“El gobierno quiere instalar la idea de la ‘patrulla perdida’ en el caso Maldonado”

Leandro Albani y Marcelo Massarino/El Furgón – ¿Dónde está Santiago Maldonado? La pregunta encabeza la pirámide invertida en cada crónica que escribe el periodista Ricardo Ragendorfer sobre la búsqueda del joven desaparecido durante un operativo de la Gendarmería Nacional contra la comunidad mapuche, en el Pu Lof de Cushamen, provincia de Chubut.

Sus artículos en el semanario cooperativo Tiempo Argentino y en un puñado de portales de internet sacudieron la arquitectura informativa de los grandes medios nacionales, que exculpan a la fuerza represiva y encubren las acciones del gobierno del presidente Mauricio Macri, a favor de la impunidad de Gendarmería y contra los mapuches.

El cronista, que transitó redacciones como la del diario Nuevo Sur, desarticula una a una las narrativas que exculpan a los verdaderos responsables de la desaparición forzada de Santiago. Basta con leer los artículos de Ragendorfer para conocer el rol de Pablo Noceti en la represión contra los pueblos originarios; que la fiscal Silvina Ávila, interviniente en la causa, tiene como secretaria letrada a Rafaella Riccono, esposa del juez federal Guido Otranto, el magistrado a cargo del expediente; que el silencio de Fabián Méndez, jefe de la Gendarmería en El Bolsón, es una preocupación para la fuerza, tanto que lo alojaron en el casino de oficiales con la excusa de protegerlo de atentados; que las comunicaciones telefónicas pueden ser una prueba vital para desentrañar la complicidad entre Noceti y Otranto; que en tierras de Benetton las fuerzas de seguridad tiene un asentamiento y que los gendarmes son repudiados en sus lugares de residencia por los vecinos.

Ragendorfer, de vasta experiencia en diarios, revistas y medios audiovisuales y también autor de libros de investigación periodística y de ficción, es un hombre que construyó su credibilidad en base al trabajo serio, honesto y alejado de las operaciones políticas como de los servicios de inteligencia. Recupera el ABC que le enseñaron los maestros en las redacciones: chequear la información, la diversidad de fuentes y una mirada atenta, condiciones básicas para el trabajo periodístico entre tanto descrédito y manipulación.

En diálogo con El Furgón, el periodista señala los ejes por donde pasa el análisis de la actuación de la justicia y las acciones gubernamentales en la búsqueda de Santiago Maldonado, desaparecido desde el 1 de agosto.

-¿Cómo observa el desarrollo de la investigación oficial sobre la desaparición de Santiago Maldonado?

-En un principio, el juez Otranto y su fiel escudera, la fiscal Silvina Ávila, parecían simplemente incompetentes, pero ahora da la impresión de que son garantes de la impunidad. Respecto a la negativa del magistrado de, por ejemplo, citar a declaración testimonial o indagatoria a Noceti y de intervenirle los teléfonos, o cruzarlos, tiene que ver un poco con el hecho de que en ese entrecruzamiento aparezcan llamadas a su propio teléfono. En tal sentido, hay un episodio que pinta por entero su participación en la causa: hace unos días trascendió un documento de inteligencia de Gendarmería, fechado el 3 de agosto, en el cual se da cuenta de una llamada de Noceti al escuadrón Esquel, donde anuncia, con siete días de anticipación, el allanamiento para inspeccionar los vehículos. Se cae de maduro que esa información a Noceti le llegó de las dos únicas personas que podían estar enterados del asunto, que son Otranto y la fiscal Ávila.

-¿Cómo califica la postura del gobierno nacional?

-La actitud del gobierno nacional ha tenido tres ejes: la defensa a ultranza de la Gendarmería; instalar un aluvión de pistas falsas y no considerar la hipótesis de la desaparición forzada. Cabe destacar que el delito de desaparición forzada se inicia con la privación ilegal de una persona y se completa con la negativa de proporcionar información o de mantener un silencio cómplice sobre este hecho por parte de las máximas autoridades nacionales. Este es precisamente el rol que vienen cumpliendo el ministerio de Seguridad, el ministro de Justicia Germán Garavano, el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el propio presidente Mauricio Macri. Por otro lado, una vez conocida la declaración a cara descubierta del testigo Matías Santana y caída la hipótesis del puestero acuchillador, el gobierno varía un poco esa tesitura que acabo de describir, instala la idea de la “patrulla perdida”. O sea, pone en foco a un sector aislado de los uniformados para así seguir corriendo el rol y la responsabilidad que tuvo en el asunto quien fue su conductor estratégico, nada menos que Noceti.

-¿Cómo se maneja Gendarmería ante las movilizaciones populares y los reclamos por la aparición con vida de Santiago?

-Se podría decir que, al menos, en El Bolsón, durante la marcha que se hizo el 1 de septiembre frente al escuadrón de esa ciudad, Gendarmería mostró una tensa calma. Hay que recordar que la marcha fue alborotada por la súbita aparición de tres extraños encapuchados que empezaron a realizar pintadas en los muros de esa unidad. Claro que en los últimos tiempos, los extraños encapuchados están muy de moda. Lo cierto es que después de lo que sucedió con Maldonado, la Gendarmería no está en condiciones de excederse frente a una marcha o una protesta popular. También es cierto que la mayoría de los gendarmes que participaron en el operativo viven en Esquel y en El Bolsón, donde atraviesan una situación bastante tensa, puesto que  muchos pobladores no escatiman recursos para mostrarles su repudio. Eso lo viven en las calles, en las tiendas del barrio, cuando van a llevar a los pibes al colegio. De algún modo, esto puede derivar en un quiebre psicológico que produzca una especie de grieta en el pacto de silencio.

-En las zonas que recorrió, ¿cómo sintió la reacción de los pobladores frente al caso?

-Durante mi estadía en el sur, además de por supuesto haber estado en territorio mapuche, iba y venía de El Bolsón a Esquel y de Esquel a El Bolsón. Son ciudades bastante diferentes pese a su cercanía. En Esquel, una ciudad de aproximadamente 25 mil habitantes, se vive lo sucedido a escasos 100 o 120 kilómetros como un hecho que habría sucedido en otro mundo, en un mundo paralelo, y protagonizado por uniformados de un país muy lejano. A los pobladores les cuesta asimilar que eso sucedió en las propias narices de la ciudad. Muchos de ellos hablan de extravíos, de que eso no pudo suceder. Más allá de una cuestión política, creo que hay una cuestión atávica, casi antropológica, que les impide tomar conciencia real de lo que pasó. En El Bolsón, a simple vista, la sociedad está bastante polarizada. Hay quienes suponen que la comunidad mapuche forma parte de una especie de azote social y que pretende crear, de acuerdo a los cánones del discurso oficial, un proceso separatista que perjudicaría la seguridad nacional. Por otro lado, hay un gran estado de movilización de una buena cantidad de habitantes. Estamos hablando de una ciudad de 19 mil pobladores, de los cuales 3000 habitantes aproximadamente son los que participan activamente de las manifestaciones y de los reclamos por la aparición con vida de Santiago Maldonado.