“El PRO se siente muy cómodo regulando la comunicación por decreto”
Santiago Brunetto/El Furgón – La política de comunicación del gobierno nacional se muestra ante el público en un limbo. Ha pasado casi un año y medio desde la modificación por decreto de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Argentina Digital y todavía no se ha presentado el prometido proyecto de ley de Comunicaciones Convergentes. Detrás del limbo público, el macrismo maneja fuertemente la política de comunicación por decreto, profundizando la tendencia a la concentración de la propiedad de medios audiovisuales y telecomunicaciones (la compra de Nextel y luego de Telecom por parte de Clarín, la autorización a las telefónicas para brindar servicio audiovisual, etc.).
Ante esta ausencia de un proyecto oficial, a lo que el gobierno de Mauricio Macri se comprometió hace más de un año ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Partido Socialista (PS) decidió elaborar el suyo. Para esto convocó a un grupo de especialistas en regulación de la comunicación. Entre ellos se encuentra Guillermo Mastrini, doctor en Ciencias de la Información, que en esta entrevista con El Furgón detalla algunos de los lineamientos del proyecto y ofrece su lectura sobre la política de comunicación de la administración Macri.
-Cuando el gobierno creó el Ente Nacional de Comunicación (ENACOM) dijo que lo hacía por la necesidad de una regulación común que siga el cauce de la convergencia tecnológica que se da entre audiovisual y telecomunicaciones ¿Cuál es la importancia real de tener una ley convergente?
-En el nivel tecnológico efectivamente es imposible de separar, a esta altura, telecomunicación de audiovisual, porque está en el uso de todos los días: el teléfono graba, es radio, puede ser televisión, etc. Esta convergencia tecnológica se anticipa a resoluciones políticas y económicas: las tradiciones de regulación del audiovisual y de las telecomunicaciones son distintas, reunir eso en una sola y en un sólo modelo económico es difícil. A la hora de redactar el proyecto partimos de esa enorme dificultad, tratamos de hacerlo del modo más adecuado pero siempre sabiendo que todavía estamos en los albores de una regulación convergente. La discusión sobre el modo en que se puede materializar en el plano regulatorio la convergencia tecnológica es un tema de suma actualidad e incertidumbre. Hay muchos países “pioneros” en regulación convergente que, desde mi punto de vista, no han hecho más que superponer regulaciones, es decir, juntar los dos sectores bajo un mismo organismo pero con legislaciones independientes.
Lo cierto es que el interés público de las telecomunicaciones es asegurar la conexión de personas de la manera más económicamente eficiente. En el audiovisual, el interés público es el acceso de la mayor cantidad de personas pero con diversidad y pluralismo: valores absolutamente extraeconómicos, no monetarios, pero que una sociedad necesita. Entonces el desafío es unificar dos tradiciones muy distintas sin perder de vista esos valores.
-¿Qué prevé el proyecto de ley para evitar que la convergencia tecnológica se traduzca en concentración de la propiedad?
-Siempre hay que tratar de que crear mecanismos para que no haya absorciones de propiedad, siendo dos lógicas que no tienen nada que ver. En principio, el proyecto plantea mantener las restricciones de propiedad del sector audiovisual para sostener en este entorno de convergencia tecnológica las variables de diversidad y pluralismo. En el sector de las telecomunicaciones es más complejo porque tiene una tradición mucho más liberal, hay compromisos asumidos por Argentina con la Organización Mundial del Comercio (OMC) que hacen que ese mercado esté más liberalizado. Aun así, podés generar mecanismos para limitar la concentración y fomentar la competencia. El énfasis del proyecto está puesto en promover la mayor competencia posible.
-Tanto en la gestión anterior de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y de la de Tecnologías de la Información y Comunicación (AFTIC) como en la del actual ENACOM, fueron cuestionados los niveles de autarquía. ¿El proyecto incluye alguna modificación en este sentido?
-La idea de la autarquía no implica desligar totalmente al organismo de lo político, son organismos con determinados rumbos políticos. Pero se necesita de un mecanismo que permita que, una vez que los cargos sean seleccionados, las personas no queden dependientes de quien las elige. Hasta el momento, hemos tenido una falsa autarquía: los directores, al tener un vínculo político tan fuerte con quienes los eligen, actúan como correas de transmisión de lógicas político-partidarias. Para limitar esto, en el proyecto aparece la fase de concurso: una primera etapa donde las personas se presentan, son evaluadas y sólo algunas quedan en un banco de preselección y ahí ya sí son elegidos proporcionalmente por fuerzas políticas. Es una combinación: filtro concursado y representatividad política.
-Hace más de quinientos días que el gobierno nacional se comprometió a presentar el proyecto convergente. ¿Qué noticias se tienen de este proyecto?
-No veo un escenario para que el gobierno presente el proyecto. El ministro Aguad ya ha dicho que, por lo menos, no hasta las elecciones. Según lo que se informa oficialmente, las comisiones que se abrieron han terminado su labor. Lo cierto es que no se ha emitido ningún informe, el gobierno ha sido muy poco transparente con respecto a lo que ha pasado con esto. Además, visto el escaso costo político que están provocando sus políticas de comunicación, su escasa repercusión, el PRO se siente muy cómodo regulando por decreto. No veo por qué saldría de esa zona de confort. Gobernar por decreto es muy cómodo, sobre todo en una situación de minoría en el Congreso.
-¿No ves costo político?
-Creo que está siendo muy bajo, el impacto que puede tener se da dentro de gente que ya está metida en el tema. No está teniendo impacto público, social, que trascienda al sector de la comunicación. Eso es fuerte para pensarlo, porque implica que se ha borrado de un plumazo todo lo que se había avanzado en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y sin tener repercusión social. Y esto teniendo en cuenta el modo en que el debate en 2009 trascendió al sector de la comunicación para penetrar en la toda la esfera pública.
-En cambio en otros sectores sí ha habido cierta reacción, como el caso del conflicto en el INCAA ¿Dónde está la diferencia?
-En primer lugar creo que en el cine hay un sector que históricamente ha sabido defender corporativamente su situación mejor de lo que lo ha hecho el sector de la radiodifusión. Mientras que en el cine hay una comunión de intereses entre productores, cineastas, actores, etc., basado en un cierto valor social y cultural que circula en la industria del cine, en el sector de la radiodifusión, aun siendo mucho más grande hasta en términos de consumo, esta comunión se ve dificultada porque las empresas que lo manejan no tienen como base el valor social de sus productos sino sus intereses privados. Las propias empresas de medios no tienen ningún tipo de interés en dar una discusión pública sobre la política de comunicación, directamente quieren sacarlo de la agenda. Y el sector empresarial tiene mayor tamaño en la radiodifusión que en el cine, que es manejado en amplios sectores por pequeñas y medianas productoras. Esto hace que sus reclamos tengan mayor articulación y potencia, logrando una visibilidad a la que el sector de la radiodifusión no tiene acceso.
En segundo lugar, el cine es un valor cultural que está aceptado y que traspasa al propio sector de la industria cinematográfica. Está encarnado en el uso cotidiano de la sociedad, eso hace que el conflicto traspase las fronteras y se meta en el debate público.
-¿Por qué esto no sucede con la Política de Comunicación?
-Creo que tiene que ver con que la LSCA ha tenido escaso impacto en los hechos. Para la población que consume medios audiovisuales no ha habido un cambio significativo, la gente sigue viendo más o menos la misma televisión que antes. No se puede decir que la LSCA haya implicado un cambio en la vida cotidiana de las personas y que ahora se esté experimentando un retroceso. Eso es clave para entender por qué la política de comunicación de Cambiemos no genera un rechazo social mayor. La sociedad reacciona cuando pierde derechos y la LSCA no ha podido legitimarse para construirse como un valor social a defender. Próximamente, cuando se efectúe el fin del Futbol Para Todos, por ejemplo, creo que va a haber algún término de reacción social porque sí es vivido por la sociedad como un derecho ganado. Se va a producir un conflicto de intereses entre la pretensión de transformar el futbol en mercancía y el modo de consumo social que ya ha sido aceptado por la gente: por el fútbol no se paga. Todo esto plantea la necesidad de una autocrítica entre los que participaron directamente y los que participamos indirectamente en el proceso de conformación y debate de la LSCA. Hay que preguntarse: ¿qué dejó realmente la ley en términos de modificación de la vida cotidiana de las personas? Que haya tan poca reacción social implica que, si bien hubo intereses profundamente afectados por la ley, esto no se plasmó en la vida cotidiana de las personas.
