lunes, junio 17, 2024
Nacionales

Monte: La CPM afirma que el hostigamiento policial y la represión son una práctica permanente

Por Luis Brunetto/El Furgón –

La persecución a balazos de la madrugada del 20 de mayo, en San Miguel del Monte, no fue más que un corolario lógico de la práctica policial de hostigamiento y represión permanente que sufren, especialmente, los jóvenes de clase trabajadora de todo el país. Esto se desprende del Informe sobre la masacre que elaboró la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que funciona en el ámbito bonaerense. El dossier resulta un golpe decisivo a la tesis de las “manzanas podridas” con la que, desde diversos círculos políticos -tanto oficialistas como opositores- así como desde los grandes medios de comunicación, pretenden explicar los hechos.

Mural que recuerda a los chicos y chicas de Monte

Por el contrario, de la lectura del texto se deduce que la práctica policial corrupta, arbitrariamente represiva e intimidatoria, por parte de la fuerza policial de Monte, es la regla, y no la excepción, como pretenden invocar los defensores de la teoría de las “manzanas podridas”. El informe da cuenta de un accionar local indudablemente alineado con la “doctrina Chocobar”, impulsada desde el ministerio de Seguridad por Patricia Bullrich, aplicada por los gobiernos provinciales de todos los signos políticos, y que explica los asesinatos policiales de niños como Facundo Ferreira, en Tucumán, de jóvenes como Silvia Maldonado, en Santiago del Estero, y del adolescente Matías Alderete, en La Matanza, los más notorios ejemplos de las consecuencias de la aplicación de esta doctrina de control social sobre las clases populares, en todos los rincones del país.

La intendenta Mayol junto al ministro Ritondo, 15 días después de la masacre de Monte.

La CPM registra el pedido de coima que sufrió Aníbal Suarez en la comisaría y que denunció su hermano Emanuel; también el hostigamiento previo hacia otra de las víctimas de la masacre, Danilo Sansone. Detenido el 31 de marzo pasado por el jefe de calle José Durán, y golpeado en el patrullero, al momento de liberarlo, y en presencia de su madre Gladys, el agente le dijo a Danilo que lo había detenido “por jetón”; y que le hacía “falta una buena paliza”. Además, el reporte detalla numerosos casos de detenciones arbitrarias, hostigamiento e incluso golpizas, como la que recibió I.S., de 17 años, quien denunció haber sido detenido en la vereda de un pool junto a un amigo y golpeado en el patrullero por el teniente Héctor “Pipi” Angel: “…me tira al piso, me asfixia, me pone las esposas y me sube al patrullero. Me llevan al hospital y me revisan (…) vamos a la comisaría y nos meten en una celda (…) en un momento entra un policía a la celda y nos caga a palos a mí y a mí amigo”. Angel es uno de los policías con prisión preventiva, acusado de “encubrimiento agravado” de la masacre policial. Por su parte, G.S. denuncia que cuando tenía 17 años “…me choca un patrullero. Yo iba en moto por la laguna. […] Me secuestran la moto, ahí me meten una piedra de porro de 31 gramos y me armaron una causa. Después siempre me paraban, me cagaron a palos un montón de veces”. La CPM señala también que la mayoría de las detenciones no habrían sido registradas en las actas correspondientes en los libros de la Comisaría.

Portada del informe sobre la masacre de Monte

A la hora de juzgar las responsabilidades políticas, el informe registra una serie de declaraciones y manifestaciones públicas de la intendenta Sandra Mayol, previas a la masacre, claramente respaldatorias del accionar de la policía de Monte. El tono de esas declaraciones acrecienta las certezas, en la comunidad y en los familiares, acerca de la responsabilidad política de Mayol, así como las dudas sobre su intervención práctica en las maniobras de encubrimiento. El faltazo de la intendenta a la citación unánime del Concejo Deliberante, habría consolidado ese punto de vista entre los familiares de las víctimas, así como la idea de la necesidad de avanzar en líneas de investigación que contemplen la hipótesis de una maniobra de encubrimiento pergeñada desde la más alta autoridad política local. La redacción abiertamente jurídica de la nota que Mayol envió el lunes pasado como respuesta a la citación del cuerpo deliberativo local, parece indicar que, desde la propia intendencia, se esperan medidas procesales destinadas a esclarecer las posibles responsabilidades de la jefa comunal, en la línea de lo que estarían reclamando los familiares.

La presentación del informe se hizo en el Centro Tradicionalista Martín Fierro de Monte, el viernes 5 de julio, y los familiares denunciaron la presencia de dos policías de civil, que se movilizaban en un automóvil sin patente, en lo que interpretan como un claro mensaje intimidatorio. La presencia ilegal de policías de civil ha sido una constante en todas las actividades que los familiares han realizado para reclamar justicia. Por otra parte, la presentación del informe se realizó en vísperas de la liberación de la agente Nadia Genaro, acusada de participar en la maniobra encubridora de los hechos, y que no fue bien recibida por los familiares. Consultado al respecto por El Furgón, Emanuel, hermano de Aníbal, señaló: “tienen que estar todos presos. No tienen que seguir largando, está mal eso, me parece injusto”.