La memoria es un arma cargada de futuro
Jorge Montero/El Furgón – ¿Cuál fue el grado de complicidad de las principales compañías con la dictadura militar de Argentina? En este artículo, un detallado informe sobre las estrechas relaciones entre empresarios y genocidas.
“En una semana se termina todo esto, porque formo una fuerza suficiente, lo voy a buscar a usted y lo mato, como hacen ellos (…) Nosotros vamos a proceder de acuerdo con la necesidad, cualesquiera sean los medios. Si no hay ley, fuera de la ley también lo vamos a hacer y lo vamos a hacer violentamente”. (Juan Domingo Perón, 21 de enero de 1974)
“Estas fuerzas armadas son las mejores que he visto en mi vida” (Ricardo Balbín, principal dirigente de la UCR, declaraciones al diario La Prensa, 16 de marzo de 1976)
A modo de introducción
Sin duda el terrorismo de Estado no fue un rayo en el cielo sereno. Se fue gestando lentamente en consonancia con la irrupción del movimiento obrero en un nuevo ciclo de luchas y organización, que cuestionó seriamente el sistema de explotación, visualizando los límites de la lucha sindical, mientras debatía la necesidad de una construcción política para los trabajadores.
Desde el “Cordobazo” de 1969; pasando por el Movimiento Sindical de Base –donde el desafío a enfrentar el Pacto Social y su política de conciliación de clases impuesto en junio de 1973 había sido planteado por Agustín Tosco, histórico dirigente de Luz y Fuerza, en el Congreso fundacional del 8 de julio-; la Mesa de Gremios en Lucha nacida en Córdoba durante 1974, a partir de las conducciones de SMATA, Perkins, Luz y Fuerza y otros sindicatos, Comisiones Internas y agrupaciones de oposición a directivas burocráticas; hasta la irrupción de las Coordinadoras Interfabriles en junio y julio de 1975, gestoras de la huelga general traducida como el “Rodrigazo”. La democracia de base y la combatividad fueron el fundamento de una amplia unidad que permitió un salto en la acción consciente de la clase obrera.
“Si los patrones coordinan para explotar, los trabajadores coordinamos para erradicar la explotación”.
La demanda de las clases dominantes era perentoria: había que liquidar la “guerrilla fabril”. No alcanzaba ya con contener y tampoco con disciplinar uno de los procesos de movilización obrera más significativos a nivel regional. Había que devastar y borrar la memoria colectiva.
Los desconocidos de siempre
“El mejor enemigo, es el enemigo muerto”. (Publicación El Caudillo, vocero de la Triple A)
En diciembre de 1975, el general René Otto Paladino, uno de los fundadores de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), fue designado por el gobierno peronista al frente de la SIDE.
Inmediatamente se decidió crear una base para que la banda de un connotado integrante del Servicio de informaciones, Aníbal Gordon, pudiera operar con tranquilidad. Su prontuario marcaba el paso por la Alianza Libertadora Nacionalista, por la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), y como integrante de la custodia del presidente Juan Domingo Perón.
El coronel Rubén Visuara, jefe de la base Billinghurst -inmueble emblemático del espionaje argentino-fue quien encargó al agente Eduardo Ruffo buscar una “cueva” desde donde la patota pudiera hacer sus operativos. Así nació “Automotores Orletti”, que se transformó en el centro de operaciones regional en el marco del llamado “Plan Cóndor”, donde la banda de Gordon coordinó tareas con represores de Chile, Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay, actuando conjuntamente con agentes de inteligencia militar del Batallón 601. Allí fueron secuestradas, torturadas, extorsionadas más de 300 personas, muchas de ellas asesinadas, para quedar desaparecidas.
Gordon y su banda –su hijo Marcelo, Osvaldo “Paqui” Forese, Jorge “Polaco” Dubchak, César “Pino” Enciso, Ernesto “Guzmán” Lorenzo y Carlos “Indio” Castillo, entre otros- llegaron a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que contaba con su propia caterva de matones, de la mano del secretario general de la CGT José Ignacio Rucci. Ambas patotas comenzaron a actuar conjuntamente, con apoyo de la oficina de “operaciones tácticas” de la SIDE.
La sociedad criminal Gordon-UOM tuvo un rol destacado en marzo de 1975, en el operativo represivo desplegado sobre Villa Constitución contra los obreros enfrentados a la conducción burocrática del sindicato metalúrgico. El operativo contó con presencia de 500 matones de la Triple A y personal de las fuerzas represivas estatales, que sumaban más de 4.000 efectivos.
En los dormitorios de solteros de la planta de Acindar, se montó el primer campo de concentración para detener, torturar y eventualmente asesinar a obreros de las acerías, en un adelanto de lo que haría luego la dictadura a partir de 1976.
Más de treinta muertos, 300 encarcelados, miles de despedidos fue el saldo del accionar fascista. Las órdenes eran claras: ahogar en sangre y fuego a trabajadores y activistas.
Para las cúpulas empresarias era imprescindible segar de raíz el proceso combativo que se había producido en el “cinturón rojo del Paraná”. Desde Alfredo Martínez de Hoz, presidente del directorio de la acerera Acindar, al principal dirigente de la oposición política Ricardo Balbín, la demanda sobre el gobierno peronista era perentoria: liquidar la “guerrilla fabril”.
La patota de Gordon fue responsable directa del secuestro de una veintena de activistas y dirigentes obreros durante la “Operación Serpiente Roja”.
No pasó mucho tiempo para que se produjera una disputa sangrienta entre los miembros de la banda y los matones de la UOM, que tuvo varios muertos. Alguno de ellos, como “el Polaco” Dubchak, fue asesinado, descuartizado y quemado en el horno de los sótanos de la sede central de la Unión Obrera Metalúrgica.
Sin dudas, Aníbal Gordon y su banda encontraron su piedra filosofal al hacer pasar por políticas las más pavorosas actividades criminales. Algunos de sus más destacados miembros, como Ernesto “mayor Guzmán” Lorenzo, se especializaron en sonados robos y secuestros extorsivos. El fracaso en el cobro del rescate por el rapto de un agente de la Bolsa de Comercio, llevó a la increpación de Gordon: “Vos sos un panqueque, te das vuelta en el aire según tu conveniencia”. De esa ocurrencia, el grupo ideó la denominación de “Brigada Panqueque” cuando se dedicaban a cometer todo tipo de tropelías.
Sus relaciones con los hombres del ejército tampoco fueron un lecho de rosas. El hilo se cortó definitivamente en 1981 cuando el segundo jefe de inteligencia del ejército, general Jorge Ezequiel Suárez Nelson, descubrió que él mismo se había convertido en objetivo de la patota que planificaba asesinarlo -negocios son negocios-. Suárez Nelson comenzó la persecución de la banda que terminó fugándose al Uruguay. A su regreso a la Argentina y meses antes de las elecciones de 1983 tuvieron otra mala ocurrencia: secuestraron a Guillermo Patricio Kelly. Cuando Ruffo se disponía a matar al hombre de la Alianza Libertadora Nacionalista (ALN), el llamado telefónico del presidente Reynaldo Bignone suspendió la ejecución. Su argumento fue contundente: “Si no obedecen, no doy cinco guitas por ustedes”.
Concluida la dictadura, la SIDE –como el resto de los organismos del Estado- se encargó de proteger toda información que pudiera dejar al descubierto las actividades represivas de sus agentes. La mayoría de sus miembros, entre ellos un joven Jaime Stiuso, fueron reciclados y siguieron activos en el plantel de la Secretaría durante los gobiernos constitucionales que se sucedieron.
Raúl Alfonsín está vestido con traje y corbata oscura. Atrás se ven periodistas y entre ellos un hombre, también de traje y corbata, con la cabeza ladeada. Es uno de los custodios del presidente, Raúl Guglielminetti. Antes de esa foto, no mucho antes, en las mazmorras del centro clandestino “Automotores Orletti”, se hacía llamar “mayor Guastavino”.
En 1985 estalló el escándalo. Un agente del Batallón 601 durante la dictadura custodiaba a Alfonsín. El descubrimiento se transformó en contumacia cuando se supo de su pertenencia al Grupo Alem. Connotados integrantes de la banda de Aníbal Gordon, autoproclamándose defensores del gobierno democrático, reportaban directamente al ministerio de Defensa, haciendo inteligencia paralela para el gobierno radical. Pero la cabra tira al monte y el grupo se disolvió al hacerse pública su participación en el secuestro extorsivo de los empresarios Emilio Naum y Enrique Menotti Pescarmona.
El sinuoso contexto político, entre las asonadas de los “carapintadas” y el copamiento de La Tablada, los paros de la CGT y la hiperinflación; plagado de cimbronazos como el secuestro y asesinato de Osvaldo Sivak a manos de la “banda de los comisarios” -de vínculos estrechos con la SIDE-; signó el convulso período político.
El oficial que inició la sublevación de Semana Santa de 1987, y que torció el brazo de Alfonsín mediante las leyes de Obediencia Debida, terminando de consagrar la impunidad militar (un año antes se había votado la ley de Punto Final), fue el entonces mayor Ernesto “El Nabo” Barreiro, responsable de decenas de asesinatos en Córdoba. Durante la dictadura era uno de los jefes de inteligencia en el campo de concentración de “La Perla”, uno de los tres centros clandestinos más grandes del país. Nacionalista y antisemita, se refería a sí mismo con una definición que quizá no sea sólo un signo de vanidad: “Soy parte de la élite de los inteligentes”.
El aire huele a humo
“El Ejército accionará selectivamente sobre los establecimientos industriales y empresas del Estado, en coordinación con los organismos estatales relacionados con el ámbito, para promover y neutralizar las situaciones conflictivas de origen laboral, provocadas o que pueden ser explotadas por la subversión, a fin de impedir la agitación y acción insurreccional de masas y contribuir al eficiente funcionamiento del aparato productivo del país”. (Decreto secreto 504/77 “Continuación de la Ofensiva contra la Subversión”)
La empresa automotriz Mercedes Benz, hoy Daimler Chrysler, una de las mayores empresas industriales europeas, fue fundada en Alemania en 1890. La fábrica de Argentina, la primera filial de la empresa en el exterior, se estableció en González Catán en 1951.
El análisis de la historia de la empresa sitúa sus acciones durante la dictadura en perspectiva, a la luz de su relación con el nazismo a partir de la década de 1930 y los beneficios que esta asociación le reportó en la expansión de su producción y sus ganancias.
De la utilización de mano de obra compuesta por prisioneros de guerra reducidos a relaciones de trabajo equivalentes a la servidumbre, al empleo ofrecido en Argentina a Adolf Eichmann, criminal de guerra y encargado de la logística del transporte masivo de judíos hacia los campos de exterminio. La política represiva de Mercedes Benz presenta una línea de continuidad bastante predecible.
La situación en la fábrica comenzó a alterarse significativamente entre fines de 1975 y comienzos de 1976. Las relaciones se estrecharon entre el gobierno, particularmente el ministro de Trabajo Carlos Ruckauf-quien el 6 de octubre de 1975 promovió un decreto de aniquilamiento de la subversión en los centros industriales, asimilando toda lucha obrera a un proceso de guerrilla industrial-, la dirigencia sindical burocrática, y las cúpulas patronales.
Las empresas automotrices firmaron un convenio, que entró en vigencia en Mercedes Benz en julio de 1975, estableciendo que el 1% del precio de venta de cada vehículo se dedicaría a la formación de un fondo extraordinario para la “erradicación de elementos negativos” de la fábrica. Este capital sería administrado por la dirección del SMATA sin auditoria alguna, a cambio que ella misma se encargara de garantizar la represión efectiva sobre los trabajadores.
Luego del golpe militar se sucedieron secuestros de obreros y activistas de la planta. De los diecisiete trabajadores “chupados” en Mercedes Benz Argentina, sólo tres volvieron a aparecer.
Rubén Luis Lavallén estuvo a cargo durante los primeros años de la dictadura del comando de la Brigada de Investigaciones de San Justo, sede de un centro clandestino de detención, secuestrador del obrero de Mercedes Benz Alberto Gigena, quien nunca volvió a aparecer. Con tan intachable foja de servicios, fue contratado por la empresa automotriz como encargado de la seguridad y vigilancia de su planta de González Catán, en 1978. Veinte años después fue condenado a cuatro años de prisión por la apropiación de Paula Logares, hija de una pareja de uruguayos detenidos-desaparecidos.
Durante los años de oro de la dictadura, Mercedes Benz se encontraba entre las veinte empresas de mayor facturación en el país, tenía como principal cliente al ejército argentino, quien compraba a la firma los camiones Unimog.
La empresa donó, como parte de sus gestos altruistas para con las fuerzas armadas, equipamiento obstétrico para ser utilizado en las dependencias de Campo de Mayo, y así llevar a cabo los partos clandestinos de mujeres desaparecidas.
El obrero Héctor Aníbal Ratto (detenido en la fábrica en agosto de 1977 por un grupo armado del ejército, permaneció en cautiverio clandestino y torturado en la comisaría de Ramos Mejía y en Campo de Mayo, recuperando su libertad en marzo de 1979), estuvo presente cuando el jefe de producción de la planta de González Catán, Juan Tasselkraut, informó a las fuerzas de seguridad la dirección de su compañero Diego Núñez, quien fue secuestrado ese mismo día y permanece desaparecido. El mismo Tasselkraut dio cuenta de los efectos que la represión tuvo en el funcionamiento interno de la empresa, cuando en el marco de los Juicios por la Verdad en los tribunales platenses, se le preguntó si consideraba que existía alguna relación entre la disminución del conflicto en la fábrica, el aumento de la productividad y la desaparición de obreros y militantes. Su respuesta fue elocuente: “Y… milagros no hay”.
El infierno sobre ruedas
“…respecto de la subversión en el ámbito fabril, sabemos que ella intenta desarrollar una intensa y activa campaña de terrorismo e intimidación a nivel del sector laboral. Es necesario conocer el modo de actuar de la subversión fabril, para combatirla y destruirla. Ello se manifiesta por alguno de los procedimientos siguientes: el adoctrinamiento individual y de grupo para la conquista de las clases obreras, colocándose a la cabeza de falsas reivindicaciones de ese sector. La creación de conflictos artificiales para lograr el enfrentamiento con los dirigentes empresarios y el desprestigio de los auténticos dirigentes obreros. Frente a ello, el gobierno y las fuerzas armadas han comprometido sus medios y su máximo esfuerzo para garantizar la libertad de trabajo, la seguridad familiar e individual de empresarios y trabajadores y el aniquilamiento de ese enemigo de todos. Pero cabe la reflexión de aquellos que se apartan del normal desarrollo del ‘Proceso’ buscando el beneficio individual o de sector, se convierten en cómplices de esa subversión que debemos destruir; lo mismo que a quienes no se atrevan a asumir las responsabilidades que esta situación impone”. (Ministro de Trabajo, general Horacio Tomás Liendo, en el diario La Nación, 12-11-77)
Ford Motors instaló su primera filial en Argentina en el año 1913, primero en Barracas y luego en La Boca, mientras que la actual planta de General Pacheco fue inaugurada en 1961.
Entre marzo y mayo de 1976 hubo 25 delegados secuestrados. Todos pertenecían a la comisión gremial interna, que se encontraba conformada por 200 representantes, en una planta con alrededor de 5.000 obreros.
Los 25 trabajadores estuvieron desaparecidos entre 30 y 60 días. La mitad de ellos fue secuestrada en sus casas y llevada a la comisaría de Tigre, dispuesta como centro clandestino, mientras que la otra mitad fue detenida directamente en la planta de General Pacheco. Las capturas se efectuaron en camionetas F100 que eran proporcionadas a las fuerzas represivas por Ford.
“Acá están todos los nombres que nos dio la empresa con los trabajadores que querían que chupáramos”, le dijo el oficial del ejército Molinari a la esposa de uno de los secuestrados, Arcelia Luján de Portillo. “Sacó del cajón de su escritorio una lista en un papel tipo oficio con el logotipo de Ford”, recordó Portillo.
Las fuerzas militares instalaron en el campo de deportes de la planta de Pacheco una dependencia militar adonde funcionó un centro clandestino de detención. En el mismo fueron recluidos algunos delegados gremiales secuestrados dentro de la fábrica por ciertos períodos de tiempo. El obrero Juan Carlos Conti, delegado de planta, que trabajaba en Ford desde 1965, fue secuestrado en el interior de la fábrica el 14 de abril de 1976. Conducido en una F100 hasta el quincho, en el propio predio de la planta, con sus manos atadas con alambres. Luego de su secuestro, la empresa intimó a Conti por “abandono de tareas”, y cuando su esposa respondió relatando lo sucedido, fue despedido “con causa”.
El detenido Francisco Guillermo Perrotta, uno de los 2.500 empleados administrativos de la fábrica, quien tenía acceso a información clave sobre las cuestiones internas de Ford desde su puesto en la oficina de Análisis de Costo, Material e Inventario, reconoció al jefe de Seguridad de la planta de General Pacheco, Héctor Francisco Sibilla, como uno de sus verdugos durante los interrogatorios. Este tortuoso personaje era miembro de las fuerzas armadas y fue ascendido el 26 de julio de 1978, luego de los secuestros de obreros, al rango de teniente coronel, como premio al disciplinamiento obtenido en Ford. Sibilla continuó con su brillante carrera. Fue contratado posteriormente por la embajada de Estados Unidos como personal de seguridad de la sede diplomática, en un cargo que ocupó hasta 2004.
Trabajadores sobrevivientes cuentan que el gerente de Relaciones Industriales de Ford, Guillermo Galarraga, meses antes de la caída de “Isabel” Perón, tuvo una acalorada discusión con la Comisión Interna de la planta de Pacheco, y los conminó textualmente: “Yo con ustedes no discuto más, y a partir de ahora denle mis saludos a Camps”.
Los trabajadores, acostumbrados a los desplantes del gerente, esta vez salieron de la reunión un poco más confundidos. Ninguno de ellos sabía quién era el tal Camps.
Recursos humanos
“Los empresarios forman uno de los primeros sectores que constituyen la nación día a día. Acaso por eso fueron uno de los blancos predilectos de la agresión criminal de las hordas marxistas. Por eso la responsabilidad moral es la otra gran vertiente de esta eminente función social, y comienza dentro de la misma empresa. Allí los derechos ceden su lugar a los deberes. Defender la empresa y la propiedad privada contra agresores de toda índole es el primer deber”. (General Ramón Genaro Díaz Bessone, ministro de Planeamiento en la Federación Gremial de la Industria y Comercio de Rosario, en octubre de 1977)
La empresa Dálmine Siderca, propiedad del grupo económico Techint y hoy integrante de la alianza comercial Tenaris-Siderca, se estableció en la localidad de Campana en 1954. Constituyó uno de los casos menos conocidos de participación patronal en el proceso represivo. Las direcciones de la empresa y del grupo Techint urdieron una fuerte campaña tendiente a deslindar responsabilidades por las desapariciones y asesinatos de sus trabajadores, atribuyendo la responsabilidad exclusivamente a las fuerzas militares. Algo que no era nuevo ya que su fundador Agostino Rocca había utilizado la misma estratagema cuando cayó Mussolini en Italia, del que había sido principal consejero industrial.
Por otro lado, el enorme peso de la empresa en la ciudad de Campana en términos económicos, comunitarios y sociales, fue un poderoso factor de disuasión tanto para los trabajadores de la fábrica, como para los familiares de las víctimas y los vecinos en general que fueron testigos de la connivencia de militares y empresarios.
En Dálmine Siderca se repitió la presencia de personal del ejército en la puerta de la fábrica con listados de personas “marcadas”, la contratación a partir del golpe militar de supuestos nuevos obreros que eran en realidad agentes de las fuerzas represivas, y la detención de trabajadores en la misma planta. Suman más de 50 los detenidos-desaparecidos de la planta de Campana.
Aún, bajo estas condiciones represivas, la falta de pago de premios en 1979 determinó que los trabajadores de Dálmine se movilizaran en la planta y convocaran una reunión dentro de fábrica, frente a las oficinas de personal. A pesar de la presencia militar en plena asamblea, los trabajadores resolvieron reclamar por el pago adeudado, reivindicación que, aunque parcialmente, se logró a regañadientes de la empresa y de la directiva gremial de ese momento, que había intentado impedir la asamblea por todos los medios.
El coronel Zapata, del área militar 400, en otro intento por disuadir a los obreros, citó a varios trabajadores: “…se acabó. Es la última vez que lo mando llamar. La próxima vez lo mando a buscar…”, dijo, tratando de amedrentar a los revoltosos.
Uno de los más grandes centros clandestinos de detención en la zona, el Tiro Federal de Campana, se encontraba lindante a la fábrica, y hasta existe una puerta que comunica ambos lugares. El predio de la Ruta 12, que hasta el 24 de marzo de 1976 funcionó como polígono de tiro civil, fue ocupado por el ejército en la madrugada del 25 y transformado en un campo de concentración en el cual se torturó, desapareció y asesinó a cientos de personas, entre ellos algunos trabajadores de Dálmine Siderca. La cercanía de la fábrica era tal que los desaparecidos escuchaban claramente los ruidos de las máquinas trabajando.
Sobrevivientes relatan que a pesar de las presiones, los trabajadores impulsaron el conflicto en una asamblea con voto a mano alzada. “El conflicto fue durísimo. La primera asamblea no fue presidida por los delegados, sino por un grupo de oficiales del ejército con ametralladoras y bayonetas. Los militares concedían el uso de la palabra. Y algunos activistas trataban de hacer equilibrio entre lo que debían reclamar y el cuidado de la propia vida. Pocos cometieron el pecado de apasionarse demasiado. Uno de ellos se llamaba Juan José ‘Colorado’ Torrente. A otro lo conocía como Pascual Gordillo. La primera asamblea pasó, luego vinieron las reuniones de los activistas en el vestuario de la acería. Eran encuentros atípicos, de no más de 30 empleados. Acudían, si se animaban, dos por cada sector. Antes de entrar, los paraba un subteniente para pedirles los nombres, los documentos e interrogarlos convenientemente. Protagonizaron tres días de huelga general, y las reivindicaciones fueron obtenidas. Cuando terminó la segunda jornada de paro, Torrente salió de la planta junto a dos de sus compañeros, cruzó la avenida Mitre, enfiló para su casa, en el centro del barrio Siderca, dejó al último operario en su domicilio y… nunca se lo volvió a ver en este mundo. A Gordillo le pasó exactamente lo mismo, sólo que unos días después”.
El hombre de acero
“Quédense tranquilos, todos los activistas gremiales de Villa Constitución ya están bajo tierra”. (Guillermo Walter Klein, Secretario de Programación y Coordinación económica bajo el ministerio de Martínez de Hoz, en la embajada de Estados Unidos)
El 26 de abril de 2015, a los 93 años, fallecía el general Alcides López Aufranc, quien fuera director de la empresa Acindar entre 1976 y 1992.
La empresa Acindar Industria Argentina de Aceros S.R.L. se fundó en 1942 en la ciudad de Rosario, ante la necesidad de acero en un contexto de restricciones para la importación por la Segunda Guerra Mundial. En 1951 Acindar realizó su primera ampliación, instalando en Villa Constitución la llamada “Planta 2”.
López Aufranc se convirtió, desde joven, en admirador de los militares franceses y sus métodos de tortura y exterminio durante las guerras coloniales en Indochina y Argelia. El general organizó en Buenos Aires el Primer Curso Interamericano de Guerra Contrarrevolucionaria, del que participaron catorce países. Métodos de interrogatorio, secuestros, desapariciones, asesinatos para alumnos aventajados del hemisferio.
“Con la sangre se aprenden muchas cosas”, era una de las frases de cabecera de este “intelectual” de la represión.
Con la llegada de López Aufranc al directorio de Acindar en 1976, para suceder nada menos que a José Alfredo Martínez de Hoz, se militarizó la planta de Villa Constitución, dejando en la calle a más de 2.000 operarios, archivó los convenios laborales, prohibió cualquier actividad sindical y monopolizó la producción nacional de acero. Todo, por supuesto, con la bendición de los Acevedo, dueños de la empresa. Quienes además tenían una fuerte participación en el Banco Francés y en la cementera Loma Negra, ampliamente beneficiada en los años por venir con las “obras públicas” del mundial de 1978. Martínez de Hoz, por su parte desde el ministerio de Economía, articulaba los intereses de Acindar con otros grupos económicos monopólicos.
Mientras sus camaradas de armas sembraban de cadáveres el territorio, López Aufranc integraba el Consejo Empresario Argentino y el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Además fue consejero de FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas), era director del Instituto para el Desarrollo de Empresarios en la Argentina IDEA) y presidente de la Cámara Argentina de Comercio.
Si en 1978 inauguró la Planta Integrada, terminando con el monopolio de Somisa en la producción de acero a partir de mineral de hierro, si luego en 1981 absorbe a Gurmendi (que por entonces controlaba a su vez a Santa Rosa y Genaro Grasso) desprendiéndose de cuatro mil seiscientos trabajadores, bajó de 12.795 que tenían las cuatro empresas en el 1979 a los 4.300 que reconoce Acindar en 1992, si se va a beneficiar de todo tipo de exenciones impositivas, avales para créditos, estatización de deuda privada externa, tarifas subvencionadas de gas y de energía eléctrica; sería con la flexibilización laboral impuesta en 1991 –tras 40 días de conflicto- que cerraría de algún modo el ciclo iniciado con la “operación serpiente roja” de marzo de 1975.
El balance de 1992 informa a los accionistas la reducción de 2.000 operarios en Villa Constitución, quedando una dotación de 2.300 trabajadores con mantenimiento de los niveles de producción anteriores al conflicto de 1991 y una reducción de gastos del orden del 10%. La flexibilización impuesta terminó con el convenio colectivo e impuso la polifuncionalidad de los trabajadores, quedando estos a disposición discrecional de la empresa para la tarea, el modo y tiempo de efectuarla que la compañía desee abriendo paso a nuevos niveles de superexplotación generando reubicaciones y despidos masivos.
Lo que en su momento se disciplinó a fuerza de tanquetas, Falcón verde y gendarmería, ahora se impondría por medio de la extorsión más brutal: “Aceptación o despido”.
El ex general Alcides López Aufranc continuaba siendo presidente de Acindar. Su accionar se adelantaba otra vez en el tiempo. Recién en 1995, Menem conseguiría aprobar en el Parlamento la ley de flexibilización laboral para concretar en todos lados lo que Acindar hacía desde 1991 en sus plantas industriales.
Como responsable del directorio de Acindar, López Aufranc firmó de puño y letra una carta dirigida al grupo de accionistas, fechada en 1977: “A partir del 24 de marzo de 1976, en que las Fuerzas Armadas, interpretando adecuadamente la gravedad de la situación, asumieron la responsabilidad histórica de tomar el poder para reordenar el país, se opera un cambio sustancial. Se restablece la disciplina laboral, se combate la subversión con toda intensidad y se encaran medidas económicas que permiten afrontar los compromisos de la deuda externa y reducir la inflación. Se limita el gasto público y se aumenta la recaudación impositiva… es evidente que en la República se respira otro aire, y que la capacidad y decisión de quienes han asumido la responsabilidad histórica de recuperar el país, permite ser optimista sobre el futuro. Cuando se hayan roto esas trabas al progreso y desaparezca la subversión, la Argentina iniciará un despegue acelerado, alcanzado en pocos años niveles de progreso y bienestar tales, que harán difícil recordar lo que fue nuestro pasado reciente (…) No deseo terminar esta carta a los accionistas sin rendir un homenaje a los hombres que han dado su vida en la lucha contra la subversión y en defensa de nuestro tradicional estilo de vida, y a todos aquellos que han abandonado su tranquilidad e intereses personales para entregarse de lleno a la noble tarea de reorganizar y recuperar nuestra querida patria”.
Alcides López Aufranc murió sin haber sido juzgado por su rol durante la dictadura.
El pibe de los astilleros
“Nosotros liquidamos la subversión, derrotamos al movimiento sindical y desarticulamos a la clase obrera. Todo lo que vino después fue posible por nuestra labor” (Juan Alemann, Secretario de Hacienda en el ministerio de Martínez de Hoz, al diario La Nación, 9-4-1987)
Las primeras instalaciones del astillero y establecimiento metalúrgico se establecieron en el Tigre durante la década de 1920, aunque la empresa se constituyó como sociedad anónima bajo el nombre de Astilleros Argentinos Río de la Plata S.A. (Astarsa) en la década de 1940, teniendo como accionistas mayoritarios a la Sociedad Importadora y Exportadora de la Patagonia, propiedad de la familia Braun Menéndez, y Estrabou y Cía.
La empresa empleaba a mediados de la década de 1970 alrededor de 1.500 obreros, de los cuales 800 eran trabajadores metalúrgicos y 700 eran navales.
Aunque los salarios pagados en la empresa eran relativamente altos, dado que la mayoría de los obreros realizaban tareas calificadas, el trabajo se desarrollaba en pésimas condiciones de salubridad: “El golpeteo incesante sobre metales y chapas poblaba el aire de ruidos sordos. Las emanaciones tóxicas de pinturas y material de soldadura producían afecciones pulmonares de distinto grado de complejidad. Los casos de esterilidad y accidentes de trabajo con las soldaduras autógenas eran frecuentes”, contaba un trabajador.
Entre 1973 y 1975 la agrupación “José María Alessio” (el nombre de uno de los obreros muertos en uno de los “accidentes” en la fábrica), consiguió un impresionante avance en la representación de los trabajadores, y muchas conquistas sindicales, entre las que se destacó la creación de una Comisión Obrera de Higiene y Seguridad, que se relacionó rápidamente con el Instituto de Medicina del Trabajo, la Universidad Tecnológica Nacional, y vínculos estrechos con otras agrupaciones gremiales de fábricas de la zona norte.
“Queremos un astillero, no un matadero” era la consigna de los trabajadores.
Resultado de su accionar, y de su militancia en la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), en 1975 varios de los obreros fueron secuestrados por grupos militares y salvajemente torturados, aunque la intensa movilización de trabajadores de las fábricas del Tigre y de vecinos logró su liberación.
En enero de 1976 continuaron los secuestros, y en febrero tres militantes aparecieron muertos, totalmente desfigurados. El día del golpe militar, el 24 de marzo, fuerzas del ejército al mando del coronel Molinari, quien se desempeñaba en la Escuela de Ingenieros de Campo de Mayo, acordonaron la entrada de los astilleros Astarsa, Mestrina y Forte, con tanques de guerra, carros de asalto y helicópteros, en un operativo que se extendió hasta el día siguiente. Con la anuencia de la empresa, que colaboró en las identificaciones, detuvieron a alrededor de 60 obreros, a quienes condujeron a la comisaría 1ª de Tigre.
Además de los secuestrados, torturados y asesinados, son 16 los trabajadores y delegados que continúan desaparecidos hasta la actualidad.
El caso de Jorge Rampoldi sirve para ilustrar las relaciones entre la empresa, la burocracia sindical y las fuerzas militares. Rampoldi, hombre del peronismo integrante de la organización fascista CNU (Concentración Nacional Universitaria), se desempeñaba en un cargo administrativo de la oficina de personal de Astarsa -donde se lo conocía con el tétrico apodo de “capucha”-, a lo que sumó luego su rol como asesor letrado del Sindicato de Obreros de la Industria Naval (SOIN), para terminar formando parte de la intervención al sindicato, efectuada por la marina.
Era este siniestro personaje quien recibía los familiares de los desaparecidos de los astilleros Astarsa y Mestrina, para decirles, cuando llevaban los telegramas de “abandono de trabajo”, que no podía hacer nada porque los despidos eran “con causa”.
Los trabajadores cuentan que el 16 de marzo de 1976, luego de que la esposa de uno de los obreros fuera secuestrada, un grupo de ellos se dirigió a la oficina de personal de Astarsa para notificar a la empresa de lo sucedido y requerir su colaboración para localizarla, Rampoldi les salió al cruce: “Ustedes no existen, ¿no se dan cuenta? Ahora cuando nosotros queremos los cagamos a tiros”.
Siguió en ese cargo hasta 1983, cuando fue elegido senador del Partido Justicialista y nombrado vicepresidente del Senado de la provincia de Buenos Aires. En 1987 es elegido diputado provincial por el peronismo y más tarde subsecretario de Trabajo de Eduardo Duhalde; desde allí colaboró con el ascenso sindical del mafioso de la UOCRA platense, Juan Pablo “Pata” Medina. En el 2003, cuando el gobierno de Kirchner lo quiere designar director de Migraciones, un grupo de trabajadores sobrevivientes de Astarsa lo denunciaron ante la Comisión de Derechos Humanos, impidiendo el nombramiento. Sin hesitarse continuó sus patrióticas tareas desempeñándose como asesor letrado de Hugo Moyano.
Uno de los obreros de Astarsa sobreviviente de la represión, Héctor González, que continuó trabajando algunos años más, cuenta sobre el día a día en el astillero: “No hablaba con nadie… De los muchachos no quedaba nadie, de los chicos con los que jugaba al fútbol, nos juntábamos para Navidad, para Año Nuevo, no quedaba nadie… Después me entró a pasar algo cuando iba a laburar a Astarsa… cuando ya no estaban los muchachos… cruzaba la barrera para adentro y me entraba a doler la cabeza… todos los días”.
A modo de epílogo
“Ahora hablo con vos del pasado. Me lavo la cara, me peino, preparo el mate, y cuando me miro en el espejo, recuerdo palabras, muertos, sueños, las promesas, las derrotas, las hambres diversas (…) preparo, mientras te espero, alcalaj guefilte fish borshts farfalaj kneidlaj, para cuando llegues de Córdoba y me digas que será la Petrogrado argentina, y yo voy a pensar, porque lo voy a pensar, que la clase es inmortal, pero nosotros no. Sean sabios y, acaso, piadosos. Caminen sobre nuestros huesos: somos puente”. (De la novela El Verdugo en el umbral, de Andrés Rivera)
