martes, julio 16, 2024
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“Los juicios no avanzan porque no hay voluntad política de los jueces”

Carolina Uribe/El Furgón – Otro aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976 es una oportunidad para abrir nuevos debates sobre la situación de la lucha por los derechos humanos, los juicios a los represores y el rol del Estado y de funcionarios que niegan los 30.000 desaparecidos y reivindican la teoría de los dos demonios.

Un informe publicado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (actualizado al 2 de marzo de 2017) indica que de los 1.044 detenidos por delitos de lesa humanidad, 518 tienen prisión domiciliaria. Además, sólo el 25 por ciento de las condenas está firme y hay 1.149 imputados en libertad. La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, explicó en un dictamen que si bien los detenidos que tienen 70 años o más pueden solicitar el beneficio de prisión domiciliaria, deben brindar también otros argumentos que demuestren que el encarcelamiento provocaría alguna de las dos consecuencias que la ley procura evitar: el trato cruel, inhumano o degradante del detenido, o la restricción de derechos fundamentales que la prisión no debe afectar. ¿Por qué, entonces, los represores se van a la casa, a pesar de la lucha inclaudicable de los organismos de derechos humanos? ¿Qué pasa con los juicios? ¿Por qué no avanzan? Para encontrar algunas respuestas, hablamos con José Schulman, secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH).

Schulman

-¿Cuál es la situación general de los juicios?

-Los juicios en general continúan, lentos, pero más que nada hay un parate muy grande en todas las causas que investigan directamente al poder económico y empresarial. Algunas son Blaquier (Ledesma), Acindar, Las Marías, La Nueva Provincia, Ford y Papel Prensa, que están prácticamente frenadas a pesar de la cantidad de pruebas que juntó el equipo de la Subgerencia de Derechos Humanos que funcionaba en el Banco Central. Ellos rastrearon en los archivos montañas de papeles donde se prueba cómo los grupos económicos colaboraban con la dictadura de un modo brutal. Esta Subgerencia fue desmantelada en marzo de 2016.

-¿Y qué hacen los jueces con esas pruebas?

-Lo que hacen es no darles bola. En la causa Acindar presentamos todo hace siete años. Está bien que haya que ir recolectando pruebas, pero guarda con creer que faltan. Sobran pruebas; lo que falta es voluntad, compromiso. Marx decía que nadie es tan sensible a los cambios de una sociedad como el capital, y que el dinero percibe, como el aletear de un pajarito, el más mínimo cambio en el ánimo social. Bueno, yo diría que los jueces le ganan al dinero. Perciben, anticipan de una manera fantástica qué es lo que quiere el poder. La Corte Suprema es la primera que se adapta a esos humores.

Recuadro 1

-¿Qué rol cumple el Estado en los juicios?

-El Estado, en primer lugar, participa por medio de los fiscales. Ellos tienen la responsabilidad principal de mantener vivos los juicios. Por ahora siguen siendo los mismos que estaban hasta el año pasado, así que no ha habido grandes cambios en ese sentido, aunque ya se empieza a notar que algunos están un poquito menos entusiastas (el otro día un fiscal alegó en tres horas lo que antes se hacía en cuatro semanas)… Te voy a dar mi opinión como sobreviviente: los juicios no avanzan porque no hay voluntad política de los jueces, de los tribunales; y como dije antes, no es que no haya pruebas. Salvo en los juicios de la Triple A, sobran pruebas.

Las causas de la Triple A son un poco más complejas porque se renunció a seguir la cadena de mandos: ya se pidió dos o tres veces la extradición de Isabel Perón y todos se hacen los boludos. El gobierno anterior se olvidaba de presentar el pedido en la Embajada, por ejemplo; alrededor de Isabelita hay una red de protección que va mucho más allá de todo.

Recuadro 2 

-Y muchas de las condenas que se logran terminan en prisiones domiciliarias…

-Sí. Nosotros esquematizamos la impunidad en tres categorías: en primer lugar sigue funcionando lo que llamamos la impunidad biológica, porque tardan tanto los juicios en resolverse que los acusados se terminan muriendo sin condena, y lamentablemente también empiezan a morir los testigos, los sobrevivientes. Acá tenemos un escándalo que es la causa Esma, que nadie sabe cuándo va a terminar. Este juicio tiene varios récords. Uno es que es el juicio que tiene más víctimas en el mundo. El segundo récord es que es el juicio más largo de la historia.

En segundo lugar está la impunidad del poder económico. Y en tercer lugar, las domiciliarias. Yo estoy en derechos humanos hace 50 años, estuve preso, hace 15 años que estoy metido en la Liga todo el día. Y a pesar de todo eso, nunca había imaginado que después de condenar a un tipo aparecieran formas de impunidad. Lo reconozco, me sorprende. Era escéptico, tenía sospechas sobre todo, pero pensaba “ya está, lo condenaron, perpetua, listo”. Pero no. Los tipos inventaron toda una batería de recursos de impunidad, y la principal es el cuento este de la domiciliaria.

-Además hay muchos casos que no respetan la prisión domiciliaria, ¿no?

-La mitad de los que están privados de su libertad ya tienen domiciliarias. Eso es un escándalo. El segundo escándalo es la falta de controles. El año pasado hubo un tibio intento por parte del entonces presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, que para eso formó la Dirección de Control y Asistencia de la Ejecución Penal. Pero nunca le aprobaron el reglamento en la Corte y, además, sólo funciona en la Capital Federal, porque en el resto del país no tiene jurisdicción. Yo te cuento algo que es real: una empleada de esta Dirección fue a la casa de un represor, tocó el timbre y le dijeron “no está, salió”. Entonces se fue al bar de la esquina, tomó un café, pasó una hora, dos, tres. Por fin lo vio llegar, volvió a tocar el timbre, charló con él, y cuando le preguntó por qué no estaba, el tipo sacó un permiso que le había dado el Tribunal para ir al odontólogo en el mes de marzo. No el 20 de marzo a las 4 de la tarde, sino “en el mes de marzo”. Lo podía usar todos los días del mes, las 24 horas… Después, cuando esta Dirección se quejó, el Tribunal simuló que fue un error. Cuando no hay control, se puede hacer cualquier cosa. Y aprenden unos de otros. En Chile hubo muchos juicios y muchas condenas -aunque de bajo monto punitorio-, pero, además, lo que hicieron de entrada fue construir para los milicos una cárcel de seis estrellas, no de cinco. Acá quieren hacer lo mismo: construir una cárcel sólo para milicos, lo cual está prohibido.

 REcuadro 3

-¿Ya lo están haciendo?

-Sí, hay una vieja cárcel militar que se usó para la represión. Está dentro de Campo de Mayo, y la están reciclando. Primero llevaron a unos 50, ahora se está discutiendo. Como hace todo el macrismo: primero avanza, uno putea, retroceden dos milímetros, y después vuelven.

Como en toda crisis, cuanto más se dilatan las cosas, empeoran. Por ejemplo, la semana pasada hubo un fallo en el juicio que se llevó a cabo en el Tribunal Oral Federal de San Martín, por la causa Campo de Mayo, que en general fue bueno porque se condenó a prisión perpetua a Reynaldo Benito Bignone y a Mario Rubén Domínguez, conocido como “Escorpio”, un suboficial del ejército que integró los grupos de tareas del Campito y que consiguió esconderse durante todo este tiempo; es la primera vez que va a juicio, y le dieron perpetua. Pero en otros dos casos, el tribunal por primera vez hace un cambio en la calificación penal. En vez de calificarlos como “coautores”, lo que da la idea de que todos participan en los actos delictivos, empiezan a hablar ahora de “autores y participantes”. Esto establece una jerarquía, y como establece una jerarquía hay milicos que aunque hayan participado en secuestros y torturas les dan tres años. Esto nos preocupa porque buscan abrir paso a la idea de que estos eran delitos individuales. Esta idea siempre estuvo, pero hemos logrado cortarla a lo largo de los años y se impuso la idea de delitos de lesa humanidad, de genocidio.

-¿Cómo es la relación de los organismos de derechos humanos con la Corte Suprema?

-Con respecto a la relación con la Corte, nosotros acabamos de firmar un documento en conjunto con los trece organismos de DDHH con los que estamos trabajando y con los que convocamos al acto del 24 de marzo. En ese documento hemos pedido una reunión urgente con el pleno de la Corte Suprema, porque no sólo tienen el tema de Milagro Sala, que además no es de lesa humanidad, sino que tienen once incidentes de la causa Blaquier sobre los cuales tienen que resolver y uno de la causa Trelew, que ya está en la última instancia. En el caso de Trelew creemos que van a continuar en la misma línea en que se viene resolviendo el resto. La más complicada es la causa Ledesma, porque Blaquier es el dueño de Jujuy. Lo que esperamos de ellos es que se tomen decisiones. Con discursos, con promesas, con mensajes no alcanza. En muchos terrenos la Corte tiene que tomar una posición clara y comenzar a resolver los enormes temas pendientes.

Recuadro 4

Creo que un problema que tiene la Corte es que durante diez años ratificó una doctrina, y cambiarla sería como suicidarse. No pueden negar el carácter de delitos de lesa humanidad. Un cambio en su doctrina sería un escándalo internacional, porque entre la doctrina de la Suprema Corte argentina y el Derecho universal, hubo en estos años un intercambio permanente. Revertir la postura sería dar vuelta la jurisprudencia universal, no lo veo tan fácil. Veo más factible que profundicen lo que están haciendo: que se hagan los boludos, que no avancemos, que los condenados se vayan a la casa, que en los juicios haya menos gente, que en alguna nos emboquen abriendo una causa contra los compañeros y que alguno la legitime y se vaya llevando de a poquito la teoría de los dos demonios a los tribunales. Me parece que ese es el camino que los tipos buscan. Sutilmente.

-¿Hay más presencia que antes de familiares de represores en los Juicios? ¿Están más envalentonados?

-Sí. Es así. Hubo audiencias donde había más gente apoyando a los milicos que a los compañeros. Eso también tiene que ver con la cantidad de años que duran los juicios. Tenemos una abogada, que ahora se jubiló, que estuvo doce años en juicio. De ahí vas al manicomio. ¿Quién puede aguantar tantos años de escuchar durante 8 horas, tres veces por semana, que a personas las torturan, las violan, les roban a los hijos? Y encima lo tenés adelante al torturador… No sólo es un problema jurídico y político, sino también psicológico. El otro día, después del juicio de San Martín, volví y me quedé todo un día tirado en la cama. No conozco a nadie que pueda salir de eso indemne, por lo menos a quienes les preocupa la gente. De todas maneras, creo que el 24 de marzo, en la calle, el pueblo va a salir una vez más a reafirmar que acá hubo un plan de exterminio, con un claro mensaje contra los Lopérfidos, los Centuriones, los Avrujes.