Basural en Santa Ana: A la espera del fallo
Este lunes la Cámara 1 del Juzgado en lo Contencioso Administrativo de la provincia de Córdoba deberá decidir si habilita a la empresa CORMECOR a instalar uno de los basurales más grandes de Latinoamérica, a solo diez cuadras de la localidad de Santa Ana. Los vecinos del municipio se encuentran organizados hace tres años en lucha contra la instalación del basural y han logrado llevar el conflicto a estas instancias judiciales.
El municipio Villa Parque Santa Ana se ubica entre las ciudades de Córdoba y Alta Gracia, junto a la ruta provincial Nº 5. Hace tres años, los más de 2.500 habitantes que lo pueblan recibieron la noticia de que la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba (CORMECOR) planeaba instalar, a tan solo diez cuadras de sus casas, un megabasural de más de 350 hectáreas.
Una semana después, los vecinos ya se hallaban organizados bajo el nombre de “Santa María sin basura”, “en referencia a todo el departamento Santa María afectado por basurales”, según se puede leer en la página web de la organización. En diálogo con El Furgón, Eliana Lacombe, responsable de prensa de “Santa María sin basura”, aseguró que, de instalarse el basural “quedarían dentro de la zona de impacto directo, no sólo Santa Ana, sino también las localidades de Bouwer, Los Cedros y los parajes Alto El Durazno y Potrero del Estado”.
Es que el departamento de Santa María, que conglomera las localidades ubicadas al sur de la capital cordobesa, históricamente ha recibido la basura de la ciudad. En el basural Potrero del Estado, ubicado en las cercanías de la localidad de Bouwer, se enterraron residuos desde 1983 hasta 2010, cuando fue cerrado luego de la lucha mantenida por los vecinos de Bouwer. Junto al predio que CORMECOR pretende ahora, se ubica la planta de tratamiento de residuos peligrosos de la empresa TAYM, que hace solo dos años se vio desbordada por una inundación que contaminó el canal de agua potable desde el embalse Los Molinos hasta la ciudad de Córdoba.
Por este último hecho se abrió una causa judicial por la que están imputados tres directivos de la empresa que pertenece al Grupo Roggio y donde se comprobó la responsabilidad de funcionarios públicos, como el actual ministro de servicios públicos Fabián López, que autorizó la instalación de Taym en un lugar inundable. En aquella causa los vecinos de Santa Ana se constituyeron como querellantes, en un anticipo del rumbo que finalmente tomaría el caso CORMECOR.
El caso fue llevado a instancias judiciales por la organización, y este lunes la Cámara 1 del Juzgado en lo Contencioso Administrativo decidirá si habilita o no la instalación. Durante estos tres años, las dilaciones fueron múltiples. Según Lacombe “hubo manipulaciones de datos en el Estudio de Impacto Ambiental que había aprobado para CORMECOR la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba. Además, por ejemplo, se fraguó una audiencia pública entre gallos y medianoche en una zona muy alejada de las localidades más afectadas por el proyecto”.
Sin embargo, desde la organización aguardan el fallo con esperanza. “Toda la comunidad está con mucha ansiedad y nervios”, afirmó Lacombe, que resaltó la perseverancia de los vecinos en este camino: “Seguimos en pie porque logramos organizarnos, aprendimos a respetar nuestras diferencias y, sobre todo, a reconocer nuestras potencialidades y ponerlas a trabajar en equipo. Armamos comisiones de prensa, legales, finanzas y educación. Y fuimos a batallar a todos los frentes. Los cortes de ruta nos permitieron saltar el cerco mediático y comunicar cara a cara a los ciudadanos”.
Durante la noche del domingo, los vecinos realizaron un nuevo corte y mantienen una vigilia hasta la hora del fallo: “un grupo se concentrará en el acampe que montamos frente al predio y otro grupo viajará a Córdoba para escuchar el fallo”, aseguró Lacombe. Luego del fallo se reunirán en el lugar del acampe para hacer un balance del resultado: “Si tenemos un fallo favorable vamos a festejar y si es adverso nos quedaremos a resistir. Toda la prueba demostró que el basural impactará negativamente en la calidad de vida, así que de obtener un resultado negativo vamos a apelar el fallo. Creemos que tarde o temprano se hará justicia”.
