El futuro de Honduras en las calles

Lucio Garriga Olmo/El Furgón – Honduras sigue estancada en la crisis post electoral y, por lo que parece, no va a poder salir en el corto plazo. A más de diez días de las elecciones presidenciales todavía no hay un ganador. El principal partido de la oposición, la Alianza Contra la Dictadura (ACD), que lleva como candidato al periodista Salvador Nasralla, denuncia que el oficialismo -que postuló a la polémica reelección (prohibida por la Constitución pero permitida por la justicia en 2015) a Juan Orlando Hernández-, adulteró los resultados de los comicios para ganarlos.

Las denuncias de la oposición, y las sospechas de distintos organismos internacionales como la propia Organización de los Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea (UE), se basan en las cuatro caídas que sufrió el sistema de recuento de votos. La primera paralización ocurrió el 26 de noviembre a la noche, cuando Nasralla aventajaba a su rival por más de 5 puntos de diferencia y con más del 50 por ciento de los votos escrutados. Desde que volvió a funcionar el sistema, Hernández comenzó a achicar distancias con Nasralla, hasta superarlo. Desde ese momento, la oposición denuncia fraude, alegando que el oficialismo ganó las elecciones mientras el sistema estuvo caído, sin el control de la sociedad civil u observadores internacionales.

Nasralla y Manuel Zelaya -ex presidente derrocado en 2009 por buscar aprobar la reelección presidencial a través de un plebiscito y líder de Partido Libre que forma parte de la ACD, han exigido el recuento de las 5200 actas que no fueron escrutadas el domingo 26 de noviembre al caerse el sistema. Hasta este fin de semana, el Tribunal Supremo Electoral, a cargo de David Andrés Matamoros Batson, ex diputado del Partido Nacional, se negó a esta petición y sólo contó un poco más de mil actas, confirmando la victoria de Hernández por una diferencia de 52 mil votos. Dicho escrutinio no contó con la participación de los observadores de la ACD porque lo denunciaron como un “fraude”.

Lo cierto es que el ente electoral se vio obligado a aceptar la petición por la presión internacional, la OEA dijo que era un reclamo “atendible”, sumando a las movilizaciones populares que denunciaban el fraude en todo el país. El TSE sostuvo que “está dispuesto a revisar cualquier cosa siempre y cuando tengan fundamento” y Hernández declaró que está “abierto” a que se revisen “las actas que sean”. Por ahora no está claro qué ocurrirá, porque en las últimas horas la ACD exigió que se recuenten las 18 mil actas de todo el país porque “hay muchas cosas que están mal” y, además, demandó que lo realice un organismo internacional ya que el propio ente hondureño perdió legitimidad.

“No queremos revisar 5.200 actas como se había pensado, ahora hay que revisar el sistema completo”, afirmó Nasralla. En una entrevista con la cadena rusa RT reveló que existen “actas escritas con la misma letra en departamentos distintos” y afirmó que está “totalmente seguro” de que ganó las elecciones. Además, el candidato opositor del Partido Liberal, Luis Zelaya, brindó una conferencia de prensa donde afirmó: “En nuestro conteo, con el 82 por ciento de las actas que tenemos, gana Nasralla”. “No comulgo con una izquierda anárquica, pero tampoco con una derecha corrupta y déspota”, agregó Zelaya, para desligarse de cualquier sentido partidario.

La misión de observadores de la UE, en un comunicado, había asegurado que el TSE debe estar “abierto a un recuento transparente si lo solicitan los candidatos”. Por su parte, la OEA, que sostuvo un llamativo silencio sobre la crisis hondureña (¿qué hubiera pasado si esto ocurriera en Venezuela o en Bolivia?), declaró en su último comunicado que no descarta “recomendar un nuevo llamado a elecciones”. Rápidamente, el representante del Partido Nacional en el TSE, Jesús Mejía, dijo que “repetir las elecciones sería nefasto para el país”.

No se ve una solución satisfactoria en el corto plazo ante las denuncias de fraude, porque el TSE, controlado por los nacionalistas, se niega a revisar todas las actas del país y a realizar nuevas elecciones. ¿Hernández está dispuesto a continuar con esta crisis para asegurarse un nuevo mandato? ¿Hasta qué punto presionará la oposición?

Tensión social

Las protestas sociales contra el fraude electoral fueron el pretexto que utilizó Juan Orlando Hernández para declarar un polémico estado de sitio el 1 de diciembre, denunciado por la OEA y la oposición hondureña. El organismo internacional lo calificó como “desproporcionado”, ya que la Constitución sólo lo justifica en situaciones extremas, como “la invasión del territorio nacional, la perturbación grave de la paz, de epidemia o de cualquier otra calamidad general”. El presidente justificó su declaración como un pedido de “la iglesia, empresarios y la sociedad civil” ante los saqueos que se produjeron durante las protestas pacíficas.  Nasralla denunció que los responsables de estos desmanes fueron infiltrados enviados por el oficialismo.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) denunció en el informe “Honduras: crisis política post electoral y su impacto en los derechos humanos”, el asesinato de 14 personas, 51 heridos y más de 800 detenidos, de los cuales 501 ocurrieron desde que rige el toque de queda. Además, alertaron sobre las violaciones a los derechos humanos durante las protestas.

No sólo la sociedad civil y sectores de la comunidad internacional se oponen al toque de queda; los miembros del escuadrón especial Cobras, de la Policía Nacional, se sublevaron este lunes y decidieron no salir a las calles a reprimir al pueblo hondureño, en lo que fue una acción que sorprendió al propio gobierno, muy cercano a los sectores de seguridad, que llegó a denunciar que había “sectores” que buscaban “desestabilizar al país”. “No podemos ir a matarnos con el pueblo por políticos”, dijeron algunos agentes ante la prensa.

A pesar de que los propios efectivos aseguraron que el reclamo no era por dinero ni por sueldos adeudados, el gobierno se comprometió a pagar los aguinaldos y bonos con anticipación para resolver la crisis. Finalmente, los policías aceptaron volver a patrullar las calles pero no a reprimir las manifestaciones. “No vamos a reprimir a nadie, no vamos a golpear a nadie. Ningún policía está obligado a cumplir órdenes arbitrarias”, afirmó el representante de los Cobras. En las últimas horas se han realizado manifestaciones y cacerolazos en la vía pública violando el toque de queda, lo que hace indicar que la Policía sigue en su intención de no reprimir.

Sin solución a la vista

La situación de Honduras es crítica desde varios puntos de vista. Existe una gran deslegitimación de la clase política y, en particular, del Partido Nacional. En las manifestaciones en contra del fraude no sólo participan movimientos populares, también lo hacen sectores de la clase media que se oponen a la polémica reelección de un candidato denunciado por corrupción y por tener lazos con bandas narcotraficantes.

La candidatura de Nasralla logró aglutinar a sectores mucho más amplios de los que apoyaron en el pasado a Manuel Zelaya (más cercano a la izquierda) y hoy en día las manifestaciones no son lideradas por el candidato, ya que muchas se realizan de forma espontánea sin un llamado concreto desde la Alianza Contra la Dictadura.

Hernández se encuentra en el centro de la tormenta y uno de los sectores fundamentales para su modelo socio-económico por ahora no le responde como él quisiera. ¿Podrá reprimir manifestaciones pacíficas con la oposición de sectores de la policía?

Saber qué va a pasar con el resultado electoral por ahora es totalmente incierto, porque la ACD se opone a un recuento parcial y exige el total, mientras que el oficialismo presiona al TSE para que termine con esta situación y lo declare ganador a Hernández.

La comunidad internacional también se encuentra en una situación trascendental: dejar pasar un fraude electoral en Honduras sería un pésimo antecedente, de cara a las importantes elecciones que va a tener América Latina en 2018.