martes, julio 16, 2024
Nacionales

La amenaza mapuche

Victoria Darling*/El Furgón – Detrás de una campaña típica de demonización por parte del gobierno de turno, se oculta una trama compleja. ¿Qué se oculta debajo de la ignorancia de los gestores en su ofensiva pública contra pueblos originarios? ¿Cuál es el papel de los grandes terratenientes de la región patagónica, de las corporaciones que hacen del extractivismo su negocio cotidiano, de los políticos que garantizan impunidad y silencio? La amenaza mapuche, o una inconfundible cortina de humo a la medida de los intereses de los poderosos y validada por la complicidad de los indiferentes.

“Queremos saber quiénes son. Que sepan que los vamos a detener, que sepan que no van a poder generar este caos, ni el temor en la sociedad, ni que nosotros nos vamos a quedar mirando lo que está pasando”. Estas declaraciones de Pablo Nocetti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación en entrevista con Radio Nacional Esquel el 2 de agosto, reconocen la planificación del operativo militar realizado en la comunidad mapuche de Cushamen; semanas después del encuentro formal entre el presidente Mauricio Macri y su par chilena Michelle Bachelet en Santiago.

Como fue ampliamente difundido a lo largo de los últimos días, el 1° de agosto, Gendarmería Nacional ingresó violentamente en el área territorial mapuche, ubicada en el centro de la provincia de Chubut. Allí la organización social, de raíz familiar y comunitaria que en términos mapuches se denomina “lof”, resiste a la ocupación ilegal de sus tierras ancestrales.

Como tantas otras veces en que fue escasa la visibilización de la criminalización indígena por parte de los medios de comunicación nacionales, en esta oportunidad se desplegó un operativo represivo comandado directamente por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Reafirmaron la coordinación de fuerzas a nivel nacional y provincial; agredieron, golpearon y dispararon contra los indígenas. Los gendarmes identificaron a los habitantes del lof y realizaron un control de sus recursos, para luego quemar gran parte de sus bienes. En la embestida no sólo se encontraban los miembros de la comunidad, sino también un amigo recién llegado de El Bolsón que estaba de visita. Él era Santiago Maldonado, de 28 años, quien desde ese día se encuentra desaparecido.

Al día siguiente de la acción represiva, Nocetti buscó justificar la acción militar. Afirmó que existía un sospechoso movimiento terrorista en la zona denominado RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). Dijo en una entrevista para Radio Nacional Esquel que el Ministerio, con conocimiento del Presidente de la Nación, decidió armar un sistema de coordinación de las fuerzas de Río Negro y Chubut, con conocimiento de los carabineros de Chile para detener estas fuerzas extremistas.

En miras de dilatar el debate y las denuncias que tienen como objetivo saber datos acerca del paradero y las condiciones de detención de Maldonado –tema que remite a la memoria de la desaparición de un ciudadano en democracia– la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en plena campaña electoral afirmó: “No vamos a permitir una república mapuche en medio de la Argentina”.

¿Una república mapuche? Los dichos de la ministra no sólo soterran un debate sobre la legalidad de la represión a las comunidades tradicionales, sino que abren espacio a los  malentendidos y a la desinformación. Da lugar a quienes sostienen el mito del indígena como freno del progreso y ancla del desarrollo productivo. Además, instalan en la sociedad el temor a la existencia de un virtual enemigo interno. Alguien que actúa de manera clandestina y amenaza la paz social por la vía armada y a través del terror.

La ministra se mostró en continuidad con los dichos de Nocetti, referidos a la posición de los indígenas en rechazo a la existencia del Estado argentino. Pero también agregó que “están planteando una lógica anarquista”; lo dijo el 8 de agosto, a través de Radio Mitre de Buenos Aires.

Desconocedora de los debates anarquistas de principios de siglo en la región y ausente de la discusión que problematiza el reconocimiento de los derechos indígenas en países multiétnicos como Argentina, la ministra planteó que los mapuches constituyen un pueblo violento que pretende instalar una república propia. Algunas precisiones, entonces, se vuelven necesarias.

Los indígenas mapuches que habitan el sur de la Argentina cuentan con  reivindicaciones históricas sobre sus recursos y sus territorios ancestrales, sostenidas desde finales del siglo xix; momento en que los Estados argentino y chileno llevaron adelante campañas de conquista y colonización. Recordemos que la Campaña del Desierto en Argentina y la Campaña por la Pacificación de la Araucanía en Chile se orientaron a una supuesta integración política a la nación que redundó en el exterminio de las formas organizativas indígenas de la Patagonia y, con ellas, al genocidio de un gran número de sus pobladores. No fue casual que la represión en la que Maldonado fue desaparecido se diera junto al cauce de un río: las políticas estatales de invasión y reestructuración de las comunidades durante todo el siglo xx arrojaron a las comunidades indígenas del sur al confinamiento en tierras fiscales, o bien a tierras articuladas en colonias al margen de las aguas.

Recién hacia fines de los años ochenta como cristalización institucional, en virtud de su capacidad de organización y gracias a un clima internacional favorable, los pueblos indígenas lograron el reconocimiento de sus derechos colectivos. Sancionada en nuestro país el 4 de marzo de 1992, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que reconoce a los pueblos indígenas la posesión de las tierras que tradicionalmente ocupaban. Además, incorporada la ley a la reforma constitucional de 1994, se salvaguardó el derecho a utilizar, administrar y conservar los recursos que en sus territorios existieran. De ese modo podrían exigirle al Estado indemnización por cualquier daño que los pueblos puedan sufrir como resultado de las acciones de gobierno.

Los noventa fueron claves en este sentido por la defensa de los derechos de las llamadas minorías, y porque además la presión de la lucha de varias organizaciones sociales adquirieron un rol central en la custodia de los derechos humanos. Las movilizaciones por el reconocimiento de la dignidad de los pueblos indios en el quinto centenario de la colonización de América incidieron también en este clima de época.

A pesar de ello, al atravesar gobiernos de diferentes colores partidarios y posturas ideológicas, la cuestión indígena no alcanzó un reconocimiento concreto en la práctica. Las movilizaciones de 2011 y 2013 dan cuenta de esta postergación. En particular, en el caso de los pueblos mapuches-tehuelches de la Patagonia, este relego se condensa en los altos índices de pobreza. Según Unicef, poseen los indicadores más bajos de escolarización y débil educación intercultural.

En este contexto, con el paso del tiempo, la negación de los derechos de los pueblos por parte de los gobiernos trajo aparejada la idea socialmente difundida de una supuesta extinción de los pueblos indígenas. No sólo se invisibilizan sus reclamos y se deshistorizan sus luchas, sino que además se pone en cuestión la veracidad de su existencia.

Es mito de sentido común la pretendida idea de que los pobladores se disfrazan de indígenas para sacar provecho de su condición, que no son originarios sino venidos de países limítrofes, o que tienen recursos y por eso no trabajan. Estos prejuicios  sociales abrieron espacio a consideraciones ficticias como las que habilitaron a considerar que recibían financiamiento externo, como la propia Patricia Bullrich afirmó: “El gobierno argentino tiene confirmado que un grupo inglés financia a los mapuches”. Y no sólo eso, también sostuvo en la misma entrevista –en Infobae, el 8 de agosto pasado–, que existían rumores de un acercamiento armado entre los grupos mapuches, las FARC de Colombia y Sendero Luminoso, de Perú. Definitivamente, una breve conversación con representantes de los pueblos mapuches arrojaría hallazgos al gobierno.

Los indígenas de la Patagonia argentina, numéricamente mayores detrás de la cordillera, reclaman la defensa de su cultura originaria, la ancestralidad del derecho colectivo sobre su territorio y, en ese marco, demandan autonomía. Algo que no es sinónimo de anarquía, ni mucho menos de voluntad separatista. La autonomía es una condición de afirmación, de autodeterminación comunitaria o regional que se consolidó en el siglo xxi en la región latinoamericana.

En el caso argentino se expresa en la exigencia del reconocimiento, por parte del Estado, de la especificidad de organización social y política de los pueblos indígenas. Los mapuches no desconocen ni pretenden crear un país dentro de otro, sino corresponderse como nación con lengua, costumbres, tradiciones y proyectos ancestrales, así como formas de autogobierno y de producción propias.

Esta demanda no es nueva, internacionalmente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce desde 2007 la autonomía como derecho. Entiende que debe darse una necesaria adaptación organizacional del Estado a las características de grupos étnicos o regiones con particularidades históricas y demográficas.

Entre tanto, los agentes privados que buscan la explotación de los recursos naturales –en particular mineros y a través del desalojo de las comunidades indígenas y rurales– impiden la consideración de la demanda de autonomía; usan argumentos confusos replicados hoy por representantes del gobierno. En el presente, las comunidades indígenas mapuches legalmente reconocidas por el gobierno carecen de instancias de diálogo y negociación, no sólo ven vulnerados sus derechos ancestrales, sino que son sometidas a la violencia que trasviste de interés general la defensa gubernamental de intereses en alta proporción extranjeros, de proyectos de explotación minera, forestales, turísticos e hidroeléctricos.

La desaparición de Santiago Maldonado es el hilo delgado que conduce a un entramado complejo en el que se hilvanan intereses, confrontaciones de larga data y visiones encontradas sobre distintos proyectos de nación.

La exigencia de su aparición con vida es una emergencia para que ningún poblador vuelva a atravesar el desalojo de sus territorios, de su cultura y el de su propio derecho a la vida.

*Artículo publicado en Revista Sudestada N° 149, Septiembre-Octubre de 2017