Cárcel de mujeres: morir a la espera de un médico
Alain Valfré*/El Furgón – Hace dos semanas una reclusa alojada en el Servicio Penitenciario Bonaerense les dijo a los guardiacárceles que no se sentía bien. Tardaron tres días en trasladarla al centro médico y murió. La Comisión Provincial por la Memoria denunció deficiencia en salud y malos tratos.
Luisa Cienfuegos tenía 49 años y estaba presa en la Unidad N°8 de Los Hornos en La Plata. Hasta el 12 de julio nunca había pedido centro médico. Pero ese día se sentía mal. Se lo dijo unas cuantas veces a los agentes y ellos le negaron la atención a pesar de ser un derecho. Recién en la mañana del 15, día de visitas, los familiares de Luisa lograron que la revisaran. Murió de un paro cardíaco a las pocas horas.
La familia contó que la medicaron para estabilizarle la presión y la devolvieron al salón. Ninguno notó su mejoría. Luego de insistir consiguieron que los penitenciarios la trasladaran hacia la Unidad de Pronta Atención (UPA). Sin embargo, a la tarde Luisa se descompensó y los médicos no pudieron salvarla.
Sus compañeras se enteraron de la noticia e iniciaron una protesta en los pabellones 3 y 4. A Luisa el abandono le causó la muerte, pero la deficiencia en salud la habían padecido ellas también. Los agentes penitenciarios les pegaron con las cachiporras y les tiraron con gas pimienta y balas de goma.
Días después, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció penalmente al personal del SPB. El organismo aseguró que la represión duró casi dos horas. Varias mujeres resultaron heridas y algunas fueron trasladadas a otras unidades penitenciarias: la N°51 Magdalena y la N°35 de Melchor Romero.
En la declaración ante la Unidad Fiscal de Instrucción N° 2 de La Plata, a cargo de Betina Lacky, la CPM responsabilizó a la directora del penal, Norma Díaz; a la subdirectora de Asistencia y Tratamiento, Zulma Peñalosa; a la jefa de la unidad, Jaqueline Peralta y al subdirector de Seguridad, Eduardo López, que amenazó a las presas con una itaka.
Según el organismo el 60 por ciento de las muertes producidas en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires son por problemas de salud que no fueron asistidos “de manera adecuada”. A eso se le suma el maltrato físico y psicológico por parte del personal. En ese sentido, el artículo 143 de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad asegura: “el interno tiene derecho a la salud y deberá brindársele oportuna asistencia médica integral, no pudiendo ser interferida su accesibilidad a la consulta y a los tratamientos prescriptos”.
Fotos: Adriana Lestido
