Cárcel de Devoto: una educación a media máquina
Agustina Lanza/El Furgón – Después de una requisa violenta al Centro Universitario, una protesta pacífica y una denuncia de la Procuvin, el Servicio Penitenciario Federal no puede esquivar la mirada a la falta de recursos educativos. Con el fin del ciclo lectivo tendrán un respiro. Pero los presos ya lo avisaron: pelearán por su derecho hasta el final.
Sofía atraviesa más de cinco rejas para llegar al aula. En el camino los agentes penitenciarios, por las dudas, la despojan de sus elementos personales. Los viernes da clases en el Centro Universitario que funciona en la cárcel de Devoto. Su taller extracurricular está incluido dentro del programa UBA XXII y pertenece a la carrera de Sociología. En septiembre, parte de los hombres que le prestan atención cada semana hicieron una protesta pacífica en el penal por su derecho a la educación. Ahora se avecina un impasse: el fin del ciclo lectivo aquietará las aguas por un tiempo.
La docente piensa unos segundos. “Sí, yo ya lo sé. No hay que involucrar los sentimientos, pero es difícil. Uno de mis alumnos me contó que no tiene cama desde que llegó acá hace más de dos años”, dice. Cuenta que en su taller anual se tejen vínculos de solidaridad, escucha y compañerismo por primera vez. Lo que más la alienta son aquellos espacios de debate y reflexión que se generan en su clase. Sofía les enseña a los presos a tener una mirada crítica sobre el tratamiento que le dan los medios hegemónicos a la inseguridad. Según un informe de 2015 de la Facultad de Derecho de la UBA y la Procuración Penitenciaria de la Nación, ocho de cada diez graduados no volvieron a ser condenados.
Las autoridades penitenciarias no tienen injerencia en lo que sucede en el CUD. Sin embargo, el 12 de septiembre un grupo de requisa entró en el espacio a piña y patada. La excusa fue una denuncia anónima a una línea 0800 del Servicio Penitenciario Federal. Los agentes revolvieron todo lo que pudieron y se llevaron con ellos marihuana, celulares, pendrives, artículos de perfumería “prohibidos” y ropa de colores no permitidos, entre otros. A su paso dejaron los pedazos rotos de los materiales que usan los internos para estudiar.
Un freno de adentro hacia afuera
“En el CUD, los pibes pueden pensarse desde otro lugar, incluso fuera de las lógicas de brutalidad que tiene la cárcel”, dice Sofía. Por eso, los presos lo defienden: días después de la requisa hicieron una batucada y lograron lo que querían, se hicieron oír. Los docentes y varias organizaciones sociales estuvieron apoyándolos desde afuera. “Un abrazo al penal”, “una protesta pacífica”, “un ruidazo”, así salió en las noticias. Ninguno utilizó el término motín. Por las redes sociales circuló una foto en la que se ve una bandera. Se lee en letras rojas: más trabajo, más salud, más educación.
Con SUTPLA, el Sindicato Unido de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria, que funciona dentro del penal, los estudiantes lograron armar una lista de pedidos. Además de pedir baños dignos para las visitas, mencionaron la mejora y/o ampliación del Centro Universitario.
El artículo 55 de la Ley 26.206 de Educación Nacional deja en claro que los internos no están pidiendo nada fuera de lo común: “El ejercicio de este derecho no admite limitación ni discriminación alguna vinculada a la situación de encierro, y será puesto en conocimiento de todas las personas privadas de libertad, en forma fehaciente, desde el momento de su ingreso a la institución. Esta modalidad del sistema educativo está destinada a garantizar el derecho a la educación de todas las personas privadas de libertad, para promover su formación integral y desarrollo pleno”.
La acusación
El complejo de Devoto cuenta con cinco módulos diferentes y varios edificios. En el CUD hay estudiantes de otras cárceles y del mismo penal. Los últimos acceden a través de los pasillos internos y el Jefe de Requisa es el encargado de asegurar que esos traslados se cumplan. Por ley los presos no pueden moverse solos hasta las aulas, necesitan de los oficiales para llegar. A veces no sucede. Faltan a clase y sus profesores no saben por qué. También se pierden las boletas de movimiento donde figuran las firmas que aseguran las asistencias. “Es una práctica cotidiana del servicio para entorpecer los espacios de educación”, explicó Sofía.
La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) denunció por obstrucción a Gilberto Figueredo, Jefe de la Cárcel, después de la requisa y el abrazo al penal. Entre los motivos figuraban la falta de herramientas de estudio y la deficiencia de los traslados. El fiscal que impulsó la denuncia, Fernando Vallone, explicó que algunas ausencias no tienen que ver con la decisión propia de los internos de faltar a clases. Los agentes no los llevan. “El CUD nos entregó más de diez actas firmadas por profesores con el faltantes de alumnos”, dijo Vallone.
Dentro de la acusación, el fiscal mencionó el incumplimiento de dos hábeas corpus por parte del SPF. Hace más de cinco años, los referentes del Centro Universitario presentaron sus quejas por escrito junto con la PPN. Desde ese entonces, los malos traslados ya eran un problema. La justicia interpeló a las autoridades penitenciarias para que aceite los mecanismos, pero del otro lado sólo primó la indiferencia. “Nosotros hacemos inspecciones periódicas. No hubo mejoras después del segundo recurso, por eso denunciamos”, contó Vallone.
El año que se va
La denuncia de la Procuvin está en curso y para Vallone “las cosas están más tranquilas” que la última vez. En diciembre la actividad del CUD baja de manera abrupta; sólo queda proyectar el año siguiente. “Hubo elecciones y un grupo nuevo está listo para coordinar. Nos vamos a centrar en lo que es indispensable para los alumnos como el mobiliario y la bibliografía”, dijo Marta Laferriere, actual directora del Programa UBA XXII.
Más de 3 mil presos pasaron por el programa, creado hace más de 30 años a propósito para esos contextos de encierro. Pero desde su implementación sólo se pueden estudiar las carreras de derecho, letras, psicología, sociología y contador público. El por qué está a la vista: escasean los recursos para capacitar a los alumnos en profesiones más prácticas como odontología, arquitectura o diseño gráfico.
En el informe anual de 2015 de la Procuración Penitenciaria de la Nación hay un apartado en el que se detalla el relevamiento del sistema educativo en el SPF. Las carencias edilicias, la escasa limpieza y ventilación, el material desactualizado y en mal estado de conservación, la prohibición al acceso de internet (aunque sea necesario para mejorar las clases), la falta de equipamiento tecnológico, el funcionamiento deficiente del servicio de bibliotecas y cantidad insuficiente de recursos humanos se mencionan en una lista de prioridades.
A pesar de eso, otro dato llama la atención: más del 80 por ciento de la población encarcelada se encuentra inscripta de manera formal a cursos educativos. “Para mí es una puerta para no volver a delinquir, porque mi familia sufre y yo no quiero hacerlo más”, dijo a la PPN un hombre de 23 años privado de su libertad durante una entrevista. Otro dijo que la educación era una oportunidad de progresar, una ayuda para mantener firmes los valores y los vínculos y la posibilidad de conseguir un trabajo digno cuando salga de la cárcel.
