lunes, abril 22, 2024
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El Arco Minero del Orinoco: la solución acusada de victimaria

José Roberto Duque*/El Furgón – El ataque contra la Revolución Bolivariana se da en todos los flancos. Tal como ocurre en todas partes, el flanco informativo es el crucial, el que le otorga al acto de agresión carácter de ataque masivo, pues busca involucrar y condicionar a la población, sujeto y objeto del fenómeno llamado “opinión pública”. De los muchos objetivos de guerra identificados en el ataque contra Venezuela, probablemente el más vulnerable ha resultado ser el Arco Minero del Orinoco (AMO), un plan de ordenamiento y explotación minera decretado por el gobierno nacional en febrero de 2017.

Hemos llamado “vulnerable” al tema AMO porque, al tratarse de un intento de organizar y explotar de manera soberana el ejercicio de la minería en Venezuela, ha levantado las voces de protesta, en primer lugar, de las mafias y bandas criminales que controlaban la explotación de oro, diamantes y coltán al sur del río Orinoco; en segundo lugar, de los grupos ambientalistas y organizaciones sociales (genuinas y oportunistas, porque las hay de ambos tipos), preocupados por algunos enunciados del plan AMO, y devastados en su sensibilidad por una propaganda sistemática y bien organizada. En tercer lugar, intervienen en el ataque contra el Arco Minero las transnacionales y gobiernos extranjeros que han visto vulnerada o frustrada su intención de percibir alguna ganancia o ventaja de las riquezas minerales del suelo venezolano. Y por último, interviene también un segmento de la ciudadanía a la que nunca le interesaron el tema minero ni el tema de la soberanía; tampoco la problemática indigenista ni la ambiental, pero ve en el AMO un asunto fácil para insultar y despotricar, incluso, sin elementos firmes a la mano.

¿Minería ecológica o tan sólo responsable?

El AMO es un tema sensible y vulnerable por una poderosa razón: la minería, por todo lo que representa en el marco del capitalismo industrial, es un tema fácil de atacar y susceptible de criminalización. Es prácticamente imposible hablar en términos celebratorios de una actividad que ha destruido naturaleza y culturas, y que ha depauperado a los países pobres en cuyo subsuelo se encuentra la materia prima. Cuando el gobierno venezolano creó el Ministerio para el Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico hubo un escándalo a partir del nombre, que sugiere o pudiera sugerir que es posible hacer minería y al mismo tiempo contribuir con la ecología. Cuando se realiza la aclaratoria o la precisión necesaria (no existe una minería ecológica pero sí una forma menos contaminante de ejercer la minería) ya es demasiado tarde: el nombre del ministerio funciona como el titular de la noticia, y la mayoría de la gente se detiene en el titular y no profundiza en el contenido.

El resumen o síntesis del dislate comunicacional es el siguiente: al AMO (creado en 2017) se le quiere atribuir toda la devastación ocasionada por un ejercicio irresponsable, esclavizante y depredador de la minería durante los dos siglos anteriores. De nada ha valido que se haya informado, intensa y sostenidamente, que el Arco Minero es la respuesta del Estado para disminuir la contaminación producto de la actividad extractivista, involucrar a la clase obrera (trabajadores de la pequeña minería) en una minería más limpia y responsable, resguardar las áreas pobladas y sagradas de los pueblos indígenas: siempre, de alguna manera, ha surgido una campaña que culpa al Estado venezolano de propiciar lo que en realidad viene a erradicar y a corregir.

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El contexto es el siguiente. Hay unos territorios al norte del estado Bolívar (sur de Venezuela, limítrofe con Brasil y con el territorio Esequibo) donde se ha practicado desde hace 200 años la minería a pequeña, mediana y gran escala. En esas zonas se ha desarrollado, como en toda urbe o conglomerado humano producto de dinámicas económicas extractivistas, una red de mafias, prostitución y drogas, contaminación con mercurio, devastación de áreas naturales, presencia de transnacionales (en la segunda mitad del siglo XX) y corrupción. Por estas razones, el Estado ha decretado un plan, aplicable en áreas específicas de esos territorios, denominada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. El Estado venezolano tenía una deuda histórica con la gente de esa región y de toda Venezuela, que consistía en tomar el control soberano de ese territorio y sus recursos, y eso no lo pueden hacer por sí solos ni por separado la gobernación de Bolívar, ni el Ejército, ni la empresa privada, ni un ministerio. El Arco Minero contempla entre sus principios rectores el respeto a los pueblos indígenas, la protección de zonas donde no es necesario ni pertinente desarrollar la minería, la implementación de técnicas y métodos menos tóxicos y destructivos que el tradicional uso del mercurio, y la dignificación y reimpulso de la pequeña minería (actividad de la que viven miles de familias desde hace varias generaciones), mientras se reduce y se regula la explotación minera industrial a gran escala. No es verdad que van a ser devastados 111.800 kilómetros cuadrados de selva, como dice la propaganda anti-AMO: el decreto estima que menos de 5 por ciento de ese territorio tendrá afectación directa, y eso es suficiente para extraer los recursos del subsuelo.

El grueso de la campaña en contra del AMO se ha sustentado en imágenes y testimonios recabados en las zonas mineras antes del decreto de creación del AMO: ríos extinguidos y reducidos a pozos estériles llenos de mercurio, amplias zonas selváticas devastadas. Ha sido increíblemente difícil que los grupos de opinión creados al respecto comprendan que el AMO es una potencial solución a esas devastaciones, y no su origen.

Mientras esta propaganda cobra impulso y se despliegan páginas informativas financiadas por la NED (National Endowment for Democracy, la fachada del Departamento de Estado de Estados Unidos para “lavar” o filtrar sus aportes a los movimientos anticomunistas, progresistas y antivenezolanos de América) contentivas de todos los prejuicios y falsedades dichas en contra el AMO, el Arco Minero del Orinoco ya comenzó a mostrar su eficiencia en materia de captación soberana y responsable de los recursos. Venezuela produjo, entre 2012 y 2016, 5,1 toneladas de oro, con procedimientos convencionales e intervención de minería a gran escala. En apenas los primeros ocho meses de activación del Arco Minero del Orinoco, la producción fue de 8,6 toneladas. Esas 8,6 toneladas de oro fueron convertidas en lingotes e ingresadas a las bóvedas del banco Central de Venezuela; han pasado a integrar las reservas internacionales, a los activos de la República.

El caso más reciente y verificable del saqueo del oro venezolano es el de Curazao, una dependencia holandesa del Caribe que queda frente a Venezuela: esta isla exportó 2.300 millones de dólares en oro entre 2010 y 2015, sin poseer ni una sola mina de oro.

La explicación de ese salto dramático tiene dos vértices o explicaciones: el control efectivo sobre los recursos explotados, que antes “se escapaban” impunemente para otros países a través de los ríos y selvas, y la formalización de la pequeña minería, antes considerada ilegal y objeto de persecución.

Clase obrera y comunidades mineras

En la pequeña minería se encuentra la clave, no sólo del aumento de la producción, sino de la humanización y el reconocimiento de la actividad. Los trabajadores se han organizado en el Consejo Popular Minero, y esta instancia de trabajadores mantiene relación y coordinación directa con el Estado. A cambio de ese reconocimiento, son los trabajadores organizados quienes concretan y masifican las instrucciones y filosofía del Arco Minero: paso a paso se elimina el uso del mercurio (la tecnología de lixiviación por cianuro y carbón activado es menos riesgosa y menos contaminante), se realiza un registro de los trabajadores que intervienen en el proceso de explotación minera, se verifica el cumplimiento de los compromisos centrales: los recursos extraídos sólo se le venden al Estado (eso es un golpe a las mafias transnacionales) y las zonas protegidas y territorios indígenas se respetan y se resguardan.

Quisieran muchos activistas de la agroecología, y muchos de nosotros, defensores de una agricultura limpia y apegada a la tierra, que la minería fuera desterrada y proscrita como actividad económica. Pero en unos territorios donde hay comunidades que viven de la pequeña minería desde hace varias generaciones esta eliminación de la actividad minera no es posible sin perpetrar un genocidio. Por darle la espalda a la minería el Estado venezolano permitió que crecieran los fenómenos paralelos y perversos del extractivismo criminal a gran escala y la delincuencia organizada que extrajo recursos durante décadas o siglos.

Seguramente seguirá habiendo oposición al proyecto, y el discurso transversal seguirá siendo la perversión de la minería como actividad extractivista. Cualquier ataque transnacional, corporativo o de gobiernos enemigos, será entendible y lógico. Lo difícil será conciliar consigo mismo la prédica de movimientos efectiva o pretendidamente ambientalistas dentro de Venezuela, que continuarán atacando la minería mientras se siguen sirviendo de la actividad minera venezolana por antonomasia, que es la petrolera. Atacar la minería mientras se vive del petróleo: es la paradoja fundamental de estos extraños tiempos de furia antivenezolana.

*José Roberto Duque es periodista y escritor venezolano, autor de varios libros. En la actualidad, se encuentra por publicar su noveno libro, que se llamará “Comunes y extraordinarios”, una compilación de 25 años de periodismo. Para publicarlo, Duque lanzó una campaña vía crowdfunding, que se puede consultar en https://www.indiegogo.com/project/preview/432dfaf7