La crisis de la universidad argentina es un conflicto nacional
Por Juan Agustín Maraggi/El Furgón
El conflicto por la desfinanciación en la educación universitaria y en Ciencia y Tecnología se encuentra en un punto cúlmine. Estudiantes, sindicatos y gremios docentes y no docentes inician su cuarta semana sin iniciar el cuatrimestre mientras las protestas, abrazos a las diversas universidades y movilizaciones se reproducen en todo el país.
Cincuenta y siete centros de estudios y ochenta y siete colegios preuniversitarios son los principales partícipes de esta lucha. El “diálogo” y la “negociación” del Gobierno nacional radica en insistir en un 15% de aumento en los salarios docentes en tres tramos, contextualizado con un creciente aumento de precios y una corrida cambiaria que arrojó al salario mínimo vital y móvil al más bajo desde el año 2005.
El salario docente aumentó un 5% desde noviembre del 2017 y en algunas instituciones hay profesores que aún no cobraron el segundo cuatrimestre del año pasado. Según un Informe de la Facultad de Ciencias Exactas y Natural de la Universidad de Buenos Aires, el presupuesto en Ciencia y Tecnología viene disminuyendo con respecto al presupuesto nacional desde 2015: 1.53% ese año, 1,4% en 2017 y 1.27% en 2018.
Fue la diputada provincial de Cambiemos, Josefina Díaz, quien salió a justificar el ajuste, declarando que hay demasiados docentes para la cantidad de estudiantes. Las manifestaciones, marchas, abrazos a los edificios, tomas y actividades de visibilización se repiten en la mayor parte de las Universidades del país y provincias; Cuyo, La Patagonia La Pampa, Córdoba, Rosario, Buenos Aires. La crisis se nacionalizó rápidamente.
La Facultad de Ciencias Sociales (FSOC) de la Universidad de Buenos Aires viene recibiendo ajustes de manera frecuente. En el 2016, el Consejo Superior de la UBA ¡aprobó un aumento del 0%!, siendo FSOC una de las Facultades más afectadas.
Miguel Ángel Forte es sociólogo, profesor titular regular plenario de “Sociología General”, con extensión en el área de “Teoría Sociológica” de la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Se trata de una asignatura bisagra en la formación. “Estamos en un momento de gran transformación social, en parte parecido a la década del ’90. Este paro es ni más ni menos que una respuesta a la política de ajuste en el ámbito público y la clara intencionalidad de privatización de todos los niveles de enseñanza. De hecho -por ejemplo- a la carrera de Sociología, prácticamente no llegan alumnos provenientes de la escuela pública, que fue hace un tiempo, mayoritaria. Desde luego que las palabras de la gobernadora Vidal y la pobreza están en el espíritu del ajuste que señalo. Es curioso, y para preocuparnos, que el contingente mayoritario de docentes trabaje ad honorem porque se mezcla el trabajo gratis con una realidad objetiva de que esa sea la única manera de hacer currículo”, le contó a El Furgón.
Por su parte, Carlos Romero es periodista y docente en la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM): “ Es la primera vez en la historia de la nuestra Universidad que se hace un paro de cuarenta y ocho horas de carácter efectivo, con alta participación de los docentes”, destaca. “Para nosotros es todo una novedad. Desde comienzo de este año tuvimos varias jornadas de protesta bajo la modalidad de paro activo, es decir, dar clases y dedicar una parte de ellas a hablar, charlar y compartir con los alumnos las razones del conflicto y la problemática para la comunidad educativa. En principio, nos atraviesa la cuestión salarial pero también el presupuesto universitario que se ve muy mermado por el aumento de los servicios y el resto de los gastos que tiene cada institución. La UNLaM tiene una particularidad comparada con las otras del conurbano y, sobre todo, con las más nuevas; tiene una espalda un poco más ancha en cuanto a recursos e instituciones”.
“Las Universidades del conurbano, que fueron apareciendo en los últimos años con la gestión del Gobierno nacional anterior, son las que más sufren esta situación. Por su corta vida, están en una etapa donde tienen una mayor vulnerabilidad. Esta situación afecta a toda la comunidad educativa: a las autoridades, porque en algunos casos no tienen los recursos necesarios para pagar la luz a fin de mes; a los docentes, porque sus sueldos están en peligro y a los estudiantes, por el aumento del costo para estudiar. En nuestras Universidades existen muchos estudiantes con primera generación en la educación superior, es decir, los primeros en su familia que pueden acceder a ella. Muchos son de zonas humildes y que, el encarecimiento de una variable como puede ser el pasaje o el dinero destinado para comer o comprar apuntes, los afecta. Por ejemplo, en la de Avellaneda y según experiencias compartidas por otros colegas, se puede ver un nivel de deserción que es evidente. La situación pega fuerte y de manera profunda; un alumno que deja de ir a una Universidad no es algo que se resuelva en poco tiempo. Todo los que estudiamos en las públicas sabemos la importancia de poder continuar ese camino tuvo para la formación y la vida en general de cada uno de nosotros. Es una situación económica que también altera el destino de mucha gente”, concluye Romero.
Los docentes y estudiantes esperan una masiva movilización federal este jueves 30 mientras algunos sectores sindicales y determinados medios –Clarín, sobre todo– ya comienzan a operar para poner paños fríos a una crisis que excedió la paritaria hace mucho.
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