La cruzada argentina y los templarios del 601
Jorge Montero/El Furgón – La dictadura militar en Argentina no sólo aplicó un plan de exterminio contra las organizaciones revolucionarias, sino que también exportó el terror a otros países y fue cómplice de los más variados crímenes, entre ellos el negocio del narcotráfico.
“Los asesinos hablaban como argentinos”
Sobrevivientes de la masacre de la calle Harrington en La Paz,
durante el asalto a la COB (Central Obrera Boliviana), el 17 de julio de 1980.
1- El Batallón 601, unidad especial de espionaje y represión, reputada por su accionar durante los años de la dictadura militar, desarrolló además numerosas operaciones en el exterior. No sólo conformó con sus agentes varios Grupos de Tareas que asolaron nuestro país entre 1976 y 1983, y administró centros clandestinos de detención como “El Banco”, “El Olimpo”, “El Atlético” o “Automotores Orletti”, sino que tuvo a su cargo la concreción del “Golpe de la Cocaína” de 1980 de Luis García Mesa en Bolivia, y la llamada “Operación Charlie” para implementar los métodos represivos del terrorismo de Estado y combatir “la subversión comunista” en América Central, como el mejor alumno de la doctrina de la seguridad nacional propulsada por Estados Unidos.
Reivindicando la experiencia “exitosa” del golpe de Estado de marzo de 1976, el Batallón 601, bajo las órdenes del general Guillermo “Pajarito” Suárez Mason y su segundo el general Alfredo Valín, promovió la creación del Grupo de Tareas Exterior (GTE), asumiendo desde 1978 misiones de asesoramiento a organismos de inteligencia de las fuerzas armadas y organizando grupos paramilitares en Centroamérica. Acudiendo sin vacilar al narcotráfico como fuente de financiamiento para sus actividades, al tiempo que enriquecía a sus miembros más conspicuos.
2- Las relaciones entre aparatos de inteligencia militar argentinos y grupos de extrema derecha centroamericanos se remontan a los contactos realizados por la organización neofascista italiana “Avanguardia Nazionale”. El vínculo se fecha ya en 1973, cuando el terrorista Stephano Delle Chiaie comenzó a operar en Argentina a nombre de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) chilena del régimen de Pinochet, dirigida por el entonces coronel Manuel Contreras. Delle Chiaie, que coordinaba sus actividades con el agente de la CIA Michael Townley (condenado en Estados Unidos por el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier) ofició de enlace con el salvadoreño Roberto D’Aubisson -acusado entre otras tropelías del asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero- para las primeras misiones de asesoramiento. Hasta 1980, los instructores argentinos coordinados por el coronel Josué Osvaldo “Balita” Ribeiro, que se desplegaron en El Salvador y Guatemala, adiestraron a los grupos paramilitares en la modalidad de los secuestros extorsivos como forma de financiamiento de las operaciones clandestinas.
3- La organización del golpe de Estado que el 17 de julio de 1980 instaló en el poder al general Luis García Meza en Bolivia, dio un vuelco cualitativo en las fuentes de ingresos de las bandas paramilitares en Centroamérica.
La génesis de la “narcodictadura” boliviana contó con asistencia argentina en armas y en personal militar -más de 400 asesores-, producto de un pacto que permitió a los carteles de la droga financiar el golpe. El teniente coronel Hugo Miori Pereyra, delegado del general Suárez Mason, auxilió a Delle Chiaie para montar un escuadrón terrorista denominado “Novios de la Muerte”. Ese grupo, al que estuvo vinculado el ex oficial de la Gestapo Klauss Barbie, y contó con apoyo de la secta Moon, indistintamente instruía a soldados bolivianos en las técnicas de torturas a prisioneros y brindaba protección al comercio de la cocaína.
El contacto boliviano con los militares argentinos era el coronel Luis Arce Gómez, futuro ministro del Interior de la dictadura de Meza. Arce intercedió ante su primo, el narcotraficante Roberto Suárez Gómez, conocido como “El Rey de la Cocaína”, para establecer un mecanismo de tráfico de drogas y lavado de dinero que contaría con la cobertura de los asesores argentinos en Centroamérica. A cambio, los narcotraficantes bolivianos financiarían a las bandas paramilitares de la región.
4- Los negocios entre militares argentinos, sus pares bolivianos y los barones de la droga no eran nuevos. En julio de 1976, el vicealmirante retirado Jorge Desimoni, a cargo del gobierno de la provincia de Santa Fe, recibió a representantes de la dictadura de Hugo Banzer Suárez para hacer entrega formal de la zona franca -55 mil metros cuadrados- del puerto rosarino. Entre ellos estaba Raúl Tejerina Barrientos, agregado militar boliviano, corresponsable del asesinato del general Juan José Torres en Buenos Aires, y señalado como uno de los cerebros del negocio paraestatal del narcotráfico.
Las relaciones tejidas desde el Segundo Cuerpo de Ejército, a cargo del general Leopoldo Fortunato Galtieri, con asiento en Rosario y jurisdicción sobre las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos, determinaron que a partir de ese momento la ruta nacional 34 y especialmente los muelles rosarinos fueran el camino elegido para los primeros envíos masivos de cocaína. La ciudad portuaria, desde su geografía estratégica, fue cabeza de playa en la expansión del negocio del narcotráfico de los “barones de la cocaína” en nuestro país.
Seguramente no fue casualidad que Galtieri saltara en 1979 al Primer Cuerpo para recalar luego en la presidencia de facto, en reemplazo de Viola. No solamente contaba con el apoyo de los grandes empresarios del sur de Santa Fe, sino también con los dólares del narco-estado boliviano construido por las dictaduras de Banzer y García Meza.
Un documento secreto fechado el 26 de febrero de 1981, dirigido a Haig –Secretario de Estado de Ronald Reagan- de parte de Vernon Walters -embajador extraordinario para la guerra en Centroamérica-, da cuenta de la encarnizada defensa de Galtieri del narco-gobierno boliviano. “Hablamos de Bolivia, y en esto estuvo menos colaborador. Dijo que, si se sacaba a Arce del poder, el régimen no podía durar y que la Argentina no podía tolerar un foco comunista en la frontera. Dijo que venía mucha más droga de Colombia pero como esta mantenía una fachada democrática nadie se quejaba (…) Dijo que el régimen de García Meza no podría sobrevivir sin Arce y que, si él se iba, la extrema izquierda tomaría el poder”, afirma Walters en el documento.
5- El 10 de diciembre de 1998, el entonces comisario principal José Rubén Lo Fiego fue puesto a disponibilidad por resolución del gobierno santafecino. Estaba imputado en 68 delitos de lesa humanidad y fue el principal torturador del Servicio de Informaciones de la Unidad Regional II entre 1976 y 1979. Y entonces el “Ciego” habló.
“Había una presión insoportable de parte del comando. Acepto la tortura, pero no el robo ni la droga, en comparación con otros policías. Tampoco soy un matasiete”, agregó haciendo alusión a la “mazorca” rosista. Lo Fiego se jactaba de lavarse las manos de la sangre de los torturados para luego escribir los partes al Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, en los tiempos de Ramón Genaro Díaz Bessone y Leopoldo Fortunato Galtieri, sin necesidad de recurrir a las drogas. Al contrario de algunos de sus compañeros de tormentos que sí necesitaban “de la blanca que venía del Comando”.
Una prueba más de que el negocio del narcotráfico es desde su origen paraestatal y que, como muchas actividades económicas ilegales del presente en nuestro país, tuvo su origen en tiempos del terrorismo de Estado.
6- La escalada de la intervención argentina en la crisis centroamericana continuó bajo otros términos. El rol del GTE fue central, no sólo en la coordinación de los escuadrones de la muerte en El Salvador y Guatemala o los grupos paramilitares en Honduras, sino en la forma en que fueron confluyendo los intereses de las dictaduras argentina y boliviana con la CIA y el ingreso de droga a Estados Unidos para financiar el suministro clandestino de armas a la “contra” nicaragüense.
Investigaciones efectuadas por los medios de prensa estadounidenses revelaron que la droga distribuida en Los Ángeles (a la que los periodistas atribuyen el origen del boom del crack entre la población negra) era depositada en las bases aéreas salvadoreñas y desde allí trasladada en avionetas hasta aeropuertos de Texas para ser posteriormente comercializada al interior de Estados Unidos, con la protección de la CIA. A fines de 1981, la estructura había logrado contrabandear más de una tonelada de droga. Entre los años 1981 y 1988 se llegó a introducir hasta 100 kilos de cocaína semanales. La coincidencia de fechas, actores y lugares geográficos permite afirmar que la droga manipulada por miembros del Batallón 601, con la autorización de la CIA, seguía siendo abastecida por los narcotraficantes bolivianos, aún después del derrocamiento de García Mesa en Bolivia y de la restauración democrática en Argentina en 1983.
7- Agentes del Batallón 601 -como Raúl Guglielminetti (“Mayor Guastavino”), Leandro Sánchez Reisse (“Lenny”) y Jorge Franco (“Fiorito”)- fueron pioneros en la estructura que después utilizó el gobierno de Reagan, de la mano del coronel Oliver North -integrante del Consejo Nacional de Seguridad-, para canalizar la ayuda encubierta a los “contras” nicaragüenses, en lo que se conoció como el “Irangate”, entre 1985 y 1986.
Recién un año después de la Guerra de Malvinas, cuando la dictadura prolongó el horror del genocidio en el envío de cientos de adolescentes a la muerte, la Casa Blanca tomará abiertamente en sus manos la operación en América Central. La CIA reemplazará a sus viejos aliados del Batallón 601, dispersos y transformados, en tiempos de Reynaldo Bignone, en los restos agonizantes y corrompidos de esa “gesta internacional” de la dictadura.
Sin embargo, huellas del pasado reciente se reproducen en distintos puntos de Latinoamérica. En este sentido, el esquema que se generaliza en México guarda, en su génesis, grandes similitudes con la historia reciente de América Central, donde las estrategias de contrainsurgencia fomentan la aparición de grupos paramilitares, y los objetivos políticos despliegan un terrorismo de Estado que no vaciló en acudir al narcotráfico como fuente de financiamiento. La denuncia sobre la presencia de asesores militares argentinos, como Juan Martín Ciga Correa (“Mayor Santamaría”), operando con las fuerzas mexicanas desplegadas en Chiapas, completa el cuadro y sugiere la supervivencia de un sistema de coordinación a nivel hemisférico de inteligencia militar. Surgen por su propio peso incógnitas inquietantes.
8- Algunos de los buenos muchachos del 601 fueron detenidos en Suiza en noviembre de 1983, cuando intentaban cobrar rescates por los secuestros de empresarios argentinos durante el terrorismo de Estado. Sánchez Reisse y su esposa, Rubén Bufano, y el “Japonés” Martínez, fueron condenados por tentativa de chantaje. “Lenny” no volvió de una de sus salidas de libertad vigilada y se esfumó. Cuando el 12 de febrero de 1987 lo capturaron en Nueva York, para conseguir protección se ofreció a testimoniar ante la subcomisión de Terrorismo, Narcotráfico y Operaciones Internacionales del Senado de Estados Unidos. Presentándose como ex agente de inteligencia del ejército, entregó una radiografía de los negocios sucios de la dictadura argentina en complicidad con la CIA y la Casa Blanca. “Teníamos que estar en Fort Lauderdale para hacer más fácil los envíos de armas y dinero en apoyo de las tropas argentinas en América Central”, dijo.
Otro de los titanes del Batallón 601, Mario Alberto “Obispo” Mingolla, cayó en 1987 en Brasil con 375 kilos de cocaína. Tras su liberación hizo una carrera eclesiástica meteórica. Pasó de miembro de los escuadrones de la muerte en Centroamérica a principal referente de la iglesia Ortodoxa Bielorrusa Argentina Eslava, nacida en el 2001, y conocida como la narco-iglesia. Según sus propias palabras, Mingolla “se reencontró con dios”.
Para el final dejamos a Rubén Osvaldo Bufano, cómplice y ladero de Sánchez Reisse, que se afincó en San Juan desde fines de 1990 tras su paso por Suiza, y supo hacerse de una posición. Próspero empresario, propietario de varias estaciones de servicio y de una empresa de seguridad, contaba a la minera Barrick Gold como cliente. Coautor del secuestro y asesinato de Haroldo Conti, recién en mayo de 2013 fue detenido. Cuando se lo interrogó sobre el asesinato del empresario Osvaldo Sivak, el 29 de julio de 1985 cuando un antiguo grupo de tareas del 601 lo secuestró por segunda vez, afirmó con suficiencia: “Sólo hicimos en una escala pequeña lo que en la época de los militares nos enseñaron a hacer en grande: secuestrar personas”.
9- La publicación tiene 60 años y su existencia completa está dedicada a la inteligencia militar. Se llama, como no podía ser de otra manera, Manual de Informaciones. Su sede actual es Campo de Mayo, pero durante la última dictadura se editaba en Viamonte y Callao, donde funcionó el temible Batallón 601.
Creada en 1957 bajo la dirección de la jefatura del entonces Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), sus primeras ediciones eran presentadas como “proyectos concebidos para motivar, consolidar y robustecer las convicciones democráticas”. Algo muy poco probable bajo el gobierno del general Pedro Eugenio Aramburu y su Revolución Libertadora.
Manual de Informaciones, cuyo material estuvo destinado a instruir a los agentes de inteligencia y grupos de tareas en espionaje, secuestros, torturas, y otros delitos contra militantes políticos, sindicales, sociales o de derechos humanos, siguió publicándose de manera ininterrumpida durante los gobiernos constitucionales.
“Es imprescindible que el mundo occidental se alerte y se prepare para evitar la conquista y para ir ganando terreno en ese territorio de penumbras y esclavitud que constituye la parte de nuestro mundo dominado por el marxismo”, se lee en la edición de julio-agosto de 1977 de la revista castrense.
Un sucinto repaso a sus números de los años del terrorismo de Estado desnuda el apoyo de empresas como Mercedes Benz, Ford, Techint, Astarsa, Bunge y Born, IBM, Bridas, Citroën, Frávega, Deutsche Bank, Banco Popular Argentino, Coca Cola, todas colaboracionistas del genocidio, y que financiaban los servicios de la publicación del Batallón 601 mediante publicidad.
El Batallón de Inteligencia 601 extendió sus patrióticas actividades sin solución de continuidad hasta el 31 de diciembre de 1986. A partir de 1987 pasó a denominarse Centro de Reunión de Inteligencia Militar (CRIM). Quien fuera nombrado en julio de 2013 Jefe del Estado Mayor del Ejército, el general César Milani, por el gobierno de la presidente Cristina Fernández, estuvo a cargo desde 2007 de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor y del CRIM.
Hoy se encuentra detenido en el Hospital Penitenciario de Ezeiza, acusado de los secuestros y torturas de Verónica Matta, y Pedro y Alfredo Olivera, durante su actuación en La Rioja durante la dictadura militar; además de la desaparición del soldado conscripto Alberto Agapito Ledo en junio de 1976.
Hebe de Bonafini entrevistó en diciembre de 2013 al jefe del Ejército para Ni un paso atrás, publicación mensual de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Bajo el título La Madre y el General, en el marco de la conmemoración de los 30 años del fin de la dictadura militar, le preguntó al general César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani:
“-¿Por qué te hiciste militar?
-Porque vengo de una familia muy peronista, donde siempre se decía ‘Mi general, mi general’”.
