Dejar las armas y tomar las urnas
Lucio Garriga Olmo/El Furgón – Las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) realizaron su último congreso en la ciudad de Bogotá y se constituyeron como partido político, dispuesto a participar en la vida democrática en un sistema donde el 1 por ciento más rico del país concentra el 20,5 por ciento de los ingresos totales, y donde la pobreza alcanza un 28 por ciento, es decir 13 millones de colombianas y colombianos.
La nueva FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), el nombre con el que disputarán el poder electoralmente, no abandonará su objetivo de cambiar la realidad de país, pero sí transformarán las formas: dejar las armas y tomar las urnas. En un momento histórico para toda Colombia, y también para el mundo, los desafíos que tiene por delante la ex guerrilla son enormes.
Entre luchar en la selva con fusiles en la mano y pasar a hacer campaña política a cara descubierta en las grandes ciudades del país, hay una diferencia gigante y los militantes lo saben. La disputa y la estrategia electoral de la FARC empezaron con la propia decisión de mantener las históricas iniciales como nombre. Es una jugada política arriesgada sostener las iniciales, ya que cuenta con una imagen negativa muy grande.
A pesar de esta arriesgada jugada, desde el punto de vista del marketing político, la elección del nombre se contrapone con la elección del lema elegido: “Un nuevo partido por un nuevo país”, que puede ser el lema de cualquier otro partido político nacional. Además, el lugar donde realizaron el Congreso, el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, es el mismo espacio donde el Partido Liberal y la U realizan sus tradicionales convenciones.
Durante el congreso, el nuevo partido denunció el “deterioro evidente del régimen existente”, la “corrupción sin límite” y que “el modelo económico imperante empobrece”. Con la constitución del nuevo partido político, se abre una opción electoral para la izquierda, relegada en las últimas contiendas nacionales. La FARC contará con una ventaja, porque en los próximos dos mandatos recibirá cinco senadores y cinco diputados sin importar el resultado que obtengan. Será una pequeña pero valiosa forma de empezar a jugar en la vida política tradicional, algo que nuca hicieron.
Paz para estabilizar el plan neoliberal
El objetivo del presidente Juan Manuel Santos, detrás de alcanzar la paz y finalizar un conflicto que ha dejado más de 260 mil muertos y más de seis millones y medios de desplazados, era lograr una estabilidad social para poder, de esa manera, seguir aplicando un plan económico neoliberal que se centra en la llegada de inversiones extranjeras, principalmente para la explotación de la energía y minería, de la mano de los Tratados de Libre Comercio (TLC), específicamente con Estados Unidos y la Unión Europea(UE).
Mientras avanzaban los acuerdos con la ex guerrilla, las grandes mineras transnacionales -como Continental Gold, Anglo Gold Ashanti y Carboandes- iniciaron grandes proyectos para explotar los recursos naturales de Colombia. Lejos estaba de los intereses de Santos ganar el Premio Nobel de la Paz.
La apuesta del presidente es muy arriesgada y está condenada al fracaso, principalmente porque es la misma que se viene aplicando en el país desde 1990, sin traer grandes resultados para el pueblo colombiano. Hoy en día, 8 de cada 10 dólares que exporta Colombia son materias primas mientras que 8 de cada 10 dólares que importa se destinan a la compra de productos manufacturados. A pesar de los deseos de Santos, su política económica y sus TLC no han provocado el crecimiento nacional añorado.
Colombia es el segundo país que menos recursos destina a la educación (4,4 por ciento del PBI) de la región y su salario mínimo es el tercero más bajo de la región. Lo que es alto, altísimo, es la deuda externa: pasó de 78 a 119 millones de dólares en los últimos cuatro años, de 21 al 42 por ciento del PBI. El país destina 15 de cada 100 pesos a pagarle a los acreedores.
El mejor ejemplo del fracaso de esta política económica es la ciudad de Buenaventura, “la capital de la Alianza del Pacífico” y el puerto más importante del país. Por sus costas sale el 70 por ciento del comercio exterior, pero sus habitantes sufren un desempleo del 62 por ciento y un trabajo informal del 90 por ciento. Buenaventura demuestra que los TLC con Estados Unidos y la UE sólo trajeron hambre y pobreza al país.
Según el Centro de Estudios del Trabajo (CedeTrabajo), antes del TLC con Washington el superávit comercial colombiano era de 8.244 millones de dólares y hoy el déficit es de 1.414 millones. Una caída del 117 por ciento. Cuando se lanzó este tratado, Santos aseguró: “Es un día histórico para los empresarios y los trabajadores colombianos, para la inserción de Colombia en el mundo”. Cinco años después, la desocupación nacional es del 12 por ciento y la informalidad laboral alcanza a la mitad de los trabajadores.
Paz, pero con justicia social
Cuando Santos ganó el Premio Nobel de la Paz, el máximo líder de la ex guerrilla, Rodrigo Londoño, más conocido como “Timochenko”, tuiteó: “El único premio al que aspiramos es de la paz con justicia social”. Acá reside una de las máximas diferencias entre los distintos protagonistas de este hecho histórico y una de las principales demandas de la nueva fuerza política.
En un país donde 51 líderes sociales han sido asesinados en los primeros seis meses de 2017, no puede haber justicia social y esto significa un duro golpe a la nueva época que se abre en Colombia. La organización defensora de los derechos humanos “Somos Defensores” ha denunciado que hubo un incremento del 31 por ciento en relación al mismo período de 2016.
La tenencia de la tierra, una de las demandas fundamentales que llevó a las FARC a levantarse en armas, sigue siendo descaradamente desigual en un país donde existe una gran concentración de tierras y en el cual el 64 por ciento de los hogares campesinos no tienen acceso a la misma.
Que no haya justicia social en Colombia ataca silenciosamente al acuerdo de paz, porque las condiciones de vida de los habitantes son pésimas y modificarlas el algo muy difícil, sobre todo porque existe un sistema político funcional que las mantiene.
La carrera para las elecciones del 2018
Las FARC ya son un partido político y tienen puestos los ojos en las próximas elecciones del 27 de mayo del 2018. Falta menos de un año para la contienda electoral y las cartas ya se empiezan a jugar. Santos no podrá ser candidato porque se le acaban los mandatos constitucionales y la derecha nucleada bajo el ex presidente Álvaro Uribe, ferviente opositor al acuerdo de paz, intentará volver al poder luego de impulsar la campaña que finalizó con la victoria del NO en el plebiscito que debía ratificar el acuerdo.
Las FARC ingresan en un sistema que no conocen y que está empezando a desmoronarse. Un modelo que provoca que uno de cada tres niños vivan en la pobreza y que menos del 40 por ciento de los adultos mayores reciba una pensión. Ante esta situación, las protestas sociales aumentan: recientemente se levantó un paro de mineros en el departamento de Antioquia que duró 42 días, los maestros protagonizaron un gran paro hace meses y los habitantes del departamento del Chocó llevaron a cabo un paro cívico en mayo.
A los problemas de pobreza y exclusión estructurales que el sistema mantiene, se le suman las denuncias por corrupción que involucran a la gran mayoría de la clase política nacional, principalmente relacionado con el escándalo de la constructora brasilera Odebrecht, que confesó haber pagado 11 millones de dólares en coimas. La constructora habría participado de, al menos, tres campañas presidenciales: la de Santos del 2010 y 2014 y la de Óscar Iván Zuluaga también en 2014.
Las FARC abandonaron la selva donde abundan los árboles, los animales, la humedad y un calor agobiante, pero ingresaron en otra donde abunda la pobreza, la corrupción y la exclusión, la selva política colombiana.
