La lucha en defensa de la tierra en Traslasierra

Tomás Astelarra, desde Córdoba/El Furgón* – Con una audiencia pública a ocultas del pueblo, el gobierno de Córdoba y San Javier pretende autorizar un loteo, a medida del legislador Oscar González, en la zona protegida por la Ley de Bosques.

Al menos fue disparatada la secuencia que se vivió este lunes en el consejo deliberante de San Javier, Traslasierra.

La historia comenzó el fin de semana cuando vecinos y miembros de la Coordinadora Ambiental de Traslasierra (CAT) se enteraron de la audiencia pública en la Posada Pucará, el viernes 3 de noviembre, para la aprobación de un loteo de 18 hectáreas, de las cuales 14 estarían en zona amarilla, protegida por la Ley de Bosques. Detrás del proyecto estaría el legislador del departamento de San Javier, Oscar González, vinculado a numerosos proyectos inmobiliarios en la zona.

No era una dinámica diferente a lo sucedido en muchos lugares y proyectos de Córdoba. Estudios de impacto ambiental truchos y audiencias públicas a escondidas para vulnerar la ley.

“Es un loteo que están tratando de cumplimentar de una manera irregular. La trampa está hecha en la convocatoria, que la hicieron de forma secreta. No le han dado la difusión que corresponde. Si bien se publicó en el boletín oficial, tiene que estar publicado en los medios masivos de comunicación, tanto provinciales como locales. Al enterarnos, un grupo de vecinos nos hemos organizado para asistir a la audiencia. Estamos ante un aparato político que impulsa los negocios inmobiliarios. Atrás de todo esto esta nuestro legislador, el señor, si se puede decir señor, Oscar González. La apoderada legal de este emprendimiento es su esposa. No es difícil atar cabos”, cuenta Luis “Hueso” Jimenez, parte de la CAT y ex asesor de la Legislatura en temas ambientales.

La sorpresa fue cuando al acercarse a la municipalidad, desde la mesa de entrada (incluso con consultas al intendente Roberto Altamirano) dijeron desconocer la audiencia. Mayor fue la sorpresa cuando al acercarse al Consejo Deliberante, el presidente del mismo, Adan Dávila, dueño de la Posada Pucará, donde debería realizarse la audiencia, dijo desconocer la misma y hasta haberse negado a su realización en dicho establecimiento.

“Nosotros no somos autoridad de aplicación de la Ley de Bosque. Hay una autoridad que aplica la ley que es Córdoba Ambiente y Cambio Climático. El loteo fue aprobado en febrero del 2015 acá en el consejo, técnicamente. Nosotros no tenemos conocimiento ni gente idónea para hacer el estudio ambiental. Como no conocemos el tema del bosque, no tenemos conocimiento de todo eso, se lo enviamos a Córdoba.  Ahora llaman a audiencia pública para que la gente vaya y se exprese. Nosotros no nos enteramos. Yo, que soy dueño del Pucará, ya dije que no. No tengo lugar para hacerlo. No sé dónde lo harán. Fue publicado en el Boletín Oficial el 12 de octubre, pero como no leemos el Boletín Oficial todos los días, nos enteramos por la publicación que hizo esta ONG”, aclaró el titular del Consejo Deliberante de San Javier a los vecinos e integrantes de la CAT.

Jiménez tuvo que aclarar que las municipalidades y concejos deliberantes también eran autoridad de aplicación, y hasta se ofreció a pasarles una copia de la ley 10.208 de política ambiental, reglamentada en octubre de 2014.

“Puede que ustedes no lo sepan, pero no los exime de la responsabilidad. Según un reciente informe de la Universidad de Córdoba, Traslasierra es una de las zonas que más está siendo devastada por proyectos inmobiliarios. Ya hay jurisprudencia de ordenanzas que se caen. La situación nos resulta preocupante y queríamos ver en qué forma tratan estos temas ustedes. Podemos aplicar todos los criterios que queramos, pero estamos yendo sobre la ley. Si el Estado es el que infringe la ley, ¿qué podemos pedir al resto de la sociedad?”, le aclaró el experto a los ediles.

“Ustedes no se pueden lavar las manos como municipio. Ustedes tienen que ver si son zonas rojas o amarillas, y no permitir que se construya”, opinó Vicky, una de las vecinas.

Dávila aclaró: “Si fuera por zona amarilla o roja no podríamos construir en todo Yacanto”. A lo cual, Jiménez tuvo que volver a aclarar que el derecho a la vivienda es un derecho constitucional. Y que construir una casa en zonas rojas o amarillas no está prohibido por la ley. “El error es permitir la urbanización”, aclaró. “Un Consejo Deliberante no puede estar ajeno a la leyes. Si aprueban una ordenanza de un loteo en zona amarilla están contra las leyes. Con la oposición que va saliendo, la opinión pública, los responsables quedan escrachados. Lo digo para que tomen conciencia del lugar que ocupan y se atengan a la leyes vigentes”, opinó.

Los vecinos se declararon indignados por la falta de competencia de sus representantes en este y otros casos de ordenamiento territorial, como los loteos a gran escala y la provisión de agua para los mismos que, desde hace algunos años, se permiten con perforaciones.

Los concejales se volvieron a excusar diciendo que era competencia de la Dirección Provincial de Aguas y Saneamiento (DIPAS).

El concejal de Cambiemos, Rodrigo Murúa, aclaró que en su momento (cuando Alejandro Bustos era intendente) varios concejales se opusieron a la aprobación del loteo debido a que “era evidente un negociado”. En vez del 10 por ciento del loteo que se debería haber cedido para el espacio público (17.000 metros cuadrados), solo se entregaron 900 metros cuadrados en La Población, para la realización de una planta de gas (que finalmente no se pudo construir por un problema en la distancia con las napas, por lo que el terreno hoy está obsoleto).

Terminada la reunión, los vecinos se juntaron en asamblea para decidir mantener la convocatoria para la audiencia y además presentar un recurso colectivo de amparo. Si bien la negativa de Dávila a que la audiencia se realice en la Posada Pucará, sería motivo de que la misma se suspenda hasta nuevo aviso. Jiménez aclaró: “Mientras no haya un comunicado oficial no hay que hacerse eco de esa versión, porque puede ser una trampa para desmovilizar y tener esa bendita audiencia sin gente”. “La legislación ambiental es muy buena, en el sentido que le da amplios poderes a la ciudadanía para poder intervenir. Lo que nos está faltando como sociedad es el ejercicio cívico, el conocimiento de ese poder que tenemos para ejercitarlo. Afortunadamente, en este grupo tenemos abogados y técnicos, gente que está al tanto de lo que podemos hacer desde el punto de vista jurídico y técnico. Y eso es lo que vamos a tratar de impulsar esta vez. La medida que hemos decidido tomar es pedir la nulidad de esta audiencia pública con el argumento jurídico de que ese loteo está asentado sobre zona amarilla de Bosque Nativo y la ley establece que no se puede urbanizar. Vamos a presentarlo en la Secretaria de Ambiente y pedir un amparo colectivo en la justicia”, informó Jiménez.

“Los que necesitamos de todo el valle de Traslasierra es que nos apoyen. El desmonte es un problema de toda la provincia. Una parte la hacemos acá entre Yacanto y San Javier, pero estamos pidiendo que nos apoyen, necesitaríamos firmas. Entre el miércoles y jueves estaríamos en tribunales para hacer la movilización”, pidió Vicky.

Hasta el miércoles 2, a las 11 de la mañana, hay posibilidad de anotarse como orador en la audiencia. “Los que se anoten pueden hablar pero sino también puede estar”, aclaró Vicky y pidió que cualquier consulta se haga a la cuenta “Recupero Monte Nativo” que crearon de WhatsApp . O comunicarse con ella (035141 15620662) o con Claudia (03544 15573650).

*Fotos: La Tinta