La nueva campaña

Emilce Boronbi/El Furgón* – Recrudece la violencia institucional en un año electoral. La desaparición forzada de Santiago Maldonado, la negación del gobierno; la detención ilegal de líderes indígenas, la represión a la comunidad Mapuche de Cushamen; la protección a los grandes terratenientes. Continuidades de un Estado que se conformó sobre un genocidio indígena aún no reconocido.

La consigna “Nunca Más”, posdictadura, se nos viene cayendo hace rato, cada vez que la cara de un nuevo desaparecido por las fuerzas del Estado irrumpe en las plazas, en las redes, en las marchas, en algunas tapas, en el centro mismo de lo que llamamos “democracia”. Santiago Maldonado no está desde el 1 de agosto de 2017 porque lo secuestró la Gendarmería durante la represión en la comunidad Pu Lof en Resistencia, Departamento Cushamen (Chubut), según declararon los testigos.

La respuesta del gobierno nacional ha sido la no respuesta, y la protección de los responsables. Porque ya lo dijo la ministra de Seguridad: “no vamos a tirar a ningún gendarme por la ventana (…) porque los necesitamos para la tarea de fondo que está haciendo este gobierno”. Consolidan, una vez más, una política represiva que pretende instalar el miedo.

¿Por qué Santiago estaba en Cushamen? Su familia y amigos lo describen así: un artista, una persona libre que amaba viajar, escribir, conocer; un joven solidario y sensible con las causas justas. Estaba viviendo en El Bolsón y se involucraba con las luchas de esa comarca movilizada contra la extranjerización de la tierra y el agua. En la marcha del 11 de agosto en Plaza de Mayo, donde miles de personas exigieron su aparición con vida, Sergio Maldonado leyó un texto de su hermano: “Se dice que el problema es la inseguridad, que los delincuentes son el problema de todos nuestros males. Pero nadie se cuestiona la raíz de esos problemas. Es un mundo artificial, donde el valor de intercambio material es el dinero que genera desigualdades (…) por lo cual comienzan a aparecer sometidos, sometidas, sometedores y sometedoras”. Santiago estaba en Cushamen porque comprendió la raíz de los problemas que hoy atraviesan las comunidades Mapuche; porque entendió que recuperar la tierra es una lucha que forma parte de recuperar la humanidad.

El comité contra la desaparición forzada de la ONU pidió la acción urgente del gobierno argentino para buscar a Santiago Maldonado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se pronunció por esto y, por otro lado, exigió la libertad de Milagro Sala; Amnistía Internacional intervino por el caso de Agustín Santillán, preso político del pueblo wichí. Estas detenciones irregulares, junto a la de Facundo Jones Huala, lonko (cabeza o líder) de la comunidad Cushamen, se dan en el marco de luchas sociales y reivindicaciones políticas de los pueblos originarios. Muestras de un estado de situación alarmante.

La ilegalidad del Estado  

El hostigamiento de la Gendarmería y los distintos cuerpos policiales a la comunidad Mapuche Pu Lof en Resistencia es permanente desde que se inició un proceso de recuperación de tierras en marzo de 2015. Varias familias descendientes de la antigua comunidad Cushamen comenzaron a construir sus rukas (casas), hacer una huerta, criar animales y gestar allí un modo de vida acorde con sus pautas culturales. Sin embargo, el ruido de las balas, la policía entrando de noche, de madrugada, de día, ha destruido lo que estas familias habían comenzado a construir: una comunidad con pensamiento propio y reivindicación de la autonomía Mapuche. Semejante osadía, en un predio de la estancia de Benetton, fue castigada con el incendio de las rukas, los alimentos, las semillas, los abrigos y hasta los juguetes de los niños.

Hace un año atrás entrevistamos a Facundo Jones Huala en su casa del alto de Bariloche, en el mismo barrio donde la policía corrió a los tiros a un grupo de jóvenes en la madrugada del 17 de junio de 2010 y asesinó a tres de ellos. Había salido de la cárcel por el fallo del juez de Esquel que anuló la causa. Facundo relató cómo había sido el operativo represivo de mayo de 2016: “Llegaron a la comunidad todas las fuerzas especiales de la Provincia (Chubut). Había cientos de efectivos. En ese momento había pocas personas en la comunidad, apenas unas diez, y nos detuvieron a siete. El único que quedó preso fui yo (…) Un mes después vuelven a reprimir, con balas de goma y de plomo, y los peñis (hermanos) resistieron con piedras y palos. Lograron hacer retroceder a la policía. Después denunciaron y llevaron la prueba de los perdigones de plomo. Pero siempre denunciamos y no pasa nada”.

En la investigación judicial se descubrió que la policía había conseguido información sobre Jones Huala bajo tortura. Por esta razón, el juez Otranto declaró nula la causa y Facundo quedó en libertad aquella vez, después de tres meses de prisión. Fuera de la cárcel, el lonko Mapuche dio entrevistas, charlas, realizó viajes sin ningún problema, hasta el 27 de junio pasado, cuando fue demorado en un puesto de Gendarmería al regresar de la celebración del wiñoy tripantu (nuevo año Mapuche). Luego de varias horas le dijeron que había un pedido de detención de Interpol. Ese día habían estado reunidos Mauricio Macri y Michelle Bachelet. No es gratuito pensar que la extradición de Jones Huala fue un tema de negociación entre los líderes de Estado. Facundo volvió a la cárcel de Esquel por la misma causa que ya había sido rechazada. “Los jueces están violando el estado de derecho, su propia legislación”, denunció Jones Huala.

Los sucesivos operativos policiales en la comunidad Cushamen en los últimos meses estuvieron teñidos de ilegalidad y abusos de poder: ingresos en el campo sin orden judicial, vehículos sin identificación, prácticas violentas hacia familias con niños, como golpizas, obligación de permanecer toda la noche a la intemperie con temperaturas bajo cero (incluso una madre con su bebé), ingreso a las casas para incautar objetos y destrucción de las mismas, detención de personas sin ninguna explicación. Así actúan las fuerzas estatales contra familias que sólo pueden defenderse con piedras.

“Hay un acuerdo entre los gobiernos provinciales (Río Negro y Chubut) y nacional para que intervengan las fuerzas federales y grupos especiales cuando se trata de ‘grupos mapuches’, como ellos nos llaman”, cuenta Romina Jones Huala, entrevistada por Mascaró, dos días después de ser liberada y con las secuelas de los golpes de la represión del 31 de julio. Un día antes de la desaparición de Santiago Maldonado, la Policía de Seguridad Aeroportuaria reprimió salvajemente una pequeña manifestación frente al juzgado de Bariloche. Romina y ocho personas más quedaron detenidas en el aeropuerto de esa ciudad durante dos días y les imputaron cargos gravísimos.

Romina es prima del lonko Jones Huala, afirma que “se está viviendo una situación de arbitrariedad e ilegalidad” ya que la Corte Suprema ratificó la nulidad de la causa de Facundo, pero sigue preso: “Es una detención por motivos políticos e ideológicos. El Estado argentino busca copiarse del Estado chileno. Allá la represión contra los Mapuche es mucho más dura, hay alrededor de 30 presos políticos. En junio mataron a dos lagmien (hermanos) en un fundo que pertenece a un carabinero”.

Ese ajeno sur

El dato significativo es que la comunidad Cushamen le disputa las tierras a la empresa  trasnacional Benetton y levanta como consigna política la expulsión de los grandes terratenientes de la Patagonia. Facundo Jones Huala afirma que en esta etapa de neoliberalismo, la lucha Mapuche es más contra los empresarios que contra el Estado: “Queremos expulsar a Benetton, así como a Lewis, a Turner”.

El italiano Luciano Benetton es uno de los dueños de la Patagonia, está primero en la lista de terratenientes con más de 900 mil hectáreas. Su empresa textil es conocida por las publicidades pro diversidad cultural. Pero, lejos de las atractivas vidrieras europeas, la gigante estancia Leleque, de soñados paisajes cordilleranos, esconde una historia de despojo y explotación de los pobladores originarios.

Lo que históricamente había sido la Compañía de Tierras del Sur Argentino, conformada a instancias de la “Campaña del Desierto” y la entrega de tierras a empresarios ingleses, pasó a manos de Benetton en 1991. La estancia Leleque es el símbolo de la expulsión de los pueblos originarios. Sobre la ruta 40, yendo hacia Esquel, se ve el cartel del Museo Leleque que invita a entrar al turista. Creado en 1998 para exhibir objetos de las culturas originarias, allí donde los patrones creen que tienen que estar: en un museo, en el pasado, como en los manuales escolares.

“Somos peligrosos”

El tratamiento que el gobierno de Mauricio Macri le da a las demandas de los pueblos originarios es estrictamente policial y militar, desconociendo el derecho constitucional de las comunidades a vivir donde nacieron y a ser consultadas sobre los asuntos que las afectan. A su vez, los grandes medios de comunicación hacen su parte en la demonización de las comunidades en conflicto, distinguiendo a los “Mapuche pacíficos” de los “grupos violentos”.

Patricia Bullrich y su jefe de gabinete Pablo Noceti -quien dirigió el operativo en Cushamen- llegaron a vincular a Jones Huala con guerrillas internacionales y afirmaron que los Mapuche tenían financiación inglesa. Semejante disparate, sin embargo, da cuenta de cuál es la política que ya se está aplicando y se pretende profundizar.

Curiosa clase de terrorista es aquel que le pide al gobierno sentarse a dialogar abiertamente. Ese es el pedido de la comunidad Cushamen y de muchas otras comunidades. “No nos pueden decir que somos terroristas o que no estamos dispuestos al diálogo. Nosotros recibimos a todos, incluso después de la represión de enero de este año en la que mi hermano fue herido en la mandíbula y mi primo Fausto Jones Huala perdió un oído, recibimos al Secretario de Seguridad de Chubut en la comunidad para hablar”, expresa Romina Jones Huala.

Durante la conferencia en el Senado de la Nación en la que Patricia Bullrich debía dar explicaciones sobre la desaparición de Santiago Maldonado, no hizo más que ocultar y tergiversar información. Mintió sobre varios puntos, que luego quedaron en evidencia con pruebas. Pidió “no estigmatizar a la Gendarmería”, insistió en hablar del RAM (Resistencia Ancestral Mapuche, grupo de cuyos integrantes se desconoce la identidad) para desviar el tema; pero no pudo responder algo fundamental: la designación del abogado Pablo Noceti, ex defensor de represores, al frente del gabinete del Ministerio de Seguridad.

Un Informe interno del Ministerio que dirige Bullrich, titulado “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche”, reconoce que la Policía de Seguridad Aeroportuaria  realiza tareas de inteligencia. Además, el informe hace propio el discurso de las empresas petroleras: “se arman comunidades” y “se toman tierras en zonas petroleras o gasíferas impidiendo constantemente la normal explotación de los pozos. Estos delitos de usurpación, turbación en la posesión y extorsión afectan un servicio estratégico de los recursos del estado: han estado detenidos 200 pozos (según informó YPF)”.

Es decir, el gobierno considera que las comunidades son usurpadoras de tierras, así justifica el accionar represivo, las tareas de inteligencia ilegales y la penalización de los “delitos”. Y esto, si bien se profundizó en los últimos meses, cuenta con un instrumento legal heredado del gobierno anterior: la ley antiterrorista.

El “delito” no es otro que oponerse al modelo de “desarrollo” extractivo. Lorena Cañuqueo, Antropóloga, integrante de la Comunidad Newen Ñuke Mapu (Río Negro) expresa que “hay continuidades con el gobierno anterior en cuanto a proyectos extractivos con financiación internacional como la explotación de petróleo y minería. Pero en este contexto político se agudiza mucho más porque el poder ejecutivo ahora lo ocupa no sólo un aliado político sino un socio comercial de los grandes capitales. De Macri para abajo, una porción importante del gabinete son los herederos de la conquista del desierto”.

Lorena afirma que las detenciones arbitrarias y la desaparición forzada de Santiago Maldonado son un mensaje amenazante: “quieren que nos paralicemos porque necesitan tener control sobre nuestros territorios, ¿quién va a defender una naciente de agua como lo hacemos nosotros? Somos peligrosos para sus proyectos económicos”.

Quedó claro, con la visita de Macri al magnate Joseph Lewis en la Patagonia, y las facilidades otorgadas por decreto a los extranjeros para seguir comprando tierras, cuáles son las prioridades del gobierno, y en qué lugar quedan los reclamos indígenas. En Río Negro, Neuquén y Chubut, donde habitan varias naciones originarias, además del pueblo Mapuche, los conflictos con empresas de turismo, petroleras, mineras y terratenientes son una constante. En los campos de los pequeños campesinos y las familias originarias más aislados de los centros urbanos es habitual que aparezcan “enviados” de los empresarios a intentar convencer a los pobladores de que vendan sus tierras a cambio de poco y nada. Con el paso del tiempo, las visitas se tornan en amenazas. También es conocido el empleo de fuerzas parapoliciales por parte de los empresarios para amedrentar a quienes permanecen en sus campos. Incluso hay casos de muertes dudosas y desapariciones que pasan desapercibidas en el inmenso desierto patagónico.

Otro proyecto político  

“Lo que nosotros planteamos es que nos dejen vivir como Mapuche”, expresan los miembros de la comunidad Cushamen. De eso se trata la autonomía, no de una “república autónoma” como llegó a decir Bullrich. Romina Jones Huala vive un poco en Bariloche y un poco en Cushamen, cuando analiza la situación de sus vecinos del barrio -muchas familias Mapuche- reafirma: “se necesita mucho trabajo político y social para que la gente deje de vivir como vive, olvidada en los barrios. Volver al territorio es una necesidad no sólo de la familia Jones Huala sino de muchas familias que fueron despojadas de su territorio”.

Hay una línea de continuidad entre la campaña desplegada en la Patagonia a fines del siglo XIX en la que el Ejército masacró y expulsó a los pueblos originarios de sus tierras, y las políticas económicas de los sucesivos gobiernos (de todo el arco político) que forzaron las migraciones desde las zonas rurales hacia los cordones de las ciudades. Facundo Jones Huala describe la fragmentación social en Bariloche y la violencia cotidiana: “A los Mapuche que vivimos en los barrios marginales todos los días se nos discrimina de una forma brutal, somos víctimas del gatillo fácil y nadie hace nada. Hay una situación estructural y colonial bien profunda. En Bariloche, la mayoría de los que vivimos en los  barrios del alto somos de origen Mapuche y somos mano de obra barata”. Facundo expresa sus ideas políticas con claridad a quien quiera escuchar: “Nosotros no perseguimos utopías, perseguimos algo que fue real hace muy poco tiempo. Hace 130 años atrás éramos libres (…) Pertenecemos a una organización que llamamos Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu (…) Cushamen marca un hito porque es un proceso de resistencia que confronta directamente con las empresas trasnacionales y plantea un proceso revolucionario: la recuperación de las tierras productivas con un proyecto político autónomo. Somos antiimperialistas y anticapitalistas, y tenemos una lógica ancestral en esta lucha”.

Por otra parte, Romina explica que tuvieron que atravesar un proceso de reconstrucción de la identidad Mapuche: “Mi papá y mi abuela no querían hablar del pasado, del sufrimiento. Fuimos a la escuela, festejamos el 12 de octubre creyendo que el general Roca era un héroe. Hasta que un tío empezó a ir al campo a visitar a los pocos de la familia que todavía vivían ahí, y de a poco empezamos todos a replantearnos quiénes somos. Es como lo que les pasa a los hijos de los desaparecidos que viven con una identidad impuesta. Nosotros vivimos más o menos de la misma manera, más allá de que crecimos con nuestros padres, pero no sabíamos realmente quiénes éramos”. Romina tiene dos hijos y les transmite su cultura originaria, lo cual implica, a veces, tener que enfrentarse a lo que les enseñan en la escuela y en los medios. “Me siento orgullosa de que mis hijos sepan qué es una ceremonia, hablen algo en mapuzungun y muchas otras cosas que están aprendiendo. Pero todavía no pueden vivir libres como Mapuche. Ellos también viven la represión”.

El Estado argentino aún no ha reconocido el genocidio cometido contra los pueblos originarios, sobre el cual se construyeron sus cimientos. “Es una lucha que va a ser de acá a varias generaciones y que atraviesa todas nuestras demandas”, afirma Lorena Cañuqueo, “que el Estado reconozca que tuvo una política programática, planificada, genocida sobre la población indígena. Para poder pensar de ahí en adelante. No es de un día para el otro que se nos ocurrió reclamar nuestros derechos, sino que tiene que ver con políticas de reparación histórica”.

Con un Estado desaparecedor y funcionarios que siguen reivindicando el genocidio indígena -“esta es la nueva Campaña del Desierto, no con la espada sino con la educación”, dijo el ex ministro de Educación, Esteban Bullrich- lejos estamos aún de esa reparación histórica. Pero los pueblos originarios están dando lecciones de lucha, con organización, y un llamado de atención a toda la sociedad para ser protagonista de su propia historia, descolonizar el pensamiento y romper con la impunidad.

*Nota publicada en la última revista Mascaró (septiembre-octubre) /