Un señor muy viejo con unas alas enormes
“Muchos jueces son absolutamente incorruptibles, nadie puede inducirles a hacer justicia”.
Bertolt Brecht
Jorge Montero/El Furgón – 1- El 22 de noviembre falleció, a los 98 años, Carlos Santiago Fayt. “Mi padre fue un luchador” reflexionó su hija Graciela, justificando su ininterrumpido ministerio en la Corte Suprema por más de 32 años, resistiendo todos los embates que demandaban su retiro, hasta el 10 de diciembre pasado, cuando Mauricio Macri asumió la presidencia.
“Seguiré en la Corte mientras Dios me dé fuerza, vida y plenitud”, aclaraba el polémico juez, el más antiguo en su ministerio, cumpliendo casi un record mundial. No deja de ser una ironía que en la polisemia de la expresión del cuasi centenario magistrado, que sólo de a ratos sabía en qué día y en qué mundo vivía, no escapa su propio límite biológico, inexorable. La Corte Suprema en las manos de dios.
2- La renovación del máximo tribunal fue una de las grandes banderas del primer kirchnerismo. A pesar del discurso épico, se trató de una tarea asequible, porque implicó desplazar resabios de una estructura política que había sido abiertamente cuestionada por la movilización popular en las jornadas de diciembre de 2001. Con siete miembros, tres de ellos designados por Néstor Kirchner, dos por Raúl Alfonsín y uno por el senador Eduardo Duhalde, además del “Inmortal” Fayt en el cargo desde 1983; la Corte comenzó su actuación de la mano del primer gobierno kirchnerista. El propósito político era impugnar, de menor a mayor, a los actores de una época en retirada: primero las rémoras de la dictadura, luego los restos del menemismo y finalmente al propio duhaldismo que lo había prohijado.
Pasados trece años, los jueces conservan los privilegios de los que gozaron ininterrumpidamente desde 1863, cuando la primera Corte Suprema fuera nominada por el presidente Bartolomé Mitre. Altos ingresos que alcanzan montos exorbitantes, y que en nombre de la “independencia” de los magistrados son intangibles –por lo tanto eximidos del pago del impuesto de Ganancias-. Con puestos vitalicios en la estructura del poder judicial, o jubilaciones de privilegio, para el caso de optar por el retiro. En síntesis, una casta que goza de enormes privilegios materiales y, por ende, simbólicos, lo que le otorga una enorme gravitación en la vida política y social.
3- El gobierno nacional tensó su relación con la Corte y la casi totalidad de la casta judicial cuando ésta comenzó a oler el desgaste político oficialista. Puso una barrera infranqueable al tibio intento de reformas impulsado por Cristina Fernández, que recortaba algunos de sus atributos. Primer episodio de una guerra de baja intensidad que se saldó con un pacto que permitió a la Corte continuar controlando los fondos y recursos del poder judicial.
Estas fricciones crecieron luego de las elecciones de 2013, con acusaciones de corrupción contra integrantes del círculo íntimo del poder político. Si la primera “víctima” fue Amado Boudou, las investigaciones luego recayeron sobre el entorno de la familia presidencial y empresarios cercanos al poder como Cristóbal López y Lázaro Baez. El gobierno respondió con la imposición de una nueva camada de fiscales afines, y el intento de entronizar conjueces a distintos niveles. La sangre no llegó al río. Pedidos de juicios políticos y de apartamiento de causas, propuestas de ampliación de la cantidad de miembros de la Corte o profusión de cautelares, se combinaron con treguas consensuadas e intermezzos de relativa paz.
Las hostilidades escalaron tras la muerte del fiscal Nisman y la marcha del 18 de febrero convocada por los fiscales opositores.
El mojigato juez Ricardo Lorenzetti, el mismo que dio por cerrada la causa por la voladura de la embajada de Israel en su mensaje de apertura del año judicial el 3 de marzo de 2015, rápidamente desmentida por otros miembros del honorable tribunal, se envalentonó: “los jueces están para poner límites al gobierno de turno”, sostuvo en un reportaje de abril en el diario cordobés La Voz del Interior.
4- “Siempre, cuando aparecen estas cosas a mí me dicen que por 40 mil dólares se pueden arreglar”, le dijo el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, al periodista Carlos Del Frade. Repitió esa suma en cinco oportunidades, con tufillo a soborno.
La charla se dio en su despacho del máximo tribunal en febrero de 2010, y el magistrado hacía referencia al libro de investigación Salud, valores y esperanzas -en el que se detallaba cómo los amigos del juez se habían quedado años atrás con la mutual de la Asociación Médica de Rafaela-, al tiempo que justificaba por qué fue socio y asesor de las prepagas en épocas de Víctor Alderete al frente del PAMI.
El trabajo periodístico estaba basado en la historia política de la salud en la ciudad de Rafaela, Santa Fe, y fue encargado al periodista por la comisión directiva del gremio que, en ese momento, luchaba por generar conciencia social, laboral y sindical entre los profesionales de la salud, a contramano de los intereses de la medicina pensada como negocio. Desde la década de 1990, la gerenciadora Apreme (luego Rafaela ACE), que integraban los dueños de Clínicas y Sanatorios -entre ellos Lorenzetti- disputó con la entidad que representa a los médicos, varios contratos de administración con obras sociales de la talla de PAMI, OSECAC y OSPIL.
“En esos mismos años, Lorenzetti fue el abogado de las prepagas del PAMI las mismas que saquearon la obra social más importante del país”, asegura Del Frade. Y explica que “cuando la Asociación Médica de Rafaela lo denunció comenzaron a lloverle una seguidilla de juicios que terminaron desbancando aquella comisión que denunciaba al ahora juez y fue así que los amigos de Lorenzetti se quedaron con esa mutual”. Las denuncias contenidas en el libro quemaban. El texto fue retenido por la directiva de la Mutual rafaelina, tomada por asalto, para evitar su difusión: “Son 2500 ejemplares, de los cuales 2000, están secuestrados en una habitación de la Asociación Médica”, añade Del Frade.
5- El 14 de diciembre de 2004 el pliego del “abogado carancho” Ricardo Lorenzetti, para ocupar el cargo de juez de la Suprema Corte, era aprobado en la en la Comisión de Acuerdos del Senado. Durante una hora y media, el jurista santafesino respondió a las impugnaciones recibidas en su contra, que pasaron a dormir el sueño de los justos.
Bastó que Lorenzetti se animara a cuestionar la mentada Ley de Medios, para que la investigación de Del Frade se convirtiera en uno de los sitios más comentados por los bloggers del oficialismo. Más tarde, Salud, valores y esperanzas pasó a interesar a los dirigentes de la Coalición Cívica. Eran los tiempos en que “Lilita” Carrió demonizaba el acuerdo Lorenzetti-Fernández para el discrecional manejo de los fondos del poder judicial.
6- Tras más de una década, sólo quedaron hilachas de aquella “corte lujosa”, transformada rápidamente en una verdadera “corte de los milagros”, revalorizada en el fin de ciclo kirchnerista como garante de la “seguridad jurídica”, eufemismo que esconde la preocupación de los grupos económicos concentrados que -amén de haberse llenado los bolsillos de dinero gracias y junto a los gobiernos peronistas- desean garantizar sus negocios, intereses y privilegios.
El apoyo institucional más fuerte que recibiera la Corte y sus magistrados, proviene de un documento, que bajo el título de “La Corte Suprema y sus autoridades, pilar de la República”, hicieron público el 8 de mayo de 2015 las principales cámaras patronales en respaldo del máximo tribunal.“Un Poder Judicial independiente es un pilar fundamental del Régimen Republicano… Por este motivo expresamos nuestro rechazo ante expresiones hostiles referidas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación tanto en lo referente a su Presidente, como a sus demás integrantes…”. Firman el texto organizaciones empresarias como la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, Asociación Dirigentes de Empresa, Cámara de Comercio Argentino-Canadiense, Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Confederaciones Rurales Argentinas, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independiente, Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, Sociedad Rural Argentina, entre otras organizaciones “democráticas”. Macri asomaba en el horizonte.
7- “Mi papá continúa vivo y trabajando, si la preocupación es esa”, aseguró Graciela Fayt el año pasado, como si los periodistas que la interrogaban hubieran puesto en duda su existencia. Un par de días después, el añoso juez, tomado del brazo de su secretaria y rodeado por doce custodios, se dirigió a tribunales. Lo esperaba un escuálido grupo de manifestantes convocados por la agrupación “Será Justicia”, y al que adhirió la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que ocupó las escalinatas de la calle Talcahuano, bajo la original consigna “Fayt no se va”. El cierre del acto estuvo a cargo del presidente del Colegio de Abogados de Buenos Aires, Jorge Rizzo. Haciendo uso de un glosario a tono con tan magna actividad, aseguró que el kirchnerismo se la “iba a tener que comer doblada” en su intento de desbancar a Fayt.
La imagen de un hombre anciano abriéndose paso con dificultad, rodeado de guardaespaldas, es una buena metáfora de la senilidad del régimen oligárquico que cimienta al Poder Judicial argentino. Carlos Santiago Fayt había cumplido 98 años en febrero, pero era dudoso que lo supiera.
