Un ancla de responsabilidad
Luis Brunetto/El Furgón – La foto más escandalosa, aunque no la más sorprendente de este fin de año, es la de los burócratas cegetistas en Olivos (o en la Rosada, no recuerdo bien) luego de la aprobación del proyecto “consensuado” de ganancias, brindando con Mauri por el año nuevo. Allí, el presidente les pidió nada menos que ser “un ancla de responsabilidad”, eufemismo que oculta el acuerdo para convalidar en las próximas paritarias la caída del salario real de más del 10 por ciento que se ha producido este año. Una monstruosidad si se tiene en cuenta que en 1976, dictadura mediante y con pena de muerte para los huelguistas, el salario real cayó en un 30 por ciento; en el 2002, explosión de la economía nacional mediante, cayó un 20 por ciento y en el 2014, devaluación de Kicillof mediante, lo hizo un 5 por ciento (según la por entonces oficialista CIFRA, aunque otros organismos dieron guarismos mayores).
La nueva ley de ganancias no hace más que convalidar el impuesto al salario. El gobierno, que pensaba aumentar la cantidad de trabajadores que pagan el impuesto, salió hecho: 400 mil trabajadores dejarán de pagar en enero para volver a pagar a partir de la próxima paritaria. La suba del mínimo no imponible es apenas de un 20 por ciento, porcentaje alrededor del cual, tanto el gobierno como la burocracia sindical y los empresarios, esperan pactar el año que viene.
Es que la tendencia a hacer recaer el grueso del costo fiscal en los trabajadores es una tendencia “orgánica” del capitalismo. Por esa razón, hace años que la AFIP dejó de publicar el porcentaje de la recaudación de ganancias a la cuarta categoría en relación al total. En un informe del 2015, la consultora Economía y Regiones sostenía que “el aumento de la importancia relativa de la recaudación de Ganancias en términos del PBI está explicado en un 68 por ciento por el mayor pago de Ganancias por parte de los trabajadores” y que la recaudación del impuesto a los salarios en términos de producto “se incrementa 114 por ciento en el período pasando de 1,3 (2007) a 2,8 (2015) del PBI”. De esta manera, el impuesto seguirá cumpliendo el doble propósito de aliviar la presión fiscal sobre la burguesía y a la vez de “anclar” las negociaciones paritarias.
Pero, por supuesto, la principal noticia económica de fin de año es la del reemplazo de Prat Gay. Está claro que el ala ultraortodoxa del gobierno, en la que milita el propio Macri, ha resuelto hacerse cargo de la política económica en su totalidad. La verdad es que en 2016 el gobierno ha podido avanzar apenas milímetros, con una serie de medidas macroeconómicas que le han permitido conseguir un importante abaratamiento de la fuerza de trabajo. Pero no ha podido avanzar en las reformas estructurales que realmente desea imponer; ni siquiera ha podido plantear cuestiones centrales de su proyecto, como la privatización de empresas públicas o del sistema jubilatorio. Para ello debe vencer un profundo rechazo social que abarca no sólo a sus opositores, sino a importantes franjas de sus votantes.
Aunque el año electoral no sea el escenario más propicio para profundizar el ajuste, Macri comprende que debe jugarse el todo por el todo para tener chances de aplicar su programa de fondo. La alianza con el gradualismo de Carrió y los radicales le permitió ganar las elecciones, pero el precio fue el doble comando económico Prat Gay-Macri. La movilización popular y la imposibilidad política de lanzar un proceso represivo en regla le hicieron perder el año. La salida de Prat Gay demuestra que el gobierno se plantea este problema y se propone afrontarlo.
