Del discurso ficcional del presidente a la realidad
Alejandro Olmos*/El Furgón – En una promocionada convocatoria, el presidente Mauricio Macri hizo un repaso de algunas cuestiones, sobre las que plantea efectuar algunas reformas, poniendo énfasis en la necesidad del “fortalecimiento de la república” y la calidad institucional; también habló de la necesidad de reducir la pobreza y encarar una serie de reformas que serán materia de próxima consideración legislativa.
Entre tantos anuncios, no hizo la menor referencia al grave problema que presenta la deuda pública del país, que es condicionante estructural de cualquier política que se pretenda instrumentar en el futuro.
Seguramente, para los criterios que sostiene el actual gobierno la política de endeudamiento es fácilmente sostenible y no ofrece problemas, coincidiendo con los conocidos economistas que siempre han defendido políticas financieras, que llevaron a una crisis de la deuda que se solucionó a costa de un mayor endeudamiento.
Siempre criticamos, con diversos fundamentos, las dos reestructuraciones de la deuda externa pública llevadas a cabo en los años 2005 y 2010, debido a que se pagó a los acreedores externos con dinero de instituciones del Estado (ANSES, Banco Nación, Banco Central, etc.), pero resulta indudable que, si bien hubo una transferencia de deuda externa a deuda interna, aquella tuvo una importante reducción que le sirvió al actual gobierno para comenzar un proceso de exponencial endeudamiento, que no tiene antecedentes en nuestra historia.
Como los discursos generalmente encubren las realidades que sí muestran los documentos, el presidente y sus ministros prefieren soslayar cuestiones que tienen que ver con aspectos estructurales de la economía.
El año pasado, la deuda se incrementó en 34.500 millones de dólares, y este año, de acuerdo a las previsiones oficiales, volverá a aumentar en 38.200 millones. En el presupuesto 2018 elevado al Congreso de la Nación, se prevé un nuevo aumento de la deuda por 46.500 millones de dólares, en razón de los cual, si sumamos los tres años de gobierno, el endeudamiento va a crecer en 119.200 millones de dólares. Análogamente, también crecerán los intereses de la deuda, estimados para este año en 16.600 millones; en el año 2018 serán de 21.200 millones de dólares, pagándose más del 50 por ciento en moneda extranjera, teniendo un ritmo de aumento sostenido, elevando el tan comentado déficit fiscal, que estará en el 7 por ciento, aunque supuestamente el gobierno pretende ficcionalmente disminuirlo.
El pago de los intereses es uno de los rubros más significativos del presupuesto, ya que si el monto de los mismos llega a los 406.500 millones de pesos (21.200 millones de dólares) es superior al gasto en desarrollo social (174.000 millones), Defensa (116.500), Ciencia y Tecnología (19.300), Salud (56.500), Seguridad (120.900) y Educación (163.200).
Las cifras asustan, y mucho más cuando la suma a pagar de intereses equivale a la construcción de 400.000 viviendas, 200 hospitales de última generación y más de 1000 escuelas de 5000 metros cuadrados, totalmente equipadas.
El Estado no tiene posibilidades de pagar todas las obligaciones, debido a lo cual este año se dejarán de pagar intereses por 4.900 millones de dólares y el año próximo por 6.400 millones, sumas que se capitalizarán pasando a formar parte de un nuevo aumento de la deuda que, como vemos, se va convirtiendo en una deuda perpetua, que condiciona irreversiblemente el futuro de la Nación.
La deuda de la provincia de Buenos Aires
Otro de los ejemplos del crecimiento de la deuda lo constituyen las obligaciones contraídas por el gobierno de María Eugenia Vidal, con niveles muy superiores a otras gestiones gubernamentales, debiendo considerar que la mayor parte fue realizada en moneda extranjera.
Al 1 de enero del año 2016, la deuda de la provincia era de 149.633 millones de pesos; al 1 de enero del año siguiente había crecido hasta 218.884 millones, y a fin del segundo trimestre de este año estaba en 243.060 millones. Si consideramos que en ese período se amortizó deuda por 40.708 millones, ha habido un endeudamiento neto de 77.987 millones.
De cada 100 pesos de deuda obtenidos, 34,2 se utilizaron para pagar amortizaciones y 20.8 para el pago de intereses, destinándose nada más que a financiamiento de capital y a obra pública 14.9 pesos, lo cual desmiente las afirmaciones del gobierno provincial que el crecimiento que se puede observar se debió a la reactivación de la obra pública. Al respecto, debemos recordar que se tomó deuda a tasas que excedían el 9 por ciento anual, y que una vez más el incremento de la misma equivale a 159,6 por ciento de los recursos presupuestados para el Ministerio de Salud y al 362 por ciento del Ministerio de Desarrollo Social.
La deuda del Banco Central
En el incremento de las obligaciones que deben pagarse, no se hace generalmente mención a la enorme deuda cuasi fiscal del Banco Central, que hasta hace un mes era de un billón de pesos, equivalente a 60.000 millones de dólares, a tasas promedio del 27 por ciento.
Esta deuda proveniente de la emisión de LEBAC (Letras del Banco Central) ha excedido la base monetaria, que es de 840.000 millones de pesos ( 48.300 millones de dólares),y el interés que se paga significa una constante transferencia de recursos del orden de los 270.000 millones de pesos por año hacia los bancos y otros organismos financieros que las adquieren, lo que no tiene antecedentes en la historia del Banco, ni tampoco en su antecesor, el Banco de la Nación, cuando era agente financiero del Estado.
En toda esta ficción también se inscriben las reservas internacionales del Banco Central, que no han sido compradas con recursos genuinos, sino con la emisión de moneda, que luego se esteriliza a través de la emisión de las LEBAC, que es un negocio que maneja el sistema financiero para exigir, en muchos casos, el aumento de la tasa de interés y no pasarse al dólar. En resumen: se compran reservas con deuda, estableciéndose un circuito convencional que continúa ahondando la dependencia financiera y que el gobierno ha aumentado considerablemente.
Lamentablemente, todo lo relacionado con este proceso es invisibilizado por los medios, que no se ocupan de la corrupción estructural que viene de lejos e involucra a los grupos más concentrados de la economía, que estatizaron una descomunal deuda que, en 1985, alcanzaba los 23.000 millones de dólares, que pagamos durante décadas, y que todavía tiene un peso considerable en las finanzas públicas.
Es importante mostrar que las palabras del presidente, y de todos los funcionarios del gobierno, sobre el éxito de las políticas implementadas y a implementar, están refutadas por lo que se dice en los documentos confidenciales que se muestran a los inversores, que ponen en evidencia la realidad económica que se está viviendo y no la visión triunfalista de las autoridades. Un ejemplo es lo que se hizo constar en el anexo II, en idioma inglés, presentado a los acreedores, en oportunidad del conocido bono a cien años colocado hace unos meses.
En ese documento, el Poder Ejecutivo expuso los riesgos que corrían los acreedores al suscribir el bono y, al hacerlo, puso en evidencia algunas realidades económicas que generalmente no conviene mostrar en los discursos, prefiriéndose el exitismo ficcional con el que se intenta convencer a los desprevenidos.
En el referido anexo se hizo constar:
1- Que existe incertidumbre y riesgo sobre el futuro económico, debido a la inflación y a la volatilidad del sistema cambiario.
2- Puede haber menos crecimiento económico y reducción de las reservas del Banco Central.
3- Que puede haber reducción de la inversión extranjera, lo que privaría a la Argentina del capital necesario para el crecimiento económico.
4- Puede haber hostilidades internacionales e incertidumbre política respecto de las elecciones del 2017.
5- Puede haber inestabilidad política, social y económica en el futuro
6- El gobierno no puede garantizar los impactos causados por las medidas implementadas en el país.
7- El aumento del gasto público del gobierno puede tener un efecto adverso significativo y consecuencias negativas por largo tiempo en las perspectivas económicas de la Argentina.
8- El gobierno desconoce cuáles serán los resultados de las medidas implementadas en el sector energético y sus repercusiones.
9- El riesgo de no hacer frente adecuadamente a los riesgos reales del deterioro institucional puede afectar adversamente la economía y la situación financiera de la Argentina.
10- Las fluctuaciones del peso pueden afectar adversamente la economía argentina y la capacidad de cumplir con las obligaciones del país.
11- No se puede garantizar que la Argentina pueda obtener financiamiento, lo que puede determinar que no se puedan pagar la deuda pública y los bonos.
12- No se puede garantizar que la calificación crediticia de la Argentina mejorará.
13- La capacidad de la Argentina para obtener financiación puede verse afectada por los litigios de los holdouts. Esto último, indica que este tema todavía no fue solucionado a pesar de los reiterados discursos que afirman lo contrario; que algunos juicios en Estados Unidos continúan, y que existen muchos acreedores con los que no se ha llegado a ningún acuerdo, por lo cual a través de sus acciones pueden entorpecer el pago de los bonos emitidos.
Como ocurre siempre, los documentos que se firman y que generalmente no trascienden a la población, contradicen abiertamente los discursos y el palabrerío con el que se intenta mostrar una situación distinta a la realidad.