Botones antipánico: una solución sin efecto
Agustina Lanza/El Furgón – “Desamparadas”, así dicen sentirse Eliana y Fernanda. Como otras víctimas confirman que los dispositivos tienen fallas estructurales. La falta recursos del Estado y de medidas de protección de fondo se combinan con una lógica de seguridad que está lejos de amparar a las mujeres violentadas.
Fernanda dio el portazo el día que su marido le apoyó un cuchillo en la garganta a la bebé que habían tenido juntos. “Como yo le di la vida también se la puedo quitar”, le dijo Daniel. Al principio no parecía violento. Fue capaz de fisurarle una costilla y de darle un golpe de puño en la cara. Fernanda documentó su caso, adjuntó audios y capturas de pantalla de su celular. En los mensajes él la insultaba, la amenazaba de muerte y después le pedía perdón, le decía que era el amor de su vida. La hostigó meses y se ganó más de 20 denuncias en su contra. Ahora Daniel está preso, pero fue un largo camino. Fernanda todavía recuerda cuando tuvo que ir a buscar el botón antipánico. “Te lo dan para que te creas que estás segura. Nunca funcionó, sólo me trajo más problemas”, denuncia.
La primera vez que Fernanda apretó el botón fue en un supermercado. Su ex la había abordado en la puerta de su casa. En un intento desesperado porque no se lleve a su hija decidió pedirle que la acompañe a hacer las compras. Mientras él esperaba afuera dio el alerta como pudo. La policía le pedía que se quedara quieta por la señal GPS y que contara lo que iba sucediendo a pesar de tener al agresor a pocos pasos. “Ellos no lo entendían. Estaba poniendo en riesgo la vida de la nena y la mía”, cuenta. La patrulla tardó más de 40 minutos en llegar, aun así se lo llevaron detenido. Pero en otras ocasiones Daniel pudo escapar gracias a la tardanza de la Metropolitana.
No sólo el manejo de la policía hace deficiente el dispositivo. El botón que tiene Fernanda se parece a un celular pequeño, tiene cuatro teclas y reporta su posición cada segundo; pero no tiene cobertura a nivel nacional, ni siquiera funciona entre jurisdicciones. A Fernanda se le quedó sin señal en varias ocasiones. Una vez, mientras declaraba en Tribunales, llamaron para avisarle que el botón estaba apagado porque se había alejado demasiado de su domicilio. “También existen los dispositivos fijos que funcionan como un timbre en la pared. La ventaja es que pueden grabar audio y sirven como prueba. Los móviles monitoreados por la Policía Metropolitana no cuentan con ese servicio”, explica Gabriela Knapp, integrante del Programa de Víctimas contra las violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Tanto los móviles como los fijos son judicializados. El primer paso siempre es hacer la denuncia. El artículo 26 de la ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres detalla que los jueces deberán ordenar toda medida necesaria para garantizar la seguridad de la mujer, hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de todo acto de perturbación o intimidación, agresión y maltrato del agresor. Según el contexto de cada caso, las otras opciones son: prohibiciones de acercamiento, consignas policiales y refugios para las víctimas.
La idea de los botones nació en Estados Unidos. En 2012 el Municipio de Tigre se convirtió en pionero y puso en marcha la entrega del Dispositivo de alerta para Mujeres Agredidas (DAMA). La abogada Luciana Sánchez no perdió de vista la iniciativa y hace más de diez años que sigue de cerca el tema. “En el primer año de instalación se entregaron 13 de los 50 botones que tenía el municipio. La implementación es burocrática y la entrega, restrictiva. La eficacia de los dispositivos está íntimamente relacionada con el modelo de seguridad y el discurso de mano dura. Este tipo de medidas disuasivas en un contexto de impunidad y violencia hacia las mujeres no funcionan”, asegura. Según un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, se estima que entre 2011 y 2015 se otorgaron alrededor de tres mil botones antipánico.
En su momento, Daniel violó todas las medidas protección ordenadas por el juez civil. Le dieron cuatro años y seis meses de prisión por amenazas coactivas, lesiones leves y desobediencia contra Fernanda y por otros delitos. Ahora ella está a cargo de la Defensoría de Género de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No sólo ayuda a viralizar otros casos similares, sino que presenta proyectos de ley en la materia. Fernanda pide la inmediatez de la orden de arresto y las pericias, es decir, que un cuerpo médico forense dictamine si el agresor está psicológicamente apto o no para salir de prisión. “Ni siquiera son notificados por la justicia. Para que eso pase se tienen que acercar a vos otra vez”, explica. Otro reclamo que considera importante es la falta de conectividad entre las denuncias civiles y penales.
Resistir desde Chaco
El 25 de agosto de 2015, Eliana descubrió que su pareja, Raúl Sebastiani, la engañaba con otra mujer. Él enloqueció. La arrastró del pelo, le pegó piñas y patadas, le rompió los dientes, le puso un arma en la boca, la violó y la llevó casi inconsciente a la casa de uno de sus amigos. “Te la dejo hasta que se tranquilice”, ordenó él. Hoy Eliana está viva porque pudo huir. Recuperó su celular, llamó a una amiga, fue a la policía. Pero el ataque parece no alcanzar. Sebastiani sólo estuvo en la cárcel un par de días y salió. Ahora es ella la que está presa del miedo mientras espera la sentencia. Como Fernanda, tampoco se sintió protegida por su botón antipánico. “Es un sistema que revictimiza. El cuidado no es serio, ni responsable”, dice.
A Sebastiani lo imputaron por los delitos de lesiones leves en contexto de violencia de género, amenaza con armas y tenencia de armas de fuego. La gente que lo conoce y los medios chaqueños describen a un tipo con poder; dirige una concesionaria de autos que opera en Resistencia, Corrientes y Formosa. “La entrega del botón fue humillante para mí. La fiscal le dijo a mi ex que hasta que yo no lo tuviera, él no saldría de la cárcel. Entonces movió plata, contactos y a la semana me lo dieron”, cuenta la víctima.
Eliana dice que el aparato anda, pero se queja del servicio. Hace un tiempo lo tuvo inhabilitado por falta de batería casi un mes. “En la pantalla no hay marcador que avise que hay que cargarlo. Cuando llega a 10 % me tiene que alertar la policía”, explica. Debe estar al tanto de la carga, que esté dentro del área de cobertura y que no se tilde, ni se apague. Ella también piensa que no sirve para nada y coincide en que la revisión médica debe ser a las dos partes; que deben mejorar los protocolos de denuncia y acelerarse los tiempos judiciales.
Para Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), la problemática se agudiza en la provincia de Buenos Aires y hacia el interior del país: “Allí hay problemas hasta para recibir las denuncias. No les creen a las víctimas. Hay que capacitar con perspectiva de género no solo en la justicia, sino también a la administración pública y en las escuelas. Si queremos la reversión cultural, un curso cada tanto no basta”.
A pesar de haber declarado la emergencia social por violencia de género en 2014, el año pasado la provincia de Salta tuvo problemas con la distribución de los botones. Según una nota del portal salteño El Tribuno, en mayo se habían entregado menos de la mitad de los que se solicitaron. Para ser más exactos: 140 botones contra 370 pedidos. “Al día de hoy los números siguen siendo ridículos en relación a los casos”, asegura la abogada Luciana Sánchez.
En 2015, la docente cordobesa María Eugenia Lanzetti ni siquiera llegó a presionar su dispositivo para alertar a la policía local; su ex pareja la mató a puñaladas delante de sus alumnos y de una colega. En Córdoba, el 17 % de las víctimas lo accionaron por un motivo en particular: corrían riesgo de vida. Lo reveló un informe de 2016 del Polo Integral de la Mujer en Situación de Violencia.
“El botón y cualquier tipo de protección se vuelven ineficientes porque no alcanzan los recursos estatales. Hay que luchar contra las disfuncionalidades, trabajar sobre las razones de la violencia y mejorar el trato a las mujeres agredidas”, dice Mariela. El día del Paro Nacional de Mujeres se corrió la noticia de que un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal no reconocía y eliminaba las funciones de la UFEM. Hoy ese proyecto quedó en suspenso gracias a la legitimidad que ganó el organismo y al repudio a través de las redes sociales. “En este sentido no podemos permitir más retrocesos, sólo avances”.
