“Es una lógica suicida priorizar la salud de las corporaciones por sobre la de la gente”

Agustina Lanza/El Furgón – Hace ocho años, Damián Verzeñassi se convirtió en uno de los titulares de la cátedra de Práctica Final, la materia con la que los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario se reciben de médicos. Ese cambio le sirvió de excusa para generar junto con sus compañeros algo transformador: crearon campamentos sanitarios en más de 29 localidades del país para denunciar el impacto del uso de agrotóxicos en la salud de las poblaciones. Si bien sirvió como un dispositivo de evaluación para sus alumnos, por primera vez se estudiaron los antecedentes epidemiológicos de la región.

La semana pasada, el Tribunal Internacional Monsanto, en La Haya, avaló las investigaciones argentinas y acusó a la multinacional estadounidense por los daños humanos y ecológicos que causa a través de la venta de semillas, productos agroquímicos para “proteger” los cultivos y eventos biotecnológicos. “Intento que los espacios que transito modifiquen la realidad”, dice Damián en esta entrevista con El Furgón.

-¿Por qué es importante el fallo de este Tribunal?

-Antes que nada cabe aclarar que es un tribunal civil, no oficial. Se formó para denunciar las prácticas ilegales de Monsanto alrededor del mundo. Lo que dictaminaron los jueces servirá de recomendación a la Corte Internacional Penal de La Haya. En primer lugar, coincidieron en que se reconozca al ecocidio como un delito contra la humanidad, porque todavía no está tipificado e incorporado en el Estatuto de Roma. De esa manera, no sólo las personas podrán ser enjuiciadas por delitos de lesa humanidad, sino también las corporaciones. El segundo objetivo de los jueces era demostrar que Monsanto generó ese delito como empresa, es decir, que violó el derecho al ambiente sano, a la salud, a la alimentación y a la libertad de investigación.

-Participaste del tribunal en octubre del año pasado, ¿cómo fue esa experiencia?

-De 200 situaciones sólo quedaron las 30 más significativas, incluida la nuestra. Fuimos convocados para ir en calidad de testigos por nuestro trabajo en los campamentos sanitarios. Quisimos demostrar el impacto de los agrotóxicos a partir de los relevamientos que hicimos en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires. Los resultados presentados apuntaron a los aumentos de abortos espontáneos, a la incidencia de cáncer y de malformaciones. A su vez, cómo afectan a la prevalencia del hipotiroidismo y de trastornos endócrinos. Fuimos los únicos latinoamericanos ante la Corte. Sabemos que dimos un gran paso. Un testigo de Sri Lanka logró prohibir el uso del glifosato en ese país en base a sus registros en una comunidad de agricultores de arroz. Aquellos campesinos tenían técnicas tradicionales y a partir de incorporar el herbicida comenzaron a padecer deficiencias renales y cáncer.

-¿Cuáles fueron las características del cambio de producción en Argentina?

-En febrero de 1996, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de La Nación autorizó el primer evento transgénico: la soja resistente al Roundup o glifosato, un alimento preparado genéticamente para aguantar más cantidad de veneno. A partir de allí se incorporaron nuevos transgénicos que hoy soportan hasta tres tóxicos distintos e incluso producen su propio insecticida. Está comprobado que ejercen acciones nocivas en los insectos, pero también en varios tejidos biológicos. Por ejemplo, en el de las ratas que son mamíferos como nosotros. En nuestro país casi el cien por ciento de la producción de maíz y soja es transgénica dependiente a veneno. Eso lo comemos después. Está presente en golosinas, alfajores, jugos y otros alimentos.

–El trabajo dentro de los campamentos les permitió exponer las consecuencias de esta problemática. ¿Cuáles fueron los primeros indicios?

-Si tomamos el ejemplo de la población de Basavilbaso, Entre Ríos, aparecieron problemas de salud que no eran habituales en la zona. Sólo basta con marcar en una línea de tiempo cuándo dejaron de ser agrícolas y tener ganado para producir cultivos transgénicos. Los primeros síntomas surgen de inmediato. Notamos que había un perfil repetido en cada una de las localidades donde habíamos instalado nuestros campamentos. Cuando preguntamos a las personas qué pensaban acerca esos problemas en la salud, mencionaban a los campos y a las fumigaciones. En los últimos 20 años, cambió la manera de enfermar y de morir de la gente.

–¿Quiénes son los responsables locales del uso de agrotóxicos?

-En Argentina, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) sigue diciendo que el glifosato tiene una toxicidad muy leve, cuando a nivel internacional no se considera de la misma manera. Tomemos el ejemplo de la ciudad estadounidense de California: las autoridades obligaron a etiquetarlo como cancerígeno. Uno de los logros del tribunal fue que estableció con claridad que las grandes corporaciones actúan en connivencia con los gobiernos. De ser reconocida la figura de ecocidio, alcanzará a los CEO’s, a los gerentes y a los responsables políticos que habilitan este tipo de prácticas. Los intereses económicos son muy fuertes. Es una lógica suicida priorizar la salud de las corporaciones por sobre la de la gente. Ahí es donde nosotros estamos plantándonos no sólo como defensores de la salud, sino como profesores de la universidad pública. Intentamos generar conciencia en la formación de los estudiantes.

–¿Es verdad que amedrentaron a tu equipo de trabajo por investigar?

-Sí. Sucedió mientras participábamos del tribunal. El decano de la Facultad de Medicina autorizó a que nos pongan cadenas en el espacio donde teníamos guardadas las encuestas que le hicimos a la personas en los campamentos. El Ministerio de Salud de Santa Fe está bastante alterado e incómodo con lo que hacemos. Nosotros fuimos a los pueblos, recabamos información y la difundimos entre los vecinos. Cuando se conocieron a nivel internacional los números que surgieron de la investigación, hubo vinculaciones entre las autoridades de la provincia y de la facultad. Creo que el simbolismo de la cadena en un ámbito académico es muy fuerte. No fue un mensaje para nosotros sino para el resto: no averigües sobre lo que molesta al poder. Intentaron hacérselo a activistas de otras provincias. Por suerte, nosotros pudimos recuperar nuestro material gracias a la solidaridad de las personas. El decano recibió alrededor de 3.500 correos electrónicos que provenían desde el lugar más recóndito de la Argentina hasta de países como Mongolia.

–Después del dictamen favorable en La Haya, ¿cuál es tu mirada hacia el futuro?

–Que la situación sea compleja no quiere decir que sea irreversible. Se pueden transformar las cosas desde la cotidianidad al incorporar una mirada crítica. Lo importante es que la sociedad esté enterada, que elija de manera cuidadosa los productos y abandone los alimentos que no son sanos. Muchas personas apelan al descreimiento y al negacionismo como mecanismo de defensa. Pero me siento optimista. La respuesta del tribunal nos dio a los movimientos sociales la oportunidad de pararnos distinto. Ya no somos los médicos, los pueblos o los loquitos ambientalistas en contra del proceso. Hay un panel con seis jueces de renombre internacional que encontraron, desde el punto de vista jurídico, pruebas suficientes para decir que estos modos de producción están alterando la posibilidad de la continuidad de la vida en el planeta.