arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de Argentina, Juan Carlos Aramburu, quien señaló que algunos obispos habían manifestado su “preocupación por la filmación de películas, en nuestro país, en las que se abordan temas que irritan a la Iglesia y contribuyen a la desorientación de los católicos”. Una de esas películas era Camila, de María Luisa Bemberg.
Fuerza Moral no era representativa de la mayoría de los argentinos. Sin embargo, las opiniones de Fausta Martínez, el renovado vigor de los sectores tradicionales y conservadores de la Iglesia y el debate en curso en la Cámara de Diputados sobre un proyecto de ley relativo a la patria potestad y la equiparación de los hijos extramatrimoniales, marcaron una lucha cultural fuerte y constante sobre cómo la democracia se manifestaría en Argentina. Para muchos, las cuestiones de la censura y problemas políticos más amplios estaban firmemente vinculados.
Martínez Martinoli apoyó al presidente Raúl Alfonsín en muchos temas, pero no en otros. Por ejemplo, en relación con las cordiales relaciones de Argentina con Cuba y Nicaragua, declaró: “Desde el punto de vista cristiano, creo que hay países que no están en manos de Dios, sino del demonio”. El y su hermano, que compartía opiniones similares, no eran ajenos a la política. Pertenecían a una familia de larga tradición en el radicalismo cordobés. También integraban una facción conservadora y católica del gobierno de Alfonsín que se oponía a las reformas progresistas impulsadas por otros sectores de su partido político. Como opositora a la Ley de Divorcio impulsada por la Unión Cívica Radical (UCR), Martínez Martinoli enmarcó su política en el dogma católico tradicional y la familia nuclear tradicional. Y al hacerlo, representaba las opiniones de muchos argentinos. El debate sobre la censura no terminó con la caída del régimen militar en 1983, aunque cuando Alfonsín llegó al poder en diciembre de 1983, desmanteló inmediatamente el Ente de Calificación Cinematográfica.
Bajo el régimen militar no existía una oficina centralizada de censura, sino que había cientos de oficiales militares y funcionarios públicos repartidos por todo el país que supervisaban las producciones televisivas, las películas, el teatro y la prensa. Aunque no fue tan extrema, durante el gobierno de Alfonsín la censura siguió presente en todos los niveles del Estado. Era un indicio de una nación en rápida transformación cultural. En enero de 1984, el Gobierno nacional aprobó la proyección de la película “El imperio de los sentidos” (1976) pero sólo en Mar del Plata, donde fue un éxito. Como no se había estrenado en todo el país la gente organizó “giras de cine” en autobuses fletados desde Buenos Aires para ver la película en la costa. En febrero de 1984, el intendente radical de San Isidro —una municipalidad con un electorado tradicionalmente católico— prohibió la proyección del filme de Nagisa Oshima. Parte de la nueva ola japonesa, la película rompió de manera notoria las barreras entre el arte y la pornografía. Oshima insistió, por ejemplo, en que las escenas de sexo entre los actores fueran reales, sin simulaciones. Según las autoridades de San Isidro fue prohibida porque el teatro en cuestión, el Cine Acassuso, estaba demasiado cerca de la catedral local y “aparece como una afrenta a los sentimientos éticos, religiosos y morales de la comunidad”.
Un juez ordenó a la policía que irrumpiera en la sala y detuviera la proyección, evacuara a los asistentes y confiscara las bobinas de la película. El caso fue noticia a nivel nacional, mientras los argentinos debatían el papel de los códigos de faltas locales y el poder de los jueces conservadores. Los distribuidores cinematográficos se opusieron a la medida pero a lo largo de 1985 surgieron nuevas prohibiciones municipales. No fue hasta 2021 cuando se proyectó íntegra y libre de impugnaciones legales.
La Iglesia y los políticos conservadores no fueron las únicas voces que reclamaban censura y control gubernamental. Muchos argentinos de todas las tendencias políticas se sentían incómodos con el famoso “destape” de la sexualidad de los años 80 y con la rapidez de los cambios. El 1 de marzo de 1984, el destacado periodista Jorge B. Rivera escribió en Clarín que “entre márgenes ambiguos y contradictorios se agita el denominado ‘destape’ argentino, acaso el producto inevitable de la oscuridad que vivió el país en los últimos años. Más allá de sus formas engañosas —mujeres semidesnudas y otras muestras superficiales de desinhibición—, el tema sugiere una ausencia: los argentinos aún deben revelar su auténtico papel en esta época y, más que en otras cosas, los destapes deben ser más profundos y vastos que una minúscula prenda íntima”.
A principios de 1984, Alfonsín nombró a Jorge Miguel Couselo interventor del Ente de Calificación Cinematográfica, que había funcionado durante años como oficina de censura. Ahora, el mandato consistía en garantizar la libertad de expresión. En cuestión de meses, la cerró por completo y fue aclamado por algunos como el hombre que puso fin a la censura cinematográfica. Pero Couselo comprendía que la censura adoptaba muchas formas y que sería difícil erradicarla. “El país va a necesitar sesenta años para sacarse de encima todas las barbaridades que le dejó el proceso militar”, advirtió en febrero de 1984. “Ni siquiera Frondizi derogó la censura durante sus cuatro años de gobierno”, recordó.
La primera gran polémica en torno a una película se produjo en 1985, cuando surgió un conflicto por “Yo te saludo María”, de Jean-Luc Godard, una reinterpretación de la historia del nacimiento de Jesús. El papa Juan Pablo II la condenó públicamente, señalando que “ofendía profundamente los sentimientos religiosos de los creyentes”. En noviembre de 1985, el concejal Pedro Deglauve (PJ) presentó una moción de urgencia ante el Consejo Deliberante de Buenos Aires alegando que la obra “lesionaba la tradición cristiana del pueblo argentino”. En respuesta, Rodolfo Escalada (UCR) replicó que “no podemos plantear objeciones de apreciación sobre algo que no conocemos. La vía de acción correcta es la judicial”. Escalada no solo cuestionó la lógica de prohibir una película que nadie había visto aún en Buenos Aires, sino que, tras el régimen militar y los cientos de censores con autoridad para retirarla de la exhibición pública, preguntó: ¿qué autoridad tenía poder para censurar? Nadie estaba seguro. Aunque la mayoría del Concejo Deliberante rechazó la propuesta, el abogado Jorge Luis Pagani presentó ante un Juzgado Federal un recurso de amparo preventivo contra la posible exhibición. El diputado nacional Carlos Ferré (PJ) se solidarizó con la posición crítica del Episcopado argentino y dijo que el Gobierno “no puede asumir el papel de Poncio Pilatos” en torno al estreno de una película que “agrede lo sagrado”.
Monseñor Italo Di Stéfano, arzobispo de San Luis y presidente de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado, afirmó que el filme representaba una verdadera violencia. “Nos duele que una Argentina empobrecida y en duro trance de una difícil recuperación se vea tentada y violentada a retribuir con millones de dólares a los empresarios extranjeros responsables de su destrucción, como son todos los agentes e intermediarios de la pornografía y el narcotráfico”. Y la diputada nacional Fausta Martínez, que no había visto la película, pidió un plebiscito nacional sobre la película de Godard. El debate continuó hasta principios de enero de 1986, cuando la Asociación de Directores Argentinos de Cine anunció su oposición a la censura al igual que el Consejo Consultivo de Iglesias Evangélicas.
Las autoridades solían actuar ante denuncias de conducta lasciva, una categoría jurídica ambigua. El 30 de noviembre de 1983, exactamente un mes después de la elección de Alfonsín, la Policía Federal seguía realizando redadas en quioscos para reprimir la exhibición de publicaciones obscenas e instruir las posibles causas por violación del Código Penal. Tomado juramento como secretario de Cultura de la Nación diez días después, cuando Alfonsín asumió la presidencia, el dramaturgo Carlos Gorostiza no se mostró indiferente ante las redadas policiales. “El pueblo no debe confundir”, declaró a los periodistas, “entre libertad cultural y pornografía”. Los comentarios de Gorostiza fueron tan confusos como sus acciones. En mayo de 1983, cuando el juez Carlos Benítez suspendió las representaciones de la obra teatral “Doña Flor y sus dos maridos”, se produjo una protesta generalizada en los círculos culturales y artísticos encabezada por Luis Brandoni y Gorostiza. Pero ahora, como secretario de Cultura designado sus opiniones eran más opacas, y su lenguaje recordaba al de las burocracias del gobierno militar. Es decir, puro chamuyo. “Libertad creativa y pornografía”, declaró a los medios de comunicación, “conforman dos cuestiones distintas, con aristas perfectamente diferenciadas. Dentro del área gubernamental de cultura, no vamos a tener competencia para regular en materia de publicaciones, pero en cuanto a teatro y cine somos partidarios de calificar en lugar de censurar”.
En marzo de 1984, el periódico La Razón se preguntaba en un artículo, ¿quién regulaba la proliferación de salones de masajes en Buenos Aires? “Por 550 pesos o 1.400 pesos se puede disfrutar del placer de los dioses, que ofrecen hermosas masajistas en gabinetes individuales”. Los propietarios insistían en las autoridades locales, el Ministerio de Salud Pública y la Policía Federal vigilaban la situación. Otros veían las dudas de La Razón como una persistencia de las moralidades conservadoras del régimen militar o, como escribió Alfonso Rey en julio de 1984 en Nuevo País, “la dulce paz funeraria disfrutada durante el gobierno del Proceso”.
Aunque ya no se nombraban censores para regular la producción en las distintas emisoras de radio y televisión, como había ocurrido bajo el régimen militar, los medios de comunicación seguían censurando la programación en respuesta a las quejas de diversos grupos y personas. En julio de 1984, el canal estatal de televisión ATC (Argentina Televisora Color) retiró un programa sobre sexualidad. Dirigido a los adolescentes, el envío “Déjalo ser” se topó con problemas al abordar el tema. Según la presentadora Any Ventura “allí se intentó dar un enfoque serio y adulto sobre el tema, teniendo en cuenta la cantidad de tabúes que desde siempre rodearon la educación sexual”. Esto provocó una carta a La Nación de Francisco Bosch, ex juez nacional, en la que acusaba al programa de incitar a la actividad sexual entre los niños. A continuación, se publicó en La Nación una declaración de la Coordinadora Nacional de Defensa de la Familia (CONADEFA) bajo el título “Manipulación televisiva”, en la que se acusaba al segmento de violar la conciencia moral de los adolescentes, presionados públicamente a no cumplir con los principios morales de sus mayores, “de incitar a la masturbación, la pérdida de la virginidad, las relaciones sexuales libres y sin amor y el uso de anticonceptivos”. Fundada meses después de la transición a la democracia en diciembre de 1983, la CONADEFA representó una rápida respuesta de los sectores laicos de la Iglesia católica a los primeros proyectos de la Ley de Divorcio presentados ante el Congreso de la Nación en 1984. En respuesta a la carta de la CONADEFA, ATC canceló el programa. Las pequeñas organizaciones conservadoras conservaron una influencia considerable durante el primer año de la presidencia de Alfonsín.
En 1984 y 1985, una constante en la forma en que los argentinos entendían la censura era la idea de que se trataba de algo más complejo que un simple “sí” o “no”. Era una señal de alarma para la democracia, un proceso negociado que, por ejemplo, podía dar lugar a que una película se proyectara en un municipio, pero no en otro, o a que un ayuntamiento autorizara una proyección, solo para que un juez federal anulara esa decisión. Aunque al final los intentos de censura solían fracasar, la idea de la negociación reflejaba un problema más amplio en la sociedad. Los principales problemas políticos en juego en 1984 y 1985 eran los proyectos de Ley de Divorcio y de “Punto final”. Para los sectores tradicionales de la Iglesia católica y otros segmentos de la sociedad, todos estos problemas estaban relacionados. Aunque la Iglesia se mantuvo firme en lo relativo al divorcio, veía posibilidades de negociación. En noviembre de 1985, el cardenal primado Juan Carlos Aramburu reafirmó que la Iglesia no lo aceptaría. Pero al mismo tiempo señaló: “Hay que buscar un arreglo”, y dejó claro como punto de negociación social que se solidarizaba con las familias de los niños que pudieran haber aparecido bajo la tutela de personas denunciadas como responsables de la represión ilegal del gobierno militar: “No hay duda de que los hijos tienen que estar naturalmente con su propia familia”. Al mismo tiempo, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el cardenal Raúl Primatesta, consideró que la posibilidad de poner punto final al tema de las desapariciones, torturas y muertes ocurridas durante la “represión antisubversiva” suponía un peligro. Se opuso a dicha norma por temor a que se desencadenara un nuevo ciclo de violencia.
Es importante tener en cuenta lo cambiante que era la situación en los primeros años de la democracia. Las películas que unos consideraban arte y otros pornografía formaban parte de una exploración más amplia de los límites políticos y culturales. A lo largo de 1985, nada de eso era un hecho consumado: ni la Ley de Divorcio, ni el poder de la Iglesia católica, ni el “punto final”, ni lo que se censuraría o no. Vinculada a esos problemas estaba la hiperinflación, que le quitó el aire a gran parte de la reforma progresista alfonsinista. En 1985, todavía opuesta a la obra de Godard, Fausta Martínez llevó a cabo su último acto político performativo como diputada nacional (1983-1985). Acompañada por simpatizantes católicos: intentó trasladar una imagen de la Virgen del Congreso Nacional a la Plaza de los Dos Congresos para un acto devocional. El titular de la Cámara, Juan Carlos Pugliese, le denegó el permiso. Antes de que el funcionario se enterara del evento, a las 11:40 del 25 de noviembre de 1985, Pugliese recibió una llamada del ministro de Defensa, Roque Carranza, en la que le indicaba que había dispuesto la presencia de dos soldados del regimiento Patricios para “escoltar a la Virgen”. Cuando Martínez se presentó posteriormente en el despacho de Pugliese, le recriminó por la organización de un acto “sin que haya dado una autorización y sin estar siquiera enterado”. La misa se celebró sin la Virgen, pero estuvieron presentes la diputada ucedeista María Julia Alsogaray, los Patricios y soldados de la Fuerza Aérea y la Armada. Martínez insistió en que había recibido permiso para el acto del Ministerio del Interior, la Municipalidad de Buenos Aires (que había aportado los equipos de sonido) y, a través de gestiones de la Congregación Mariana, que “el ministro Carranza había solicitado que asistieran representantes de las Fuerzas Armadas”.
Martínez no se presentó a la reelección para un segundo mandato en el Congreso en 1985 y desapareció de la escena pública. Es muy posible que las leyes del “Punto Final” y de “Obediencia debida», así como el resultado del levantamiento de Semana Santa de 1987, fortalecieran al ala progresista de la UCR. Sin embargo, esos avances se vieron contrarrestados por el agravamiento de la crisis económica. Al igual que en muchas partes del país, la población seguía dividida. En Córdoba, la UCR estaba partida entre el ala conservadora tradicional y la progresista. Al igual que Martínez, Eduardo Angeloz pertenecía a la «Línea Córdoba» tradicional de la UCR, contrapeso de la «Renovación y Cambio» progresista de Alfonsín. Angeloz fue elegido en 1983 gobernador de la provincia. Pero, como reflejo de la autoridad menguante de la Iglesia, durante su campaña presidencial de 1989 Angeloz abandonó el tradicionalismo social y cultural que había caracterizado a Línea Córdoba a principios de la década de 1980 y se centró en el conservadurismo económico. Esto incluía su famoso “lápiz rojo” con el que planeaba recortar el gasto público; una desregulación y privatización de la economía; y un ataque al desastroso historial económico de Alfonsín con el slogan “Por un cambio sin caos”. Irónicamente, teniendo en cuenta su derrota en la campaña presidencial, el radical Angeloz fue el único candidato en 1989 (y el primero desde la Segunda Guerra Mundial) en promover el conservadurismo de libre mercado que se convertiría en un sello distintivo de las administraciones presidenciales tanto de Carlos Menem como de Javier Milei.
