Heredará el viento

“Soy positivo, pase lo que pase en octubre, el país no va a dar marcha atrás”.

Paolo Rocca en la IV Jornada de AEA, septiembre 2019.

“Evitemos estar en las calles, evitemos generar situaciones que puedan llamar a la confrontación y la violencia”.

Alberto Fernández desde Tucumán, 10 de septiembre 2019.

Por Jorge Montero/El Furgón –

Por un camino tan sinuoso que pareciera llevar siempre al punto de partida, la crisis argentina se desliza hacia el momento de eclosión. Su velocidad aumentó vertiginosamente en el último mes tras la votación de las PASO(Primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias), cuando el riesgo de la cesación de pagos y una inflación desbocada puso en vilo al país.

Ahora fracturadas, las clases dominantes se descubren aplastadas por los escombros de lo que fue su expresión política directa, el Pro (Propuesta Republicana); y muestran su ineptitud para cualquier otra cosa que no sea continuar transfiriendo miles de millones de dólares al exterior.

El gran capital fue el eje articulador de la coalición gobernante. Bancos y Fondos de Inversión, la Sociedad Rural y los pooles sojeros, las multinacionales petroleras y mineras, las empresas de gas y electricidad favorecidas por la dolarización de sus tarifas, son los grandes ganadores de esta etapa. Con la alianza “Cambiemos” incorporaron a los partidos políticos quebrados -UCR, Coalición Cívica, partidos provinciales-, expresión de los sucesivos fracasos de otras fracciones burguesas que aspiraron a desarrollar el capitalismo argentino; quienes se resignaron a poner a disposición de la nueva fuerza conservadora, su heterogénea base social de capas medias urbanas y rurales. Ahora estos sectores sociales, empobrecidos y arruinados, espabilados del destino que les espera con la “modernización” capitalista que impulsa el gobierno de Macri, huyen electoralmente a cobijarse en brazos de la dupla Fernández-Fernández y su representación del “capitalismo productivo”. 

Este derrumbe del partido del gran capital y la quiebra del frente burgués que sostuvo su programa de reestructuración de las bases capitalistas del país, en las condiciones impuestas por la crisis internacional y la disputa por la hegemonía mundial, impulsa a una nueva fase más aguda de la debacle financiera iniciada en abril de 2018, lo cual a su vez potencia el largo estancamiento de la economía nacional, heredada del último tramo del gobierno kirchnerista.

Esta doble crisis financiero-económica y política, avanza rápidamente hacia una crisis institucional. Nadie puede hoy garantizar la finalización del mandato de Mauricio Macri, ni la gobernabilidad.

De hecho, un anacrónico sistema parlamentario, otrora centro de articulación y acuerdo de las fuerzas políticas del capital, hace mucho que ha dejado de funcionar. Todo este panorama político agravado por el amañado sistema eleccionario de las PASO, que diseñó el kirchnerismo para recomponer los retazos de los partidos burgueses y limitar electoralmente a las fuerzas minoritarias contestatarias. La contundencia del voto popular acaba de destituir a un presidente sin lograr formalmente designar otro. Expresión del “vacío de poder”, con el que alertaron los voceros del Fondo Monetario Internacional en su última escala en el país.

Así, a comienzos de septiembre, con quince meses continuos de recesión, un abismo de miseria y la imposibilidad de pagar los compromisos de la deuda externa, el gobierno de Mauricio Macri tambalea. En la rodada, voces y gestos se entremezclan y confunden. Fracciones patronales, hasta hace poco sostenes de una política que las benefició con la caída del 20 por ciento del salario real, ahora gimen explicando la necesidad de fortalecer el Estado para que pueda aplicar “políticas activas” que les permitan programar ganancias y así dar lugar a una efectiva reiniciación de la explotación en gran escala. Conspicuos portavoces de la burguesía claman por una “reprogramación” urgente de la deuda externa, que impulse una baja de las tasas de interés y les permita tomar algo de oxígeno.

Representantes de dios con y sin sotana, convergen en la necesidad de conciliar capital y trabajo para salir de la ciénaga, mientras impulsan leyes de emergencia alimentaria, antes que sea muy tarde y los hambrientos “hagan tronar el escarmiento”.El caos en las estructuras políticas es total: con una elección definida, los candidatos sobrevivientes de “Cambiemos”, al grito de ¡sálvese quien pueda!, hacen campaña en oposición a su propio gobierno; mientras en el peronismo ganador -atiborrado de contradicciones- se suceden las exhortaciones a “no levantar olas”.

En la base del cambio de ánimo palpable en las calles, fábricas, universidades, está en primer lugar la idea de que el país se ha sacudido una camarilla lumpenburguesa que rigió el destino del país por cuatro años. Es una bocanada de oxígeno en un ambiente irrespirable. Pero optimismo o pesimismo, además de no ser homogéneos ni consistentes, no permanecen como factores políticos constantes. Constantes son, en cambio, las causas que produjeron el colapso económico y político. Lejos de haberse superado, se agravaron en todos los términos.

El desafío del nuevo equipo gobernante, supera al encontrado por el primer kirchnerismo tras el cataclismo de 2001/2: Cuando asumió Néstor Kirchner la “tarea sucia” estaba realizada, ya se había producido un shock de ajuste en el nivel de la vida popular. Hoy nadie está en condiciones de asegurar que la devaluación del mes pasado sea la última, ni que esa tarea, con sus negativas consecuencias sociales, no necesite ser completada por el futuro gobierno de Alberto Fernández. De la misma forma,conviene recordar que hay desembolsos comprometidos y diferidos de tarifas eléctricas y de gas, que volverán a golpear a la población.

El gran capital, además, le dio una relativa tregua al gobierno de Kirchner en 2003, por la imperiosa necesidad de recomponer la institucionalidad del Estado burgués, amenazada por el desborde social, situación que hoy no se replica. Asimismo, el marco actual de desaceleración económica mundial tras la crisis de 2008, es opuesto al del primer quinquenio kirchnerista, que disfrutó de un alza excepcional en los precios de las materias primas exportadas por el país. La soja, por ejemplo, llegó a cotizar 606 dólares la tonelada en junio de 2008, mientras que hoy lo hace a 313 dólares, y en caída. Por lo demás, el cuadro político de entonces, con un ascenso de masas y de gobiernos populares en la región, alivió en gran medida la presión del imperialismo estadounidense. Situación opuesta a la actual, en plena contraofensiva de la Casa Blanca y con gobiernos vecinos en manos de la derecha más reaccionaria.

El marco de la grave crisis económica abre un período de disputa sobre cuál es el camino para su superación, que se concatena con la puja por la redistribución del ingreso nacional. La pérdida del control directo del gobierno por parte del bloque del gran capital no significa su pérdida de hegemonía en la estructura capitalista argentina. El desafío del nuevo equipo gobernante será recomponer un bloque de alianzas entre heterogéneas fracciones burguesas, medias y pequeñas, con el peso suficiente como para contrapesar al capital hegemónico, a la vez que tiene imperiosa necesidad de hacerle concesiones. Tanto por los condicionamientos que impondrá la “renegociación” de la deuda externa, como por la necesidad de generar divisas a través de la exportación, cuyos dos rubros principales -el agronegocio y los hidrocarburos, principalmente Vaca Muerta- están controlados por los grandes grupos económicos que sostuvieron a Mauricio Macri.

En medio de esta difícil coexistencia, el gobierno peronista para sobrevivir deberá satisfacer, aunque sea en los niveles mínimos las demandas de las bases populares que lo votaron. Las posibilidades de un gobierno de conciliación de clases, superado el período inicial de expectativas y de tregua, en la cual están comprometidas casi todas las dirigencias sociales y sindicales que integran el Frente de Todos, son de difícil cumplimiento. La estabilidad de esa fase inicial, seguramente dependerá, en lo inmediato, del éxito que logre el nuevo gobierno peronista en conseguir una recuperación de la oferta de trabajo; tal vez echando mano de la capacidad instalada ahora ociosa o desactivada y del empleo público, sin necesidad de inversiones significativas. Todo esto podría ser complementado con el mantenimiento y ampliación de los planes sociales, y mejoras para el sector de los trabajadores jubilados, por ejemplo, con la gratuidad de los medicamentos anunciada por Fernández.

Acosado por el capital financiero internacional de un lado y del opuesto por signos elocuentes de desborde social, Alberto Fernández acaba de dar señales de hacia dónde pretende llevar su próximo gobierno. La fotografía de esta semana, en San Miguel de Tucumán, sentado en el centro de la mesa en la que convergen el presidente de la UIA, uno de los secretarios generales de la CGT, el gobernador Juan Manzur y la intendenta de La Matanza, materializa la imagen del “pacto social” que proyecta como estrategia. Simultáneamente su interpelación a los movimientos sociales, en momentos en que eran reprimidos en la avenida 9 de Julio –“Yo quisiera que los argentinos seamos prudentes. Es algo que hablé muchas veces con los representantes sindicales y lo han entendido siempre, y a las organizaciones sociales también se lo he planteado: evitemos estar en las calles, evitemos generar situaciones que puedan llamar a la confrontación y la violencia”-, corporiza al peronismo como “partido del orden” capitalista, garante de la desmovilización popular.

En un momento de crisis excepcional, con el Vaticano como auxilio invalorable, la burguesía promueve un nuevo acuerdo nacional. “El que turba su casa solo heredará el viento”, dice el proverbio bíblico, al que siempre pueden echar mano las clases dominantes para anatemizar a los explotados y oprimidos que no se resignan a abandonar las calles.