Estrategias represivas de las derechas: con el aval electoral, la siguiente fase
María García Yeregui*/El Furgón – En marzo, hablando de la estrategia del gobierno macrista para este año, escribíamos: “tanto las sibilinas como las estridentes tácticas del guión (…). Han invadido el escenario con su estrategia discursiva del “ciudadanismo” de raza y clase, de la figura del ciudadano de orden (posmoderno), de aquel sueño europeizante, blanco y republicano liberal, supuestamente perdido (…). Saben que cuentan con una base social -más allá de ellos mismos y su clase como beneficiarios de la tasa de ganancia- que responde y reproduce esos ideologemas con extrema naturalización (…). Imaginarios y posiciones que están siendo ideológicamente azuzadas para que, mientras sus señores hablan de lo ilusionante del diálogo de la nueva Argentina que ha nacido y hay una deliberada poca presencia de policía para lo que ha solido ser habitual en las movilizaciones, reclame “que hagan algo contundente” y avale después las acciones represivas… al tiempo”[1].
El tiempo ha pasado y la estrategia ha sido desplegada: la voluntad de control y disciplinamiento social de la calle con represión a medio plazo. El objetivo de terminar con el uso del piquete y otras medidas de fuerza muy usadas en la movilización, como la toma, ya está marcado por detenciones y muertos. Aunque Santiago Maldonado hubiera muerto ahogado en el río Chubut el día de la carga contra el corte de ruta (los días de sumersión en el agua del cuerpo por las tres técnicas utilizadas en la autopsia siguen sin cuadrar y seguimos exigiendo verdad y justicia), su muerte, y el asesinato de Rafael Nahuel en el marco del mismo conflicto, marcan esa estrategia antes, durante y después del despliegue táctico para llevarlo a cabo durante todo este año.
El primer punto de inflexión en Capital, el pasado julio, fue el desalojo de la ocupación de la fábrica por parte de los trabajadores que estaban siendo despedidos por la multinacional Pepsico. Además del último acto de la manifestación de la huelga de mujeres del 8 de marzo, en el que la carga policial se insertó en la imagen mediática dominante, hasta “familiar” para el “consumo medio” de noticias por muchos lares, de las “radicales anticatólicas violentas montando disturbios en la Catedral”.
El desalojo -con resistencia del lado de los trabajadores que dejó también un herido grave en la policía- tuvo lugar tres meses después de que el apoyo social al Ejecutivo se movilizara también en la calle con una numerosa manifestación el 1 de abril, como respuesta a las contundentes movilizaciones de marzo y la convocatoria de un día de huelga general para agosto; y un mes antes de los resultados de las Primarias Abiertas y Obligatorias (PASO) a nivel nacional. Convocatoria previa que ordena los candidatos a las elecciones legislativas de octubre, cuyo resultado (41.7 por ciento de los votos) ha dado legitimidad al gobierno, que ha pasado a la siguiente fase en materia tanto de control social y represión, como de la implementación de las medidas de ajuste neoliberal. Como son la reforma laboral y jubilatoria en ciernes, junto a la reducción del déficit público tras un endeudamiento a 100 años el año pasado: 77.615 millones de dólares de nueva deuda, de los cuales buena parte han ido a financiar la fuga de capitales. Una deuda bruta que representa el 58 por ciento del PIB, cuya deuda pública asciende a 302.700 millones de dólares.
En estos meses se dio un contexto de visitas internacionales en las que Macri contó con el apoyo, en forma de visita, de un viejo conocido como José María Aznar; en la agenda oficial estuvieron Angela Merkel y Netanyahu. Por su parte, Macri viajó a la Moncloa y Zarzuela españolas, a la Casa Blanca de Donald Trump y a la Zhongnanhai china de Xi Jinping. Además del “mini Davos” del Foro Económico Mundial, como antesala a la visita de la OMC de esta semana: la Argentina es la sede del G20 del próximo año. Coyuntura clave de la estrategia de disciplinamiento social y represivo en marcha, con trabajos de inteligencia de considerable data como demostraron los allanamientos de Córdoba y los infiltrados en la reprimida marcha al mes de la desaparición de Santiago[2].
Así, la fase de “gradualismo” de esa primera mitad del año en la que midieron el “hasta dónde” para seguir pensando el cómo transgredir ese límite en la relación de fuerzas social, les permitió, por un lado, usar la polarización como táctica electoral antiK, y, por el otro, la victimización del gobierno, a través del ideologema antiperonista, mientras los odios de raza y clase hacia la otredad, preexistentes, se abonaban. El punto de inflexión con los mapuches y su lucha, en el centro a partir del caso Maldonado fue, ha sido y está siendo, abrumador.
Se puede ver con claridad que los diseños dibujados por las fuerzas de las derechas, o las funcionales a sus intereses,
Se puede ver con claridad que los diseños dibujados por las fuerzas de las derechas, o las funcionales a sus intereses, sobre la población, cuentan con una combinación de poder acumulado en forma de discursos, ideologías, identidades, leyes y propiedades, junto a una buena dosis de impunidad en su ejercicio, una maquinaria estatal de inteligencia y, finalmente, criminalización y coerción directa: la represión legal -y sus, siempre ejercidas, violentas ilegalidades- por parte de las fuerzas que ostentan el monopolio de la violencia legitimada, en conjunción con los dispositivos de una “ley hecha a medida del poder” -que se lo digan al pueblo mapuche- y sus diversos sustentos (instituciones y dispositivos). Con la aquiescencia entregada, por supuesto, de una buena parte de la población en confrontación con un otro, o varios.
Vemos criminal y peligrosamente confirmado, una vez más, el análisis de que las “nuevas” derechas vestidas de seda modernizada, con diversos colores y tintes, según el caso nacional y el momento, se apoyan para tales planes y ejercicios de poder en una división social, dentro del marco del estado-nación, expresada en una confrontación de la que siempre parece responsable ese otro, por su propia existencia y, sobre todo, por su praxis social. Una división que, bajo lemas de legalidad (estado de derecho, constitución, etc.) y unidad, necesitan reproducir utilizando mecanismos nacionalistas, racistas, xenófobos y clasistas que refuerzan a un nosotros en confrontación a una otredad conformada por varios sujetos, repudiables para ese nosotros “ungido”, pero necesarios en su presencia y definición, tácticamente, para el ejercicio efectivo del control social y su acumulación de poder simbólico, reforzando el material, en una consecución de fases diferentes.
La necesaria concreción del ejercicio de ese poder continuado, la realizan de la única manera que saben y que les es útil: la represión directa sobre esos otros que según ese inconsciente político no deberían existir, pero cuya existencia es utilizada para el fortalecimiento de la posición entre los sectores en los que se apoyan representativamente, o en la calle -como en el caso de la extrema derecha en España en los últimos meses, o buena parte del “fascismo de peluche” que se está desnudando en la clase media y clase media-alta, “de bien”, argentas.
Vengo oyéndoles todo el año diciendo abiertamente lo que durante años me dijeron con ciega rapidez, al confundirse con lo que tienen en frente, sintiéndome, por europea, cómplice de su sentirse con “perigrí superior”: “que se manifiesten si quieren, esto es una democracia, pero no en la calle, que los aparten como sea a esos zurdos del orto”, “al piquete que se lo reprima, es ilegal, me da igual cómo, pero que quiten de ahí a esos negros de mierda”, “es por esto que este no es un país civilizado”.
Me acordé de todas esas veces que lo he oído expresado con furia contenida o normalidad escalofriantes al leer el testimonio del guía turístico, Pablo Curlo, que declaró lo que vio a “50 o 60 metro” de distancia el operativo de la policía contra la resistencia mapuche que le costó la vida a Rafael Nahuel, en el momento en el que el operativo cortó la carretera para disparar “en el medio de la ruta” con “armas largas”, monte arriba, rodilla al suelo, “tiraban a mansalva”: “de abajo tiraban y desde arriba gritaban ‘paren de tirar, hay chicos, hay mujeres”, declaró. Al apuntar lo que se le “quedó grabado y lo que quiso transmitir” explicó: “atrás mío, en la misma fila de autos, pasaban caminando y algunos decían ‘pégale un tiro en la frente a ese hijo de puta y dejame pasar. Yo creo que la sociedad está enferma, pide sangre para seguir su camino”[3].
El uso del “enemigo interno”, grotesco, sin disimulos, tejido en los discursos oficiales a partir de la acción de organizaciones mapuches por la recuperación de territorio en la Patagonia, está ligado al operar represivo practicado: la muerte y el asesinato, de Santiago y Rafael, en el sur. La estrategia represiva tiene epicentros con acompañamientos mediáticos bien orquestados, pero además cuenta con una articulación nacional y nacionalista, homogeneizante y unionista, que pretenden que sea resorte ideológico para disciplinar la calle en todo el país.
Las declaraciones de Macri en apoyo al accionar de la prefectura naval tras el asesinato de Rafael –relatado oficialmente (la investigación judicial ya lo está desmontando, obviamente) como “ataque”, “emboscada (de indios)”, “enfrentamiento armado” y “respuesta, acción de disuasión y defensa de las fuerzas de seguridad”- están en perfecta coordinación tanto con las de Gabriela Michetti: “nosotros necesitamos volver a ponernos en la cabecita que hay una determinada norma que cumplir y si esa norma no se cumple hay quienes tienen que hacerla cumplir”[4], como con las de Patricia Bullrich respecto a “los argentinos que van a proteger en el sur (…) contra un poder fáctico que cree que puede resolver con una ley distinta a la ley de todos los argentinos (…) grupos violentos que están fuera de la ley”[5]. Hablan de qué orden y qué sujetos están en las líneas divisorias de lo permitido a existir, caracterizando una lucha organizada en función de los mismos parámetros que lo hiciera la “doctrina de seguridad nacional”, hablan de “su Argentina del futuro”: “las fuerzas de seguridad tan sospechosas como los delincuentes. Necesitamos correr esa raya cultural. Hay que volver a la época en la que dar la voz de alto significaba que había que entregarse”[6].
El asesinato de Rafael Nahuel por la balacera de la policía es otro día más guardado con indignación y tristeza en la memoria de la lucha colectiva de los sujetos populares por derechos, libertades y dignidades no reconocidas, usurpadas y reprimidas a lo largo de la historia; en la actualidad, de la mano de personas, estructuras y leyes que articulan el manejo del estado de derecho liberal, aunque a muchos esto último les parezca un oxímoron democrático escandaloso o se opte por llamar fascismo a represiones que, efectivamente contando con sustratos fascistoides de comportamientos y avales ideológicos, son legitimadas y ejecutadas desde un andamiaje y aparato estatal –también ideológico- de corte liberal, con abusos, impunidades y violencias contempladas en sus propios márgenes de funcionamiento. No es ninguna novedad histórica (E.P. Thompson/D. Lusordo) ni una excepcionalidad anómala, como venimos viendo en décadas contemporáneas en Colombia, México, Palestina o Estados Unidos.
Siguiendo la estrategia trazada tras la victoria electoral, el Ministerio de Seguridad, siguiendo las palabras declaradas por Bullrich, dictó “una resolución para que las fuerzas policiales federales no obedezcan las órdenes de los jueces si consideran que no son legales (…) los jefes policiales podrán decirles a los magistrados que su interpretación de la ley no es la correcta. (…) la resolución parece apuntar a determinados tipos de delitos y se combinará con la ley de flagrancia, que permite a la policía actuar sin orden judicial”, utilizada para la carga policial a partir de la cual murió Maldonado. Desde el gobierno se ha desacreditado al juez que ordenó el desalojo en el que se asesinó a Rafael porque no envió un nuevo operativo de desalojo cuando, por mediación del obispo de Bariloche, se constituyó una mesa de diálogo y negociación con los mapuches. Decía el comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos, al más puro estilo “ley y orden” -en España nos lo sabemos bien: “en estas condiciones de ocupación del Parque Nacional (Nahuel Huapi) no es posible progresar en soluciones, las que solo se lograrán cuando los actores actúen conforme a la ley y al estado de derecho” (…) “No se firmó ningún acuerdo con los ocupantes ilegales”[7].
Lo legal frente a lo justo, un clásico histórico: defender un derecho frente a una situación de abuso legalizado, según las relaciones de fuerza, se ha hecho pujando por fuera de la ley siempre. Caminos en contextos de democracias liberales para conseguir cualquier cambio, por fuera de los límites consentidos por la norma, contra la explotación, la exclusión y el abuso. Es decir, para convertir en derecho la dignidad negada y perseguida por la ley, de minorías o mayorías subalternas. Empujar la historia con la lucha fue enfrentar, desobedecer, desbordar la ley. Nos lo recuerdan la historia de la igualdad racial, el sindicalismo y el feminismo.
[1] Público, “Entre restauraciones, progresismos populistas y huelgas antisistema (2)”, 21-3-2017
[2] Ver en El Salto, “Días para la memoria y la resistencia en Argentina”
[3] Página 12, Santiago Rey, “Sin rastros del supuesto enfrentamiento”, 29-11-2017
[4] Entrevistada por Luis Majul en La Cornisa en Canal América el 27-11-2017
[5] Conferencia de prensa, 27-11-17
[6] Clarín, -La muerte del mapuche-, Ignacio Ortelli, “Mauricio Macri respaldó a Patricia Bullrich y pidió “un cambio cultural” sobre las fuerzas de seguridad, 28-11-2017
[7] Página 12, Werner Pertot, “Los policías por encima de los jueces”, 29-11-2017
Para leer otros artículos de la autora:
-http://blogs.publico.es/otrasmiradas/11235/estrategias-represivas-de-las-derechas-1-transicion-reload-no-hay-puntada-sin-hilo/
-http://blogs.publico.es/otrasmiradas/11290/estrategias-represivas-de-las-derechas-2-el-nuevo-enemigo-interno-mapuches-en-lucha-por-la-tierra-donde-esta-que-le-paso-a-santiago-maldonado/
*Profesora de Historia e investigadora en Ciencias Sociales
