Cuando la vida no vale nada
“Acá hay tres clases de gente: la que se mata trabajando,
las que deberían trabajar y las que tendrían que matarse”.
(Mario Benedetti)
Jorge Montero/El Furgón – Finalmente el 24 de febrero, el gobierno de Mauricio Macri reglamentó la ley 27.348 que reforma el régimen de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), sancionada la semana anterior durante una sesión especial de la Cámara de Diputados. Una vez más se decide sobre un tema que afecta la salud y la vida de las y los trabajadores, sin que haya una participación acorde con la gravedad de lo que está en juego por parte del conjunto del movimiento obrero.
La modificación de la ley de Riesgos del Trabajo, desempolvando el subterfugio de “terminar con la industria del juicio”, fue en sentido opuesto a los intereses de los asalariados, sin debatir sus grandes falencias y agravando sus peores rasgos.
La reforma impulsada por Cambiemos establece un trámite administrativo a través de las Comisiones Médicas, constituidas como instancia previa, única, obligatoria y excluyente, obturando además el acceso de los trabajadores al resarcimiento judicial por accidentes o enfermedades laborales.
El presidente Macri fue transparente: “Cada día vamos a estar un poco mejor, eso se va a acelerar si entendemos acá, en el corazón, que es cada uno de los argentinos, cada uno en su lugar, entendiendo que cuando no cumple, cuando hace trampa al sistema y fuerza un ausentismo o inventa un juicio o pone un palo en la rueda, está complicándole la vida a todo el resto de la sociedad”.
En esta extorsión han coincidido con las cámaras empresarias y la UART (Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo), la Confederación General del Trabajo (CGT) y todos los partidos patronales: PRO, radicalismo, peronismo y reformismos de diferente pelaje.
El Frente Para la Victoria (FpV) volvió a asumir una actitud demagógica, la misma con la que sostuvo durante los doce años de sus gobiernos la ley de ART de Menem y Cavallo, que sólo reformaron en 2012 para limitar perversamente las posibilidades de litigar judicialmente a las víctimas del sistema.
Otra vez la ignominiosa entrega de la salud y vida de los trabajadores a cambio de garantizar mayor rentabilidad empresarial y el negocio financiero de las ART.
Ese olor a podrido que sale del Congreso
Fue luego de una rocambolesca sesión el 16 de febrero pasado, a la que el Parlamento ya nos tiene acostumbrados, donde se presentaron al menos 30 cuestiones de privilegio a través de pedidos de informes o interpelaciones a funcionarios, para que el Gobierno de explicaciones por el escándalo de la condonación de la deuda al Grupo Macri por la concesión del Correo Argentino, y la modificación de la fórmula para el cálculo de los aumentos de las jubilaciones. Fuegos de artificio… las incurables limitaciones del parlamentarismo.
El presidente del bloque kirchnerista, un resignado Héctor Recalde, advirtió que “el Congreso tiene la obligación que hacer algo, pero con la mayoría que generan el oficialismo y sus aliados es difícil…Ya llegará el día en que se den cuenta…”.
La histriónica Lilita Carrió la emprendió a los gritos: “Si no me bajan la resolución pido la renuncia de Basavilbaso (titular de la Anses) o a quien sea. Aprendan la regla de la ética”, rematando con su consabida ductilidad dialéctica: “¡Se van a la reputa que los parió!”.
A unos metros, el diputado radical Miguel Bazze -uno de los tantos que prefirió doblarse para no romperse-, no salía de su asombro: “No sé qué, pero algo tenemos que hacer”.
El empresario textil José Ignacio de Mendiguren, del Frente Renovador, desempolvó axiomas del buen peronista: “Trabajadores y empresarios pyme padecemos el mismo problema, porque el activo más importante de la pyme es el trabajador… La ley no nos satisface, pero es lo que se puede hacer a la espera de otra legislación sobre prevención”.
“De cada 1000 trabajadores, 78 sufren siniestros pero sólo 11,5 van a juicio… Por otro lado, las aseguradoras de riesgo tuvieron una rentabilidad del 30% en 2015, han ganado 4200 millones de pesos. O sea que esto no es una industria del juicio ni un desastre financiero. Las ART ya pueden cobrar menos prima a los empresarios…”, ilustró Axel “El soviético” Kicillof, diputado por el FpV, antes de retirarse del recinto junto a su bancada.
Un apoyo clave a la iniciativa oficial fue la del Bloque Justicialista que lidera Diego “Sanguchito” Bossio. Su vocero, Alberto Roberti, secretario general de los Petroleros Privados y presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, justificó: “Este proyecto le hace un favor enorme al trabajo decente. Hay que salir de esta situación que es sólo un negocio para abogados que montaron una industria del juicio –agregando ya completamente desbordado-. Un negocio para pocos que lucran con la sangre del trabajador”.
Héctor Daer, uno de los triunviros que encabeza la CGT, diputado del Frente Renovador, conmovió a sus pares cuando sostuvo: “Hubiéramos querido que este proyecto comenzara por la prevención. Desde la CGT fuimos convocados por el Senado y aclaramos que este no era nuestro proyecto…”. “Pero hoy lo que tenemos es nada”, se resignó.
“A Macri lo salvó el reglamento” tuiteó, desde su cómoda poltrona, en un alarde de optimismo, el referente Néstor Pitrola, no bien iniciada la sesión. La vehemente intervención del diputado del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) cerró: “Esta es una sesión de la vergüenza contra la clase obrera argentina”. Testimonio que seguramente quedará anexado en una próxima edición del libro La Palabra Socialista que sacude al Parlamento – Néstor Pitrola, que acaba de publicar Planeta.
En síntesis, la modificación al régimen de ART se aprobó con 88 votos afirmativos, 22 negativos y 44 abstenciones, y con más de un centenar de diputados ausentes, entre quienes se retiraron del recinto despejando el camino o directamente no pasaron por el Congreso.
El texto de la reforma, que afecta derechos esenciales de los trabajadores, es idéntico al que sancionó el Senado en diciembre pasado y al que promovió, mediante el decreto 54/2017, el presidente Macri en enero antes de habilitar el debate de los diputados.
Otra demostración más de cómo el gran capital ha privado al Parlamento hasta de sus limitadas funciones autónomas del pasado.
Prontuario de una ley
Las reivindicaciones respecto a la salud han estado presentes en las luchas obreras desde hace más de 170 años, ya que la insalubridad de los centros de trabajo y sus efectos devastadores sobre los proletarios fueron notorios desde el inicio mismo de la industrialización. Sin embargo, las demandas de salud planteadas por el movimiento obrero han ido variando. En un principio, las reivindicaciones sanitarias más sobresalientes fueron la reducción de la jornada laboral y la regulación del trabajo infantil y femenino, ambas cuestiones encaminadas a frenar la expoliación brutal de la fuerza de trabajo.
Posteriormente, y con el desarrollo de la medicina moderna, las luchas obreras se centran en lograr el acceso a los servicios médicos y el pago por daños sufridos en accidentes y por la exposición a sustancias nocivas en el trabajo. En esta etapa, la estrategia del movimiento obrero era garantizar la subsistencia de los trabajadores a través de la seguridad social y la monetarización del daño laboral. Es decir, se buscaba esencialmente generar condiciones que impidieran que la enfermedad o el accidente lanzaran a la indigencia al trabajador y su familia.
La consigna levantada por el movimiento obrero “La salud no se vende, los riesgos se eliminan”, marca no sólo una nueva etapa de lucha, sino potencialmente un cambio de concepción profundo. Una verdadera rebelión contra la idea de lo inmutable de la organización capitalista del trabajo tal como se expresa en el proceso laboral, ya que plantea la necesidad y posibilidad de transformar aquellas condiciones de producción que desgastan y mutilan a los trabajadores.
Esta etapa de lucha por la salud y seguridad laboral, que en nuestro país no casualmente se expresa en las décadas de 1960 y 1970, muestra una maduración del pensamiento y la práctica obrera que prefigura un cambio cualitativo, que tiene su punto de partida en 1969 con la gesta del “Cordobazo”.
A partir de esta realidad fabril concreta se van gestando formas novedosas de participación y representación, que desempeñarán un papel central durante los años siguientes. Unidad de clase y democracia de base como fundamentos de una política obrera ofensiva por una parte, y de disputa contra la organización capitalista del trabajo y de la sociedad, por la otra.
“Eliminar la subversión industrial” era la demanda histérica a las Fuerzas Armadas por parte de la burguesía y sus partidos políticos. El control obrero sobre el proceso productivo oteaba sobre el horizonte.
Terrorismo de Estado mediante, el genocida Juan Alemann definió con meridiana claridad para el diario La Nación: “Nosotros liquidamos la subversión, derrotamos al movimiento sindical y desarticulamos a la clase obrera. Todo lo que vino después fue posible por nuestra labor”.
En julio de 1994 la CGT firmó con el gobierno de Carlos Menem y las cámaras empresarias el “Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social”, que dio el sustento ideológico al proceso de flexibilización laboral y de despojo a los trabajadores.
Un año después el tándem Menem-Cavallo promovió la Ley de Riesgos de Trabajo (LRT) N° 24.457, promulgada por el Congreso en septiembre, y reglamentada el 21 de febrero de 1996. El apoyo incondicional de los sectores patronales y de las ART, y el silencio cómplice de la dirigencia sindical que “consensuó” la reforma, nos habla con total claridad de quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores.
No deberíamos obviar que fue Domingo Felipe Cavallo el primero en utilizar la figura de la “industria del juicio”, y dando sustento al reputado art. 39 que “exime a los empleadores de toda responsabilidad civil, frente a sus trabajadores y a los derechohabientes de éstos”, imponiendo un dispositivo central en las relaciones laborales de nuestro país.
La integridad psicofísica del trabajador queda, desde entonces, en manos de las ART. Grupos económicos como Galeno, Swiss Medical, Werthein, Omint, entre otros, tienen la potestad de determinar la incapacidad de los trabajadores accidentados o víctimas de enfermedades laborales, de determinar si esas lesiones o enfermedades son o no de origen laboral, y en definitiva, abonar o no las indemnizaciones derivadas de esas incapacidades. En síntesis: poner al zorro a cuidar el gallinero.
Las múltiples sentencias de inconstitucionalidad dictadas por la Corte Suprema conformada bajo el kirchnerismo dejaron a la ley de Riesgos del Trabajo agujereada como un queso gruyere.
Para tratar de recauchutarla, Cristina Fernández sancionó en el año 2012 la ley N° 26.773, bautizada como “Ley Mendiguren” en alusión al entonces titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), que la impulsó fervientemente y la saludó con beneplácito.
En esencia, la modificatoria legal tuvo por finalidad sortear las impugnaciones de los jueces en contra de aspectos estructurales de la ley, limitar abiertamente las posibilidades de los trabajadores de reclamar mejores indemnizaciones, y estratégicamente, ratificar y consolidar el régimen perverso de las ART bajo su funcionamiento de lógica financiera -sus ganancias ascendieron a 3.047 millones de pesos en 2015 según el último balance conocido-, y cuyo nivel de concentración económica queda de manifiesto en el hecho de que las primeras cuatro empresas aseguradoras controlan el 57% del “mercado”.
La reforma fue aprobada en el Congreso el 25 de octubre de 2012. El bloque del FpV junto al PRO aportaron los votos positivos en la Cámara de Diputados para sancionar la ley con 139 votos a favor, 82 en contra y 2 abstenciones.
El sindicalismo empresario tampoco quedó fuera del pingüe negocio. Previo a la reforma el gobierno promulgó el decreto 1720/2012 que habilita a las cámaras empresarias, asociaciones de empleados y sindicatos con personería gremial, a crear ART-MUTUALES, obligando a la utilización prioritaria de los servicios de las obras sociales sindicales en las prestaciones previstas por el régimen. Además del despropósito de que un trabajador no conforme con las condiciones de trabajo o con la indemnización ofrecida, deberá enfrentar no sólo a la patronal o la ART, sino también a su propio sindicato.
Datos de un genocidio
Según los datos, seriamente sospechados, de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en 2015 se notificaron entre accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, accidentes “in itinere” (es decir sucedidos durante el desplazamiento del trabajador entre su domicilio y el lugar de trabajo) 663.442 casos. En 2014, la misma cifra fue de 660.954, es decir un aumento de 0,37% en un año.
Si tomamos estadísticas más antiguas, en 2003 los casos notificados fueron de 342.889. En tanto, entre 2003 y 2015 se registraron un total de 8.087.262 de accidentes laborales notificados.
En el caso de trabajadores fallecidos en accidentes laborales, “in itinere” o enfermedades laborales, pasó de 776 casos en 2014 a 796 casos en 2015.
Según los datos de la misma SRT, entre 1996 y 2014 hubo 16.891 muertes obreras. Aun recelando de estas estadísticas, las cifras son siniestras.
Conviene contemplar asimismo que con el actual sistema de ART, prácticamente dejaron de existir las enfermedades de origen laboral. Sólo el 4% de las denuncias corresponden a algún tipo de enfermedad profesional.
Los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) son más que elocuentes. Estos revelan que anualmente hay 317 millones de accidentes de trabajo y 160 millones de casos de enfermedades laborales. Y que de cada 2,4 millones de trabajadores muertos por año en el planeta, el 86% corresponde a enfermedades del trabajo, calificando la situación de “pandemia mundial”. La OIT destaca que los problemas de salud están vinculados a la exposición al sílice, carbón, asbesto, aromáticos como benceno-tolueno-xileno, trastornos músculo-esqueléticos, riesgos psicosociales y el estrés vinculado al trabajo.
No cabe duda que el sistema adoptado por Argentina en 1996 ha sido muy eficiente en el ocultamiento de las enfermedades de origen laboral, que sin duda se producen por la falta de un ámbito de trabajo aceptable. Se estima que quedan sin cobertura alguna entre 200 mil y 250 mil casos de enfermedades profesionales al año.
Para las ART y las Comisiones Médicas, la mayoría de las enfermedades son preexistentes, inculpables y casi nunca “laborales”.
Cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, grafica el portal de la OIT. Cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral. Cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo.
Los “accidentes”, enfermedades profesionales y muertes de trabajadores son inherentes a la explotación del capital. Altos ritmos laborales, ausencia de elementos de seguridad, extensión de las jornadas, ambiente de trabajo insalubre desencadenan múltiples riesgos de accidentabilidad laboral.
Y cuando el final no es fatal, en muchos casos los trabajadores quedan impedidos de volver a sus tareas. En nuestro país, los datos de la UART (Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo) señalan que de los 7.322 asalariados atendidos durante 2016, sólo el 27% fue reinsertado y otro 37% fue reubicado.
¿En qué condición se encuentran los otros 2.636 trabajadores? ¿Cuántos de ellos resultarán con incapacidades permanentes? ¿Quién defiende el derecho de indemnidad de todo trabajador a salir ileso de una relación laboral?
Pero estos datos sólo refieren a trabajadores y trabajadoras registrados y no dan cuenta de los que están sin registrar, “en negro”, imprescindibles en esta etapa de crisis del capitalismo. Tercerización y flexibilización laboral permiten a las empresas bajar costos, eliminar responsabilidades y aumentar la explotación, al mismo tiempo que promueven diferencias de contrato y condiciones laborales, fomentando las divisiones y la competencia entre hermanos de clase, desorganizando y debilitando la fuerza de los trabajadores.
Seis millones de trabajadores precarizados (31,9% de la fuerza laboral), tres millones de subempleados (15,6%) y 1,8 millones de desocupados (9,4%), ni siquiera tienen derecho a ser un simple número estadístico cuando su salud y su vida están en juego diariamente.
Un sencillo ejercicio matemático elevaría la cantidad de víctimas fatales en otros 10.000 trabajadores. Por lo que el número de asalariados fallecidos se incrementaría a más de 27.000 para el mismo período contemplado entre 1996 y 2014
No obstante, la aplicación de este método trae aparejada una subestimación de la cantidad de trabajadores muertos, por la simple razón de que las condiciones laborales y medio ambiente de los que prestan tareas en negro son mucho peores que la de los operarios registrados, y en consecuencia, el índice de mortalidad para ellos es necesariamente mayor.
Pruebas sobran. El pasado 4 de febrero, en la terminal de la cerealera Dreyfus de General Lagos, ubicada en Santa Fe, el operario Lucas Coronel, de21 años, cayó al vacío mientras limpiaba el tercer subsuelo de la planta junto a otros compañeros de la empresa contratista “Cooperativa Manos a la Obra Limitada”. La patronal desconoció el Convenio Colectivo de la actividad, que prohíbe expresamente realizar tareas normales y habituales de la actividad aceitera a través del personal de empresas contratistas. Por todo esto, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario (SOEAR) decidió una huelga por tiempo indeterminado hasta conseguir las garantías de seguridad laboral necesarias para realizar las tareas en el sector.
“Las muertes las lloramos nosotros, ¿o vos viste algún patrón accidentado?”, dijo Daniel Yofra, secretario general de la Federación Aceitera.
Desde el SOEAR se viene exigiendo la eliminación del sistema de contratistas, que posee la triste estadística del 80% de los fallecidos por accidentes de trabajo del Cordón Industrial de la provincia de Santa Fe, que va desde Timbúes hasta Villa Constitución.
La cerealera Louis Dreyfus es la empresa número 32 entre las 1000 que más facturan en Argentina. El último balance presentado señala que vendió por 22.161 millones de pesos y tuvo ganancias netas por 2.644 millones de pesos durante 2015. Ingresos por 61 millones de pesos diarios, 2,5 millones por hora y 42.748 pesos por minuto. Dineros más que suficientes para invertir en higiene y seguridad industrial. Pero impunidad mediante, las grandes cerealeras no pagan impuestos brutos, contaminan alegremente, despreocupándose por la salud de los trabajadores. Compañías enclavadas en la provincia de Santa Fe, que tiene el triste record de sufrir 96 accidentes laborales diarios y un trabajador muerto cada cuatro jornadas.
Queda expuesta en toda su magnitud la lógica objetiva del régimen de producción capitalista basado en la competencia, que impone a cada capitalista individual la necesidad de bajar los costos de producción –entre los que incluye el costo de las medidas de higiene y seguridad preventivas- para no ver reducidos sus márgenes de ganancia y, por ende, no ser desplazado del mercado por otros capitalistas.
A las patronales les resulta más barato pagar por la vida o incapacidad de un trabajador que invertir en seguridad y prevención.
Desafíos por delante
En la producción, en los lugares de trabajo, las estrategias empresarias no sólo aumentan la explotación, sino que acrecientan también su control ideológico sobre los trabajadores. La organización patronal de la producción viene acompañada de una fuerte propaganda y técnicas de cooptación, que le sirven para legitimar sus prácticas y su propia existencia (“Veremos aquí no sólo cómo el capital produce, sino también como se produce el capital”). Instrumentos que confunden a los asalariados, debilitando su capacidad para organizarse y defender sus intereses.
Por eso, la lucha es fundamentalmente una batalla por las ideas y los sentimientos de las y los trabajadores. Es una pelea para desenmascarar las mentiras patronales -por ejemplo dejando de imaginar como “naturales” o inevitables las formas de trabajar que nos enferman diariamente-, y constituirse en sujeto de cambio y transformación social.
Hace exactamente 150 años Karl Marx comenzaba la publicación de El Capital. En su obra magna, sentenciaba: “El capital no pregunta por el límite de vida de la fuerza de trabajo. Lo que a él le interesa es, única y exclusivamente, el máximo de fuerza de trabajo que puede movilizarse y ponerse en acción durante una jornada. Y, para conseguir este rendimiento máximo, no tiene inconveniente en abreviar la vida de la fuerza de trabajo…”.
La Ley de Riesgos del Trabajo, expresión extrema de las consecuencias del proceso de producción capitalista en el cuerpo de los trabajadores asalariados, es una política de Estado. La han sostenido sistemáticamente y durante 22 años, los gobiernos de Menem, De la Rúa, Duhalde, Kirchner, Fernández, y ahora Macri, que sólo han profundizado sus rasgos más retrógrados, mientras la envuelven críticas, denuncias repetidas y muertes obreras.
Ahora es la dinámica de profundización de la crisis la que impulsa el ajuste: control salarial y reforma laboral destinada a liquidar conquistas históricas de los trabajadores.
El sistema capitalista no ofrece un futuro de mejoría y progreso para nadie, excepto a un puñado entre los burgueses que se disputan los despojos. Mientras tanto la sociedad se hunde en la corrupción, el narcotráfico y la ignorancia.
Urge a los trabajadores conscientes encabezar un combate frontal contra la mentira y la manipulación. Denunciar las causas profundas de esta degradación, o ser cómplices de ella.
